Sergio Ubaldo Martínez Casas

Expediente 313/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 10 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
313/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
10/05/2019

Partes del expediente

  • Sergio Ubaldo Martínez Casas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de veintitrés de abril del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. Archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  2. Principal

    Agréguese en autos el escrito signado por el quejoso **********; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, téngasele desahogando el requerimiento formulado en providencia de quince de abril del año en curso. El suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 1°, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, que estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I.- Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." (.) "El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley" Como se puede advertir de la transcripción de los artículos anteriores, para que el juicio constitucional sea procedente es necesario que se enderece contra actos de autoridad, o bien, de particulares en los casos señalados por la propia ley, pues por su naturaleza jurídica las garantías constitucionales constituyen en la generalidad de los casos limitaciones al Poder Público, ya que los actos que ejecuten y molesten en su persona, domicilio, papeles o familia a otros particulares, encuentran sus sanciones en las disposiciones del derecho común. En ese orden, la concepción del "acto reclamado", es un tema medular dentro del análisis relativo a la procedencia del juicio de amparo, pues constituye un requisito indispensable para la procedencia de este medio de control constitucional, tal como lo disponen los artículos 103 de la Carta Magna y 1o. de la Ley de Amparo, preceptos en los que constantemente aparece el término de "actos u omisiones de autoridad". Dentro del campo del juicio de amparo, el acto reclamado, en general, consiste en un hecho voluntario e intencional, positivo (decisión, ejecución o ambas) o negativo (abstención u omisión) que implique una afectación de situaciones jurídicas abstractas (ley) o que constituya un acto concreto de efectos particulares (acto stricto sensu) imputable a un órgano del Estado e impuesto al gobernado de manera imperativa, unilateral y coercitiva. De la definición que antecede, se desprende que el acto debe de ser un hecho voluntario, no debido al azar, rasgo distintivo entre aquél y un acontecimiento cualquiera, cuya realización esté encaminada a la obtención de un fin, es decir, a la causación de la afectación o lesión a cualquier derecho o interés jurídico del gobernado, ocasionándole un agravio que puede provenir, indistintamente, de una ley o de un acto stricto sensu, de índole decisoria, ejecutiva u omisiva que le otorgue la naturaleza de autoritario al ser coercitivo, unilateral e imperativo, formas o maneras como se realiza la mencionada afectación. Por ello, tratándose de actos futuros, probables o remotos, respecto de los cuales no existe una certeza clara y fundada de su realización (actos inciertos), los mismos no producen ningún efecto de derecho, y contra ellos no procede el juicio de amparo. Ahora, con el objeto de comprender por qué el suscrito estima que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia referida, conviene establecer que la parte quejosa esencialmente señaló como acto reclamado: "La inminente y cierta privación de la Posesión que detento sobre el inmueble ubicado en el número ********** de la calle ********** colona ********** de esta Ciudad de Celaya, Guanajuato." Asimismo, del escrito aclaratorio de cuenta se advierte que el peticionario del amparo manifestó bajo protesta de decir verdad lo siguiente: ".No se ha emitido a la fecha de la presentación de este escrito por la Autoridad Responsable señalada, la orden de poner en posesión a la parte ofendida, respecto del inmueble sobre el cual detento la posesión." De lo antes narrado se desprende que la orden de desposeimiento que reclama el quejoso, respecto del inmueble que refiere tiene en posesión, es un acto futuro e incierto, contra el cual es improcedente el juicio de amparo intentado. Lo anterior es así, porque, como lo manifestó el propio quejoso, dentro de la causa penal ********** de la estadística del Juzgado Único de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región del Estado de Guanajuato, no se ha ordenado poner en posesión de la de parte ofendida el inmueble arguye tiene en posesión, de ahí que se considere dicho acto reclamado como acto futuro de realización eventual, pues no existe dato alguno que genere la certeza clara y fundada de que el acto impugnado pueda llegar a existir. Se afirma lo expuesto, ya que si bien el veintidós de los corrientes estaba programada la celebración de la audiencia de juicio, lo cierto es que hasta el momento no se tiene la certeza de aquella se llevará a cabo, ni que existiera razón alguna para que en la misma, ineludiblemente, se tuviera que ordenar poner en posesión a la parte ofendida. Lo antes expuesto se justifica, pues no debe perderse de vista que la demanda de amparo tiene como finalidad obtener la protección de la Justicia Federal a efecto de que se restituya al quejoso en el goce su derecho fundamental violado, y no prevenir actos que en lo futuro pudieran generar esa afectación, como sucede en la especie. Estimar lo contrario genera la posibilidad de permitir el ejercicio de la acción de control constitucional, apoyada en expectativas y no en contra de actos concretos o de realización cierta e inminente. Debe decirse que este juzgador no soslaya la jurisprudencia 1ª./J.25/2003, de la Primera Sala Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. LA RECLAMACIÓN DE UN ACTO FUTURO E INCIERTO, DEL CUAL NO PUEDA SABERSE CON EXACTITUD SI ES INMINENTE O SI LLEGARÁ O NO A MATERIALIZARSE, NO CONSTITUYE UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, POR LO QUE EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRAMITE."; sin embargo, se estima que la misma no es aplicable. Esto se afirma, en virtud que en el presente caso este operador jurídico se encuentra en condiciones de determinar racionalmente que las responsables no han ordenado la realización del acto reclamado o que están a punto de hacerlo, puesto que para llegar a dicha conclusión se sopesó que el propio quejoso manifestó en su escrito aclaratorio que dentro de la causa penal 1P0617-1013 de la estadística del Juzgado Único de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región del Estado de Guanajuato, no se ha ordenado poner en posesión de la de parte ofendida el inmueble arguye tiene en posesión; manifestación a la que se le otorga valor pleno de CONFESIÓN, en términos de lo dispuesto por el artículo 95, en relación con los numerales 199 y 200, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como en atención al criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicado en la página 857, Tomo XII, Diciembre de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES).". Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia contemplada en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 1°, fracción I, de la ley de la materia, con fundamento en el arábigo 113 de la Ley de Amparo SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA. Por otra parte, intégrese al expediente el diverso oficio signado por el quejoso **********, mediante el cual manifiesta ampliar su demanda de amparo; al respecto, se acuerda: Como punto de partida, es necesario precisar que la ampliación de la demanda de amparo implica la adición o modificación, por parte del quejoso, de lo expuesto en su escrito original para que forme parte de la controversia que deberá resolver el Juez o tribunal. Asimismo, es importante traer a contexto el contenido del artículo 111 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 111. Podrá ampliarse la demanda cuando: I. No hayan transcurrido los plazos para su presentación; II. Con independencia de lo previsto en la fracción anterior, el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial. En este caso, la ampliación deberá presentarse dentro de los plazos previstos en el artículo 17 de esta Ley. En el caso de la fracción II, la demanda podrá ampliarse dentro de los plazos referidos en este artículo, siempre que no se haya celebrado la audiencia constitucional o bien presentar una nueva demanda." Del precepto transcrito se advierte que la ampliación de la demanda de amparo no puede quedar al arbitrio del quejoso y promoverla en cualquier momento, sino que debe ajustarse a las siguientes reglas: 1. Que la ampliación de la demanda verse sobre actos de autoridad que guarden estrecha relación con los reclamados inicialmente; 2. Que se encuentre transcurriendo el término respectivo previsto en el artículo 17 de la legislación en consulta, para la presentación de la demanda; y, 3. Que no se haya celebrado la audiencia constitucional o presentado una nueva demanda. Pues bien, en el caso concreto el solicitante del amparo en su demanda señaló como acto reclamado la orden de desposeimiento del inmueble ubicado en calle ********** número **********, colonia ********** de esta ciudad, que arguye tiene en posesión, emitida dentro de la causa penal 1P0617-1013 de la estadística del Juzgado Único de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región del Estado de Guanajuato, y solicita la ampliación en contra de las órdenes de detención, aprehensión y/o comparecencia emitidas en su contra en dicha causa penal. Bajo ese contexto, si el solicitante pretende ampliar su demanda de amparo respecto de las órdenes privativas de la libertad que reseña, no obstante que en su demanda reclamó la orden de desposesión del inmueble que refiere actualmente ocupa; es inconcuso que aquellos actos de autoridad no guardan estrecha relación con este último, por lo que no se actualiza la segunda fracción del artículo 111 de la ley de la materia, para la procedencia de la misma. Lo anterior es así, porque el acto que reclamó en su escrito inicial de demanda no es el antecedente o el consiguiente de los actos por los cuales pretende ampliar. Es decir, los actos que pretende ampliar consistentes en las órdenes de detención, aprehensión y/o comparecencia emitidas en su contra por el Juez de Control en Materia Penal del Juzgado de Oralidad Penal con sede en esta ciudad, no tienen una vinculación de causa-efecto con el acto reclamado originalmente. Se afirma lo anterior, porque el desposeimiento que reclama respecto del inmueble ubicado en calle ********** número **********, colonia ********** de esta ciudad, que arguye tiene en posesión, no es el motivo o la causa por el que, en todo caso, se pudiera librar en su contra algún mandato de captura, sino la inasistencia a la audiencia de juicio, como refiere en su ocurso. Por ello, se insiste que se trata de actos desvinculados entre sí, dado que uno no depende del otro. Máxime si toma en cuenta que la ampliación de demanda tiene como finalidad que en un solo juicio se tramite los actos que están íntimamente vinculados con el primero y se resuelva el conflicto planteado, a fin de evitar que se presenten nuevas demandas con el consiguiente riesgo de que pudieran dictarse resoluciones contradictorias, lo que en la especie no sucedería porque el acto reclamado y los actos que se pretenden ampliar están completamente desvinculados entre sí. De estimarlo de otra manera se incorporarían a la presente litis constitucional elementos que le son ajenos al no existir relación o vinculación alguna con la omisión reclamada inicialmente. Además, tampoco se surte la última de las hipótesis del referido numeral 111 de la Ley de Amparo, en razón de que en esta data se determinó desechar la demanda de amparo al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 1°, fracción I, ambos de la legislación en comento. Por estas razones lo procedente es desechar la citada ampliación de demanda. Finalmente, debe decirse que la determinación adoptada no deja en estado de indefensión a la parte quejosa, toda vez que está en aptitud legal de promover un nuevo jucio de amparo en contra de los mandatos de captura que reclama.

  3. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN I, INCISO C) DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE VEINTITRÉS DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE A LA QUEJOSA: Agréguese en autos el escrito signado por el quejoso **********; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, téngasele desahogando el requerimiento formulado en providencia de quince de abril del año en curso. El suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 1°, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, que estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I.- Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." (.) "El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley" Como se puede advertir de la transcripción de los artículos anteriores, para que el juicio constitucional sea procedente es necesario que se enderece contra actos de autoridad, o bien, de particulares en los casos señalados por la propia ley, pues por su naturaleza jurídica las garantías constitucionales constituyen en la generalidad de los casos limitaciones al Poder Público, ya que los actos que ejecuten y molesten en su persona, domicilio, papeles o familia a otros particulares, encuentran sus sanciones en las disposiciones del derecho común. En ese orden, la concepción del "acto reclamado", es un tema medular dentro del análisis relativo a la procedencia del juicio de amparo, pues constituye un requisito indispensable para la procedencia de este medio de control constitucional, tal como lo disponen los artículos 103 de la Carta Magna y 1o. de la Ley de Amparo, preceptos en los que constantemente aparece el término de "actos u omisiones de autoridad". Dentro del campo del juicio de amparo, el acto reclamado, en general, consiste en un hecho voluntario e intencional, positivo (decisión, ejecución o ambas) o negativo (abstención u omisión) que implique una afectación de situaciones jurídicas abstractas (ley) o que constituya un acto concreto de efectos particulares (acto stricto sensu) imputable a un órgano del Estado e impuesto al gobernado de manera imperativa, unilateral y coercitiva. De la definición que antecede, se desprende que el acto debe de ser un hecho voluntario, no debido al azar, rasgo distintivo entre aquél y un acontecimiento cualquiera, cuya realización esté encaminada a la obtención de un fin, es decir, a la causación de la afectación o lesión a cualquier derecho o interés jurídico del gobernado, ocasionándole un agravio que puede provenir, indistintamente, de una ley o de un acto stricto sensu, de índole decisoria, ejecutiva u omisiva que le otorgue la naturaleza de autoritario al ser coercitivo, unilateral e imperativo, formas o maneras como se realiza la mencionada afectación. Por ello, tratándose de actos futuros, probables o remotos, respecto de los cuales no existe una certeza clara y fundada de su realización (actos inciertos), los mismos no producen ningún efecto de derecho, y contra ellos no procede el juicio de amparo. Ahora, con el objeto de comprender por qué el suscrito estima que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia referida, conviene establecer que la parte quejosa esencialmente señaló como acto reclamado: "La inminente y cierta privación de la Posesión que detento sobre el inmueble ubicado en el número ********** de la calle ********** colona ********** de esta Ciudad de Celaya, Guanajuato." Asimismo, del escrito aclaratorio de cuenta se advierte que el peticionario del amparo manifestó bajo protesta de decir verdad lo siguiente: ".No se ha emitido a la fecha de la presentación de este escrito por la Autoridad Responsable señalada, la orden de poner en posesión a la parte ofendida, respecto del inmueble sobre el cual detento la posesión." De lo antes narrado se desprende que la orden de desposeimiento que reclama el quejoso, respecto del inmueble que refiere tiene en posesión, es un acto futuro e incierto, contra el cual es improcedente el juicio de amparo intentado. Lo anterior es así, porque, como lo manifestó el propio quejoso, dentro de la causa penal ********** de la estadística del Juzgado Único de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región del Estado de Guanajuato, no se ha ordenado poner en posesión de la de parte ofendida el inmueble arguye tiene en posesión, de ahí que se considere dicho acto reclamado como acto futuro de realización eventual, pues no existe dato alguno que genere la certeza clara y fundada de que el acto impugnado pueda llegar a existir. Se afirma lo expuesto, ya que si bien el veintidós de los corrientes estaba programada la celebración de la audiencia de juicio, lo cierto es que hasta el momento no se tiene la certeza de aquella se llevará a cabo, ni que existiera razón alguna para que en la misma, ineludiblemente, se tuviera que ordenar poner en posesión a la parte ofendida. Lo antes expuesto se justifica, pues no debe perderse de vista que la demanda de amparo tiene como finalidad obtener la protección de la Justicia Federal a efecto de que se restituya al quejoso en el goce su derecho fundamental violado, y no prevenir actos que en lo futuro pudieran generar esa afectación, como sucede en la especie. Estimar lo contrario genera la posibilidad de permitir el ejercicio de la acción de control constitucional, apoyada en expectativas y no en contra de actos concretos o de realización cierta e inminente. Debe decirse que este juzgador no soslaya la jurisprudencia 1ª./J.25/2003, de la Primera Sala Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. LA RECLAMACIÓN DE UN ACTO FUTURO E INCIERTO, DEL CUAL NO PUEDA SABERSE CON EXACTITUD SI ES INMINENTE O SI LLEGARÁ O NO A MATERIALIZARSE, NO CONSTITUYE UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, POR LO QUE EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRAMITE."; sin embargo, se estima que la misma no es aplicable. Esto se afirma, en virtud que en el presente caso este operador jurídico se encuentra en condiciones de determinar racionalmente que las responsables no han ordenado la realización del acto reclamado o que están a punto de hacerlo, puesto que para llegar a dicha conclusión se sopesó que el propio quejoso manifestó en su escrito aclaratorio que dentro de la causa penal 1P0617-1013 de la estadística del Juzgado Único de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región del Estado de Guanajuato, no se ha ordenado poner en posesión de la de parte ofendida el inmueble arguye tiene en posesión; manifestación a la que se le otorga valor pleno de CONFESIÓN, en términos de lo dispuesto por el artículo 95, en relación con los numerales 199 y 200, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como en atención al criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicado en la página 857, Tomo XII, Diciembre de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES).". Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia contemplada en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 1°, fracción I, de la ley de la materia, con fundamento en el arábigo 113 de la Ley de Amparo SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA. Por otra parte, intégrese al expediente el diverso oficio signado por el quejoso **********, mediante el cual manifiesta ampliar su demanda de amparo; al respecto, se acuerda: Como punto de partida, es necesario precisar que la ampliación de la demanda de amparo implica la adición o modificación, por parte del quejoso, de lo expuesto en su escrito original para que forme parte de la controversia que deberá resolver el Juez o tribunal. Asimismo, es importante traer a contexto el contenido del artículo 111 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 111. Podrá ampliarse la demanda cuando: I. No hayan transcurrido los plazos para su presentación; II. Con independencia de lo previsto en la fracción anterior, el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial. En este caso, la ampliación deberá presentarse dentro de los plazos previstos en el artículo 17 de esta Ley. En el caso de la fracción II, la demanda podrá ampliarse dentro de los plazos referidos en este artículo, siempre que no se haya celebrado la audiencia constitucional o bien presentar una nueva demanda." Del precepto transcrito se advierte que la ampliación de la demanda de amparo no puede quedar al arbitrio del quejoso y promoverla en cualquier momento, sino que debe ajustarse a las siguientes reglas: 1. Que la ampliación de la demanda verse sobre actos de autoridad que guarden estrecha relación con los reclamados inicialmente; 2. Que se encuentre transcurriendo el término respectivo previsto en el artículo 17 de la legislación en consulta, para la presentación de la demanda; y, 3. Que no se haya celebrado la audiencia constitucional o presentado una nueva demanda. Pues bien, en el caso concreto el solicitante del amparo en su demanda señaló como acto reclamado la orden de desposeimiento del inmueble ubicado en calle ********** número **********, colonia ********** de esta ciudad, que arguye tiene en posesión, emitida dentro de la causa penal 1P0617-1013 de la estadística del Juzgado Único de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región del Estado de Guanajuato, y solicita la ampliación en contra de las órdenes de detención, aprehensión y/o comparecencia emitidas en su contra en dicha causa penal. Bajo ese contexto, si el solicitante pretende ampliar su demanda de amparo respecto de las órdenes privativas de la libertad que reseña, no obstante que en su demanda reclamó la orden de desposesión del inmueble que refiere actualmente ocupa; es inconcuso que aquellos actos de autoridad no guardan estrecha relación con este último, por lo que no se actualiza la segunda fracción del artículo 111 de la ley de la materia, para la procedencia de la misma. Lo anterior es así, porque el acto que reclamó en su escrito inicial de demanda no es el antecedente o el consiguiente de los actos por los cuales pretende ampliar. Es decir, los actos que pretende ampliar consistentes en las órdenes de detención, aprehensión y/o comparecencia emitidas en su contra por el Juez de Control en Materia Penal del Juzgado de Oralidad Penal con sede en esta ciudad, no tienen una vinculación de causa-efecto con el acto reclamado originalmente. Se afirma lo anterior, porque el desposeimiento que reclama respecto del inmueble ubicado en calle ********** número **********, colonia ********** de esta ciudad, que arguye tiene en posesión, no es el motivo o la causa por el que, en todo caso, se pudiera librar en su contra algún mandato de captura, sino la inasistencia a la audiencia de juicio, como refiere en su ocurso. Por ello, se insiste que se trata de actos desvinculados entre sí, dado que uno no depende del otro. Máxime si toma en cuenta que la ampliación de demanda tiene como finalidad que en un solo juicio se tramite los actos que están íntimamente vinculados con el primero y se resuelva el conflicto planteado, a fin de evitar que se presenten nuevas demandas con el consiguiente riesgo de que pudieran dictarse resoluciones contradictorias, lo que en la especie no sucedería porque el acto reclamado y los actos que se pretenden ampliar están completamente desvinculados entre sí. De estimarlo de otra manera se incorporarían a la presente litis constitucional elementos que le son ajenos al no existir relación o vinculación alguna con la omisión reclamada inicialmente. Además, tampoco se surte la última de las hipótesis del referido numeral 111 de la Ley de Amparo, en razón de que en esta data se determinó desechar la demanda de amparo al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 1°, fracción I, ambos de la legislación en comento. Por estas razones lo procedente es desechar la citada ampliación de demanda. Finalmente, debe decirse que la determinación adoptada no deja en estado de indefensión a la parte quejosa, toda vez que está en aptitud legal de promover un nuevo jucio de amparo en contra de los mandatos de captura que reclama.

  4. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por **************, por su propio derecho, contra actos del Juez de Control del Juzgado Único de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región del Estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad, y otra autoridad; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado con el número 313/2019-V. A efecto de proveer respecto de su admisión, es importante transcribir lo establecido en el artículo 114 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." Como se advierte del artículo anterior, el órgano jurisdiccional al realizar el análisis del libelo constitucional puede advertir deficiencias, irregularidades u omisiones, respecto de las cuales mandará requerir al promovente para que las aclare dentro del término de cinco días legalmente computado, señalando con precisión en el auto relativo las que deban corregirse. Pues bien, en el caso el suscrito estima que la demanda que nos ocupa es irregular en cuanto al requisito establecido en la fracción II del invocado numeral, en relación con el artículo 108, fracción V, de la ley de la materia que dispone: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará:" "(.)" "V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación." Tal precepto establece como requisito de la demanda de amparo que la parte quejosa haga una narración, bajo protesta de decir verdad, de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de amparo, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al artículo 62 de la citada ley. En el caso concreto, el suscrito estima que si bien es cierto que el promovente del amparo en su afán de cumplir con el requisito establecido anteriormente narró algunos antecedentes del acto, también lo es que omitió precisar: el estado procesal en que se encuentra actualmente la causa penal 1P0617-1013; cuándo se emitió la determinación de poner en posesión a la parte ofendida del inmueble que arguye tiene en posesión; y, cuándo se le notificó o tuvo conocimiento de dicha determinación. Luego, como dichos datos resultan determinantes para la substanciación del presente juicio de amparo, dado que su omisión torna obscuro e irregular el libelo constitucional, al no permitir al suscrito conocer a detalle los hechos que anteceden al acto reclamado, se estima necesario que los precise a fin establecer la oportunidad de la solicitud de la tutela constitucional. Conclusivamente, ante la irregularidad incurrida por el amparista, lo procedente conforme al mencionado artículo 108, fracción V, en relación con el 114, ambos de la Ley de Amparo, es prevenirlo para que dentro del término de CINCO DÍAS, contado a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación que del presente proveído se le practique, por escrito y con seis copias para correr traslado a cada una de las partes, manifieste bajo protesta de decir verdad: El estado procesal en que se encuentra actualmente la causa penal 1P0617-1013; Cuándo se emitió la determinación de poner en posesión a la parte ofendida del inmueble que arguye tiene en posesión; y, Cuándo se le notificó o tuvo conocimiento de dicha determinación. El requerimiento que al efecto se emite conlleva el apercibimiento que de no ser exactamente observado dentro del plazo legal concedido, se procederá en los términos del artículo 114, último párrafo, de la ley de la materia, que dispone: ".Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada..." Cabe señalar que la manifestación "bajo protesta de decir verdad" constituye un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien promueve la demanda, porque lo sujeta a manifestar que el relato de sus hechos lo hace con sujeción a la verdad y, que de resultar falso alguno de ellos, estaría sujeto a lo dispuesto por la fracción I del artículo 261 de la Ley de Amparo, en la que se contienen las penas en que incurren las personas que al formular su demanda afirmen hechos falsos u omitan las que les consten en relación al amparo. Otro motivo por el cual el directo quejoso debe desahogar el requerimiento, es porque el escrito aclaratorio tiene el propósito de subsanar la irregularidad que se detectó en la demanda y, por tanto, ambos escritos integran la demanda de amparo, la cual debe ser suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, de conformidad con lo estatuido por los artículos 107 de la Constitución y 6° de la Ley de Amparo, en virtud que es considerada como un solo documento sin que puedan desvincularse y analizarse o considerarse por separado. Téngase a la quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda, y autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a *********** al contar con cédulas profesionales ********** registradas en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y en términos de la última parte del segundo párrafo del precepto legal en cita a las diversas personas que menciona, por no encontrase en ese supuesto. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".

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