Sergio Turrubiates Perez

Expediente 850/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 6 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
850/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
30/08/2023

Partes del expediente

  • Todas las Partes
  • Agente del Ministerio Púbico de la Federación adscrito a este Juzgado
  • Sergio Turrubiates Perez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Sentencia constitucional

  2. Principal

    Quejoso da cumplimiento a la prevención dictada en autos, Se desecha la demanda de amparo

  3. Principal

    Con fundamento en los artículos 27, fracción I y 29 de la Ley de Amparo, y como está ordenado en proveído de dieciocho de julio de dos mil veintitrés, se notifica a la parte quejosa Sergio********* el acuerdo de trece de julio de dos mil veintitrés, por lista de acuerdos con efectos de notificación personal, cuyo acuerdo dice: Tampico, Tamaulipas, veinticuatro de julio de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso ********, a través del cual da cumplimiento a la prevención decretada por auto de trece de julio del año en curso; por tanto, este órgano de control constitucional emite las siguientes determinaciones: I. ANÁLISIS Y DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Es necesario establecer que, en términos de lo dispuesto en el artículo 1131 de la Ley de Amparo, al examinar el escrito de demanda de amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto o indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. LXXI/2002, determinó que por manifiesto se entiende aquello que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, que el término indudable, implica tener la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. Así, un indicador de que se está ante una causa manifiesta e indudable de improcedencia es que aun cuando se continuara con el trámite de la demanda de amparo, de ninguna manera pudiera desvanecerse el motivo de improcedencia. Entonces de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se procede al estudio íntegro de la demanda de amparo, de donde se advierte que la parte quejosa reclama esencialmente del Juez Sexto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado de Tamaulipas, con sede en Altamira, el auto doce de julio de dos mil veintitrés, dictado en el juicio ordinario civil sobre divorcio incausado 441/2023, de su índice, en el que se tuvo al Agente del Ministerio Público adscrito a dicho órgano jurisdiccional desahogando una vista concedida por segunda ocasión. De lo precisado, así como de la demanda de amparo que se provee, y de las constancias anexas a la misma, se advierte que en el juicio natural del que deriva el acto reclamado, el quejoso figura como parte formal y material. En este sentido, el suscrito considera que el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del numeral 61, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúan de lo anterior: a). Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza aérea nacionales; b). Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento.Cuando la procedencia del recurso o medio defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo (...)". El precepto legal transcrito, contiene el principio de definitividad que, entre otros, rige al juicio de amparo, así como diversas excepciones previstas para su observancia. Dicho principio consiste en la obligación de la parte quejosa de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un procedimiento extraordinario de carácter constitucional, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia federal. De modo que aquellas resoluciones que pueden ser revocadas, modificadas o nulificadas a través de tales medios de defensa ordinarios, no pueden ser impugnadas directa e inmediatamente a través del juicio de amparo por no ser definitivas (como ocurre en el presente asunto), pues dicha característica es de aquéllas que recaigan a tales medios de defensa ordinarios previstos en la ley aplicable al caso en concreto, si ello fuere procedente. En ese contexto, para actualizar la causa de improcedencia en estudio, deben cumplirse los presupuestos siguientes: 1. La resolución reclamada debe provenir de una autoridad jurisdiccional o tribunal administrativo o del trabajo. 2. La ley que rija el acto reclamado establezca un recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento en que se emitió aquél. 3. Ese medio de defensa o recurso pueda revocar, modificar o nulificar el acto impugnado. 4. No se actualice alguna excepción al principio de definitividad. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia I.4o.C. J/25, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 361, tomo VI, Segunda Parte-1, julio a diciembre de 1990, octava época, Semanario Judicial de la Federación, de título y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA SUSTENTADA EN LA FRACCIÓN XIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. ELEMENTOS QUE LA INTEGRAN. Los elementos con los que se integra la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, son los siguientes: a) que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial; b) que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y d) que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Con la sola concurrencia de tales elementos se configura la causa de improcedencia en comento, aunque la parte agraviada no haya hecho valer el medio de impugnación oportunamente; y sólo se contemplan como casos de excepción, el contenido en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Federal, para los terceros extraños, y aquellos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución". Entonces, para que opere la causa de improcedencia en cuestión, es suficiente que una norma -en sentido formal y material-, y no cualquier ordenamiento general, establezca la procedencia directa e inmediata de algún recurso o medio de defensa en contra del acto reclamado, por el cual pueda ser revocado, modificado o nulificado. En el particular, respecto del acto reclamado, que hace consistir el impetrante de amparo en el proveído de doce de julio de dos mil veintitrés, dictado en el juicio ordinario civil sobre divorcio incausado 441/2023, del índice del Juez Sexto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado, con sede en Altamira, Tamaulipas, en el que se tuvo al Agente del Ministerio Público desahogando una vista por segunda ocasión consecutiva, conforme lo establece el numeral 914 del Código de Procedimientos Civiles para esta Entidad Federativa, procede el recurso de revocación. Así, conviene precisar lo que disponen los artículos 469, 908 y 914 del Código de Procedimientos Civiles para esta Entidad Federativa:"Articulo 469.- Las sentencias que se dicten en los juicios ordinarios, serán apelables en ambos efectos." "Artículo 908.- Para impugnar las resoluciones judiciales se conceden los siguientes recursos: I. Revocación; II. Revisión; y, III. Apelación." "Artículo 914.- Los autos que no fueren apelables y los decretos, pueden ser revocados por quien los dictó o por el funcionario que se sustituya en el conocimiento del negocio. También procede la interposición del recurso en segunda instancia contra esas resoluciones, cuando son dictadas en el toca respectivo". En lo que interesa, del primero de los numerales, se advierte que en los juicios ordinarios, las sentencias, serán apelables en ambos efectos; mientras que del segundo se desprende que para impugnar las resoluciones judiciales se prevé el recurso de revocación. Por su parte, del tercero de los numerales, se desprende que los autos que no fueren apelables y los decretos, podrán ser revocados por quien los dictó o por el funcionario que los sustituya en el conocimiento del negocio. En ese orden de ideas, este Juzgado estima que se actualiza la causal de improcedencia invocada, al considerar que el acto que reclama el promovente, consistente en el proveído de doce de julio de dos mil veintitrés, dictado en el juicio ordinario civil sobre divorcio incausado 441/2023, del índice del Juzgado Sexto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado, con sede en Altamira, Tamaulipas, en el cual se tuvo al Agente del Ministerio Público adscrito a ese juzgado, desahogando la vista por segunda vez consecutiva que le fuera ordenada por la autoridad responsable, no constituye un acto definitivo para los efectos del amparo, toda vez que previamente a su interposición, atento al principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, la parte hoy quejosa, en su carácter de parte procesal dentro del juicio natural del que derivan los actos combatidos, debió haber agotado el recurso de revocación previsto en el numeral 908, fracción I, del ordenamiento adjetivo civil, pues atento a los diversos 469 y 914 del citado código, el mismo resulta procedente; lo anterior, para obtener, en su caso, la reparación de las violaciones que alega en esta vía, medio de defensa previsto en los numerales supracitados, por lo que al no haberlo hecho, la acción constitucional que endereza en el presente juicio de amparo resulta improcedente en términos de lo dispuesto por la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. En tal virtud, si el promovente estimó ilegal el acto emitido el doce de julio de dos mil veintitrés, éste se encontraba obligado a agotar el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo mediante el recurso de revocación, a través del cual procede revocar o modificar la resolución impugnada, ya que no se le puede equiparar a una tercera extraña al procedimiento de origen al ser parte demandada del mismo. En ese sentido, cabe señalar que el principio de definitividad que rige en materia de amparo, consistente en agotar los medios de defensa o recursos ordinarios previstos en la ley que rige el acto, antes de acudir a la acción constitucional, pues es incuestionable que la parte quejosa debió interponer ese recurso, por virtud del cual pudiese haber obtenido la revocación o modificación del acto aquí reclamado, antes de acudir al juicio amparo; puesto que mediante la interposición del citado recurso, el afectado puede ser oído con la amplitud que la garantía de audiencia persigue, ya que tiene oportunidad de expresar sus defensas; por lo que, se hace evidente que al no haberse agotado ese recurso ordinario, dejó de observar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, actualizándose con ello la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia VI.2o.C.J/259, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyo rubro y texto dicen: "DEFINITIVIDAD. LA SATISFACCIÓN DE ESTE PRINCIPIO PRESUPONE LA CARGA PROCESAL DE LAS PARTES DE ESTAR AL PENDIENTE DEL PROCEDIMIENTO EN EL QUE INTERVIENEN PARA IMPUGNAR OPORTUNAMENTE LA ACTUACIÓN QUE PUDIERA PERJUDICARLES. Quien interviene como parte en un procedimiento jurisdiccional adquiere la obligación, en defensa de su propio interés, de vigilar su debida prosecución, independientemente del señalamiento del domicilio para oír y recibir notificaciones, justamente a fin de estar en posibilidad de impugnar oportunamente, haciendo uso de los medios legales ordinarios de defensa, aquellas actuaciones que podrían perjudicarle, por ejemplo, a través del incidente de nulidad de actuaciones promovido contra aquellas notificaciones que, en su concepto, se verificaron indebidamente o no se realizaron, ya que sobre el particular la Ley de Amparo señala que el juicio de control constitucional será improcedente contra resoluciones jurisdiccionales respecto de las cuales la ley conceda algún medio de defensa dentro del procedimiento por virtud del cual puedan ser nulificadas, lo que permite sostener que para cumplir con esa obligación procesal las partes deben dar diligente seguimiento o vigilancia al juicio en el que participan para así advertir oportunamente las ilegalidades que lo pudieran viciar y poder impugnarlos por los medios ordinarios, pues de no hacerlo, incumplen con el principio de definitividad exigido para la ejercitabilidad de la acción de amparo"2 . Resulta aplicable al respecto la jurisprudencia I.6o.C. J/37, del Tribunal Colegiado de Circuito, cuyo contenido y rubro se lee: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías"3 . Máxime que en el caso que nos ocupa, no se actualiza ninguno de los supuestos de excepción al principio de definitividad que establece el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, toda vez que la parte quejosa no tiene el carácter de tercera extraña al juicio, ya que de sus manifestaciones se advierte que es parte en el procedimiento de origen; ni el acto reclamado se trata de aquellos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Asimismo, tampoco se actualiza la excepción relativa a que cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de la quejosa, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. Además, la ley que rige el acto que reclama, establece el medio de defensa y recurso ordinario para combatirlo, teniendo así, la posibilidad de obtener la reparación de las violaciones que aduce a través del recurso de revocación el cual debió agotar previamente a solicitar la protección constitucional, atento al principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Por tanto, al no haber promovido el recurso de revocación respecto al proveído de doce de julio del año en curso, para que mediante resolución, en su caso, obtenga, la reparación de las violaciones que alega en esta vía; es obvio que la parte quejosa no observó el principio de definitividad, lo que actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Al respecto, se cita la jurisprudencia P./J. 11/2018 (10ª.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, décima época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de los rubros y textos siguientes: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo". Asimismo, cobra aplicación la jurisprudencia 1a./J. 44/2012 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, décima época, registro 2001155, julio de 2012, tomo 1, página 729, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo". Por las razones apuntadas, se reitera que se estima actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo; en vía de consecuencia, con fundamento en el numeral 113 del ordenamiento legal mencionado, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Sergio Turrubiates Pérez, por la causa manifiesta e indudable de improcedencia resaltada. Consecuentemente, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ANALIZA, al actualizarse de manera manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo Notifíquese por lista de acuerdos con efectos de notificación personal a la parte quejosa. Así lo acuerda y firma electrónicamente Pedro Enrique Carlín Galindo, Secretario del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Tamaulipas, encargado del despacho, autorizado en sesión de veintidós de mayo de dos mil veintitrés, llevada a cabo por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicado a través del oficio CCJ/ST/2718/2023 signado por la Secretaría Técnica de Comisión Permanente perteneciente a dicho Consejo, con las facultades derivadas de la interpretación que del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; ante Ibrahim Omar Oliver Badillo, Secretario quien autoriza y da fe, mediante firma electrónica, con fundamento en los artículos 3, fracción I y V, y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expedientes electrónicos y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Doy fe

  4. Principal

    Tribunal colegiado informa, se acusa recibo

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