Sergio Tello Montes de Oca

Expediente 981/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 18 actuaciones registradas, la última del 30 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
981/2023
Año
2023
Actuaciones
18
Última actuación
30/10/2023

Partes del expediente

  • Sergio Tello Montes de Oca

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    IV. V I S T O S, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 981/2023-IV; y, R E S U L T A N D O: I. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el dos de agosto de dos mil veintitrés, en el buzón judicial de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, turnado a este juzgado de Distrito, en esa misma data, ********************, por derecho propio, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra actos del Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula B-III-6, Tlalnepantla Estado de México (en su denominación correcta) y otras autoridades responsables. II. Trámite de la demanda. Mediante acuerdo de cuatro de agosto de dos mil veintitrés, este órgano jurisdiccional registró bajo el número 981/2023-IV; previa prevención y ocurso de desahogo y ratificación del mismo, en proveído de veinticuatro siguiente, se admitió a trámite y se solicitaron los informes justificados a las autoridades responsables; se dio la intervención que legalmente le corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, misma que previo diferimiento, tuvo verificativo el dieciséis del mes y año en curso. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. El Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es constitucional y legalmente competente por razón de materia, grado y territorio para conocer y fallar este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, 103 y 107 de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, párrafo primero, 37, párrafo primero, y 107 de la Ley de Amparo; y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que los actos reclamados tienen ejecución dentro del territorio en el que se ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. A fin de fijar la litis constitucional y con apoyo en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que la parte quejosa reclamó: El acuerdo de nueve de febrero del año en curso, emitido por la Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula B-III-6, Tlalnepantla Estado de México (en su denominación correcta), en la carpeta de investigación FED/MEX/TLAL/0002971/2022, de su índice, por medio del cual, negó al quejoso la devolución del vehículo marca FORD F 550, color blanco con azul, placas de circulación LE-00-809, modelo 2008, número de serie y/o VIN 3FEMF56S88MA01984, auto tanque de la marca "********************" con número de serie A590212000 con razón social "Global Gas"; así como, la falta de investigación necesaria ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Servicio de Administración Tributaria y aquellas que pudieran proporcionar información a efecto de verificar la información proporcionada para acreditar la propiedad del vehículo en cita. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. No son ciertos los actos reclamados al Fiscal General de la Republica y Coordinadora Estatal de Amparo en Suplencia por Ausencia del Delegado de la Fiscalía General de la República en el Estado de México, pues así lo manifestaron al rendir su informe justificado, sin que el quejoso ofreciera algún medio de prueba alguna para desvirtuar tal negativa. En vía de consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio, dada la inexistencia de los actos reclamados a dichas autoridades. Al caso es aplicable la jurisprudencia 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 236, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- 2000, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo74 de la Ley de Amparo." CUARTO. Existencia de los actos reclamados. La Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula B-III-6, Tlalnepantla Estado de México (en su denominación correcta), al rendir su respectivo informe justificado, manifestó que es cierto el acto reclamado. Al caso se invoca la jurisprudencia número 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, página 231, que es del tenor siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo anterior se corrobora con las actuaciones que adjuntó la juzgadora responsable en copia certificada, relativas a la carpeta de investigación FED/MEX/TLAL/0002971/2022, de su índice, cuyo valor probatorio es pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2. Apoya la anterior consideración, la jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, Tomo VI, Materia Común, página 153, que establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". QUINTO. Antecedentes del Acto Reclamado. Con el objeto de generar claridad en la presente resolución conviene precisar los antecedentes más relevantes del acto reclamado, deducidos de las documentales previamente valoradas. Mediante acuerdo de dieciocho de agosto de dos mil veintidós, suscrito por la Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula B-III-6, Tlalnepantla Estado de México (en su denominación correcta), dio inicio a la carpeta de investigación ********************, en virtud del informe policial homologado realizado por los elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, quienes pusieron a disposición a una persona del sexo masculino quien respondía al nombre de José Víctor Martínez Chacalco, quién se encontraba en la orilla de la autopista ********************, kilometro ********************, Colonia el Atoron, Municipio de ********************, Estado de México, quién al aproximarse al detenido, manifestó que la pipa se le venció, hacía atrás, por lo que al preguntarle si contenía algún hidrocarburo, manifestó que sí, motivo por el cual le solicitó algún documento que acreditara su legal posesión y al referir que no contaba con alguno, le hizo del conocimiento que eso es constitutivo del delito, por lo que sería puesto a disposición de la autoridad federal. Entrevista de ********************, de veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, por medio de la cual compareció voluntariamente ante la Fiscalía General de la República, con Sede en Tlalnepantla de Baz, Estado de México, a efecto de acreditar la propiedad del chasis cabina, consistente en una camioneta, modelo dos mil ocho, color blanca, con clave vehicular 2490301, con número de serie 3FEMF56S88MA01984, lo que pretendió acreditar con el original de la factura número ********************, de fecha de veinte de diciembre de dos mil nueve, expedida a nombre de Materiales para construcción Generación dos mil, Sociedad Anónima de Capital Variable, y con copia de la factura de fecha veinte de julio de dos mil siete, expedida por ********************, respecto al citado vehículo, pues refirió que se enteró por familiares del señor José Víctor Martínez Chacalco, que ese vehículo se encontraba a disposición de dicha autoridad, (ya que le había dado el vehículo a José Víctor, para que lo trabajara). Acuerdo de nueve de febrero de dos mil veintitrés, suscrito por la Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula B-III-6, Tlalnepantla Estado de México (en su denominación correcta), dictado en la carpeta de investigación ********************, por medio del cual, solicitó al quejoso ********************, a efecto de que presentara copia legible del original de la factura de folio 86639, de veinte de julio de dos mil siete, expedida por ********************, así como documento que acreditara la propiedad del auto tanque de la marca "espagas", número de serie A590212000, en un término no mayor de cinco días, en día y hora hábil, toda vez que las presentadas previamente consistentes en la factura número ********************, de fecha de veinte de diciembre de dos mil nueve, expedida a nombre de Materiales para construcción Generación dos mil, Sociedad Anónima de Capital Variable, y con soporte de la copia de la factura original con folio ********************, de fecha veinte de julio de dos mil siete, expedida por ********************, respecto al citado vehículo, no eran legibles y no eran de las denominadas electrónicas, que se pudieran consultar en el portal público del Servicio de Administración Tributaria, y que al día de esa fecha no se había acreditado la propiedad del auto tanque y que para tener certeza jurídica resultaba necesario acreditar la respectiva propiedad, por lo que dicha Fiscalía refirió que se encontraba imposibilitada para acordar favorable el levantamiento de aseguramiento del vehículo. (Auto que constituye el acto reclamado en la presente instancia constitucional). SEXTO. Análisis de las causas de improcedencia. En ese sentido, se precisa que ninguna de las partes hace valer causa de improcedencia, ni el suscrito Juzgador advierte alguna de oficio. SÉPTIMO. Examen Constitucional del acto reclamado. Las partes no hicieron valer causa de improcedencia en el presente asunto, ni este juzgador advierte, de oficio, que en el caso se actualice alguna, por lo que procede el estudio del fondo del asunto al tenor de los conceptos de violación, los cuales se tienen por reproducidos en obvio de repeticiones innecesarias, al no existir precepto legal alguno que obligue a este resolutor a su trascripción. El quejoso argumenta en sus conceptos de violación que la autoridad responsable vulneró en su contra el principio de certeza jurídica que subyace en el derecho al debido proceso y el acceso a una justicia efectiva y congruente. Además, refiere que el actuar de la Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula B-III-6, Tlalnepantla Estado de México (en su denominación correcta), es arbitrario porque no tiene ningún fundamento para seguir reteniendo la unidad asegurada. Indica que la autoridad responsable en cita, violenta en su perjuicio el artículo 14 de la Constitución, porque sin juicio previo retuvo la unidad, sin antes proporcionarle su derecho de audiencia, donde se le escuchara, se recibieran y desahogaran sus respectivas pruebas, y se dictara una sentencia, violentando en su contra el principio de un juicio justo apegado a derecho, aunado a que la autoridad responsable no fundó ni motivó el acto reclamado. Los conceptos de violación resultan infundados, cuenta habida que la autoridad responsable no vulneró en su perjuicio los artículos 14, 16 y 17 constitucionales con la emisión del acto reclamado. En efecto, el principio de seguridad jurídica, establecido en el artículo 14 constitucional, contiene la garantía de legalidad, la que a su vez comprende la de fundamentación y motivación prevista en el diverso 16, que deben imperar en toda resolución jurisdiccional o acto gubernamental. Así, al hacer una interpretación conjunta y armónica de las garantías individuales de legalidad y seguridad jurídica, que prevén los artículos 14, 16 y 17 constitucionales, se advierte que los actos de privación y molestia, requieren para ser legales, entre otros requisitos e imprescindiblemente, que sean emitidos cumpliendo las formalidades esenciales del procedimiento, conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, por escrito y debidamente fundados y motivados, entendiéndose esto último, como la cita del precepto legal aplicable al caso, así como la exposición de las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a emitir su determinación. De no cumplir con lo anterior, se estará ante un acto ilegal de autoridad, que deja en estado de incertidumbre jurídica al gobernado. De ahí, que un acto es legal cuando en su dictado se respeta la norma fijada por el legislador. Se entiende que el principio de legalidad es esencia del régimen jurídico de un Estado de Derecho, pues toda ley, todo procedimiento, toda resolución jurisdiccional o administrativa, como todo acto de autoridad, deben ser expresión del derecho en cuanto a que sean elaborados, emitidos o ejecutados por el órgano o los órganos competentes y en la esfera de sus respectivas atribuciones. El acatamiento por todos a las leyes, en un régimen jurídico de Estado, es la suprema garantía, y la efectividad de esta garantía constituye la normalidad de un régimen jurídico. La garantía de legalidad consiste pues, en la obligación que tiene la autoridad de fundar y motivar un acto privativo o de molestia, para cumplir así con uno de los requisitos formales contenidos en dicha prerrogativa. La exigencia de fundar en ley tiene como propósito que el gobernado se halle en la posibilidad de atacar dichos fundamentos si éstos no fueron correctos, o bien, si no fueron acordes con la motivación citada, en otras palabras, tiende a evitar la emisión de actos arbitrarios. No existen excepciones al cumplimiento de dicho deber, esto es, toda autoridad al emitir un acto, debe fundarlo en ley, es decir, tener como apoyo el o los preceptos jurídicos que le permiten expedirlo y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, ésta es una de las exigencias previstas en el artículo 16 constitucional. Así, se advierte que la garantía de legalidad que contempla este artículo se refiere a un principio general que tiene aplicación en materia civil, penal, administrativa y laboral, abarcando tanto a los actos administrativos como a los jurisdiccionales. En efecto, de conformidad con el artículo 16 constitucional vigente, todo acto de autoridad debe estar debidamente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero, la expresión precisa de los preceptos legales aplicables; por lo segundo, el señalamiento preciso de las causas inmediatas, razones particulares o circunstancias especiales que se hayan tomado en consideración para la emisión del acto. Debiendo existir adecuación entre los preceptos citados y los motivos aducidos, es decir, la actualización de los supuestos normativos. Formalidades que en el caso, fueron observadas en el dictado el acto reclamado por la autoridad responsable. Ello es así, pues contrario a lo que refiere la parte quejosa, en el sentido de que la autoridad responsable al emitir el acto reclamado vulneró su garantía de audiencia y debido proceso, pues de las constancias que integran la carpeta de investigación ********************, remitidas por la Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula B-III-6, Tlalnepantla Estado de México (en su denominación correcta), se advierte que el motivo por el que se inició dicha carpeta (en la que se retuvo el vehículo), fue por la investigación del delito de transporte de hidrocarburo, ilícito previsto y señalado en el artículo 9, fracción II, de la Ley Federal para Prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos, en virtud de los hechos sucedidos el dieciocho de agosto de dos mil veintidós, aproximadamente a las ********************, cuando el operador del quejoso fue detenido, a bordo de dicho vehículo, al encontrarse atascado para ascender a la autopista ********************, por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes lo notaron sobre carretera ********************, Kilometro ********************, Colonia ********************, Municipio de ********************, Estado de México, quienes al acercarse y observar que el vehículo estaba cargado con hidrocarburo (********************., del que no acreditó su legal procedencia), por lo que al dictarse sentencia condenatoria por procedimiento abreviado en contra de una tercera persona ajena al presente juicio, concluyó el asunto dentro de la causa penal ********************, (que motivó la retención del vehículo), lo que de suyo implica que la retención del vehículo estuvo ajustada a derecho, ya que ésta derivó de hechos posiblemente constitutivos de delito y no de manera arbitraria o sin justificación legal alguna, como aduce la parte quejosa. Asimismo, es infundado su diverso concepto de violación, en el sentido de que el actuar de la Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula B-III-6, Tlalnepantla Estado de México (en su denominación correcta), es arbitrario porque no tiene ningún fundamento para seguir reteniendo la unidad asegurada, pues en fecha veinticuatro de enero del año en curso, el quejoso se presentó voluntariamente ante la autoridad responsable para pretender acreditar la propiedad del vehículo, y lo hizo con el original de la factura ********************, de fecha veinte de diciembre de dos mil nueve, expedida a su nombre por "********************, acompañando copia de origen sin valor, de fecha veinte de julio de dos mil siete, expedida por "********************" y posteriormente el dos de febrero de dos mil veintitrés, (por conducto de su abogado), presentó un escrito en el que solicitó la devolución del vehículo, por lo que mediante acuerdo de nueve de febrero siguiente, (la autoridad responsable le notificó mediante correo electrónico) la negativa de devolución del vehículo hasta en tanto se validaran las facturas exhibidas para acreditar su legal propiedad y para ello la responsable le solicitó al quejoso que acreditara la propiedad del autotanque, marca ********************, y exhibiera copia legible de la factura de fecha veinte de julio de dos mil siete, expedida por "********************", para tener mayor información de la asentada, empero el ahora quejoso no exhibió copia legible o factura del autotanque, tal y como le fue requerido. Además de lo anterior, en data dieciséis de marzo de la presente anualidad, el quejoso pretendió acreditar su propiedad mediante la presentación de dos testigos, quienes fueron coincidentes en manifestar que veían al quejoso en la colonia donde habitan, repartiendo gas en la camioneta, más no así que les consta la compra de dicha camioneta. Luego en data treinta y uno de mayo del año en curso, el quejoso presentó diverso testigo, quien únicamente se limitó a referir que el quejoso le hizo del conocimiento que pondría a trabajar la camioneta para repartir gas en las diversas rutas; sin embargo, en ningún momento dentro de su entrevista manifestó que le consta la compra de la camioneta por parte del quejoso. Aunado a lo anterior, y con motivo de los actos de investigación de la autoridad responsable, (para llevar a cabo la validación de los documentos presentados por el quejoso y acreditar la propiedad del vehículo), solicitó ante la policía de investigación que se constituyera en el domicilio ubicado en: Avenida ******************** ********************, número ********************, localidad ********************, Estado de ********************, lugar donde fue expedida la factura y en su caso recabara entrevista de la posible persona que le vendió al quejoso la camioneta en cuestión, por lo que como resultado de dicha diligencia mediante informe de veintidós del marzo del año en curso, el Policía de Investigación, informó que ese domicilio no existe, y en entrevista con personas de la Localidad, manifestaron que la denominación ********************, no existe. Además, recabó la entrevista de diversa persona de nombre ********************, en calidad de testigo, quién de la misma forma manifestó que no le constaba la compra de la camioneta y que sólo sabía que la adquirió en un lote de autos en el año dos mil nueve, desconociendo el lugar en el que lo hizo. Luego, continuando con la investigación que llevó a cabo la autoridad responsable, el seis de junio del año que transcurre, solicitó la validación de la factura presentada por el quejoso, ante el Servicio de Administración Tributaria, dependencia que informó el procedimiento a seguir para tal efecto, por lo que una vez realizado dicho trámite la autoridad pudo observar a simple vista que tanto la factura, como la copia de origen sin valor presentados, no cumplían con los requisitos que exige en correspondiente sistema, como lo son: el folio fiscal, RFC emisor, RFC receptor, al igual que la copia de origen sin valor, se encontraba ilegible, lo que hizo imposible la investigación correspondiente a través de dicho sistema por parte de la autoridad investigadora y sin que el quejoso subsanara los datos y documentos aportados previamente. Lo anterior, permite evidenciar que contrario a lo que refiere el quejoso, la autoridad responsable ha llevado a cabo diversos actos de investigación de los documentos presentados para acreditar la propiedad del vehículo motivo de la litis, sin que el quejoso haya logrado acreditar plena y legalmente su propiedad. De ahí que los conceptos de violación en estudio resultan infundados, al no haber señalado el quejoso alguna violación diversa que le pudiera ocasionar perjuicio y que pudiera ser materia de estudio. En relatadas consideraciones, al no estar demostrado que el acto reclamado transgreda alguna prerrogativa constitucional en perjuicio del peticionario de amparo, aun supliendo la deficiencia de los conceptos de violación, en términos de lo dispuesto en el artículo 79, fracción III, de la Ley de Amparo, SE NIEGA LA PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL SOLICITADA. En mérito de lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 124, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por ********************, por derecho propio, respecto a las autoridades precisadas en el considerando tercero de este fallo, por los motivos expuestos en el mismo. Segundo. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************, por derecho propio, respecto del acto atribuido a la autoridad precisada en el considerando cuarto de este fallo, por los motivos expuestos en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese; por oficio a las autoridades responsables y por lista electrónica a las demás partes. Lo resolvió y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Antonia Remedios Martínez Jiménez, Secretaria quien da fe, hasta hoy treinta de octubre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe

  2. Principal

    IV. Naucalpan de Juárez, Estado de México, cinco de octubre de dos mil veintitrés. Téngase al quejoso ********** solicitando sean requeridas diversas constancias de la carpeta de investigación ********** a la autoridad responsable; en atención a su contenido, se provee: Dígase que deberá atender lo acordado en proveído de veintidós de septiembre pasado, en el que se precisó que no ha lugar a requerir la totalidad de constancias de la carpeta de investigación que refiere; lo anterior, toda vez que la solicitud de copias o documentos ofertados como pruebas en el juicio de amparo indirecto, en términos del artículo 121 de la Ley de Amparo, deberán pedirse dentro del plazo de cinco días hábiles antes del señalado para la celebración de la audiencia constitucional, mismas que fue señalada en primera ocasión para las nueve horas con cincuenta y seis del veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés; por tanto, el citado medio de convicción no puede admitirse con posterioridad a la primera fecha señalada en autos para la audiencia de ley; ello, en virtud de haber precluido su derecho. Máxime que si este órgano de control constitucional llegase a considerar necesarias las citadas constancias se solicitaran de oficio en términos del artículo 75 de la Ley de Amparo. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Antonia Remedios Martínez Jiménez, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  3. Principal

    IV. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintidós de septiembre de dos mil veintitrés. Téngase al quejoso **********, solicitando los siguiente: I) Sean requeridas diversas constancias de la carpeta de investigación FED/MEX/TLAL/0002971/2022 a la autoridad responsable; II) Objeta el informe justificado rendido por el Agente del Ministerio Público dela Federación Titular de la Cédula B-III-5, Tlalnepantla, Estado de México (**********), III) Se suspenda la audiencia constitucional a fin de que la parte quejosa pueda realizar alegatos, IV) copia certificada de todo lo actuado en el juicio y V) Designa a un autorizado; en atención a su contenido, se provee: Atento a ello, no ha lugar a requerir la totalidad de constancias de la carpeta de investigación que refiere; lo anterior, toda vez que la solicitud de copias o documentos ofertados como pruebas en el juicio de amparo indirecto, en términos del artículo 121 de la Ley de Amparo, deberán pedirse dentro del plazo de cinco días hábiles antes del señalado para la celebración de la audiencia constitucional y demostrar que, en dichos términos, gestionó su obtención ante el sujeto obligado a expedirlos, por tenerlos a su alcance directo, resguardo o custodia. Lo anterior es así, toda vez que se fijó inicialmente la audiencia constitucional para las nueve horas con cincuenta y seis del veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés; por tanto, el citado medio de convicción no puede admitirse con posterioridad a la primera fecha señalada en autos para la audiencia de ley; ello, en virtud de haber precluido su derecho. Por otra parte, sin que haya lugar a tener por objetado de falso en su autenticidad, el informe justificado que refiere el impetrante, pues del contexto en que plantea su objeción, se obtiene que tiene como fin cuestionar la veracidad de su contenido, lo cual será materia de análisis al emitirse la sentencia correspondiente, con base en los elementos probatorios aportados por las partes y demás constancias que obren en autos. Lo anterior encuentra sustento en la Jurisprudencia P./J. 5/2001, emitida por el Pleno de nuestro Máximo Tribunal, publicada en la Gaceta Oficial de la Federación, consultable en el Tomo XIII, Enero de 2001, página 10, cuyo rubro y texto señalan: "INFORME JUSTIFICADO. PUEDE SER OBJETADO DE FALSO SÓLO EN CUANTO A SU AUTENTICIDAD. El artículo 153 de la Ley de Amparo autoriza a objetar de falsos los documentos presentados por alguna de las partes; y en su párrafo segundo precisa los alcances o la materia de tal objeción al señalar que lo dispuesto en el propio precepto legal sólo da competencia al Juez para apreciar, dentro del juicio de amparo, la autenticidad con relación a los efectos exclusivos de dicho juicio, precisión que de por sí indica que la objeción de falsedad del documento debe referirse a su autenticidad, es decir, a su continente y no a su contenido, pues esto último será materia de análisis al emitirse la sentencia correspondiente con base en los elementos probatorios aportados por las partes y demás constancias de autos. De ahí que el documento público en el que la autoridad responsable rinde su informe justificado sólo pueda ser objetado de falso en cuanto a su autenticidad y no respecto de su contenido." [El énfasis es propio]. En esa línea, respecto a su petición de diferir la audiencia constitucional, deberá atender lo acordado mediante proveído de veintiuno del mes y año en curso. Por otra parte, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídase a su costa únicamente un juego de copias certificadas de las constancias que refiere; entréguense por conducto de persona autorizada para tal efecto en autos, previa identificación oficial vigente con fotografía (INE y una copia simple de esta) y toma de razón que por su recibo se asiente en autos para constancia legal. No obstante lo anterior, hágase de su conocimiento que la expedición de las copias que solicitó, está sujeta a que el servicio de fotocopiado al público en el edificio sede de este juzgado, se encuentre trabajando y las cargas de trabajo con que cuente dicho servicio de esta sede. Finamente, respecto a la persona que autoriza, dígase al promovente que deberá atender lo acordado en proveído de cuatro de agosto del año en curso. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Antonia Remedios Martínez Jiménez, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  4. Principal

    IV. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, se advierte que aún no transcurre la vista de ocho días a que alude el artículo 117 de la Ley de Amparo, otorgado a las partes respecto del informe justificado recibido el dieciocho de septiembre pasado; en consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las nueve horas con cuarenta y dos minutos del dieciséis de octubre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Antonia Remedios Martínez Jiménez, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

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