Sergio Vargas Cabrera
Expediente 764/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 5 actuaciones registradas, la última del 17 de octubre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 764/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 17/10/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Sergio Vargas Cabrera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
El licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - CERTIFICA - - - - - - - - - - - - - - - Que el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia dictada el veinticinco de septiembre pasado por este Juzgado, transcurrió del veintiocho de septiembre pasado al once de octubre del año en curso, sin que a la fecha se haya recibido recurso alguno. Asimismo se certifica lo siguiente: Que tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existe documento con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; En el mismo orden de ideas, se hace constar que no se aperturó incidente de suspensión, por lo que no se exhibió billete. De igual forma, no existen documentos originales; y, si existe tomo de prueba por devolver a las partes. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Zacatecas, Zacatecas, diecisiete de octubre de dos mil diecisiete. Doy fe. En la misma fecha el secretario licenciado Jorge Martín Zamora González da cuenta al Juez con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. ZACATECAS, ZACATECAS, DIECISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE. Visto el estado que guardan los presentes autos y certificación de cuenta asentada por el Secretario adscrito a este Juzgado, en el sentido de que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que interpusiera recurso de revisión contra la sentencia dictada el veinticinco de septiembre de la presente anualidad, en la que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Reglamentaria en consulta, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes, y con fundamento en el ordinal 214 de la ley de la materia invocada, se ordena el archivo de este expediente como asunto concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. En atención a lo anterior, con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que este expediente SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que este Juzgado considera que no contienen valor jurídico o histórico por el cual deban conservarse. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. En cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Por último, devuélvase a la autoridad responsable las copias fotostáticas certificadas del expediente laboral 69/2012, que anexó a su informe justificado. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma el licenciado Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Jorge Martín Zamora González, secretario que autoriza y da fe. EMVG
- Principal
6 veinticinco de marzo de dos mil dieciséis AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, siendo las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, hora y día señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo 764/2017, estando en audiencia pública la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, quien actúa con el Secretario que autoriza y da fe, licenciado Jorge Martín Zamora González, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo vigente, se procedió a su celebración, sin contar con la asistencia personal de las partes. Acto seguido, el Secretario procede a dar lectura a las constancias que integran el presente juicio de garantías sin que sea necesario hacer mención expresa de ellas. Tiene aplicación a la tesis siguiente: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo, de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han -quedado relacionadas y recibidas en este acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas". A su vez, se da cuenta con el oficio registrado con el folio 12822 signado por la Magistrada Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, con anexo que se adjunta. En relación con lo anterior, la Juez acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias, por leídas las mismas y por rendido el informe justificado de la autoridad responsable Magistrada Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad y por legalmente emplazada a la parte tercero interesada. Asimismo, se tiene a la autoridad responsable dando cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de diecinueve de septiembre del año en curso (foja 21), mediante el oficio de cuenta al que adjunta copia certificada de las notificaciones personales practicadas al actor Sergio Vargas Cabrera (aquí quejoso) y demandado Secretaria de Educación del Estado de Zacatecas (aquí tercero interesada) dentro del juicio ordinario laboral 069/2012, el veintiuno de septiembre de la presente anualidad. A continuación, en el período de ofrecimiento y recepción de pruebas, el Secretario da cuenta con las documentales remitidas por la responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, consistentes en copias certificadas del expediente laboral 69/2012, las cuales dada su propia y especial naturaleza se tienen por desahogadas; luego, al no haber más pruebas pendientes por desahogar, se declara cerrado el período probatorio, y se pasa a la etapa de alegatos. En el período de alegatos, el Secretario da cuenta con la circunstancia que las partes no formularon ni existe pedimento de la Agente del Ministerio Público de la Federación de la Adscripción; acto seguido, se cierra esta etapa. En consecuencia, no existiendo más diligencias pendientes por desahogar, se dicta la siguiente sentencia: V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 764/2017; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. En escrito presentado el veintiocho de agosto de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, SERGIO VARGAS CABRERA formuló demanda de amparo indirecto, contra la autoridad y acto que a continuación se precisa: AUTORIDAD RESPONSABLE. Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas. ACTO RECLAMADO. La omisión de dar respuesta a la solicitud de aclaración de incidente de liquidación planteado dentro del juicio laboral número 69/2012. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. La demanda de garantías de referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, por lo que su Titular en auto de treinta de agosto de dos mil diecisiete, ordenó su admisión y registro con el número 764/2017; se pidió informe justificado a la autoridad señalada como responsable; se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; se ordenó emplazar a la tercero interesada y se fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede y que forma parte integral de la presente resolución. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, tiene competencia legal para fallar en definitiva en el presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 y 55, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por reclamarse una omisión de una autoridad laboral residente dentro de la demarcación territorial en que este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Previo a analizar la certeza del acto reclamado, debe precisarse cuál es éste, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Para tal efecto se atenderá a los lineamientos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en el sentido de analizar íntegramente la demanda y al observar con criterio amplio, no restrictivo para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance y contenido, prescindiendo de los calificativos sobre inconstitucionalidad que realice, en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000 y P.VI/2004. En ese sentido, de una lectura íntegra del libelo constitucional y anexos que forman un todo, se advierte que el acto reclamado en la presente instancia constitucional, consiste en: La omisión de dar respuesta a la solicitud de aclaración de incidente de liquidación planteado dentro del juicio laboral número 69/2012. TERCERO. Existencia, certeza o presunción de los actos reclamados. Una vez determinado cuál es el acto reclamado, por cuestión de técnica, a continuación se analizará su inexistencia, presunción o certeza, como lo estableció una anterior integración del Máximo Tribunal de la Nación en la tesis del rubro y texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACION LOGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad." Es cierto el acto al recriminado al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas consistente en la omisión de dar respuesta a la solicitud de aclaración de incidente de liquidación planteado dentro del juicio laboral número 69/2012, en virtud de que su Magistrada Presidenta al rendir su informe justificado aceptó la existencia de tal acto (foja 16 del expediente en que se actúa), lo que se corrobora con las copias del expediente laboral que dicha autoridad allegó al sumario; documentales que cuentan con pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Reglamentaria de los preceptos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por disposición expresa de su ordinal 2. En apoyo a lo anterior, se invoca la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Análisis de causales de improcedencia. Una vez que se fijó el acto reclamado y se acreditó su existencia se procede al estudio de las causales de improcedencia, por ser un aspecto de orden público y de estudio preferente en el juicio de protección de derechos fundamentales, tal como lo establece el numeral 62 de la Ley de Amparo. Sobre el particular es aplicable la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En la especie, el Tribunal responsable en su comunicado recibido el dieciocho de septiembre del año en curso, señala que en relación con el acto impugnado precisado en el considerando que antecede se actualiza la hipótesis de inejercicio de la acción constitucional prevista por el cardinal 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en virtud de que han cesado sus efectos, ya que el once de septiembre de dos mil diecisiete dictó resolución en la solicitud de aclaración de incidente de liquidación en el juicio laboral 69/2012 y para acreditar dicha circunstancia allegó al presente sumario copia certificada del fallo, así como de las notificaciones personales practicadas al actor Sergio Vargas Cabrera (aquí quejoso) y demandado Secretaria de Educación del Estado de Zacatecas (aquí tercero interesada) dentro del juicio ordinario laboral 069/2012, el veintiuno de septiembre de la presente anualidad (fojas 19-20 y 25-27 de autos). Al respecto debe establecerse que el motivo que sustenta la causal de improcedencia invocada es fundado. Para demostrar la anterior afirmación es necesario tener presente el contenido de la disposición legal invocada, la cual prescribe lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" El segmento normativo invocado prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Sobre el particular es necesario señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversos criterios jurisprudenciales se ha pronunciado respecto de esa causal de improcedencia, la cual se preveía por el ordinal 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo abrogada, cuyo texto es similar al que se contiene por el arábigo 61, fracción XXI, de la ley de la materia en vigor, por lo que esos criterios son aplicables en el caso, en tanto que no se oponen a lo prescrito por esta última legislación, conforme a lo estatuido por su artículo sexto transitorio que dispone: "SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley." Uno de los criterios a que se ha hecho alusión se contiene en la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Del criterio jurisprudencial transcrito se obtiene que los efectos de un acto reclamado cesan cuando la autoridad responsable lo deroga o lo revoca y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca, o también cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto constituye una situación jurídica que destruye de manera definitiva la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. En ese contexto, la cesación de los efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del inconforme al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de sus efectos que puede verse acompañada o no de la insubsistencia del acto, ya que es patente que la razón que justifica la aludida improcedencia no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del quejoso que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la citada improcedencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia y la importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al justiciable en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir lo que ese derecho exija. Por tanto, acorde con la teleología que se deriva del arábigo 61, fracción XXI, de la ley de la materia, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los cardinales 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo se arriba a la convicción de que la hipótesis de inejercitabilidad invocada se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular o, habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí huella alguna. Precisado lo anterior, enseguida debe tenerse presente que el solicitante del amparo reclama del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, con sede en Zacatecas, la omisión de dar respuesta a la solicitud de aclaración de incidente de liquidación planteado dentro del juicio laboral número 69/2012, por lo que su pretensión en este juicio constitucional es obtener un fallo protector mediante el cual se vincule a ese órgano jurisdiccional a respetar el contenido del normativo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece el derecho fundamental de todo gobernado a que se le administre justicia dentro de los plazos y los términos previstos legalmente y, en consecuencia, a que pronuncie la resolución que corresponda en el juicio laboral de origen. Ahora, el Tribunal responsable exhibió en este juicio constitucional copia certificada de la resolución de once de septiembre de dos mil diecisiete en la solicitud de aclaración de incidente de liquidación en el juicio laboral 69/2012, así como de las constancias de notificación practicadas al actor Sergio Vargas Cabrera (aquí quejoso) y demandado Secretaria de Educación del Estado de Zacatecas (aquí tercero interesada), el veintiuno de septiembre de la presente anualidad y que se tienen a la vista para resolver; documentales con pleno valor probatorio, en términos de los cardinales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su normativo 2. Lo anterior evidencia que la autoridad judicial responsable ha dictado la resolución correspondiente en el juicio laboral 69/2012 de su índice, por lo que ante esa situación es inconcuso que se patentiza el supuesto de inejercicio de la acción de amparo invocada, ya que con la emisión de ese fallo han cesado los efectos del acto omisivo reclamado. Efectivamente, el hecho de que la responsable haya remitido copia certificada de la resolución pronunciada en la aclaración de incidente de liquidación evidencia que los efectos del acto omisivo que le fue reprochado han desaparecido, de tal forma que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la alegada violación al artículo 17 Constitucional. Es así, porque la conducta omisiva ejercida por la autoridad laboral que motivó la promoción del juicio de amparo cesó al haber dictado la resolución respectiva en la solicitud de aclaración del incidente de liquidación; por tanto, la violación al derecho fundamental previsto por el arábigo 17 de la Carta Magna, que correlativamente impone a los órganos y a las autoridades encargadas de administrar justicia la obligación de resolver las controversias planteados ante ellas dentro de los plazos y los términos previstos legalmente, que en determinado momento pudo haberse cometido en perjuicio del quejoso fue reparada por el propio Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, con residencia en Zacatecas, con la emisión de ese fallo. Por tanto, si la resolución dictada en el juicio natural indicado provocó que el acto omisivo combatido en este juicio de amparo ya no produjera consecuencias jurídicas en sentido negativo, ni causa afectación alguna a la esfera de derechos del inconforme ante la cesación de sus efectos es inconcuso que se actualiza la causal de improcedencia establecida por el normativo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo que conduce a sobreseer en el presente juicio constitucional respecto del acto impugnado consistente en la omisión de dar respuesta a la solicitud de aclaración de incidente de liquidación planteado dentro del juicio laboral número 69/2012 atribuido al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, en términos de lo dispuesto por el cardinal 63, fracción V, de la propia legislación. Las consideraciones anteriores tienen respaldo en la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." También se invoca en respaldo de la decisión adoptada la tesis de rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Finalmente, dada la naturaleza del sobreseimiento decretado y el efecto que produce esa resolución en el proceso, este órgano de control constitucional está imposibilitado jurídicamente para realizar el estudio de los conceptos de violación, porque el sobreseimiento constituye un acto procesal que termina la instancia de manera anticipada por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado, sin que obste señalar que la determinación anterior no representa fuente generadora de agravios a las partes en el presente juicio de amparo. Sobre el particular es aplicable la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." En mérito de lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos, 73, 75, 76, 77, 124 y 217 de la Ley de Amparo en vigor, se resuelve: ÚNICO. SE SOBRESEE, en el juicio de amparo número 764/2017, promovido por SERGIO VARGAS CABRERA, por los motivos indicados en el considerando último de esta resolución. NOTIFIQUESE POR LISTA A LAS PARTES Y POR OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Así lo resolvió y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza. DOY FE. L'JMZG. veinticinco de marzo de dos mil dieciséis
- Principal
El diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete, el Secretario licenciado Jorge Martín Zamora González, doy cuenta a la Juez con un oficio con registro 12558, con anexo que se adjunta.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos para que obre como legamente corresponda el oficio de cuenta signado por la Magistrada Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, mediante el cual remite copia certificada de la aclaración de la resolución interlocutoria de liquidación de once de septiembre de dos mil diecisiete, dictada dentro del juico laboral 69/2012; dese vista a las partes para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a sus intereses legales convenga. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene como prueba de la mencionada responsable la citada documental, la cual dada su propia y especial naturaleza se tiene desahogada. Por otro lado, la oficiante remite la documental de mérito a efecto de subsanar la omisión que le fue reclamada en esta instancia constitucional; sin embargo, de las constancias que remite no se advierte que el referido auto haya sido notificado al aquí quejoso; en consecuencia y atendiendo a que la falta de notificación de éste también forma parte del acto reclamado en el juicio que nos ocupa, se requiere a la autoridad responsable a efecto de que, dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al que surta efectos la notificación del presente proveído, informe a este juzgado si el auto que dictó dentro del expediente laboral 69/2012 ya fue notificado a las partes y, de ser así, remita las constancias que así lo acrediten; lo anterior a fin de estar en condiciones de proveer lo que en derecho corresponda. Notifíquese. Así lo proveyó y firma la licenciada Isaura Romero Mena Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Jorge Martín Zamora González, secretario que autoriza y da fe. *María del Carmen*
- Principal
El dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete, el Secretario licenciado Jorge Martín Zamora González, doy cuenta a la Juez con un oficio con registro 12423, con anexo que se adjunta.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete. Téngase por recibido el oficio de cuenta; y en atención a su contenido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el INFORME JUSTIFICADO de la autoridad responsable Magistrada Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad; dese vista a las partes para que se impongan de su contenido y anexo y manifiesten lo que a su derecho convenga, hasta antes de la audiencia constitucional. Con fundamento en el numeral 119 de la ley de la materia en consulta, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas, dada su propia naturaleza, las constancias que la mencionada autoridad adjunta a su comunicado, consistente copia certificada de las constancias que integran el expediente laboral 69/2012; sin perjuicio de relacionarlas y valorarlas en la etapa procesal que corresponda; dado el volumen de las citadas constancias, para facilitar la consulta del expediente en que se actúa, se ordena formar cuaderno de pruebas por separado. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza y da fe.
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