Sergio Torre Torres

Expediente 1124/2017 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 17 actuaciones registradas, la última del 11 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1124/2017
Año
2017
Actuaciones
17
Última actuación
11/09/2018

Partes del expediente

  • Sergio Torre Torres

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado de autos, de los que se obtiene que feneció el plazo de quince días, previsto en los ordinales 201, fracción I y 202 de la ley en la materia, para que las partes se inconformaran con el proveído de tres de agosto de dos mil dieciocho, mediante el cual se declaró cumplido el fallo protector en el presente juicio de amparo, sin que lo hicieran; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara firme la citada determinación, para los efectos legales procedentes. En consecuencia, previas las anotaciones en el libro de gobierno, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto concluido. Tómese nota que el presente expediente no es considerado de relevancia documental, razón por la que se determina que es susceptible de DEPURACIÓN, debiendo destruirse las constancias respectivas, con excepción de la demanda y sentencia constitucional. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo vigésimo primero, fracciones II y III, segundo párrafo, del Acuerdo General 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, así como el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de diciembre de dos mil doce y por lo que respecta al original del cuaderno de suspensión formado con motivo del presente juicio de amparo es DESPURABLE dado que en la especie se concedió la suspensión provisional y definitiva solicitada por la parte quejosa; en esa virtud, una vez que trascurran tres años contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, hágase lo conducente. Como lo establece el punto DÉCIMO PRIMERO, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula tanto del expediente principal como de los respectivos incidentes. Se ordena agregar copia certificada de la presente determinación, dentro de los cuadernos incidentales derivados del expediente en que se actúa, sin mayor proveído, para los efectos legales a que haya lugar. Sin que se haga pronunciamiento respecto a la devolución de documentos originales, ni garantía, toda vez que no se exhibieron. Por otra parte, agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio que remite la Jefa de Administración Centro Histórico de Correos de México, mediante el cual remite copia del acuse correspondiente al oficio 15765. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  2. Principal

    Visto el estado de autos, se advierte que a la fecha no obra el acuse de recibo del oficio 15765 dirigido al tercero interesado Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Mixto de Zacapu, Michoacán, mediante el cual se le notificó el auto de tres de agosto del año en curso, en el que este juzgado tuvo por cumplida la sentencia de amparo. Atento a lo anterior, requiérase a la Administradora Local de Correos, con sede en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de la legal notificación de este auto, remita el original o copia certificada del cuse de recibo relativo a la pieza 15765, la cual fue depositada en esa dependencia a su cargo mediante factura de nueve de agosto del año en curso; con el apercibimiento que de ser omisa o no informar las causas legales que le impidan hacerlo se le impondrá multa por el equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto en la fracción I, del artículo 237 en relación con el diverso numeral 259 de la ley en la materia. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  3. Principal

    Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFÍCA A LA TERCERA INTERESADA: VIVIANA AGUILA ELIZARRARAZ, ALBACEA DEFINITIVA DE LA SUCESIÓN A BIENES DE RAFAEL AGUILAR BECERRA. Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha trascurrido el término de tres días que se concedió a las partes mediante proveído de diecinueve de julio de dos mil dieciocho, para manifestar lo que a su interés conviniera, respecto al cumplimiento que dio a la sentencia de amparo el Juez Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de Zacapu, Michoacán, por lo que se procede a determinar de oficio al respecto, para lo cual se tiene consideración que el cumplimiento de la sentencia de amparo es de orden público. Antecedentes del cumplimiento de la sentencia de amparo. A fin de determinar si se encuentra o no cumplida la ejecutoria de amparo resulta necesario hacer la relación de antecedentes siguientes: El veinte de junio de dos mil dieciocho (fojas 94 a 108), se dictó la sentencia en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado por Sergio Torre Torres. Por auto de trece de julio de dos mil dieciocho (fojas 122 y 123), se declaró ejecutoriada la sentencia y se requirió el cumplimiento a la autoridad responsable. En mérito de lo anterior, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zacapu, Michoacán, mediante oficio 312-2018 remitió copia certificada de la resolución de diecisiete de julio de dos mil dieciocho en la causa penal 6/2017. Bajo ese contexto, por auto de diecinueve de julio de dos mil dieciocho (fojas 144 y 145), se dio vista a las partes para que manifestaran, dentro del plazo de tres días, lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento que daba la autoridad responsable, sin que hubieran hecho pronunciamiento alguno. Valoración del cumplimiento a la sentencia de amparo. Con los antecedentes detallados se procede a la valoración de si la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida bajo los términos siguientes: La sentencia emitida en el presente asunto otorgó el amparo al quejoso, para el efecto de que el Juez Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de Zacapu, Michoacán: a. Dejara insubsistente la resolución de veintiséis de abril de dos mil diecisiete, dentro de la causa penal 6/2017. b. Examinara si en la resolución redargüida se actualizaba o no, alguno de los medios comisivos que citó en el elemento normativo a que hizo referencia, como elemento del cuerpo del delito de despojo de inmueble, previsto en el artículo 330, fracción I, del Código Penal del Estado aplicable, esto es, si la ocupación del inmueble ajeno se hizo de propia autoridad, se realizó con alguno de los medios comisivos como son el empleo de la violencia en las personas o en las cosas, o la furtividad o el empleo del engaño. c. Reexaminara el contenido de las testimoniales a cargo de Salvador Contreras Duarte, Salvador Retana Cerda y Domingo Retana Pérez y estableciera qué elementos de ellas vinculaban al quejoso Sergio Torre Torres, en cuanto a su probable responsabilidad y, en su caso, si con el solo medio de prueba relativo a la querella del ofendido Rafael Aguilar Becerra, se podía establecer la conducta delictiva que, en concreto, había desplegado en la comisión del ilícito que se le imputa, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 del Código Penal del Estado de Michoacán. d. Una vez realizado lo anterior, resolviera lo que conforme a derecho correspondiera. Al respecto, el Juez Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de Zacapu, Michoacán, realizó lo siguiente: ? Mediante resolución de diecisiete de julio de dos mil dieciocho dejó insubsistente la orden de aprehensión de veintiséis de abril de dos mil diecisiete (foja 128). Con lo que se cumple el punto a precisado en párrafos precedentes. ? Para acreditar el cuerpo del delito de despojo, consideró que el elemento objetivo se encontraba demostrado con la querella presentada por el ofendido Rafael Aguilar Becerra, misma que se robustecía con los testimonios de Salvador Contreras Duarte y Salvador Rentana Cerda. Asimismo, indicó que el segundo elemento del delito de despojo -normativo - se encontraba demostrado con la querella presentada por el ofendido, acta de fe ministerial del inmueble de seis de marzo de dos mil quince y con los testimonios de Salvador Rentana Cerda y Domingo Rentana Cerda. Por lo que determinó, que los datos arrojados por los medios de pruebas citados, eran suficientes para acreditar el cuerpo del delito de despojo de inmueble, previsto y sancionado por el artículo 330, fracción I, del Código Penal del Estado, con esto se encuentra cumplido el b de la ejecutoria de amparo (fojas 129 a 133) ? Por lo que ve al punto c reexaminó las testimoniales de Salvador Contreras Duarte, Salvador Rentana Cerda y Domingo Rentana Pérez y determinó que dichos testimonios eran insuficientes para acreditar la probable responsabilidad penal del aquí quejoso (fojas 134 a 136). ? En lo relativo al punto d resolvió negar la orden de aprehensión solicitada por el Ministerio Público, en virtud de que no existían pruebas suficientes para acreditar la probable responsabilidad penal de "Sergio Torres Torres" , en la comisión del delito de despojo de inmueble en agravio de Rafael Aguilar Becerra (foja 139). Bajo ese contexto, se advierte que la autoridad responsable restituyó a la parte quejosa el derecho fundamental violado contenido en el artículo 16 constitucional, en razón de que cumplió con los efectos trazados en la ejecutoria de amparo. Del examen de las documentales indicadas, mismas que gozan de plena eficacia demostrativa en términos de los numerales 129, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se hace patente que la responsable Juez Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de Zacapu, Michoacán, cumplió con el fallo protector, pues el diecisiete de julio del presente año, dejó insubsistente la resolución de veintiséis de abril de dos mil diecisiete, dicto otra en la que, examinó si se actualizaba o no, alguno de los medios comisivos que citó en el elemento normativo, como cuerpo del delito de despojo de inmueble previsto en el artículo 330, fracción I, del Código Penal del Estado, reexaminó las testimoniales a cargo de Salvador Contreras Duarte, Salvador Rentana Cerda y Domingo Rentana Pérez y determinó que dichos testimonios eran insuficientes para acreditar la probable responsabilidad penal del aquí quejoso, por último, resolvió conforme a derecho, negando la orden de aprehensión solicitada por el Ministerio Público en virtud de que no existían pruebas suficientes para acreditar la probable responsabilidad penal de Sergio Torre Torres. Es pertinente dejar establecido que no existió defecto o exceso en el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, considerando que hay exceso cuando la responsable se extralimita en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la determinación, mientras que habrá defecto, cuando la autoridad cumple parcialmente con lo ordenado o lo hace deficientemente; por cuanto hace a lo afirmado en este párrafo, se cita la jurisprudencia cuyo título es: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. ALCANCES Y LÍMITES EN SU ESTUDIO" . Esto es así, porque la responsable ordenadora acató lo establecido en la sentencia constitucional, pues dejó insubsistente la resolución de veintiséis de abril de dos mil diecisiete, dicto otra en la que, examinó si se actualizaba o no, alguno de los medios comisivos que citó en el elemento normativo, como cuerpo del delito de despojo de inmueble previsto en el artículo 330, fracción I, del Código Penal del Estado, reexaminó las testimoniales a cargo de Salvador Contreras Duarte, Salvador Rentana Cerda y Domingo Rentana Pérez y determinó que dichos testimonios eran insuficientes para acreditar la probable responsabilidad penal del aquí quejoso, por último, resolvió conforme a derecho, negando la orden de aprehensión solicitada por el Ministerio Público en virtud de que no existían pruebas suficientes para acreditar la probable responsabilidad penal de Sergio Torre Torres; en otras palabras, no dejó de hacer algo que se le haya impuesto en la resolución de amparo, por lo cual, se reitera, no existe un cumplimiento defectuoso; tampoco existe exceso en las obligaciones impuestas a la responsable, ya que ésta se constriñó a realizar lo ordenado en el fallo protector. Por consiguiente, esta potestad federal considera que se ha restituido a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales y las garantías individuales violadas, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo; en tal virtud, se declara cumplida la sentencia de amparo. En otro orden de ideas, entérese a las partes que cuentan con el plazo de quince días para que en caso de no estar conformes con la presente determinación, hagan valer el recurso de inconformidad en términos de los artículos 201, fracción I y 202, de la Ley de Amparo. Por otra parte, una vez que transcurra el plazo establecido en el párrafo que antecede, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, provéase respecto al archivo del expediente en que se actúa, así como a la valoración de éste, toda vez que será hasta ese momento en que este juzgado pueda determinar lo concerniente. Finalmente, conforme a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

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