Sergio Villagómez Moreno
Expediente 872/2017 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 10 actuaciones registradas, la última del 17 de enero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 872/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 17/01/2018
Partes del expediente
- Sergio Villagómez Moreno
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Ciudad de México, a diecisiete de enero de dos mil dieciocho. Vistas la constancia y certificación que anteceden, se advierte que no se recurrió la sentencia que negó el amparo; en consecuencia, con fundamento en los numerales 86 de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que se negó el amparo, que en autos no constan documentos originales exhibidos por las partes y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con los puntos cuarto y décimo del acuerdo general en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia que es susceptible de depuración por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción IV, del punto vigésimo primero del referido acuerdo, con excepción de los documentos a que se refiere dicha disposición, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente. Toda vez que en el incidente respectivo, se negó la suspensión provisional y definitiva, respecto del acto reclamado, por tanto, el cuaderno original de este expediente es susceptible de destrucción, en términos del párrafo primero de la fracción III del numeral vigésimo primero de la disposición en consulta. Por otra parte, con sustento en el punto vigésimo, fracción III del acuerdo general mencionado, toda vez que se cuenta con el expediente original del incidente de suspensión, el duplicado del mismo es susceptible de destrucción por este órgano jurisdiccional, en los seis meses posteriores al dictado de esta resolución, por lo que se señala como fecha probable para ello el veintitrés de julio de dos mil dieciocho. Con la finalidad de facilitar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el acuerdo general conjunto citado, elabórese el presente proveído por triplicado para que se integre en el incidente de suspensión. Finalmente, toda vez que no es necesaria la retención del anexo enviado en apoyo al informe justificado rendido por la autoridad judicial responsable, devuélvase a su lugar de origen, sin que sea necesario solicitar el acuse de recibo, pues es suficiente que en el comunicado relativo se estampe el sello que avale su recepción.
- Principal
Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 872/2017, promovido por Sergio Villagómez Moreno, contra un acto del Juez Décimo Sexto Penal de la Ciudad de México; y R E S U L T A N D O: I. Por escrito presentado el dieciocho de octubre de dos mil diecisiete en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta ciudad, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado, el quejoso en cita solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto de la autoridad que se precisará en el considerando segundo de esta sentencia. II. El solicitante de amparo narró los antecedentes del acto reclamado, formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes y señaló que se violan en su perjuicio los derechos públicos subjetivos contenidos en los artículos 1°, 14, 16, 21, 22 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. III. Por acuerdo de diecinueve siguiente, se registró la demanda bajo el orden 872/2017 y se previno al justiciable. IV. Una vez desahogada la citada prevención, el veinticuatro de octubre pasado se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a la responsable su informe justificado; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete, así como a la representación social adscrita al juzgado responsable; finalmente, se señalaron fecha y hora para la audiencia constitucional, que se celebró al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Este juzgado es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 37 y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por reclamarse acto después de concluido el juicio, que se atribuye a autoridad con residencia en esta ciudad, donde este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en la página 207 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo I, Materia Constitucional, debe en principio hacerse la fijación clara y precisa del acto reclamado, tal criterio que es de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". En este orden de ideas, del análisis integral de la demanda y de las constancias de autos, se precisa que el acto reclamado consiste en la resolución de tres de octubre pasado emitida por el Juez Décimo Sexto Penal de esta ciudad, en la causa penal 156/2007, en que se resolvió el recurso de revocación hecho valer por el sentenciado contra la determinación de veintinueve de agosto del año en curso, en que se concluyó que no es procedente el incidente no especificado de "traslación del tipo penal y adecuación de la pena impuesta en la causa". TERCERO. Es cierto el acto reclamado del juez responsable, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado, lo que se acredita con el testimonio de diversas constancias relacionadas con la causa indicada que remitió en apoyo a dicho informe, entre las cuales se encuentra la resolución reclamada, documental que tiene pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. En atención a que las partes no hicieron valer causales de improcedencia, ni este juzgado advierte de oficio que se actualice alguna, procede analizar los conceptos de violación contenidos en la demanda, los cuales se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, al no ser necesaria su transcripción. Sirve de apoyo a lo expuesto la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 830 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Materia Común, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". QUINTO. Son infundados los conceptos de violación hechos valer por el quejoso, sin que se advierta materia para suplirlos en su deficiencia, de conformidad con el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, por lo que procede negar la protección constitucional solicitada. Ahora, para sustentar el sentido de esta resolución, se considera conveniente hacer una breve reseña de los antecedentes del asunto, consistentes en que: 1. El diecinueve de mayo de dos mil ocho, se dictó sentencia contra el amparista, en la que en lo que interesa, se le impuso la pena de sesenta años de prisión, por la comisión del ilícito de secuestro agravado. 2. Inconforme con dicha sentencia, el defensor particular del quejoso interpuso recurso de apelación del que conoció la Primera Sala Penal de esta ciudad, la que al resolver el toca 907/2008, modificó esa sanción para quedar en cincuenta y seis años ocho meses de prisión. 3. Mediante escrito presentado el veintitrés de agosto pasado en la oficialía de partes del juzgado de referencia, el solicitante de amparo promovió incidente no especificado respecto de "la traslación del tipo penal y adecuación de la pena impuesta en la causa", resuelto el veintinueve siguiente, en que se declaró "improcedente" su petición. 4. Contra lo así determinado, el promovente de la acción constitucional se inconformó, por lo que en proveído de seis de septiembre del año en curso, se admitió a trámite el recurso de revocación, que se resolvió el tres de octubre pasado, en el sentido de que no es procedente revocar aquélla. Siendo esta última resolución la que constituye el acto que por esta vía se reclama. En ese contexto es que ahora se estudia lo relativo a la fundamentación y motivación del acto, para lo cual se transcribe el primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece lo siguiente: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. ...". Este numeral refiere en forma genérica los requisitos que debe reunir cualquier acto de autoridad que importe molestia a la esfera jurídica de las personas, en la inteligencia de que por fundamentación debe entenderse que la autoridad, en el propio cuerpo del acto reclamado ha de expresar con precisión el precepto legal aplicable al caso, y por motivación, el señalamiento preciso de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que haya tomado en consideración para la emisión del acto, debiendo existir adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que se configuren en el caso concreto las hipótesis normativas. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia que aparece publicada en la página 166, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Materia Común, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN". Para analizar tales aspectos, en estricta vinculación con el incidente promovido por el justiciable, es necesario precisar que el artículo 14 constitucional, prohíbe la aplicación retroactiva de la ley en perjuicio de persona alguna. Ahora, de la interpretación contrario sensu de tal precepto, se advierte que otorga el derecho al gobernado de que se le aplique retroactivamente la ley penal cuando sea en su beneficio, por lo que si cometió un delito bajo la vigencia de una ley sustantiva con base en la cual se le sentenció y, posteriormente se promulga una nueva que prevé una pena menor para el mismo delito, aquél tiene el derecho protegido constitucionalmente a que se le aplique retroactivamente la nueva ley y, por ende, a que en caso de resultar procedente se le reduzca la pena impuesta. Es así que la traslación del tipo y la adecuación de la pena constituyen un derecho de todo gobernado, que puede ejercer ante la autoridad correspondiente en vía incidental, para que esta determine si la conducta estimada como delictiva conforme a la legislación punitiva vigente en la fecha de su comisión continúa siéndolo en términos del nuevo ordenamiento, esto es, para que analice los elementos que determinaron la configuración del ilícito de acuerdo a su tipificación anterior frente a la legislación vigente y decida si estos se mantienen o no y, en su caso, aplicarle la sanción más favorable. Precisado lo anterior, el análisis del acto reclamado revela que lo resuelto por la autoridad judicial está apegado a la legalidad y, en consecuencia, no violó derechos fundamentales del quejoso. No se soslaya que existe incongruencia en cuanto a la calificación de "improcedencia" del incidente planteado, con la razón en que se sustentó la determinación controvertida, pues la declaración de improcedencia, a criterio de este juzgado, sólo debe utilizarse en los asuntos en que no se resuelva el fondo del asunto, lo que en el caso no sucedió, por tanto, dicho incidente, tomando en consideración el sentido en que se resolvió, debió declararse procedente pero infundado. No obstante, esa circunstancia no es causa para conceder el amparo, pues como se indicó, no asiste razón al quejoso para que se le aplique la retroactividad que refiere, por los motivos que expuso el juez responsable. Al respecto, es orientadora la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, localizable en la página 133 del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 145-150, Sexta Parte, de rubro: "IMPROCEDENCIA, DECLARACION DE, EN EL RECURSO DE APELACION, CUANDO EN REALIDAD SE ESTIMAN INFUNDADOS LOS AGRAVIOS". Lo anterior se estima así, puesto que como bien expuso la responsable, el incidente planteado resulta infundado, ya que como se advierte de las constancias remitidas por aquélla, el quejoso fue sentenciado por el delito de secuestro agravado, cuya previsión y sanción se contenía en el Código Penal para el Distrito Federal, vigente al momento de los hechos, en tanto que a la fecha de promoción y resolución del incidente de que se trata, rige para tal ilícito la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, que igualmente contiene en esencia, entre su articulado, la misma configuración típica del delito de referencia, pero con penalidades mayores a las que preveía dicho código. En efecto, el código sustantivo aplicable al momento de los hechos, en sus artículos 163 y 164, base de la condena del amparista, en lo que interesa, disponían: "ART. 163. Al que prive de la libertad a otro con el propósito de obtener rescate, . se le impondrán de cuarenta a sesenta años de prisión." "ART. 164. Las penas previstas en los dos artículos anteriores se incrementarán en una tercera parte, si en la privación de la libertad a que se hace referencia en los mismos concurre cualquiera de las circunstancias siguientes: . III. Que quienes lo lleven a cabo actúen en grupo; IV. Que se realice con violencia, o aprovechando la confianza depositada en él o los autores; o.". Por otra parte, la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus numerales 9 y 10, dispone: "Artículo 9. Al que prive de la libertad a otro se le aplicarán: I. De cuarenta a ochenta años de prisión y de mil a cuatro mil días multa, si la privación de la libertad se efectúa con el propósito de: a) Obtener, para sí o para un tercero, rescate o cualquier beneficio;.". "Artículo 10. Las penas a que se refiere el artículo 9 de la presente Ley, se agravarán: I. De cincuenta a noventa años de prisión y de cuatro mil a ocho mil días multa, si en la privación de la libertad concurre alguna o algunas de las circunstancias siguientes: . c) Que se realice con violencia; .". De esa manera, como correctamente expresó la responsable, si ambas legislaciones prevén en esencia la misma conducta típica (coincidente en su totalidad, aunque no en su literalidad, sin que se haya modificado o suprimido algún elemento que beneficie al solicitante del amparo), aunado a que la nueva ley prevé mayores penas que las aplicadas a aquél conforme al código punitivo en consulta, resulta indudable que fue del todo apegado a la legalidad que la responsable declarara infundada la pretensión del solicitante del amparo. Así, se concluye que la responsable adecuó su actuar a los requisitos que el artículo 16 constitucional exige para cualquier acto de molestia, como es el reclamado en esta vía, pues citó los preceptos legales aplicables al caso de que se trata, y expuso los motivos que la llevaron a concluir como lo hizo, pues realizó la comparación de las figuras típicas en aparente concurso, así como del marco de punibilidad de ellas, para determinar que la ley que más favorece al promovente de la acción constitucional es la que le fue aplicada en sentencia ejecutoria, sin que se advierta algún factor benévolo en la nueva ley, dado que de aplicarle esta, se le causaría perjuicio. Ahora, a efecto de contestar los conceptos de violación hechos valer, se destaca que en esencia se formularon los siguientes: a) El juez responsable no debió tener por interpuesto el recurso de revocación, sino el de apelación; y b) Debió aplicarse la ley general en consulta, antes de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el tres de junio de dos mil catorce, que preveía penas menores a las que establecen los preceptos transcritos en párrafos anteriores. Como se anunció al inicio de este considerando, son infundados tales motivos de disenso, pues en contestación al primero, basta con citar la jurisprudencia 1a./J. 2/2011, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 312 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, marzo de 2011, que establece: "INCIDENTE INNOMINADO. LA RESOLUCIÓN QUE LO DESECHA O DECIDE DE PLANO POR SER DE OBVIA RESOLUCIÓN Y EN EL AUTO RELATIVO SE DECIDEN ASPECTOS DE FONDO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA, ES IMPUGNABLE MEDIANTE EL RECURSO DE REVOCACIÓN (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL). Conforme a los artículos 541 a 545 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, cuando el incidente innominado planteado es de obvia resolución y las partes no ofrecen pruebas, será fallado de plano, lo que significa que en los demás casos debe seguirse el trámite para tal efecto y concluir con el dictado de la interlocutoria. Lo anterior atiende a la naturaleza de cada caso, pues la primera hipótesis se refiere a cuestiones que no requieren mayor trámite y por su grado mínimo de dificultad pueden resolverse de inmediato por el juzgador, incluso mediante su desechamiento, lo que no sucede en el segundo caso, en que su complejidad exige un análisis más profundo, que justifica que la resolución sea revisable en sede vertical acorde con el artículo 545 del citado código. Por tanto, la resolución de un incidente innominado fallado de plano o desechado, aunque en el auto respectivo se decidan aspectos de fondo de la cuestión planteada, pues su sencillez no hace necesaria la intervención de otro órgano jurisdiccional, es impugnable en sede horizontal mediante el recurso de revocación previsto en el artículo 412 del citado ordenamiento legal". Con base en tal criterio de observancia obligatoria para este juzgado, se considera correcto el actuar de la responsable, pues si como se dijo, resolvió de plano de la incidencia de que se trata, fue legal tuviera por interpuesto el recurso de revocación cuestionado. Por otra parte, en relación con el segundo de los motivos de inconformidad mencionados, a criterio de este juzgado es conveniente invocar la jurisprudencia 1a./J. 1/2004 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 151 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, marzo de 2004 que dispone: "LEY PENAL INTERMEDIA. NO PUEDE APLICARSE AL MOMENTO DE EMITIR LA SENTENCIA DEFINITIVA, AUN CUANDO HAYA SIDO BENÉFICA. Si bien es cierto que en materia penal, la ley favorable que surge con posterioridad a la comisión de un delito debe aplicarse retroactivamente al momento en que se emita la sentencia definitiva, también lo es que la ley intermedia, que es la que surge durante la tramitación del proceso pero deja de tener vigencia antes de dictarse sentencia definitiva, no puede aplicarse ultractivamente en beneficio del procesado al dictarse ésta, aun cuando sea favorable, toda vez que de acuerdo con el principio de irretroactividad de la ley que establece el artículo 14 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, la norma legal favorable sólo es aplicable durante su vigencia temporal. Ello es así, en razón de que cuando se cometió el delito la ley no estaba vigente y cuando se emitió sentencia ya estaba derogada, sin que deba considerarse que el procesado adquirió a su favor un derecho, pues aquella norma legal sólo constituyó una expectativa de derecho, la cual se habría materializado en la sentencia de haber estado vigente". Al respecto, se destaca que la pretensión del quejoso de que se le aplique una ley intermedia, está vedada conforme a la jurisprudencia última en cita, que conforme al artículo 217 de la ley de la materia, es obligatoria para este órgano, de ahí que se reitere lo infundado del concepto de violación en análisis. Con base en las razones expuestas, al haber resultado infundados los motivos de inconformidad hechos valer, sin que se advierta materia para suplirlos en su deficiencia, procede negar la protección constitucional solicitada por Sergio Villagómez Moreno, contra el acto que reclamó del Juez Décimo Sexto Penal de la Ciudad de México, consistente en la resolución de tres de octubre pasado emitida por el Juez Décimo Sexto Penal de esta ciudad, en la causa penal 156/2007, en que se resolvió el recurso de revocación hecho valer por el sentenciado contra la determinación de veintinueve de agosto del año en curso, en que se concluyó que no es procedente el incidente no especificado de "la traslación del tipo penal y adecuación de la pena impuesta en la causa". Por lo expuesto y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E : ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Sergio Villagómez Moreno, contra el acto reclamado consistente en la resolución de tres de octubre pasado emitida por el Juez Décimo Sexto Penal de esta ciudad, en la causa penal 156/2007, en que se resolvió el recurso de revocación hecho valer por el sentenciado contra la determinación de veintinueve de agosto del año en curso, en que se concluyó que no es procedente el incidente no especificado de "la traslación del tipo penal y adecuación de la pena impuesta en la causa", por los motivos expuestos en la última consideración.
- Principal
Ciudad de México, a treinta de noviembre de dos mil diecisiete. Visto el estado de autos, se advierte que está transcurriendo el plazo concedido a las partes, previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo; por tanto, la audiencia constitucional fijada para el día de hoy se difiere y se señala como nueva fecha para celebrarse el veinte de diciembre de dos mil diecisiete, a las once horas. Sirve de apoyo a la anterior determinación la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, de rubro: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO".
- Principal
Ciudad de México, a veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete. Agréguense a los autos los escritos de cuenta, signados por el quejoso. En atención a su contenido, en relación con sus manifestaciones relativas al vicio formal (falta de firma en la certificación) advertido en el anexo remitido por la autoridad judicial responsable en apoyo a su informe justificado, dígasele que el mismo fue subsanado y el anexo relativo se le dejó a la vista en proveído de quince del mes actual. En cuanto a la audiencia "personal" o videoconferencia para realizar la "confronta" que solicita, independientemente de que no precisa la finalidad de su desahogo en relación con la litis del presente juicio constitucional, se establece que las constancias remitidas por el juez responsable son suficientes para resolver este controvertido, aunado a que de conformidad con el artículo 75 de la Ley de Amparo, el acto reclamado debe ser apreciado tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable. Asimismo, no es procedente concederle la audiencia "personal" que refiere, pues este órgano de control constitucional no cuenta con los medios, ni los recursos (humanos y materiales), para acceder a su petición, aunado a que las instalaciones de este órgano de control constitucional no tienen las condiciones para el resguardo de las personas que se encuentran privadas de la libertad personal, como en el caso sucede, sin que lo anterior implique dejarlo en estado de indefensión, pues en su calidad de quejoso, atendiendo al carácter que tiene en el proceso penal del que deriva el acto reclamado, es procedente suplir la deficiencia de la queja, que opera aun ante la ausencia de conceptos de violación. Por lo que respecta a las restantes manifestaciones, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por hechas en vía de alegatos, sin perjuicio de tenerlos por reproducidos en la audiencia constitucional. Por último, previa razón de su recibo, devuélvanse al quejoso los anexos que adjuntó a los ocursos que se proveen, pues son copias de diversas actuaciones del juicio y de algunas constancias que fueron remitidas por la autoridad judicial responsable.
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