Sergio Torres Medina

Expediente 225/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 1 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
225/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
01/04/2019

Partes del expediente

  • Sergio Torres Medina

Actuaciones

  1. Principal

    Visto lo de cuenta, se desprende de la certificación asentada por la Secretaría de este Juzgado de la Federación, que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que haya sido interpuesto recurso de queja en contra del auto de diecinueve de marzo de dos mil diecinueve (f. 16-19), que desechó la demanda promovida por *** por su propio derecho; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición del numeral 2, del cuerpo de leyes citado en último término se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Comuníquese lo anterior a la parte solicitante del amparo; háganse las anotaciones en el libro de control y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados por los Juzgados de Distrito, específicamente en sus dispositivos Vigésimo y Vigésimo Primero, es de precisarse que este expediente NO es de relevancia documental. Por otra parte, toda vez que se desechó la demanda con que se formó el juicio de amparo en que se actúa, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo citado en el párrafo que antecede.

  2. Principal

    Visto lo de cuenta, téngase por recibida la demanda de amparo promovida por *** por su propio derecho, contra actos del Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en la ciudad de Guanajuato, y otra autoridad, que estima violatorios de las garantías que se encuentran consagradas en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivamente, bajo el número 225/2019-V-1, anótese su ingreso en el libro de control de este Juzgado, y procédase a la digitalización de las constancias referentes para la integración del expediente electrónico, en el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado Federal. Ahora bien, una vez analizada la demanda promovida, se acuerda lo siguiente: El artículo 113 de la Ley de Amparo a la letra dice: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Por su parte, los diversos numerales 61 fracción XXIII, en relación con el 107 fracción V, esta última aplicada a contrario sensu, del ordenamiento legal invocado son del tenor siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. De la demanda de amparo, se desprende que *** por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de las autoridades que denominó como H. Magistrado Supernumerario de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Guanajuato, con sede en la ciudad de Guanajuato, (en su carácter de ordenadora) y Juez Tercero de Partido del Ramo Civil (en su carácter de ejecutora); la primera con sede en la ciudad de Guanajuato y la segunda en Celaya, ambos del Estado de Guanajuato, a quienes reclamó los actos que, que en lo conducente, se hicieron consistir en la resolución de diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, emitida por el Magistrado responsable dentro del toca 495/2018, al resolver el recurso de apelación interpuesto por el codemandado *** por conducto de su apoderado ***, en contra de la sentencia definitiva de doce de octubre de dos mil diecisiete, dictada por el Tercero Civil de Partido de Celaya, Guanajuato, dentro del juicio especial sumario hipotecario C-0025/2016; resolución de Alzada que dejó insubsistente la sentencia definitiva recurrida y ordenó la reposición del procedimiento en el juicio especial sumario hipotecario de origen y su ejecución. En ese orden, como antecedentes de los actos reclamados, se desprende, en lo que aquí interesa, que en el Juzgado Tercero Civil de Partido de Celaya, Guanajuato, se formó el juicio especial sumario hipotecario número C-25/2016, con motivo de la demanda promovida en la vía sumaria civil y en ejercicio de la acción hipotecaria por ***, por conducto de su apoderado legal ***, en contra de *** por conducto de su apoderado ***, como garante hipotecario, y otros; expediente en el cual, una vez seguidos los trámites correspondientes, el doce de octubre de dos mil diecisiete, se emitió sentencia definitiva, en la que se declaró que el actor probó su acción y el demandado *** no hizo lo propio con sus excepciones; por lo que se condenó a la parte allá demandada al pago de ***, como suerte principal y otras prestaciones. Inconforme con dicha resolución el codemandado *** por conducto de su apoderado *** interpuso recurso de apelación el cual fue radicado con el número 495/2018-C, de la estadística de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en la ciudad de Guanajuato; recurso que se resolvió el diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, y en cuya resolución se determinó dejar insubsistente la sentencia de doce de octubre de dos mil diecisiete, pronunciada en el expediente C-25/2016, ordenando la reposición del procedimiento, a fin de integrar a la relación jurídica procesal a *** por derecho propio, en su calidad de garante hipotecario; en el entendido de que la reposición del procedimiento se haría hasta antes de la audiencia final de juicio, y solo debía seguirse entre la parte de la integración en el litigio y el actor, con la demanda que para tal efecto se presentara en contra de *** y la contestación que a dicha demanda en su caso se produjera. Siendo dicha resolución de Alzada la que esencialmente constituye en este juicio de amparo el acto reclamado. Fijado lo anterior, es menester señalar que en el caso, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia que resulta del artículo 61 fracción XXIII, en relación con el 107 fracción V, esta última aplicada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo; toda vez que la resolución de diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, emitida por el Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en la ciudad Guanajuato, al resolver el toca 495/2018-C, que determinó dejar insubsistente la sentencia de doce de octubre de dos mil diecisiete, pronunciada por el Juez Tercero Civil de Celaya, Guanajuato, dentro del juicio especial sumario hipotecario C-0025/2016; y ordenó la reposición del procedimiento, a fin de integrar a la relación jurídica procesal a *** por derecho propio, en su calidad de garante hipotecario y su ejecución, no es de aquellos actos que la Ley considera como de imposible reparación, por no afectar derechos fundamentales. Ello es así, porque por acto de imposible reparación, debe entenderse aquel cuyas consecuencias sean susceptibles de afectar derechos personales, reales o del estado civil de las personas, cuyos efectos no puedan repararse en el juicio del que emanan, aunque se obtenga resolución favorable, así como que sus efectos sean ciertos, inmediatos e independientes de cualquier otro evento y que no puedan ser modificados por actuación posterior alguna, ya sea durante el trámite; o bien, al momento de resolverse el expediente de origen. Empero, cuando se reclaman, en amparo indirecto, actos dictados o realizados dentro de un procedimiento, resulta indispensable que los daños causados por estos actos, no tengan reparación alguna para el gobernado, afectando sus derechos sustantivos y no los adjetivos, entendiéndose por los primeros, los que lesionan los derechos fundamentales del agraviado, mismos que se encuentran tutelados en nuestro Texto Constitucional a través de las llamadas garantías individuales, en virtud de que la afectación no se destruye con el sólo hecho de que quien la sufra obtenga una sentencia definitiva favorable en el juicio; en tanto que, los derechos adjetivos son aquellos que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, puesto que inciden dentro del procedimiento legal, de acuerdo a cómo se va desarrollando éste, debido a la intervención de las partes con vista a la obtención de una resolución favorable; por lo que si esto se logra, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. Por tanto, la distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versará en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo y como consecuencia de ello, cuando se esté en el primero de los casos mencionados (cuando se trate de violación que atente contra los derechos fundamentales del gobernado), procederá el amparo indirecto; y cuando se esté en el segundo de los supuestos (derechos adjetivos o comúnmente llamados procesales), no procederá el amparo biinstancial por tratarse de un acto que no conlleva una imposible reparación. Dicho de otro modo, la ejecución irreparable se presenta para los efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, cuando se afectan de modo directo e inmediato los derechos sustantivos del gobernado que no pueden ser convalidados o reparados a través de la obtención de una resolución favorable; por consecuencia, si el acto que se reclama no atenta contra tales derechos sustantivos, sino contra derechos adjetivos o procesales, los cuales sí pueden ser reparados o convalidados en caso de que se obtenga una resolución favorable, ello se traduce en que la promoción del amparo biinstancial sea improcedente. Expuesto lo anterior, la demanda de amparo promovida por *** por su propio derecho, es improcedente porque la resolución de diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, emitida por el Magistrado responsable al resolver el toca 495/2018-C, que determinó dejar insubsistente la sentencia de doce de octubre de dos mil diecisiete, pronunciada en el expediente C-25/2016, por el Juez de Primera Instancia responsable, dentro del juicio especial sumario hipotecario de origen; y ordenó la reposición del procedimiento, a fin de integrar a la relación jurídica procesal a *** por derecho propio, en su calidad de garante hipotecario y su ejecución; no es de aquellos actos que la Ley clasifique como de los que vulneran los principios fundamentales del peticionario de amparo, por no estar en presencia de actos dentro de juicio que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En la especie, el acto reclamado no implica una violación de imposible reparación porque no afecta por sí solo y en forma inmediata los derechos fundamentales del solicitante del amparo; esto es, la determinación que se reclama al Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia responsable, es un acto que en todo caso produce efectos de carácter intraprocesal. Es aplicable al caso, por lo que informa, la Jurisprudencia de datos de localización y contenido siguiente: Octava Época Registro: 207343 Instancia: Tercera Sala Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo IV, Primera Parte, Julio-Diciembre de 1989 Materia(s): Común Tesis: 3a. 43 Página: 291 EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...". El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo. Contradicción de tesis 3/89. Entre las sustentadas por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y Segundo Tribunal Colegiado de la misma materia y circuito. Por todo ello, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia que resulta del artículo 61 fracción XXIII, en relación con el 107 fracción V, esta última aplicada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo promovida por *** por su propio derecho, con fundamento en el diverso numeral 113 del citado ordenamiento legal. En la inteligencia de que la Tesis invocada es aplicable de conformidad con el Artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en vigor a partir del día siguiente a aquel en que fue publicada en el citado medio de difusión oficial nacional; en razón de que no se opone a los postulados establecidos en la mencionada Ley. Por otra parte, en razón de que el solicitante del amparo señaló como domicilio para recibir notificaciones de carácter personal, el que describió como los estrados del tribunal que por razón de tumo conozca del presente juicio, siendo que estos no constituyen un domicilio propiamente dicho; hasta en tanto se dé cumplimiento a lo establecido en el artículo 27 fracción I, de la Ley de Amparo, la notificación de este auto y las subsecuentes que tengan ese carácter practíquense a la promovente por medio de lista que se fije y publique en los estrados de este Juzgado de la Federación, conforme a las reglas que al efecto establece el diverso numeral 29 de la invocada Ley. En observancia al principio de la pronta y expedita impartición de justicia, a que se refiere el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de cualquiera de las diligencias que lleve a cabo el Actuario judicial adscrito a este Juzgado de la Federación, así como las autoridades que actúen en auxilio de este órgano jurisdiccional, en las ocasiones que sean necesarias; esto último con fundamento el artículo 21 tercer párrafo, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece.

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