SERGIO ZAMORA MACEDO y Otros.

Expediente 606/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
606/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
14/06/2023

Partes del expediente

  • SERGIO ZAMORA MACEDO y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Con fundamento en los artículos 220 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, se recibe y agrega: Se ordena formar expediente físico, únicamente con las constancias presentadas de manera impresa (constancias de notificación, acuses, oficios, escritos o solicitudes). La documentación recibida por vía electrónica (demandas, recursos, promociones etc.) o generada electrónicamente (acuerdos, notificaciones electrónicas), constará únicamente en el expediente electrónico, en términos de los artículos 3, fracción III, y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, reformado y adicionado mediante sesión extraordinaria de trece de octubre de dos mil veintidós, vigente a partir del siete de noviembre siguiente, no así en el expediente impreso. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 3, fracción XII, del citado Acuerdo General, los expedientes físicos servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, en el entendido de que serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes, como para efectos de todos los procesos de estadística, visitas, vigilancia y demás trámites y procesos ante el Consejo de la Judicatura Federal. Las constancias integradas en los expedientes físicos tendrán validez respecto de las recibidas por esa vía, a pesar de que no integren la totalidad del expediente electrónico. Regístrese y anótese su ingreso en el libro de Gobierno de este Juzgado como 606/2023. Ahora, a efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo anterior, se impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano; por tanto, se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la Jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, página 890, de rubro: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." Esencialmente, la Jurisprudencia en cuestión explica que, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del libelo, y finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. De la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama de la Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en Atlixco, Puebla: "La resolución del recurso de revocación emitida el veintitrés de mayo de dos mil veintitrés dentro de la carpeta judicial administrativa ********************, LA CUAL FUE NOTIFICADA EL MISMO DÍA Y MES PRECISADOS.." Ahora, respecto del acto reclamado, a criterio de quien ahora resuelve observa se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, que disponen: (.) Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.) Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (.) b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y (.) De los preceptos legales antes transcritos se desprende que cuando se trata de violaciones cometidas dentro de un procedimiento, procede el amparo indirecto ante el juez de Distrito, siempre y cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación o cuando afecten a personas extrañas al procedimiento. Es decir, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por la Constitución o Tratados Internacionales en los que México sea parte, en los que se conceptualizan los derechos fundamentales y humanos, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de reparación con el hecho de obtener una declaración o sentencia favorable en el juicio. Bajo ese contexto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación de derechos de naturaleza adjetiva o procesal, como ocurre en el caso, pues la parte quejosa en esencia combate la resolución del recurso de revocación emitida el veintitrés de mayo de dos mil veintitrés dentro de la carpeta judicial administrativa ********************, que resolvió el recurso en contra del auto de quince de mayo de dos mil veintitrés, en la cual la responsable negó la solicitud de fijar fecha de audiencia para solicitar la nulidad de la prueba por violación a derechos humanos. Esto es así, en razón a que de acuerdo con la legislación constitucional y secundaria que rige la procedencia del juicio de amparo, contra actos de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, la correcta interpretación al artículo 107, fracción III, inciso b), de la Ley Suprema, conduce a determinar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución por medio de los derechos fundamentales o humanos, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera, porque esta afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones. En el caso, resulta aplicable el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia 189, visible en la página 154, Tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS." Los actos de ejecución reparable no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la cuestión planteada, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses de la parte agraviada. El prototipo de los primeros está en la infracción de los derechos sustantivos, en razón de que éstos constituyen especies de los que la Ley Fundamental preserva al gobernado como géneros. El supuesto de los segundos, se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro de un procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. Entonces, las violaciones procesales o adjetivas son impugnables, ordinariamente, en amparo directo, cuando se reclama la sentencia definitiva, pero pueden ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectan a las partes en grado predominante o superior. Esta afectación exorbitante debe determinarse objetivamente, tomando en cuenta la institución procesal que está en juego, la extrema gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia específica, así como los alcances vinculatorios de la sentencia que llegara a conceder el amparo. En esa tesitura, es inconcuso que el acto reclamado por la parte quejosa consistente en la resolución del recurso de revocación emitida el veintitrés de mayo de dos mil veintitrés dentro de la carpeta judicial administrativa ********************, que resolvió el recurso en contra del auto de quince de mayo de dos mil veintitrés, en la cual la responsable negó fijar fecha de audiencia para solicitar la nulidad de la prueba por violación a derechos humanos, no debe ser considerado como un acto cuya ejecución sea de imposible reparación. Ello es así, ya que dicho acto no le irroga un daño irreparable actual a la parte quejosa, porque el que la juez de control negara la solicitud de fijar fecha de audiencia para solicitar la nulidad de la prueba por violación a derechos humanos, no repercuten en la esfera jurídica, aunado a que tales violaciones procesales o adjetivas son impugnables, ordinariamente, en amparo directo. Razón por la cual se concluye que los actos que se atienden no deparan perjuicio a los derechos fundamentales del quejoso y por consiguiente no es admisible para instar el juicio constitucional. En el caso, resulta aplicable como criterio orientador el sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, en la tesis aislada II.3o.P.57 P (10a.), visible en la página 2662, Libro 64, Marzo de 2019, de rubro: "DESECHAMIENTO DE PRUEBAS EN LA ETAPA DE JUICIO ORAL DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. AL SER UN ACTO INTRAPROCESAL QUE NO TIENE UNA EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE." Así como el criterio sustentado por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la tesis aislada I.13o.A. J/6, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." En consecuencia, los actos que por esta vía reclama la parte quejosa constituyen aquellos que no constituye un acto de imposible reparación, con el cual se transgreda en su perjuicio algún derecho fundamental. Por lo expuesto, este órgano de control constitucional de oficio estima que en el presente asunto, se actualiza de manera manifiesta e indudable las causales de improcedencia previstas en la fracción XXIII, del artículo 61 de Ley de Amparo, en relación con el 107, fracción III, de la Constitución General de la República. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos antes invocados y en el diverso 113 de la Ley de Amparo vigente, se desecha de plano la demanda de amparo que se estudia, por actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia antes invocada. Por otro lado, con fundamento en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia conforme a su artículo 2°, y en relación al artículo 27, fracción I, de la citada ley, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que menciona la parte quejosa en el proemio de su demanda. De igual manera, se autoriza a la parte quejosa el acceso al expediente electrónico, para lo cual se comisiona a la Analista Jurídico SISE, proceda a realizar la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, al usuario -********************-. Por otra parte, se tienen como medios de comunicación no procesal el correo que indica, a fin de que se establezca el contacto respectivo exclusivamente en los casos en que este juzgador lo estime necesario. Por otra parte, se tiene por autorizado en términos amplios a ********************y********************, toda vez que tienen registrada su cédula profesional que los acredita como licenciados en Derecho en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho del Poder Judicial de la Federación. Ello, considerando que mediante decreto publicado el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones en materia penal, entre ellas la relativa al artículo 12, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 12. En las materias civil, mercantil, laboral, tratándose del patrón, administrativa y penal, la persona autorizada, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, y deberán proporcionarse los datos correspondientes en el escrito en que se otorgue dicha autorización. Sin embargo, las partes podrán designar personas solamente para oír notificaciones e imponerse de los autos, a cualquier persona con capacidad legal, quien no gozará de las demás facultades a que se refiere el párrafo anterior." En atención a su solicitud, se tiene como autorizada para el único efecto de oír notificaciones e imponerse de los autos a ********************, por no tener cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho del Poder Judicial de la Federación, ni haber acreditado ante este Juzgado estar legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciados en derecho o abogados. Como lo solicita se tienen por autorizados para oir y recibir notificaciones a ********************y********************. Por otra parte, en términos del artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario a fin de que notifique este proveído y los subsecuentes aún en días y horas inhábiles, ya que con ello se privilegia la expeditez en la administración de justicia, prevista por el artículo 17 de la Constitución General de la República. En razón de que el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, establece que se podrá comisionar al actuario para realizar notificaciones en zonas conurbadas y en atención a que mediante Decreto del Ejecutivo del Estado de Puebla, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional del Desarrollo Urbano de los Municipios de Cuautlancingo, Puebla, San Andrés Cholula, Puebla, y San Pedro Cholula, Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once, se reconoce a la conurbación entre los referidos Municipios, aglutinados en la denominada Reserva Territorial Atlixcáyotl-Quetzalcoatl; en consecuencia, se instruye al actuario para que practique las notificaciones derivadas de este asunto en la referida zona conurbada; si así se señala. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 1ª./J 43/2010, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Junio de 2010, página 67, de rubro: "DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. EL QUEJOSO, TERCERO PERJUDICADO O PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO, PUEDEN SEÑALARLO EN LA ZONA METROPOLITANA O CONURBADA AL MUNICIPIO O CIUDAD DONDE EL JUEZ O TRIBUNAL QUE CONOZCA DEL ASUNTO TENGA SU LUGAR DE RESIDENCIA." A fin de dar celeridad en la integración del presente asunto, se instruye al actuario, para que en uso de las herramientas electrónicas (correo electrónico, vía interconexión con firma electrónica) notifique a las autoridades responsables en el presente asunto, y para el caso de imposibilidad, deberá asentar la razón respectiva; y entonces, notificar vía correo acelerado, sin acuerdo de por medio. En términos de la Jurisprudencia por Contradicción de Tesis 2a./J. 176/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Decima Época, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, visible a página 1253, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.". Se hace del conocimiento de las autoridades responsables y a aquéllas que tengan el carácter de terceras interesadas, que en el presente juicio únicamente les serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fija en un lugar visible de este Juzgado de Distrito, misma que podrá ser consultada directamente por dichas autoridades o por sus respectivos delegados o autorizados. Por otra parte, con fundamento en los artículos 257 y 263, fracción II, último párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, se invita a las partes a que: Transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, es decir, proporcionen a este juzgado los datos necesarios para que este juicio se tramite bajo la modalidad "en línea", lo que lo hará aún más ágil. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos, números de teléfonos celulares y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se pueda entablar comunicación no procesal. Notifíquese personalmente. Lo firma Roberto Antonio Domínguez Muñoz, Juez Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, ante el Secretario Martin Alfaro Mena, quien da fe.

  2. Principal

    Con fundamento en los artículos 220 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, se recibe y agrega: Se ordena formar expediente físico, únicamente con las constancias presentadas de manera impresa (constancias de notificación, acuses, oficios, escritos o solicitudes). La documentación recibida por vía electrónica (demandas, recursos, promociones etc.) o generada electrónicamente (acuerdos, notificaciones electrónicas), constará únicamente en el expediente electrónico, en términos de los artículos 3, fracción III, y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, reformado y adicionado mediante sesión extraordinaria de trece de octubre de dos mil veintidós, vigente a partir del siete de noviembre siguiente, no así en el expediente impreso. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 3, fracción XII, del citado Acuerdo General, los expedientes físicos servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, en el entendido de que serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes, como para efectos de todos los procesos de estadística, visitas, vigilancia y demás trámites y procesos ante el Consejo de la Judicatura Federal. Las constancias integradas en los expedientes físicos tendrán validez respecto de las recibidas por esa vía, a pesar de que no integren la totalidad del expediente electrónico. Regístrese y anótese su ingreso en el libro de Gobierno de este Juzgado como 606/2023. Ahora, a efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo anterior, se impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano; por tanto, se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la Jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, página 890, de rubro: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." Esencialmente, la Jurisprudencia en cuestión explica que, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del libelo, y finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. De la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama de la Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en Atlixco, Puebla: "La resolución del recurso de revocación emitida el veintitrés de mayo de dos mil veintitrés dentro de la carpeta judicial administrativa ********************, LA CUAL FUE NOTIFICADA EL MISMO DÍA Y MES PRECISADOS.." Ahora, respecto del acto reclamado, a criterio de quien ahora resuelve observa se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, que disponen: (.) Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.) Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (.) b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y (.) De los preceptos legales antes transcritos se desprende que cuando se trata de violaciones cometidas dentro de un procedimiento, procede el amparo indirecto ante el juez de Distrito, siempre y cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación o cuando afecten a personas extrañas al procedimiento. Es decir, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por la Constitución o Tratados Internacionales en los que México sea parte, en los que se conceptualizan los derechos fundamentales y humanos, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de reparación con el hecho de obtener una declaración o sentencia favorable en el juicio. Bajo ese contexto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación de derechos de naturaleza adjetiva o procesal, como ocurre en el caso, pues la parte quejosa en esencia combate la resolución del recurso de revocación emitida el veintitrés de mayo de dos mil veintitrés dentro de la carpeta judicial administrativa ********************, que resolvió el recurso en contra del auto de quince de mayo de dos mil veintitrés, en la cual la responsable negó la solicitud de fijar fecha de audiencia para solicitar la nulidad de la prueba por violación a derechos humanos. Esto es así, en razón a que de acuerdo con la legislación constitucional y secundaria que rige la procedencia del juicio de amparo, contra actos de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, la correcta interpretación al artículo 107, fracción III, inciso b), de la Ley Suprema, conduce a determinar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución por medio de los derechos fundamentales o humanos, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera, porque esta afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones. En el caso, resulta aplicable el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia 189, visible en la página 154, Tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS." Los actos de ejecución reparable no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la cuestión planteada, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses de la parte agraviada. El prototipo de los primeros está en la infracción de los derechos sustantivos, en razón de que éstos constituyen especies de los que la Ley Fundamental preserva al gobernado como géneros. El supuesto de los segundos, se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro de un procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. Entonces, las violaciones procesales o adjetivas son impugnables, ordinariamente, en amparo directo, cuando se reclama la sentencia definitiva, pero pueden ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectan a las partes en grado predominante o superior. Esta afectación exorbitante debe determinarse objetivamente, tomando en cuenta la institución procesal que está en juego, la extrema gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia específica, así como los alcances vinculatorios de la sentencia que llegara a conceder el amparo. En esa tesitura, es inconcuso que el acto reclamado por la parte quejosa consistente en la resolución del recurso de revocación emitida el veintitrés de mayo de dos mil veintitrés dentro de la carpeta judicial administrativa ********************, que resolvió el recurso en contra del auto de quince de mayo de dos mil veintitrés, en la cual la responsable negó fijar fecha de audiencia para solicitar la nulidad de la prueba por violación a derechos humanos, no debe ser considerado como un acto cuya ejecución sea de imposible reparación. Ello es así, ya que dicho acto no le irroga un daño irreparable actual a la parte quejosa, porque el que la juez de control negara la solicitud de fijar fecha de audiencia para solicitar la nulidad de la prueba por violación a derechos humanos, no repercuten en la esfera jurídica, aunado a que tales violaciones procesales o adjetivas son impugnables, ordinariamente, en amparo directo. Razón por la cual se concluye que los actos que se atienden no deparan perjuicio a los derechos fundamentales del quejoso y por consiguiente no es admisible para instar el juicio constitucional. En el caso, resulta aplicable como criterio orientador el sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, en la tesis aislada II.3o.P.57 P (10a.), visible en la página 2662, Libro 64, Marzo de 2019, de rubro: "DESECHAMIENTO DE PRUEBAS EN LA ETAPA DE JUICIO ORAL DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. AL SER UN ACTO INTRAPROCESAL QUE NO TIENE UNA EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE." Así como el criterio sustentado por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la tesis aislada I.13o.A. J/6, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." En consecuencia, los actos que por esta vía reclama la parte quejosa constituyen aquellos que no constituye un acto de imposible reparación, con el cual se transgreda en su perjuicio algún derecho fundamental. Por lo expuesto, este órgano de control constitucional de oficio estima que en el presente asunto, se actualiza de manera manifiesta e indudable las causales de improcedencia previstas en la fracción XXIII, del artículo 61 de Ley de Amparo, en relación con el 107, fracción III, de la Constitución General de la República. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos antes invocados y en el diverso 113 de la Ley de Amparo vigente, se desecha de plano la demanda de amparo que se estudia, por actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia antes invocada. Por otro lado, con fundamento en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia conforme a su artículo 2°, y en relación al artículo 27, fracción I, de la citada ley, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que menciona la parte quejosa en el proemio de su demanda. De igual manera, se autoriza a la parte quejosa el acceso al expediente electrónico, para lo cual se comisiona a la Analista Jurídico SISE, proceda a realizar la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, al usuario -********************-. Por otra parte, se tienen como medios de comunicación no procesal el correo que indica, a fin de que se establezca el contacto respectivo exclusivamente en los casos en que este juzgador lo estime necesario. Por otra parte, se tiene por autorizado en términos amplios a ********************y********************, toda vez que tienen registrada su cédula profesional que los acredita como licenciados en Derecho en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho del Poder Judicial de la Federación. Ello, considerando que mediante decreto publicado el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones en materia penal, entre ellas la relativa al artículo 12, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 12. En las materias civil, mercantil, laboral, tratándose del patrón, administrativa y penal, la persona autorizada, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, y deberán proporcionarse los datos correspondientes en el escrito en que se otorgue dicha autorización. Sin embargo, las partes podrán designar personas solamente para oír notificaciones e imponerse de los autos, a cualquier persona con capacidad legal, quien no gozará de las demás facultades a que se refiere el párrafo anterior." En atención a su solicitud, se tiene como autorizada para el único efecto de oír notificaciones e imponerse de los autos a ********************, por no tener cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho del Poder Judicial de la Federación, ni haber acreditado ante este Juzgado estar legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciados en derecho o abogados. Como lo solicita se tienen por autorizados para oir y recibir notificaciones a ********************y********************. Por otra parte, en términos del artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario a fin de que notifique este proveído y los subsecuentes aún en días y horas inhábiles, ya que con ello se privilegia la expeditez en la administración de justicia, prevista por el artículo 17 de la Constitución General de la República. En razón de que el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, establece que se podrá comisionar al actuario para realizar notificaciones en zonas conurbadas y en atención a que mediante Decreto del Ejecutivo del Estado de Puebla, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional del Desarrollo Urbano de los Municipios de Cuautlancingo, Puebla, San Andrés Cholula, Puebla, y San Pedro Cholula, Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once, se reconoce a la conurbación entre los referidos Municipios, aglutinados en la denominada Reserva Territorial Atlixcáyotl-Quetzalcoatl; en consecuencia, se instruye al actuario para que practique las notificaciones derivadas de este asunto en la referida zona conurbada; si así se señala. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 1ª./J 43/2010, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Junio de 2010, página 67, de rubro: "DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. EL QUEJOSO, TERCERO PERJUDICADO O PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO, PUEDEN SEÑALARLO EN LA ZONA METROPOLITANA O CONURBADA AL MUNICIPIO O CIUDAD DONDE EL JUEZ O TRIBUNAL QUE CONOZCA DEL ASUNTO TENGA SU LUGAR DE RESIDENCIA." A fin de dar celeridad en la integración del presente asunto, se instruye al actuario, para que en uso de las herramientas electrónicas (correo electrónico, vía interconexión con firma electrónica) notifique a las autoridades responsables en el presente asunto, y para el caso de imposibilidad, deberá asentar la razón respectiva; y entonces, notificar vía correo acelerado, sin acuerdo de por medio. En términos de la Jurisprudencia por Contradicción de Tesis 2a./J. 176/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Decima Época, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, visible a página 1253, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.". Se hace del conocimiento de las autoridades responsables y a aquéllas que tengan el carácter de terceras interesadas, que en el presente juicio únicamente les serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fija en un lugar visible de este Juzgado de Distrito, misma que podrá ser consultada directamente por dichas autoridades o por sus respectivos delegados o autorizados. Por otra parte, con fundamento en los artículos 257 y 263, fracción II, último párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, se invita a las partes a que: Transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, es decir, proporcionen a este juzgado los datos necesarios para que este juicio se tramite bajo la modalidad "en línea", lo que lo hará aún más ágil. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos, números de teléfonos celulares y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se pueda entablar comunicación no procesal.

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