Sergio Villalobos Charco

Expediente 1230/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1230/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
27/11/2019

Partes del expediente

  • Sergio Villalobos Charco

Actuaciones

  1. Principal

    Como de la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días, que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera el recurso de queja en contra del proveído de fecha ocho de noviembre del presente año, en que se desechó por notoriamente improcedente la demanda de garantías promovida por - sin que hiciera uso de tal derecho; consecuentemente, HA CAUSADO ESTADO el proveído de mérito. Háganse las anotaciones del caso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Por otra parte, como del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que no existe acuerdo pendiente por dictar ni diligencia por practicar, en consecuencia con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido; además, se hace constar que el juicio en que se actúa es susceptible de destrucción, dado que se desechó la demanda de garantías, lo anterior en términos de lo dispuesto en el capítulo quinto, punto vigésimo, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y lineamientos especificados en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de diez de diciembre de dos mil doce. Además, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse entre otros, en los supuestos previstos en el punto décimo sexto de la parte considerativa del acuerdo general conjunto en cita. Notifíquese.

  2. Principal

    1. RADICACION Y FORMACIÓN DE EXPEDIENTE. Vista la demanda de amparo promovida por -, por propio derecho, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, regístrese en el libro de gobierno respectivo bajo el número III-1230/2019-1. 1. ANALISIS SOBRE LA PROCEDENCIA O NO DEL JUICIO DE AMPARO. Ahora, de libelo constitucional, se advierte que el acto reclamado se hizo consistir en lo siguiente: "IV. ACTO RECLAMADO: El auto, emitido por el juez Primero Civil de este Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, dictado el día 15 quince de octubre de 2019 dos mil diecinueve, dentro del Juicio Ordinario Civil expediente número 356/2018, que sobre reivindicación de inmueble, promovió - frente a los suscritos, proveído que ordena a los suscritos el cumplimiento voluntario de sentencia, la cual no ha causado ejecutoria". Acto, respecto del cual se estima que procede desechar el presente libelo constitucional por ser notoriamente improcedente, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo; esto es, por surtirse la causa de improcedencia, prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 62 y 107 fracción IV, segundo párrafo, todos de la Ley de Amparo, por las siguientes razones: Los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo, prescriben: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El primero de los preceptos pone de manifiesto, que las causas de improcedencia, se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional, que conozca del juicio de amparo, por su parte el segundo precepto autoriza a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Con relación a ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En ese sentido, debemos estarnos a lo que dispone el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el 107 fracción IV, de la Ley de Amparo, los cuales textualmente señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;" (Lo resaltado es por este Juzgado) De los artículos de la Ley de Amparo antes transcritos, se conoce que las causas de improcedencia del juicio de garantías deben ser estudiadas por la juzgadora de oficio y que, el juicio de control constitucional resulta improcedente contra actos que no constituyan la última resolución que se emita en un procedimiento de ejecución de sentencia, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Por lo anterior, en casos como el indicado al principio resulta necesario declarar la improcedencia del juicio de garantías, tomando en consideración los antecedentes de la demanda que se analiza, de la que se advierte que la parte quejosa es parte demandada dentro del juicio ordinario civil número 356/2018, que sobre reivindicación de inmueble, promovió - frente a los aquí quejosos, en el que se dictó el auto de fecha quince de octubre de dos mil diecinueve, en virtud de que fu confirmada la sentencia definitiva que condenó a los aquí quejosos restituir a favor de su contraria, la fracción del terreno que defendían, con sus frutos y accesiones, bajo el apercibimiento legal que de no cumplir voluntariamente con lo sentenciado, se procederá a la ejecución forzosa; lo que constituye el acto reclamado. Los antecedentes reseñados, ponen de relieve que, el acto que la parte promovente pretende reclamar consistente en el auto de fecha quince de octubre de dos mil diecinueve, dictado por el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, dentro del juicio ordinario civil número -, que sobre reivindicación de inmueble, promovió -, frente a los aquí quejosos, en el que en cumplimiento a la ejecutoria dictada, ordenó a los aquí quejosos restituir a favor de su contraria, la fracción del terreno que defendían, con sus frutos y accesiones, bajo el apercibimiento legal que de no cumplir voluntariamente con lo sentenciado, se procederá a la ejecución forzosa, auto que fue dictado en la etapa de ejecución de la sentencia correspondiente. Ahora bien, aún y cuando es cierto que de conformidad por lo dispuesto por el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo, procede respecto de actos ejecutados después de concluido el juicio, también lo es que, ese precepto legal determina que, si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa a los quejosos y trascendido al resultado de la resolución. Lo anterior es importante destacarlo en atención a que, si bien en la etapa de ejecución de sentencia se emiten autos y resoluciones intermedias para la ejecución de lo sentenciado, estas determinaciones no pueden ser combatidas a través del juicio constitucional, habida cuenta de que al existir una sentencia ejecutoria o determinación con efectos equivalentes, debe evitarse la obstaculización de su cumplimiento y en la especie, los promoventes pretenden combatir el auto de fecha quince de octubre de dos mil diecinueve, dictado por el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, dentro del juicio ordinario civil número - que sobre reivindicación de inmueble, promovió -, frente a los aquí quejosos, en el que en cumplimiento a la ejecutoria dictada, ordenó a los aquí quejosos restituir a favor de su contraria, la fracción del terreno materia del conflicto, con sus frutos y accesiones, bajo el apercibimiento legal que de no cumplir voluntariamente con lo sentenciado, se procederá a la ejecución forzosa, que fue dictado en la etapa de ejecución de la sentencia correspondiente, determinación que no constituye un acto definitivo que haga procedente el juicio constitucional, al no constituir en concepto del suscrito, la última determinación judicial que ha de dictarse en ese procedimiento. Por ende, no se está ante el supuesto previsto por el segundo párrafo, de la fracción IV del artículo 107 de la ley de la materia, para la procedencia del juicio de amparo; ya que de actualizarse dicha hipótesis, ello sería hasta en el momento mismo en que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento en el juicio ordinario civil mencionado, lo que le daría a los impetrantes la posibilidad de formular demanda de garantías señalando las violaciones que considere fueron cometidas en el procedimiento llevado a cabo para cumplir con la referida sentencia, incluidas las violaciones que aduce en los conceptos de violación de su demanda se han cometido durante la etapa ejecutiva de la sentencia y que considere han dejado sin defensa a la parte peticionaria de amparo. En consecuencia, es manifiesta la actualización de la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con los diversos 107, fracción IV, segundo párrafo, en concordancia con el 62 todos de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo al caso la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página once, tomo XVII, del mes de junio de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que al rubro dice: "AMPARO INDIRECTO. REGLAS PARA SU PROCEDENCIA, RESPECTO DE ACTOS DICTADOS DENTRO DEL JUICIO, DESPUÉS DE CONCLUIDO Y EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA." Sin que en el caso particular nos encontremos en el supuesto de excepción que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido en el criterio jurisprudencial 108/2010; para aplicar por analogía lo dispuesto por la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo y estimar procedente el juicio de garantías contra actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, pues que el auto de fecha quince de octubre de dos mil diecinueve, dictado por el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, dentro del juicio ordinario civil número -, que sobre reivindicación de inmueble, promovió -, frente a los aquí quejosos, en el que en cumplimiento a la ejecutoria dictada, ordenó a los aquí quejosos restituir a favor de su contraria, la fracción del terreno Materia del conflicto, con sus frutos y accesiones, bajo el apercibimiento legal que de no cumplir voluntariamente con lo sentenciado, se procederá a la ejecución forzosa, que fue dictado en la etapa de ejecución de la sentencia correspondiente, al no efectuarse de manera voluntaria, no es un acto ajeno a la cosa juzgada y no afecta de manera inmediata derechos sustantivos de la parte quejosa imposibles de reparar pues es evidente que solo afectaría derechos procesales dentro de la fase de ejecución, por lo que, si estamos en presencia de un acto que tiende a ejecutar una sentencia se trata de un acto que solo podrá verse reparado de serle favorable en el amparo que interponga contra la última resolución dictada en etapa de ejecución. Al respecto, son de citarse las tesis jurisprudenciales números 49 y 139, publicadas en las páginas 721 y 257, Tomo X, Agosto de 1999 y, Tomo XIV Septiembre de 1994, sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado del Tercer Circuito y por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, Novena y Octava Épocas, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que al rubro dicen: "AMPARO, IMPROCEDENCIA DEL, CUANDO EL ACTO QUE SE RECLAMA NO CONSTITUYE LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN QUE SE PRONUNCIÓ EN UN PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN." "AMPARO INDIRECTO. IMPROCEDENCIA DEL. CUANDO EL ACTO COMBATIDO NO ES LA ULTIMA RESOLUCIÓN QUE PUEDE DICTARSE EN EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO." Asimismo, es aplicable la tesis 23 emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, Tomo XXIII, Marzo de 2006, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 175683, visible en la página 1947, que al rubro dice: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS RESOLUCIONES EMITIDAS CON MOTIVO DEL TRÁMITE DE UN INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES PROMOVIDO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PERIODO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA." Así, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113, en relación con los diversos 61, fracción XXIII, 62 y 107 fracción IV, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se DESECHA por notoriamente improcedente la demanda de garantías formulada por -. 3. TRANSPARENCIA. En otro aspecto, toda vez que la parte quejosa no hizo manifestación alguna respecto a si se oponía a la publicación de su nombre y datos personales en la sentencia que llegara a dictarse en el presente asunto; se hace efectivo el apercibimiento inmerso en el auto admisorio, por lo que, una vez que cause ejecutoria la presente resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 6° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; así como en el precepto 8° de la Ley Federal en cita, la misma estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, sin que haya lugar a la supresión de sus datos personales, con la salvedad a que se refiere el párrafo segundo del artículo 8° del Reglamento en cita. Asimismo, se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES. Finalmente, se tiene a los promoventes señalando domicilio para oír y recibir notificaciones personales en esta ciudad, y autoriza en términos del artículo 12 de la Ley de la Materia, al licenciado -, virtud a que el mismo se encuentra dentro del Registro de Cedulas Profesionales que se lleva en los Juzgados Federales. 4. AUTORIZACION DE DIAS Y HORAS INHABILES. De acuerdo con el artículo 21 párrafo tercero de la Ley de la Materia, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en días y horas inhábiles.

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