Sergio Terrazas Jimenez
Expediente 435/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 5 actuaciones registradas, la última del 23 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 435/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 23/07/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila · Coahuila
Partes del expediente
- Sergio Terrazas Jimenez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
I. Causa Estado y Archivo. Visto el estado procesal que guardan los autos y atendiendo a la certificación de cuenta, se advierte que el promovente Sergio Terrazas Jiménez, no impugnó el proveído de cinco de julio del año en curso (fojas 32 a 35), por el que se desechó su demanda de amparo; por ende, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. En tal razón, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno que se lleva para tal efecto ante este Juzgado; y, hecho que sea lo anterior, archívese el expediente como asunto concluido. III. Valoración del expediente principal. Toda vez que se desechó la demanda de amparo, como lo establece la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de destrucción; sin que en el mismo se encuentren documentos originales que devolver a las partes; además, carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental; por lo cual, es clasificado como archivo reciente, debiendo ser enviado al archivo de este órgano jurisdiccional y conservado en el mismo por el término de tres años; una vez cumplido ese plazo, deberá transferirse a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
- Principal
Promoción y comparecencia. Agréguese a los autos, el escrito aclaratorio signado por la parte quejosa ***, mediante cual pretende desahogar las vistas otorgadas mediante los acuerdos de diecisiete y veintiséis de junio del año en curso, así como la diligencia de ratificación del citado ocurso. II. Actos reclamados. En principio, conviene señalar que del estudio integral de la demanda de amparo y de los escritos aclaratorios, se advierte que el promovente reclama en esta vía constitucional de las autoridades responsables: El auto de treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, pronunciado en el juicio ejecutivo mercantil 407/2013, así como sus consecuencias, que el impetrante hace consistir en la orden de cateo, embargo, orden de bloqueo y disposición de dinero de la cuenta bancaria número 2840424161, ante la institución de crédito BANCOMER, así como la entrega al depositario de los bienes embargados. Además, señala que el juicio ejecutivo mercantil 407/2013, promovido por Alfredo Guerra Jiménez, contra el aquí quejoso Sergio Terrazas Jiménez, se encuentra en la etapa de ejecución y el auto mediante el cual se puso fin al juicio es el convenio de dación en pago de dieciocho de diciembre de dos mil trece. III. Se desecha la demanda de amparo indirecto interpuesta. El precepto 113 de la Ley de Amparo, autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, tal como lo corrobora la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página cuatrocientos cuarenta y ocho, tomo XVI, julio de dos mil dos, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada". En el caso, se procede a desechar de plano la demanda de amparo, toda vez que se actualiza de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. En efecto, los preceptos señalados a la letra establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.) Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior". De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede el amparo indirecto contra de actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido el juicio. En el entendido de que cuando se trate de actos de ejecución de sentencia, el amparo podrá promoverse en contra de la última resolución dictada en dicho procedimiento, entendida aquélla, como la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o la que ordena el archivo definitivo del expediente. La mencionada disposición, se apoya en el principio de economía procesal, que pretende evitar la promoción interminable de juicios de amparo con motivo de diversas actuaciones suscitadas en el procedimiento de ejecución, pues se pretende evitar que las partes interesadas en un procedimiento de ejecución puedan intentar el juicio de amparo tantas veces como violaciones se cometan en dicho procedimiento, pues con ello se ocasionaría, por un lado, una constante interposición de juicios de amparo y, por otro, una injustificada demora en la conclusión definitiva del procedimiento respectivo. Sirve de apoyo a esta consideración, en lo conducente, la jurisprudencia número P./J. 32/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de dos mil uno, página treinta y uno, con número de registro 1002646, del epígrafe y contenido siguientes: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN 'ÚLTIMA RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA.-La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la 'última resolución' que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." Ahora bien, como se indicó, la parte quejosa aduce que el juicio de origen, en el que tiene el carácter de demandado, se encuentra en la etapa de ejecución. Por lo que se concluye que los actos reclamados están vinculados a la ejecución del convenio de dación en pago celebrado el dieciocho de diciembre de dos mil trece, dentro del juicio ejecutivo mercantil 407/2013, promovido por Alfredo Guerra Jiménez, contra el aquí quejoso Sergio Terrazas Jiménez. Es así, toda vez que los actos que se reclaman en esta vía se encuentran directa y exclusivamente encaminados a cumplir con el aludido convenido, es decir, son actos en ejecución del mismo, que no tienen el carácter de "última resolución", por lo que el juicio de amparo promovido en su contra es improcedente. Tiene aplicación a lo anterior, en su parte conducente, la tesis 2ª. VIII/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, Febrero de 1998, página 230, del rubro y contenido siguientes: "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, procede el juicio de garantías contra los siguientes actos: a) Ejecutados fuera de juicio, como son actos preparatorios de juicio, interdictos, providencias precautorias, diligencias de jurisdicción voluntaria y otros similares; b) Ejecutados después de concluido el juicio, que son todos aquellos que se realizan con posterioridad a la sentencia ejecutoria pero que no están encaminados de manera directa a ejecutarla, sino a hacer posible o a preparar la ejecución; y c) De ejecución de sentencia propiamente dichos, los que necesariamente deben estar encaminados a cumplir con el fallo respectivo. En esta clasificación se encuentran también los procedimientos de remate. Por tanto, las resoluciones intermedias dictadas dentro del periodo de ejecución de sentencias, no pueden ser combatidas a través del juicio constitucional, habida cuenta de que al existir una sentencia ejecutoria o determinación con efectos equivalentes, debe evitarse la obstaculización de su cumplimiento. Por tanto, no procederá el juicio de amparo en contra del incidente de oposición a la ejecución del convenio homologado, en términos de los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, aunque pretendan reclamar la inconstitucionalidad de una ley, sino hasta que se dicte la resolución terminal con la que culmine el procedimiento de ejecución." Lo anterior es así, toda vez que los actos reclamados no pueden equipararse a una resolución que apruebe o reconozca el cumplimiento de lo condenado; o en su caso, una declaratoria en la que se determine la imposibilidad jurídica a efecto de llevar a cabo los mismos, o bien, aquellas en la que se hayan declarado el archivo definitivo del juicio de origen, porque, sólo se está frente a actos emitidos dentro de dicho procedimiento de ejecución; y por ende, la parte quejosa, deberá esperar a la emisión de cualquiera de los actos aludidos, para que en su caso comparezca a la instancia constitucional a reclamar las violaciones que se hubieren cometido durante la sustanciación del procedimiento de ejecución aludido. Sirve de sustento, la jurisprudencia 1a./J. 28/2010, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, mayo de dos mil diez, página sesenta, con registro 164639, que establece: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO EN LA FASE DE CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE LA SENTENCIA. La razón medular del legislador para establecer la regla de procedencia del juicio de garantías contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede contra la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la misma demanda las violaciones cometidas durante éste que hubieran dejado sin defensa al quejoso, es el eficaz cumplimiento de las sentencias judiciales como tutela del Estado en la impartición de justicia; de ahí que ello también opera respecto de los actos tendentes al cumplimiento de la sentencia de condena o su preparación, ya sea en la instancia de forzoso cumplimiento o en la etapa voluntaria para el demandado. Por tanto, el amparo indirecto es improcedente contra actos dictados después de concluido el juicio en la fase de cumplimiento voluntario de la sentencia, porque no se trata de la última resolución en el periodo de ejecución. Lo anterior es así, porque si bien es cierto que tales actos no tienden directamente a obtener su cumplimiento sino que únicamente lo preparan, también lo es que la procedencia o improcedencia del juicio de garantías contra actos dictados después de concluido el juicio y que corresponden a la ejecución de sentencia no se determina por el aspecto procesal formal de haberse dado inicio o aperturado el procedimiento de apremio o de cumplimiento forzoso de la sentencia, que es un aspecto meramente formal, sino que lo determinante es establecer si existe cosa juzgada como institución procesal fundamental para identificar los actos después de concluido el juicio" A mayor abundamiento lo narrado en los antecedentes de los actos reclamados, respecto al posible embargo de su cuenta bancaria 2840424161 ante la institución de crédito BANCOMER y retiro de circulación de los vehículos señalados en su escrito inicial de demanda y escritos aclaratorios, se trata de actos futuros e inciertos que no le producen una afectación actual, real y directa, al no existir certeza de que se vayan a ejecutar, pues están condicionados a que el obligado aquí quejoso cumpla o no con lo requerido por el juez de origen en el auto combatido; motivo por el cual no constituyen actos de molestia conforme al artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, lo cual además actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el precepto citado con antelación. Sirve de sustento en lo conducente, la jurisprudencia PC.I.L.J/14L (10a), pronunciada por el Pleno en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en enero dos mil dieciséis, libro veintiséis, con número de registro 2010813, Décima Época, con el epígrafe y sinopsis siguientes: "MULTA. APERCIBIMIENTO DE. NO PRODUCE UNA AFECTACIÓN ACTUAL, REAL Y DIRECTA, POR SER UN ACTO FUTURO E INCIERTO, QUE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El apercibimiento de multa en caso de incumplimiento a lo ordenado por una Autoridad no produce una afectación actual, real y directa al impetrante, conforme al artículo 5o., fracción I, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, ni constituye un acto de molestia, por ser futuro e incierto, en razón de que la imposición de multa no se decreta como consecuencia inmediata del apercibimiento, sino que está condicionada a que el obligado cumpla o no con la medida, así como de que la Autoridad decida llevar a cabo lo ordenado, por lo que no es inminente, al no existir certeza de que se va a ejecutar; lo cual actualiza la causa manifiesta e indudable de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral citado, pues basta el escrito de demanda para tener conocimiento de cuál es el acto reclamado y advertir su naturaleza, por lo que, aun sustanciándose el procedimiento no sería posible arribar a una convicción diversa con los elementos que pudieran aportar las partes; lo que da lugar al desechamiento de la demanda con fundamento en el artículo 113 de la misma ley. En esas condiciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar la demanda de amparo, en términos del precepto 13 de la citada legislación.
- Principal
Agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso ****, por medio del cual pretende desahogar los requerimientos de diecisiete y veintiséis de junio del año en curso; sin embargo, toda vez que la firma que aparece al calce del ocurso de cuenta, difiere notoriamente de la que fue asentada en la demanda de amparo, como se demuestra a continuación: Escrito de demanda: Escrito presentado en la Oficina de Correspondencia el uno de julio del año en curso, registrado con el folio de correspondencia 10968. Ello, se advierte de la dirección de los trazos expuestos en los mismos; por tanto, con fundamento en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 6º y 26, fracción I, inciso c), este último de la Ley de Amparo; este órgano jurisdiccional estima necesario requerir a la parte promovente para que dentro del plazo de tres días, contados a partir de que quede debidamente notificada, en horas y días hábiles (de lunes a viernes de nueve a quince horas), comparezca ante este Juzgado de Distrito y, ante la presencia judicial, previa exhibición de su identificación oficial vigente, reconozca o no, según sea el caso, que la firma que obra al calce del escrito de demanda y escrito aclaratorio fue puesta por su puño y letra. Lo anterior, a fin de tener certeza de que la rúbrica procede del autor que ahí se menciona. Bajo el apercibimiento que de no hacerlo así, se tendrá por no presentado dicho escrito, con las consecuencias legales que ello contrae. Se robustece lo anterior, con la jurisprudencia 3a. 24, emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página trescientos ochenta y cinco, enero - junio de mil novecientos ochenta y nueve, tomo III, del Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 207437, de rubro y texto siguiente: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS, DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA. También, sirve de apoyo en lo conducente la tesis 3a. 24, emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página trescientos ochenta y cinco, enero - junio de mil novecientos ochenta y nueve, tomo III, del Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 207437, de rubro y texto siguiente: "FIRMA DISCREPANTE EN EL RECURSO DE REVISIÓN. SU RECONOCIMIENTO NO IMPIDE PROMOVER EN SU CASO, UN INCIDENTE DE FALSEDAD.
- Principal
Visto el escrito de cuenta, se tiene a ***, pretendiendo desahogar lo solicitado en el proveído de diecisiete de junio de dos mil diecinueve; sin embargo, omite desahogar en su totalidad lo solicitado en los incisos b) y d) del referido acuerdo, mediante el cual se le requirió para lo siguiente: "b) Indique la etapa procesal en que se encuentra el juicio ejecutivo mercantil identificado con el número 407/2013, índice del Juez responsable. Al respecto, se requiere que señale si ya fue dictada la sentencia correspondiente, o en su caso, la resolución que puso fin al procedimiento, y de ser así, la fecha en que ocurrió, y la fecha de su respectiva notificación. [.]. d) Especifique el domicilio, los bienes muebles e inmuebles, los números de las cuentas bancarias y los vehículos respecto de los cuales refiere será privado de su posesión y/o propiedad". Ello es así, pues si bien señaló: "SEGUNDO.- respecto a la etapa procesal del juicio de origen, esta se encuentra en la etapa de ejecución; y el auto mediante el cual se puso fin al juicio fue mediante convenio de dación en pago, de fecha 18 de diciembre del 2013, y ratificado en la misma fecha" Omitió señalar la fecha de su notificación respecto a la instancia que puso fin al procedimiento. "CUARTO.- respecto a los vehículos consistente en un vehículo marca Ford, Modelo 2011, Motor No. 764532, Serie No. 2LNHL2GC908764532, Color Platinado, y el vehículo Marca Chevrolet Pick Up Cheyenne, Doble cabina, Modelo 2014, Serie No. 3GCUK9EC8EG326165; estos no son de mi propiedad, por lo que solicito se tenga por NO señalando como actos reclamados ni el embargo, ni el retiro de la circulación de dichos vehículos; si no que solo se tenga como acto reclamado, el acto de molestia, y cateo en mi domicilio, pues aunque no son de mi propiedad, si se encuentran en mi domicilio". Igualmente excluyó de aclaración los bienes muebles e inmuebles de los cuales refiere será privado de su posesión y/o propiedad. En consecuencia, no ha lugar a tener por desahogado el requerimiento contenido en el proveído de referencia; por ende, una vez que se de cabal cumplimiento al mismo, o fenecido el plazo otorgado para tal fin, acuérdese lo conducente. En el entendido que al desahogar lo indicado en el presente acuerdo, tendrá que exhibir las copias necesarias para correr traslado a las partes, bajo el apercibimiento decretado en el acuerdo de siete de enero de dos mil diecinueve. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia 1a./J. 39/2012 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Decima Época, visible en la página cuatrocientos, tomo 1, Mayo de dos mil doce, del Semanario Judicial de la Federación, registro electrónico 2000702, de rubro y texto siguiente: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE RECAE A LA PROMOCIÓN DEL QUEJOSO PRESENTADA ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA HACERLA, PERO SIN CUMPLIR CON LAS PREVENCIONES IMPUESTAS, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE. Cuando la quejosa presenta su escrito de aclaración de demanda de amparo en el primero o segundo de los tres días que integran el plazo previsto en el artículo 146 de la Ley de Amparo, pero sin cumplir con las prevenciones impuestas, el juez de distrito debe emitir un acuerdo en el que determine que no las acató, señalando las omisiones en que incurrió para darle oportunidad de subsanarlas dentro del mismo término, el cual se interrumpe con la presentación del ocurso aclaratorio, y se reanuda al día siguiente al en que surta efectos la notificación de ese auto, la cual debe realizarse personalmente, conforme al primer párrafo del artículo 30 de la ley de la materia, con el fin de asegurar el conocimiento fehaciente y oportuno de dichas razones por el agraviado y evitar que se vuelva nugatorio su derecho a subsanar las deficiencias detectadas cuando aún está en tiempo para hacerlo". Así como la tesis XXII.1o.8 K (10a.), del Primer Tribunal Colegiado Del Vigésimo Segundo Circuito, localizable en la Décima Época, visible en la página mil cuatrocientos catorce, Libro 5, tomo II de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Abril de dos mil catorce, registro electrónico 2006194, que dice: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. SU PRESENTACIÓN INTERRUMPE EL PLAZO CONCEDIDO PARA HACERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Cuando la parte quejosa presenta su escrito de aclaración de demanda de amparo dentro de los primeros cuatro días que integran el plazo previsto en el artículo 114 de la Ley de Amparo, pero sin cumplir con las prevenciones impuestas, el Juez de Distrito debe emitir un acuerdo en el que determine que no las acató, señalando las omisiones en que incurrió para darle oportunidad de subsanarlas dentro del mismo término, el cual se interrumpe con la presentación del ocurso aclaratorio, y se reanuda al día siguiente al en que surta efectos la notificación de ese auto, la cual debe realizarse personalmente, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, con el fin de asegurar el conocimiento fehaciente y oportuno de dichas razones por la parte quejosa y evitar que se vuelva nugatorio su derecho a subsanar las deficiencias detectadas cuando aún está en tiempo para hacerlo. Debe precisarse que este criterio no se opone con el sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 39/2012 (10a.), cuyo rubro es: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE RECAE A LA PROMOCIÓN DEL QUEJOSO PRESENTADA ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA HACERLA, PERO SIN CUMPLIR CON LAS PREVENCIONES IMPUESTAS, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE.", en el que interpretó el artículo 146 de la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, sino al contrario, resulta acorde con lo sostenido en esa jurisprudencia de la citada Sala del Alto Tribunal."
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