Sergio Villareal Omaña

Expediente 1397/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1397/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
11/11/2021

Partes del expediente

  • Deborah Villareal Morales y Otros.
  • Sergio Villareal Omaña

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, once de noviembre de dos mil veintiuno. Téngase por recibido y agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan, por medio del cual, informa su proveído de ocho de noviembre del año en curso, donde medularmente hace del conocimiento que acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento del presente asunto. Se toma conocimiento de lo informado para los efectos legales a que haya lugar. Ante esa virtud, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado por los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se instruye lo siguiente: Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del capítulo octavo, articulo 20, fracción a), del citado Acuerdo General, al ser un cuaderno de antecedentes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos treinta días a partir de esta fecha. Notifíquese. Así lo proveyó Eduardo Vázquez Torres, Secretario del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, autorizado para desempeñar las funciones de Juez de Distrito por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en términos de la comunicación contenida en el oficio CCJ/ST/2238/2021 de doce de julio de dos mil veintiuno, asistido del secretario Jorge Israel Vázquez Urrutia, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Con fundamento en el Artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento decretado en aviso de fecha veintiocho de octubre de dos mil veintiuno y por esta vía se notifica a la parte quejosa la determinación de veintisiete de octubre año en curso, cuyo texto es: "Ciudad de México, veintisiete de octubre de dos mil veintiuno. Demanda de amparo. Vista la demanda de cuenta suscrita por *************, en nombre y representación de su menor hija **************, contra actos del Titular del Poder Ejecutivo Federal y otras autoridades. Integración del expediente. Fórmese el expediente 1397/2021 e intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Háganse las anotaciones respectivas en dicho sistema y en el Libro de Gobierno. Negativa de la suspensión de plano De la revisión del escrito integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa fundamenta su petición en los artículos 125, 128 entre otros, de la Ley de Amparo, sin solicitar expresamente la suspensión relativa al apartado correspondiente, por lo que, este juzgado para no violar derechos fundamentales de la parte quejosa, se pronunciara de oficio respecto a dicha suspensión. En primer lugar, este Juzgado precisa que no resulta procedente conceder la suspensión de oficio y de plano, pues conforme lo previsto en los artículos 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 126 de la Ley de Amparo, esa medida cautelar procede únicamente cuando se actualizan los requisitos que son del tenor: Ley de Amparo "126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En este caso, la suspensión se decretará en el auto de admisión de la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento. La suspensión también se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal." Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos "22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado. .." Del contenido de las normas transcritas se desprenden los supuestos en los cuales el órgano jurisdiccional debe conceder la suspensión de oficio y de plano, a saber, cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida; ataques a la libertad personal fuera de procedimiento; incomunicación; deportación o expulsión; proscripción o destierro; extradición; desaparición forzada de personas; alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales; la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y los que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. La diversidad de los supuestos indicados guardan relación con actos de autoridad, cuyos efectos no sólo son de imposible o difícil reparación sino que, además, se encuentran expresamente prohibidos por el orden jurídico nacional y, por tanto, su reclamo amerita la inmediata intervención del juzgador de amparo para que ordene su suspensión, a fin de evitar que se ejecuten o se sigan ejecutando -de ahí que en esos supuestos sea innecesaria la solicitud del interesado- para que se otorgue la indicada medida cautelar, o bien, que se condicione su disfrute. Es pertinente destacar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado que el listado de actos contenido en el artículo 126 de la Ley de Amparo, respecto de los cuales debe concederse la suspensión de oficio y de plano, comprende también aquellos actos u omisiones que comprometan gravemente la dignidad e integridad personal, al grado de equipararse a un tormento, prohibido en el artículo 22 constitucional. Resulta aplicable a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 55/2019 (10a), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguiente: "SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO EN EL JUICIO DE AMPARO. DEBE CONCEDERSE CUANDO UN INTERNO RECLAMA DE LAS AUTORIDADES PENITENCIARIAS LA OMISIÓN DE BRINDARLE ATENCIÓN MÉDICA, SI SE ADVIERTE QUE ESA SITUACIÓN COMPROMETE GRAVEMENTE SU DIGNIDAD E INTEGRIDAD PERSONAL, AL GRADO DE EQUIPARARSE A UN TORMENTO. Es criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que la suspensión de oficio y de plano obedece a la necesidad de tutelar derechos fundamentales de especial relevancia de ataques que consumarían irreparablemente la violación en perjuicio del quejoso, haciendo imposible su restitución a través del juicio de amparo, como son los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, entre los que se encuentra el tormento de cualquier tipo, el cual se refiere a aquellos actos y omisiones que afectan gravemente a la dignidad e integridad personales (como pueden ser los actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes). Ahora bien, la omisión de proporcionar atención médica es un acto que recorre una amplia gama no reducible a un solo supuesto, pues puede abarcar desde los casos en que se pide en relación con actividades preventivas, que no colocan al quejoso en una situación en la que su dignidad e integridad personal se encuentren gravemente comprometidas, hasta aquellos que obedecen a actividades curativas, de rehabilitación, o bien, de urgencia médica, cuya falta de atención oportuna somete al quejoso a cierto dolor físico y/o estado patológico que, incluso, pudiera tener consecuencias irreversibles en su salud o la pérdida de su vida, por lo que sí es factible que lo ubiquen en la situación apuntada. Por lo tanto, el juez de amparo deberá conceder la suspensión de oficio y de plano, en los casos en que un interno reclame dicha omisión, si a partir de un juicio valorativo en el que pondere las manifestaciones vertidas en la demanda de amparo, advierte que la falta de atención médica que se reclama, compromete gravemente su dignidad e integridad personal, al grado de equipararse tal situación a un tormento.". Luego, lo relevante para la concesión de la suspensión de oficio y de plano sigue siendo que los actos u omisiones reclamados afecten gravemente los derechos o bienes jurídicamente tutelados, prioritarios e imprescindibles para las personas, es decir, los derechos y bienes relacionados con la dignidad e integridad de éstas. En el caso, la parte quejosa reclama sustancialmente la i) omisión de autorizar en la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la enfermedad COVID-19 en México, la vacunación para los niños y adolescentes de entre doce y dieciocho años que viven con alguna comorbilidad, así como la i) omisión de vacunar a la parte quejosa con el grupo de población antes referido; lo anterior, en virtud de vivir con una comorbilidad, refiriendo que no cuenta con la edad mínima que se establece en la referida Política Nacional de Vacunación, ya que actualmente cuenta con 11 años, 11 meses). En ese sentido, debe decirse que los actos reclamados no ocasionan por sí un daño inminente a la vida de la menor, ni la coloca en alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional o en su caso, el tormento de cualquier tipo, el cual se refiere a aquellos actos y omisiones que afectan gravemente a la dignidad e integridad personales. La "Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención de la COVID-19 en México", publicada en la página de internet oficial www.coronavirus.gob.mx, que constituye el documento rector que contiene las directrices bajo las cuales México desplegará sus acciones en lo relativo a la aplicación de las vacunas contra la COVID- 19, si bien no prevé actualmente a los menores de doce años -rango de edad en la que se encuentra la hija de los promoventes de amparo-, es un acto que no se encuentra previsto en el artículo 126 de la Ley de Amparo o en el diverso 22, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto del cual proceda la suspensión de oficio y de plano, aun cuando refiere que está por cumplir los doce años de edad y que padece una enfermedad neurológica crónica; pues la falta de vacunación alegada no implica considerar que se encuentra en un peligro inminente de que sea privada de la vida. Asimismo es de precisar, que si bien toda la población está expuesta a contagiarse del virus denominado COVID-19, la comunidad científica médica e incluso grupos asesores para tal magnitud a nivel nacional e internacional -conformada por expertos en materia de salubridad- se han pronunciado respecto la inmunidad en niños, los cuales se refiere suelen presentar una enfermedad leve e incluso que los casos críticos que se han presentado en niños ocurre mayoritariamente porque tenían afecciones de salud preexistentes, así como que aún se encuentran realizando ensayos clínicos para su proceder. Así lo han señalado, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud en su sitio web: Cito "¿Los niños tienen un menor riesgo de contraer la COVID-19 que los adultos? --- Hasta el momento, los datos apuntan a que los niños menores de 18 años de edad representan cerca del 8,5% de los casos notificados y registran un número relativamente bajo de muertes en comparación con otros grupos de edad, y suelen presentar una enfermedad leve. No obstante, se han dado casos de pacientes críticos. Al igual que sucede con los adultos, en los niños las afecciones de salud preexistentes podrían ser un factor de riesgo de enfermedad grave y admisión en cuidados intensivos. --- Se están realizando más estudios para evaluar el riesgo de infección en los niños y comprender mejor la transmisión en este grupo de edad." Por su parte, la Organización Panamericana de la Salud en su página oficial de internet: Cito: "En julio 2021 se reúne el Grupo Técnico Asesor (TAG) regional y emite las siguientes recomendaciones relativas a la vacunación de niños y adolescentes contra la COVID-19: - - - Abogar firmemente a que los gobiernos implementen la hoja de ruta SAGE para priorizar las vacunas COVID-19 y lograr una alta cobertura de vacunación entre los trabajadores de salud y de primera línea, los adultos mayores y otros grupos de alto riesgo antes de administrar dosis a los adolescentes. - - - Los adolescentes que no tienen una comorbilidad de alto riesgo no deben ser incluidos en el plan nacional de vacunación en este momento. - - -La vacunación con la vacuna COVID-19 no es un requisito previo para los niños o adolescentes que regresan a la escuela. - - -Se debe alentar a las adolescentes embarazadas a que reciban la vacuna. - - - A la fecha la OMS todavía no ha aprobado ninguna vacuna para niños menores de 12 años, sin embargo, los países son autónomos de definir y decidir su estrategia de vacunación tomando como base las recomendaciones de su Autoridad Regulatoria." De igual forma la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA por sus siglas en inglés del Gobierno de los Estados Unidos de América, autoridad comprobada por diversos países como una de las agencias con mayor prestigio en el ámbito médico), refiere en su sitio electrónico, que si bien nos encontramos ante la apertura de una vida cotidiana, lo es que aún se tiene la preocupación para la inmunización de los niños menores de doce años; por lo que, si bien todos nos encontramos ansiosos por estar vacunados, no depende de la existencia de las dosis, sino de ensayos clínicos para una valoración ante probables riesgos que afecten la integridad de los menores. Cito; "La realización de ensayos clínicos para determinar una dosis de vacuna adecuada en niños requiere un trabajo adicional que el realizado en los estudios de adultos, lo que incluye asegurarse de que la dosis de la vacuna y la concentración de la formulación utilizada sean las adecuadas desde la perspectiva de seguridad y la generación de una respuesta inmunitaria. Nuestros equipos multidisciplinarios de médicos, científicos, estadísticos y otros expertos evaluarán a fondo estos datos complejos al tomar cualquier determinación sobre las vacunas contra el COVID-19 para niños pequeños." Atendiendo los argumentos y algunas investigaciones realizadas por organismos especializados en la materia de la salud, este órgano jurisdiccional, advierte que los actos reclamados no ocasionan por sí un daño inminente a la vida de la menor a efecto de que se concede la suspensión de plano. Además la negativa de la suspensión de plano, no implica restringir el acceso a la justicia de la parte quejosa ya que no se advierte, en atención a la naturaleza del acto reclamado, la configuración de alguna de las hipótesis prohibidas por el artículo 22 constitucional ni se compromete gravemente la dignidad e integridad personal de la quejosa al grado de equipararse a la inminente privación de la vida. Finalmente cabe precisar que la anterior determinación no se contrapone con la jurisprudencia I.18o.A.33 K (10a.) sustentada por este Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO INDIRECTO. DEBE DECRETARSE DE OFICIO Y DE PLANO CUANDO EL QUEJOSO RECLAMA AFECTACIÓN AL DERECHO A LA SALUD Y PRECISARSE CON EXACTITUD SUS EFECTOS, LOS CUALES DEBEN INCLUIR LA ATENCIÓN MÉDICA DEBIDA Y URGENTE REQUERIDA"; toda vez que en ésta se determinó que cuando en el amparo indirecto se reclame la omisión de otorgar los servicios médicos para el tratamiento de una enfermedad que pone en peligro la vida del quejoso, procede decretar la suspensión de plano en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo; sin embargo, en este caso -según lo manifestado bajo protesta de decir verdad los propios quejosos- su hija aún y cuando desde su nacimiento y hasta el día de hoy, padece de una enfermedad neurológica crónica, parálisis cerebral de las clasificadas como comorbilidad, goza de un estado de salud estable. Sentido de la determinación inicial Una vez analizada en su integridad la demanda de amparo que nos ocupa, este órgano jurisdiccional se declara incompetente por razón de territorio, toda vez que corresponde a un Juzgado de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez. Antecedentes relevantes. 1. La parte quejosa manifiesta habitar en el Estado de México con domicilio particular en calle ****************, lo anterior lo acreditó con su comprobante de domicilio. 2. Asimismo, actualmente cursa educación especial en la estancia infantil Topampa, en el ciclo escolar 2021-2022, lo que se acredita con la constancia expedida por el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia DIF Atizapán de Zaragoza, Unidad de Rehabilitación e Integración Social. Precisiones de los actos reclamados. La parte quejosa busca que a través del juicio de amparo se ejerza control de la constitucionalidad sobre los actos siguientes: "De las autoridades que señalo como ordenadoras reclamo: La omisión o negativa para incluirme en la inoculación de personas adolescentes de 12 a 17 años que viven sin alguna comorbilidad contenido en el ajuste o revisión de la Política Nacional rectora de Vacunación contra el Virus Sars-Cov-2, para la prevención de la Covid-19, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, porque cumplo los doce años en dieciséis días y me encuentro es estado de comorbilidad. De las autoridades que señalo como ejecutoras reclamo: La ejecución de la omisión y/o negativa de inocularme, en personas adolescentes de 12 a 17 años que viven con alguna comorbilidad contenido en el ajuste o revisión de la Política Nacional rectora de Vacunación contra el Virus Sars-Cov-2, para la prevención de la Covid-19, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, porque cumplo los doce años en dieciséis días y me encuentro es estado de comorbilidad." Sirve de apoyo a lo anterior, lo dispuesto en la jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, visible en la página 32, tomo XI, correspondiente al mes de abril de dos mil, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Razones de la incompetencia. Como se adelantó, con fundamento en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 37 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional se declara incompetente por razón de territorio para conocer del presente juicio de amparo indirecto. En los artículos referidos se prevé: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia". "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". De las normas transcritas se advierten tres reglas para fijar la competencia por territorio de los Jueces de Distrito para conocer de juicios de amparo, a saber: 1) Será competente el Juez de Distrito del lugar en que se ejecute, trate de ejecutarse, se esté ejecutando, deba tener ejecución o se haya ejecutado el acto reclamado. 2) Será competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda cuando el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito, o bien, si ha comenzado a ejecutarse en uno y sigue ejecutándose en otro. 3) Será competente el Juez de Distrito ante el que se haya presentado la demanda cuando el acto reclamado no requiera ejecución material. Expuesto lo anterior, debe considerarse que para determinar la competencia del Juez de Distrito por territorio, como primera premisa debe precisarse si tiene o no ejecución material, a efecto de determinar en qué supuesto del artículo 37 de la Ley de Amparo se ubica el acto reclamado. En este juicio de amparo, a consideración de este órgano jurisdiccional, el acto reclamado sí tiene ejecución material, ya que la parte quejosa reclama ejecución y aplicación de la Política Nacional rectora de vacunación contra el SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID- 19, cuyo objetivo es lograr que se vacune a la menor **************** con la vacuna BioNTech Pfizer, misma que reside en el Estado de México en el municipio de Atizapán de Zaragoza y acude a la estancia infantil Topampa, que se encuentra en el mismo municipio. Por lo que la regla que rige a dicho acto es la prevista en el artículo 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo, de manera que para determinar el juzgado competente por territorio, debe atenderse al lugar donde aquél deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Por tanto, resulta evidente que los actos reclamados tienen ejecución en Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México, de lo que se sigue que el Juzgado competente para conocer del presente juicio de amparo es el que ejerce jurisdicción en dicha entidad federativa. Sirve de apoyo a la anterior, el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 97, Tomo Informe 1972, Parte II, Séptima Época, que establece lo siguiente: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO. LA TIENE EL DEL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Al instituir la Ley Suprema de la República, en su artículo 107, las bases generales del juicio de garantías, estableció en su fracción IX, a la que corresponde ahora el número VII, como norma general de competencia la de que el juicio de amparo contra los actos de autoridad a que se refiere se interpondrá ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado. Aunque la autoridad que dicta u ordena el acto desempeña un papel principalísimo, la ejecutora tiene en su actuación importancia y trascendencia capitales ya que se encarga de llevar, hasta su último extremo, la ejecución ordenada y, por tanto, es la que directamente se enfrenta al particular agraviado. Seguramente por ser la autoridad ejecutora la que materialmente afecta al gobernado hasta en sus últimas consecuencias, en el lugar en que vive, se tomó como base para fijar la competencia, ya que el propósito del Constituyente ha sido facilitar al máximo el acceso al procedimiento jurídico político del juicio de garantías. Si se han establecido las normas de competencia teniendo en consideración el lugar en que radican la autoridad ejecutora y el afectado con el acto -quien en ocasiones puede desconocer por el momento la intervención de la autoridad ordenadora-, ello se debe a que con tal medida dispondrá éste de mejores medios y posibilidades de defensa, pues podrá atender y vigilar personalmente el desenvolvimiento del juicio que promueva, y rendir con mayor facilidad en él las pruebas que a su derecho importen, cuando el Juez que ha de conocer del asunto se encuentra en su mismo lugar de residencia o, por lo menos, dentro de la misma entidad federativa. Además, si el Juez de Distrito radica en el lugar donde la autoridad ejecuta el acto, contará con más amplias facilidades en el desempeño de su función y obtendrá mayor rapidez en el trámite del juicio; ventajas que son apreciables no sólo en materia de desahogo de pruebas sino especialmente en lo que ve al cumplimiento de los fallos que se dicten tanto en el incidente de suspensión como en el fondo del amparo, al evitarse las dilaciones que ocasionaría el tener que librar exhortos o despachos a tribunales distantes para la práctica de notificaciones y otras diligencias que no podría realizar el juzgado del conocimiento. El artículo 36 de la Ley de Amparo, en su primer párrafo, reproduce el principio de que será competente para conocer del juicio el Juez en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado; regla que tiene la excepción consignada en el párrafo final del precepto, mismo que determina la competencia del Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad ordenadora, cuando requiriendo el acto reclamado ejecución material, con su solo dictado viole alguna garantía individual, siempre que la demanda se presente antes de que aquél haya comenzado a ejecutarse. La segunda situación que prevé la ley es la que se presenta cuando existen dos o más autoridades ejecutoras radicadas en territorios sometidos a la jurisdicción de otros tantos Jueces, caso en el cual cualquiera de ellos será competente, a prevención, conforme al párrafo segundo del aludido artículo 36; de lo que se desprende que aun agotada la ejecución en la parte encomendada a una de esas autoridades ejecutoras, el Juez que tiene jurisdicción en ese territorio sigue siendo competente, a prevención. La última hipótesis legal prevista se refiere al caso de que el acto reclamado no requiera ejecución material; entonces el amparo deberá promoverse ante el Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad que lo hubiese dictado, según lo dispone el párrafo tercero del artículo 36 invocado. Ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36, de la citada Ley de Amparo, regla que sólo admite la excepción a que se refiere el párrafo cuarto del propio dispositivo, de acuerdo con el principio de que las excepciones son de estricta interpretación y no pueden hacerse extensivas por analogía a situaciones diversas de las expresamente previstas; y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna-, y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad-. De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo.". En lo conducente sirve de apoyo, por analogía, la tesis I.1o.P.35 P (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página 2350 de rubro: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE DEVOLVER UN INMUEBLE LIBERADO DE ASEGURAMIENTO MINISTERIAL. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERZA JURISDICCIÓN EN EL LUGAR EN EL QUE SE UBIQUE DICHO BIEN, POR SER EL SITIO DONDE SE ESTÁ EJECUTANDO LA AFECTACIÓN A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL QUEJOSO. De igual manera, en lo que interesa, es aplicable la tesis II.2o.P.16 K (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, visible en la página 2093 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 32, Julio de 2016, Tomo III, Décima Época, de rubro siguiente: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA NEGATIVA U OMISIÓN DE PROPORCIONAR ATENCIÓN MÉDICA A UN REO RECLUIDO EN UN CENTRO PENITENCIARIO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE ESE CENTRO." Finalmente, sirve de sustento, por analogía, la Jurisprudencia 1a./J. 48/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Junio de 2005, Novena Época, que señala: "COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN ESTÉ RECLUIDO EL QUEJOSO, EN EL MOMENTO EN QUE SE LE NIEGUE O NO SE DÉ TRÁMITE A SU SOLICITUD DE OTORGAMIENTO RESPECTO DE ALGUNO DE LOS BENEFICIOS PARA SUSPENDER LA EJECUCIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN." Por lo tanto, con fundamento en los artículos 37 de la Ley de Amparo y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este juzgado se declara legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo y ordena remitir el presente expediente al Juzgado de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en turno, a quien se estima competente para conocerla, por los motivos antes expuestos, solicitando atentamente acuse recibo e informe sobre la determinación que tenga a bien adoptar. Debe precisarse que no ha lugar a proveer sobre la suspensión, toda vez que no se está en el supuesto de los actos mencionados en el artículo 15 de la Ley de Amparo, es decir, no se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, deportación o destierro, o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal. Fórmese cuaderno de antecedentes con copia certificada de las constancias mínimas indispensables que integran este expediente. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Autorizados. Téngase por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a *************, toda vez que tienen su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho ante los órganos jurisdiccionales. Se autoriza en términos limitados a ************, hasta en tanto registre su cédula profesional en dicho Sistema. Habilitación Actuarios. De conformidad con el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones de carácter personal que se lleguen a ordenar en este asunto. En caso de imposibilidad de notificación En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de la Materia, desde este momento se faculta al actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa: no conozcan a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectúe (previa razón asentada como soporte), por medio de la lista que se fija en los estrados de este Tribunal Federal; en la inteligencia de que, dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo inmueble para tal efecto. En ese orden, y para mayor seguridad de las partes en el presente juicio de amparo, se faculta al fedatario de la adscripción, para que en el desempeño de las formalidades procesales que se le encomienden, haga uso de cualquier aparato electrónico, como lo son cámaras, grabadoras y lectores ópticos, ello con fundamento en la circular 12/2009, del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de dieciocho de marzo de dos mil nueve. Uso de medios electrónicos. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para la consulta del expediente y sus anexos salvo de aquellas constancias que sean reservadas o confidenciales, para ello bastará su solicitud verbal y que se deje en autos constancia legal, por lo que no se requerirá promoción alguna para ello. Expedición de copias. De igual modo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que obren en autos y sus anexos. Para ello bastará: (i) que las soliciten a la Secretaria o el Secretario del Juzgado responsable de su expediente; (ii) que paguen el costo de su reproducción directamente en el centro de fotocopiado del edificio en el que se encuentra este Jugado Federal; y, (iii) que se deje en el expediente constancia legal de su recepción, por lo que no será necesario que lo soliciten por escrito. Exhorto a tramitar el asunto "en línea". Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 28, sección tercera del capítulo V, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". Las partes o sus representantes, a través del Portal de Servicios en Línea, deben solicitar la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, en el entendido que la actuación por este medio requiere de la utilización de una firma electrónica vigente. Quienes no tengan autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes legales, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Para mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica la actuación mediante "juicio en línea", el manual de uso actualizado se encontrará disponible en la siguiente liga del Portal de Servicios en Línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayu da. Protección de Datos Personales y Transparencia. Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los artículos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. En cumplimiento de lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 13, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. De conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Login o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es http://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó Eduardo Vázquez Torres, Secretario del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, autorizado para desempeñar las funciones de Juez de Distrito por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en términos de la comunicación contenida en el oficio CCJ/ST/2238/2021 de doce de julio de dos mil veintiuno, asistido del secretario Rafael Vargas Téllez, que autoriza y da fe."

  3. Principal

    Ciudad de México, veintisiete de octubre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, firmado por el Subdirector de Coordinación de Procesos de Devoluciones y Compensaciones de la Ciudad de México en suplencia por ausencia del Director de Atención y Procesos Referentes a Servicios Tributarios, mediante el cual informa las gestiones correspondientes realizadas con la finalidad de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remitiendo las constancias respectivas; por lo que deberá estarse a lo ordenado en auto de dieciocho de octubre del año en curso. Notifíquese. Así lo proveyó Eduardo Vázquez Torres, Secretario del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, autorizado para desempeñar las funciones de Juez de Distrito por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en términos de la comunicación contenida en el oficio CCJ/ST/2238/2021 de doce de julio de dos mil veintiuno, asistido de la secretaria Ana Cruz Morales Ramírez, que autoriza y da fe.

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