Sergio Yepiz López

Expediente 1386/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 13 actuaciones registradas, la última del 5 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1386/2019
Año
2019
Actuaciones
13
Última actuación
05/04/2021

Partes del expediente

  • Sergio Yepiz López
  • Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Atención Temprana mesa I de la Fiscalía Regional de Justicia en Zamora, Michoacán

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, cinco de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, y toda vez que no se interpuso recurso de revisión en contra de la resolución dictada en este juicio de amparo, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 354, 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º, se declara que dicha resolución ha causado estado, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y glósese el original del incidente respectivo. Ahora bien, en virtud de que por acuerdo de veintiocho de octubre de dos mil veinte, se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo como asunto totalmente concluido. Ahora bien, vistos los autos del presente asunto y tomando en consideración que se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Quinto Transitorio, el Capítulo Segundo, artículo 6; Capítulo Tercero, ordinal 8; y, Capítulo Octavo, numeral 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo Octavo, artículo 21 inciso a), del Acuerdo en mención; ello, en razón de que este órgano jurisdiccional estima que carece de relevancia documental. Por otro lado, como en los autos del incidente de suspensión se concedió la suspensión definitiva; el original del incidente de suspensión es susceptible de Depuración, en términos del artículo 18, fracción I, inciso a), del referido Acuerdo General. En tanto que el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción por ubicarse en la hipótesis prevista en el 20, fracción II, inciso a), del citado Acuerdo General, por lo que procédase a su desincorporación y destrucción una vez que transcurran seis meses de haberse archivado el asunto. Notifíquese.

  2. Principal

    ...Agréguese el sobre devuelto por el Servicio Postal de Correos de México, relativo al oficio número 15670/2020, dirigido al Director de Investigación y Análisis de la Fiscalía Regional de Justicia de Zamora, Michoacán; ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en la Circular CAP/3/2020, suscrita por el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial, a través de la cual comunican que en sesión celebrada de manera extraordinaria el veinte de diciembre de dos mil veinte, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, aprobó el punto para el acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal"; y, en términos de lo establecido en el Acuerdo General 13/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de Salud Pública derivado del virus COVID-19, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte, resérvese acordar lo conducente en relación a la promoción de cuenta, hasta en tanto este órgano jurisdiccional reanude sus labores de forma ordinaria, esto es, una vez que transcurra el periodo de suspensión previamente mencionado. Cúmplase.

  3. Principal

    MORELIA, MICHOACÁN, TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Agréguese el sobre devuelto por el Servicio Postal de Correos de México, relativo al oficio número 12758/2020, dirigido al "Director de Investigación y Análisis de la Fiscalía Regional de Justicia con sede en Zamora, Michoacán", en la que aparece la leyenda: "AUTORIDAD NO EXISTE"; por tanto, y tomando en consideración que la autoridad y el domicilio son correctos, como se aprecia de los presentes autos, reenvíese el comunicado de que se trata, bajo apercibimiento que de no recibir la comunicación de que se trata, de conformidad con el artículo 28, fracción I, de dará por notificada con las consecuencias legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del día siguiente, se notifica por lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación; a la parte quejosa, el acuerdo y/o resolución de fecha veintiocho de octubre dos mil veinte, el cual en lo conducente señala: MORELIA, MICHOACÁN, VEINTIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte, específicamente, del telegrama remitido por el Agente del Ministerio Público Investigador a la Unidad de Atención Temprana Mesa II, con residencia en Zamora, Michoacán, en el que precisó que los citatorios de treinta de noviembre y tres de diciembre de dos mil diecinueve que emitió para que el quejoso ..., se presentara quedaron sin efecto al haber transcurrido la fecha de la cita y no haberse presentado, máxime que no se inició carpeta de investigación alguna, dado que el objetivo de los mismos era para una conciliación, de lo que se advierte que se actualiza una causal de improcedencia. Ahora bien, visto el estado que guardan los presentes autos de lo que se advierte que el quejoso ..., por esta vía reclama: ". recurro a presentar este amparo porque temo a ser privado de mi libertad. reclamo actos de molestia hacia mi persona ya que se me ha citado a la fiscalía regional del Estado con sede en Zamora, sin que se me explique el motivo de la citación, presumiendo que la citación es para encerrarme en un centro de rehabilitación o despojarme de mi domicilio y familia." En estas condiciones, del examen íntegro de las actuaciones del presente sumario Constitucional se evidencia una causa manifiesta, notoria e indudable que impone necesariamente sobreseer el presente juicio fuera de audiencia; ello en virtud de que, como se evidencia, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo; por tanto, no existe razón para que se continúe con el trámite del juicio. Se afirma lo anterior, porque se aprecia que el motivo de improcedencia del juicio Constitucional que se invocará a continuación, es decir, la situación de hecho o de derecho que hace imposible o innecesario realizar el estudio de la Constitucionalidad del acto reclamado, es manifiesto, debido a que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de las constancias que integran este sumario constitucional; e indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Es aplicable al respecto la tesis de jurisprudencia número 2a./J.10/2003, integrada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, del Tomo XVII, marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que al tenor literal establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículo 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Luego, cuando la causal de improcedencia que opera en un determinado asunto sea notoria, manifiesta e indudable, no hay necesidad de seguir substanciando el juicio de amparo y llegar a celebrar audiencia Constitucional, ya que no cambiaría el sentido de la sentencia. Lo anterior es así, ya que a nada práctico conduciría que se celebrara la audiencia constitucional en los términos que refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, para darle la oportunidad a la parte quejosa de ofrecer y desahogar las pruebas conducentes a demostrar la existencia o inconstitucionalidad del acto reclamado, porque la causal de improcedencia subsistiría y el sentido del fallo correspondiente sería el mismo, puesto que, al ser manifiesta e indudable, no es posible que con los elementos de prueba que en su caso llegare a aportar, sea desvirtuada la causal aludida. En ese tenor, se tiene que en la especie, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo que dispone textualmente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; [.]". Dicha causa de improcedencia se actualiza cuando subsista el acto de autoridad cuya Constitucionalidad se controvirtió, empero, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce del derecho fundamental que se estime violado, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria porque, entre otras hipótesis, el objeto de ese acto reclamado ha dejado de existir, lo que jurídicamente impide que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de garantías. Cabe precisar que esa inexistencia en el objeto o la materia del acto puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad, lo cual hace la distinción entre esta causa de improcedencia y la diversa relativa a la cesación de efectos del acto reclamado. En ese contexto, de especial relevancia resulta el caso donde el acto reclamado tiene por objeto que un gobernado, a quien le resulta el carácter, ya sea de ofendido, testigo o indiciado dentro de una carpeta de investigación, o previo a ella, con el objeto de esclarecer los hechos, tenga que presentarse ante el fiscal investigador en determinada fecha, en atención a un citatorio girado en su contra, y tal gobernado ha sido contumaz en comparecer a desahogar la diligencia para la que fue requerido. En tal hipótesis, si el día señalado para el desahogo de tal diligencia aconteció, previamente al dictado de la sentencia de amparo, sin que obre en autos del juicio de amparo, documento alguno del que se advierta que el gobernado se presentó ante la Representación Social, se impone concluir que aun cuando la orden de citación subsista, el objeto de ésta habrá dejado de existir, tomando en consideración que precisamente lo constituía la comparecencia del gobernado en una determinada fecha y no en otra. En otras palabras, si el acto reclamado en el juicio de amparo tenía como fin que el gobernado se presentara ante la responsable en una fecha específica para desahogar alguna diligencia ordenada, y esa fecha transcurrió sin que se presentara, es incuestionable que el objeto del acto reclamado dejó de existir por una causa ajena a la autoridad responsable. Ahora bien, en el caso concreto, el objeto del acto reclamado cuya Constitucionalidad se controvirtió -citatorios de treinta de noviembre y tres de diciembre, ambos de dos mil diecinueve -, consistía materialmente en que el quejoso debía presentarse, a las dieciocho horas del treinta de noviembre y doce horas del cinco de diciembre de dos mil diecinueve, ante el Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Atención Temprana Mesa II, con sede en Zamora, Michoacán, a efecto de llevar a cabo una diligencia de carácter penal (conciliatoria). Así, de las documentales aportadas por la parte quejosa se advierte que el único acto de molestia dirigido al quejoso, es aquel por el que se ordenó su citación (treinta de noviembre y cinco de diciembre de dos mil diecinueve), para que tuviera verificativo una diligencia de carácter penal (conciliatoria). En ese sentido, aun cuando subsista el acto de autoridad cuya Constitucionalidad se controvirtió, es incuestionable que el objeto de los citatorios reclamados han dejado de existir, pues las fechas señaladas para las diligencias de cuya citación se decía de objetivo penal (conciliatoria), concluyeron, pues el objetivo de la citación fue para conciliar, máxime que el solicitante de la citación a la responsable pidió que no se generara carpeta de investigación y, por ende, a nada práctico conduce estudiar su Constitucionalidad, porque jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce del derecho humano que se estime violado, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, pues el treinta de noviembre y cinco de diciembre de dos mil diecinueve transcurrieron, sin que se advierta que se haya logrado la ejecución forzada de esos citatorio. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad". En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia invocada, procede SOBRESEER en el presente juicio de amparo, con fundamento en el dispositivo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Máxime que, los Agentes del Ministerio Público Investigadores adscritos a la Unidad de Atención Temprana Mesas I, III, IV, Director de Investigación y Análisis de la Fiscalía Regional de Justicia, con sede en Zamora, Michoacán, Encargado del Orden de la Comunidad del "El Saucillo", Director del Grupo de Tanganmandapio 24 horas de Alcohólicos Anónimos y Terapia Intensiva y Director de Seguridad Pública Municipal de esta última localidad, al rendir sus informes justificados negaron la existencia de privación de la libertad del quejoso, con motivo de la emisión de los citatorios, y como la parte quejosa no ofreció prueba alguna para demostrar lo contrario, ni de las constancias remitidas por las responsables se advierte la existencia de dichos actos, por tanto, se impone SOBRESEER en el juicio en relación a dichos actos, con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo vigente, y la Jurisprudencia 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 236, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, del rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo En atención a lo anterior, se deja sin efectos la fecha de la audiencia Constitucional, programada para las TRECE HORAS CON TRECE MINUTOS DEL ONCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables; háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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