Sergio Villagómez Rodríguez

Expediente 1136/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de septiembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1136/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
22/09/2017

Partes del expediente

  • Sergio Villagómez Rodríguez

Actuaciones

  1. Principal

    Firmeza de la sentencia. Visto; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el proveído dictado el veintiocho de agosto del año en curso, en el que se decretó el sobreseimiento del juicio de amparo en que se actúa, por falta de impugnación dentro del plazo legal. Archivo del expediente. Archívese el presente juicio, como asunto concluido.

  2. Principal

    Informe justificado. Visto; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe justificado; dése vista a las partes para que expongan lo que a su derecho convenga y relaciónese nuevamente en la audiencia constitucional. Estado de autos. Del estado procesal del juicio se advierte que el catorce de agosto de dos mil diecisiete, Sergio Villagóm********************promovió demanda de amparo en contra de la autoridad y acto siguiente: "AUTORIDADES RESPONSABLES.- El Juez Segundo Mixto Civil y Familiar de Villa de Álvarez, Colima. ACTO RECLAMADO: La Falta de acuerdo del escrito de demanda Inicial, del Juicio Civil de desahucio, en contra de los demandados." De lo anterior, se advierte que la parte quejosa se duele acerca de la omisión en que ha incurrido la autoridad responsable, referente a pronunciarse sobre la admisión de la demanda, registrada con el número ********************, de su índice. Análisis del juicio. Ahora bien, del informe justificado remitido por el Juez de lo Civil de Villa de Álvarez, Colima, se advierte que el veintidós de agosto de la anualidad emitió acuerdo en el que se pronunció sobre la admisión de la demanda relativa al juicio civil sumario de desahucio registrada con el ********************. Causal de improcedencia. En relación a esta situación, conviene mencionar que el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, prevé que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede, durante su sustanciación, cuando se materialice un supuesto de improcedencia y que, conforme a la postura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe ser manifiesta (cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara, de forma que con alguna prueba se desvirtúe) e indudable (cuando existe la certidumbre y la plena convicción de que la hipótesis de improcedencia analizada opera en el caso a estudio). Al respecto, resulta ilustrativa la jurisprudencia 2a./J. 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVII, marzo de 2003, página 386, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Cesación de los actos reclamados. En cuanto a los actos reclamados de las responsables, a juicio de quien suscribe, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, consistente en que el juicio de amparo es improcedente cuando, o bien que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, o que, aún sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo y protección de la justicia federal; es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia de la Unión. Al caso se invoca el criterio jurisprudencial 2a./J. 59/99, sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 38 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Para demostrar que se actualiza la causa de improcedencia en estudio, se procede a valorar las pruebas documentales ofrecidas por la autoridad responsable, remitidas en apoyo a su informe justificado, consistentes en copia certificada del auto dictado el veintidós de agosto de dos mil diecisiete, dentro del juicio civil sumario de desahucio ********************, en el cual proveyó respecto a la admisión de demanda presentada ante dicha autoridad por el quejoso en contra de ********************; omisión que se reclama en esta instancia constitucional. Tales documentales tienen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En este orden de ideas, se advierte que los efectos de la omisión reclamada cesaron en su totalidad y, por tal motivo, desaparecieron, de tal suerte que las cosas regresaron al estado que guardaban antes de la violación alegada por el peticionario de garantías, sin dejar huella alguna. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee en este juicio de amparo. Tiene aplicación, por analogía, la jurisprudencia número 2a./J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, Febrero de 1998, página 210, que aparece bajo el rubro: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Se deja sin efectos audiencia constitucional. Dado lo expuesto en párrafos precedentes, se deja sin efecto la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, a verificarse a las once horas con cincuenta y un minutos del once de septiembre de dos mil diecisiete. Anotaciones. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y comuníquese la circunstancia anterior a las autoridades para su conocimiento y efectos legales consiguientes.

  3. Principal

    En cuanto a los actos reclamados de las responsables, a juicio de quien suscribe, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, consistente en que el juicio de amparo es improcedente cuando, o bien que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, o que, aún sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo y protección de la justicia federal; Consecuentemente, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee en este juicio de amparo. Se deja sin efectos audiencia constitucional.

  4. Principal

    Radicación. Formación de expediente, registro y seguimiento. Conforme al artículo 3 de la Ley de Amparo (en adelante, la Ley), fórmese expediente tanto impreso como electrónico, identifíquese el presente juicio con el número 1136/2017-I y dése seguimiento de su estado procesal en los registros oficiales correspondientes (Libros de Gobierno y SISE). Admisión la demanda. Con fundamento en los artículos 107 y 115 de la Ley se admite a trámite la demanda. Audiencia constitucional. De conformidad con el artículo 115, primer párrafo, de la Ley, se fijan las ONCE HORAS CON CINCUENTA Y UN MINUTOS DEL ONCE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, para que se verifique la audiencia constitucional. No se tramita incidente de suspensión. No se tramita el incidente de suspensión porque la parte quejosa no lo solicitó expresamente. Requerimiento del informe justificado y del expediente generador del acto reclamado.

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