Sergio Tecpa Hernández
Expediente 378/2020 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 9 actuaciones registradas, la última del 17 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 378/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 17/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Sergio Tecpa Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Juicio de Amparo Directo
se tiene por recibido Oficio 1108/2021, signado por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, mediante el cual acusa recibo del diverso 129/2021-III-B, del índice de este órgano colegiado. Por otro lado, al advertirse de autos que no existe trámite pendiente por realizar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado por analogía, en su oportunidad, archívese este asunto y hágase la anotación correspondiente en el libro de gobierno. Tomando en consideración que el mismo no es de relevancia documental, atento a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se hace la declaratoria que es susceptible de destrucción, en su momento oportuno. Finalmente, conforme a lo dispuesto en el artículo 3 de la legislación de amparo, intégrese la presente actuación al Expediente electrónico, a efecto de que éste coincida íntegramente con el impreso.
- Juicio de Amparo Directo
PRIMERO. SE SOBRESEE EN EL JUICIO DE AMPARO. SEGUNDO. SE SOBRESEE EN EL JUICIO DE AMPARO ADHESIVO.
- Juicio de Amparo Directo
Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se desprende que ha transcurrido el término concedido al quejoso STH, para que manifestara lo que a su derecho conviniera en relación a la vista ordenada mediante proveído de cuatro del mes y año en curso, sin que lo haya hecho; en tales condiciones, devuélvase de inmediato el presente asunto, a la ponencia del Magistrado José Manuel Vélez Barajas, para los efectos legales procedentes.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, a cuatro de mayo de dos mil veintiuno. Vista la cuenta que antecede y atento a lo dispuesto por el artículo 64, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, dese vista al quejoso STH, con la determinación que el Pleno de este órgano colegiado, en sesión remota ordinaria de veintinueve de abril de dos mil veintiuno, consensó por unanimidad de votos, en el sentido de que en el juicio de amparo de donde deriva el presente recurso, es factible que se actualice la causa de improcedencia que enseguida se destaca: ". en la especie, este órgano colegiado, oficiosamente advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el primer párrafo del artículo 61, fracción IX de la Ley de Amparo. El citado dispositivo legal y fracción refieren: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas;." A fin de corroborar la citada improcedencia, cabe acotar que, de las constancias de autos del juicio de amparo,que tienen pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente al caso, en términos del diverso 2 de la Ley de Amparo en vigor, se advierte que, como fue narrado en el apartado de antecedentes, conforme a los lineamientos dados en la ejecutoria de amparo emitida por este Tribunal Colegiado de Circuito al resolver el amparo directo 285/2019, promovido por A* de S*D*T*, T*, por conducto de su síndico y representante legal ITM, contra el laudo de veinticuatro de enero de dos mil diecinueve, dictado por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala en el expediente laboral 328/2017, aquí señalada como responsable y se aprecia el estudio siguiente: '. Ahora bien, en su único agravio, la moral quejosa aduce que el laudo dictado viola sus derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica que deben prevalecer en todo proceso, establecidas en los artículos 14 y 16 Constitucionales, pues se le condenó al pago por concepto de prima de antigüedad, sin aplicar debidamente lo que dispone el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo, toda vez que el actor STH, no se encuentra en ninguno de los supuestos jurídicos que establece dicho numeral; pues en los autos del juicio laboral se demostró que no fue separado de su empleo de manera justificada, ni despedido de manera justificada o injustificada, y menos haya sido separado en forma voluntaria de dicho trabajo por haber cumplido quince años de servicio, esto último en razón de que únicamente laboró del periodo comprendido de quince de enero de dos mil tres a doce de enero de dos mil diecisiete, esto es, menos de quince años, además de no ser trabajador de base; asimismo arguye que resulta improcedente condenar al pago de la citada prestación, pues en el resolutivo segundo y considerando sexto del laudo que se combate, se demostró que el hoy tercero interesado STH renunció al trabajo que venía desempeñando, por lo que la condena a la prestación en comento resulta improcedente. Cita como apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de rubro: 'PRIMA DE ANTIGÜEDAD. LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 162 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, QUE ESTABLECE COMO REQUISITO PARA SU PAGO QUE EL TRABAJADOR QUE SE RETIRE VOLUNTARIAMENTE HAYA CUMPLIDO 15 AÑOS DE SERVICIOS, POR LO MENOS, NO TRANSGREDE EL DERECHO DE IGUALDAD RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 1º. CONSTITUCIONAL.' Los planteamientos vertidos resultan fundados. En principio, resulta importante mencionar que en el considerando cuarto del laudo reclamado, el tribunal responsable al determinar la fecha de ingreso del actor a laborar, tuvo como tal el quince de enero de dos mil tres, al no haberse desvirtuado por la parte demandada, con las pruebas que ofreció en el juicio de origen, lo aducido por el accionante en su escrito inicial, respecto a que ingresó a laborar al A*de S* D*T*, T*, en la citada fecha, incumpliéndose con la fatiga procesal impuesta por ley; asimismo, en el considerando sexto se desprende que la Junta determinó que el accionante renunció a su empleo el dos de enero de dos mil diecisiete. Lo anterior se destaca, en atención a que el treinta y uno de diciembre de dos mil siete, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno de esta entidad federativa, el decreto número 180, en el que se expide la nueva Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, que entró en vigor el primer día hábil de enero de dos mil ocho y abrogó el diverso decreto 53 de veinticuatro de octubre de mil novecientos ochenta y cuatro, que contenía la anterior Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. Precisado lo anterior, es importante destacar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 353/2010, precisó que la prima de antigüedad es una prestación que se otorga a los trabajadores cuando concluyen la relación laboral, esto es, tiene como presupuesto la terminación de la relación de trabajo. De dicha contradicción surgió la jurisprudencia 2a./J. 48/2011, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, Abril de 2011, página 518, registro 162319, del rubro y texto siguientes: 'PRIMA DE ANTIGÜEDAD. SU MONTO DEBE DETERMINARSE CON BASE EN EL SALARIO QUE PERCIBÍA EL TRABAJADOR AL TÉRMINO DE LA RELACIÓN LABORAL. (..)' No es inadvertido que en la ejecutoria que dio origen a la anterior jurisprudencia se interpretaron los artículos 162, fracción II, 485 y 486 de la Ley Federal del Trabajo; sin embargo, dichos dispositivos resultan de aplicación supletoria a la ley laboral burocrática de esta entidad federativa vigente, en términos de su artículo 8, pues, como se verá más adelante, la referida legislación local sólo menciona la prima de antigüedad, pero no establece cuáles son los requisitos que debe reunir el trabajador para gozar de la misma. Ahora bien, si conforme al criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación anteriormente transcrito, el derecho a gozar de la prima de antigüedad se genera a partir de la fecha en que se verifica la separación del trabajador de su fuente de trabajo y, si en el presente caso, ello ocurrió entre el dos de enero de dos mil diecisiete, cuando ya se encontraba vigente el decreto 180 de la legislatura local, debe considerarse que éste sí prevé aquél derecho en su artículo 141, fracción VI, que es del tenor siguiente: 'Artículo 141. La etapa de mediación desarrollará conforme a las normas siguientes:- (.).- VI. Si las partes no llegasen a un acuerdo, los demandados podrán acogerse a los beneficios de la insumisión al arbitraje, mediante el depósito a favor del actor, del importe de tres meses de salarios, la prima de antigüedad así como salarios caídos contados hasta el día en que se desahogue la audiencia y partes proporcionales de vacaciones, prima vacacional y aguinaldo.' Una vez expuesto lo anterior, se estima prudente señalar que el Tribunal laboral responsable en el laudo combatido, respecto al pago de la prestación de prima de antigüedad aludido por el actor aquí quejoso, determinó: 'SÉPTIMO.- Por otra parte, relativo (sic) al reclamo marcado con el inciso B, consistente en el pago de la PRIMA DE ANTIGÜEDAD, a razón de doce días por año laborado; es importante destacar que la SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN al resolver la contradicción de tesis: 353/2010 precisó que la prima de antigüedad es una prestación que se otorga a los trabajadores cuando concluyen la relación laboral, esto es tiene como presupuesto la terminación de la relación de trabajo; apoya a lo anterior la jurisprudencia: PRIMA DE ANTIGÜEDAD. SU MONTO DEBE DETERMINARSE CON BASE EN EL SALARIO QUE PERCIBÍA EL TRABAJADOR AL TÉRMINO DE LA RELACIÓN LABORAL (Se transcribe contenido). Asimismo resulta preciso establecer que la misma se encuentra contemplada en el artículo 141, fracción VI de la Ley Burocrática Estatal, que señala: Artículo 141.- La etapa de mediación se desarrollara conforme a las normas siguientes: (.) VI.- Si las partes no llegasen a un acuerdo, los demandados podrán acogerse a los beneficios de la insumisión al arbitraje, mediante el depósito a favor de el (sic) actor, del importe de tres meses de salarios, la prima de antigüedad así como salarios caídos contados hasta el día que se desahogue la audiencia y partes proporcionales de vacaciones, prima vacacional y aguinaldo. Por lo anterior al existir dicha figura jurídica en la Ley aplicable, sin embargo (sic) la misma no se encuentra regulada en forma clara, por lo que es necesario acudir a lo que establece la supletoria Ley Federal de Trabajo, a efecto de determinar sus particularidades. Artículo 162. Los trabajadores de planta tienen derecho a una prima de antigüedad, de conformidad con las normas siguientes: I. La prima de antigüedad consistirá en el importe de doce días de salario, por cada año de servicios; II. Para determinar el monto del salario, se estará a lo dispuesto en los artículos 485 y 486; III. La prima de antigüedad se pagará a los trabajadores que se separen voluntariamente de su empleo, siempre que hayan cumplido quince años de servicios, por lo menos. Asimismo se pagará a los que se separen por causa justificada y a los que sean separados de su empleo, independientemente de la justificación o injustificación del despido; IV. Aclarado lo anterior, es necesario puntualizar que dicha prestación se genera por el transcurso del tiempo, sin que se transcendente que el trabajador se separe de manera voluntaria, o bien, por despido ya sea justificado o injustificado; lo que implica que el empleado puede demandar su pago de manera independiente, sin que dependa de algún otro tipo de acción que ejerza. Sustentando lo anterior el siguiente criterio jurisprudencial: PRIMA DE ANTIGÜEDAD. AUTONOMÍA DE LA ACCIÓN RELATIVA. (Se transcribe contenido). Por lo que es el H. A* de S* D* T*, T*, quien tiene la carga de la prueba, procediéndose al análisis de las pruebas ofrecidas y admitidas a dicho demandado mediante auto admisorio que data del veinte de abril del dos mil dieciocho, tocante a la prueba CONFESIONAL marcada con el numeral 1, a cargo del actor STH, con verificativo veinticuatro (sic) de mayo de dos mil dieciocho, de la misma se advierte que no resulta tendente acreditar el punto a estudio y no beneficia a los intereses de su oferente; ahora bien en relación a la prueba de TESTIMONIAL, (sic) marcada con el numeral 2, con verificativo que data del veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, de la misma se advierte en el mismo sentido que no guarda relación con el punto a estudio y no beneficia a los intereses de su oferente; por otra parte, tocante a la DOCUMENTAL PÚBLICA, marcada con el diverso 3 consistente en escrito de renuncia de fecha dos de enero de dos mil diecisiete, la misma no guarda relación el punto litigioso a estudio y no beneficia a los intereses de su oferente; relativo a la prueba DOCUMENTAL, marcada con el numeral 4, de igual forma no acredita el pago por concepto de prima de antigüedad y no beneficia a los intereses de su oferente. Finalmente por cuanto hace a la INSTRUMENTAL PÚBLICA DE ACTUACIONES, así como la PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA, debe decirse que no benefician a los intereses de su oferente toda vez que de actuaciones no se advierte la existencia de prueba o elemento alguno con el cual los enjuiciados acrediten pago por concepto de Prima de Antigüedad; en marco de lo expuesto resulta evidente que el citado enjuiciado no cumple con el débito impuesto por la ley. En consecuencia se establece como verdad legal lo manifestado por el actor, respecto que no le fue pagada la prima de antigüedad, por tanto, tenemos que el periodo que el actor STH laboró en favor del demandado, fue del quince de enero del dos mil tres al dos de enero del dos mil diecisiete lo que equivale al proporcional de *** días proporcionales, que multiplicados por el doble del salario mínimo vigente en el Estado al momento de la separación siendo el (dos de enero del dos mil diecisiete), corresponde a $**.0*, da como resultado la cantidad de $** Por lo que consecuentemente es de condenarse y se CONDENA al demandado H. A* de S* D*T* T*, a pagar al actor STH la cantidad de $*, por concepto de PRIMA DE ANTIGÜEDAD. Cantidad calculada salvo error u omisión de carácter aritmético.' De tal transcripción, se advierte que el Tribunal responsable condenó al ayuntamiento demandado aquí quejoso al pago de cierta cantidad por concepto de prima de antigüedad bajo el argumento de que tal prestación se otorga a los trabajadores cuando concluyen la relación laboral, esto es tiene como presupuesto la terminación de la relación de trabajo y que se genera por el transcurso del tiempo, sin que sea trascedente para ello que el trabajador se separe del trabajo de manera voluntaria o por despido, sea éste injustificado o justificado, pues se puede demandar el pago de tal prestación sin depender de otro tipo de acción. Asimismo que de las pruebas ofrecidas y admitidas a la parte demandada - quien tiene la carga de la prueba- consistentes en la confesional a cargo del actor, testimonial, dos documentales, entre las que se encuentra el escrito de renuncia de dos de enero de dos mil diecisiete, instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto, no beneficiaron a los intereses del oferente, pues con ninguna se acreditó se hubiera realizado el pago al demandante por concepto de prima de antigüedad, incumpliendo con el débito probatorio impuesto por ley. Precisado lo anterior, este órgano colegiado estima que le asiste razón al ayuntamiento quejoso, en cuanto a que fue contrario a derecho que en el laudo reclamado se le condenara al pago de la prestación de prima de antigüedad a favor del accionante, atendiendo a la causa de pedir. Se cita al caso, la jurisprudencia P./J. 68/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, tomo XII, agosto de 2000, materia común, novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de título y texto siguiente: 'CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR. (.)' Ello debido a que, como lo aduce la parte impetrante, en la especie, no se ajusta a las normas que establece el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria a la Ley Laboral Burocrática, para la procedencia del pago de prima de antigüedad, pues al efecto es de mencionarse que dicho precepto legal dispone: 'Artículo 162. Los trabajadores de planta tienen derecho a una prima de antigüedad, de conformidad con las normas siguientes: I. La prima de antigüedad consistirá en el importe de doce días de salario, por cada año de servicios; II. Para determinar el monto del salario, se estará a lo dispuesto en los artículos 485 y 486; III. La prima de antigüedad se pagará a los trabajadores que se separen voluntariamente de su empleo, siempre que hayan cumplido quince años de servicios, por lo menos. Asimismo se pagará a los que se separen por causa justificada y a los que sean separados de su empleo, independientemente de la justificación o injustificación del despido; IV. Para el pago de la prima en los casos de retiro voluntario de los trabajadores, se observarán las normas siguientes: a) Si el número de trabajadores que se retire dentro del término de un año no excede del diez por ciento del total de los trabajadores de la empresa o establecimiento, o de los de una categoría determinada, el pago se hará en el momento del retiro. b) Si el número de trabajadores que se retire excede del diez por ciento, se pagará a los que primeramente se retiren y podrá diferirse para el año siguiente el pago a los trabajadores que excedan de dicho porcentaje. c) Si el retiro se efectúa al mismo tiempo por un número de trabajadores mayor del porcentaje mencionado, se cubrirá la prima a los que tengan mayor antigüedad y podrá diferirse para el año siguiente el pago de la que corresponda a los restantes trabajadores; V. En caso de muerte del trabajador, cualquiera que sea su antigüedad, la prima que corresponda se pagará a las personas mencionadas en el artículo 501; y VI. La prima de antigüedad a que se refiere este artículo se cubrirá a los trabajadores o a sus beneficiarios, independientemente de cualquier otra prestación que les corresponda.' Del citado precepto legal, se desprende, entre otras cuestiones, que los trabajadores de planta tienen derecho a una prima de antigüedad, conforme a lo dispuesto en las diversas fracciones, de la fracción III, en particular, se desprende que cuando los trabajadores que se separen de su empleo, de manera voluntaria, la prima de antigüedad se pagará siempre y cuando se tenga no menos de quince años de servicio. En los términos relatados, es de destacar que la prestación de prima de antigüedad se paga al trabajador que se haya separado voluntariamente de su empleo, únicamente a partir de los quince años de servicio o antigüedad. Al respecto la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que lo anterior se debe a que se busca incentivar la permanencia del trabajador en un empleo a través del pago de dicha prima como una forma de reconocimiento por su esfuerzo y entrega a la fuente de trabajo. Lo anterior conforme a la jurisprudencia 2a./J. 30/2015, localizable en la página 1622, libro 18, mayo de 2015, tomo II, materia constitucional-laboral, décima época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: 'PRIMA DE ANTIGÜEDAD. LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 162 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, QUE ESTABLECE COMO REQUISITO PARA SU PAGO QUE EL TRABAJADOR QUE SE RETIRE VOLUNTARIAMENTE HAYA CUMPLIDO 15 AÑOS DE SERVICIOS, POR LO MENOS, NO TRANSGREDE EL DERECHO DE IGUALDAD RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 1o. CONSTITUCIONAL. (.)' Bajo ese contexto, es correcto lo aducido por el ayuntamiento quejoso en su motivo de disenso, en cuanto al tiempo en que el trabajador actor estuvo prestando sus servicios, pues resulta cierto que, en la especie, está demostrado que existió renuncia a la fuente de trabajo por parte del aquí tercero interesado, el dos de enero de dos mil diecisiete, como lo determinó el tribunal responsable en el laudo reclamado, esto es, se dio una separación voluntaria al empleo por parte del demandante en el juicio de origen; y que éste comenzó a laborar para la parte demandada el quince de enero de dos mil tres -como lo afirmó en su escrito inicial de demanda y así se estableció en el cuarto considerando del laudo-, lo que indiscutiblemente conlleva a establecer que el trabajador no cumplió con el requisito de contar con quince años de servicio o antigüedad, que se requiere necesariamente para el caso de hacer procedente el pago de prima de antigüedad cuando el trabajador se separa voluntariamente del empleo; pues es incuestionable que del quince enero de dos mil tres - data en que se inició la relación laboral- al dos de enero de dos mil diecisiete - fecha en que se dio la renuncia al empleo-, transcurrieron casi 14 años. De ahí que, la condena al pago de prima de antigüedad a favor del trabajador hoy tercero interesado, que le fue impuesta al ayuntamiento quejoso, resulta ilegal, al no actualizarse el supuesto de tener al menos quince años de servicio, que se requiere para la procedencia de dicha prestación, cuando el trabajador se retire voluntariamente de su empleo, esto es, que renuncie al mismo. Por consiguiente, ante lo fundado del motivo de disenso hecho valer, y ser el laudo reclamado violatorio de los derechos fundamentales del ayuntamiento quejoso, procede conceder el amparo y protección de la justicia federal que solicita. . Efectos del amparo. El amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados, se concede para el efecto de que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, proceda en los términos siguientes: 1. Deje insubsistente el laudo reclamado emitido en el expediente laboral 328/2017-A, y dicte otro en la que, reitere aquellas cuestiones que no fueron materia de estudio en la presente ejecutoria. 2. Se abstenga de condenar al ayuntamiento demandado del pago de la prestación de prima de antigüedad reclamada, en los términos en que lo hizo, por las razones expuestas en el considerando que antecede. ." -Lo resaltado es propio.- Conforme a lo anterior, en la sentencia de amparo dictada por este órgano colegiado se estableció que la condena al pago de prima de antigüedad a favor del trabajador tercero interesado en el juicio 285/2019, que le fue impuesta al ayuntamiento ahí quejoso, resultaba ilegal, al no actualizarse el supuesto de tener al menos quince años de servicio, requeridos para la procedencia de dicha prestación, cuando el trabajador se retira voluntariamente de su empleo, esto es, que renunciara al mismo. Por tanto, se concedió el amparo para el efecto de que se dejara insubsistente el laudo reclamado emitido en el expediente laboral 328/2017-A, y dictara donde reiterara aquellas cuestiones que no fueron materia de estudio en esa ejecutoria y se abstuviera de condenar al ayuntamiento demandado del pago de la prestación de prima de antigüedad reclamada, en los términos en que lo hizo, por las razones expuestas. - Hasta aquí la síntesis de la ejecutoria - Ahora, el actor quejoso expone en el primer concepto de violación1 que se inconforma sustancialmente de la determinación en torno a las prestaciones consistentes en indemnización constitucional, salarios caídos y prima de antigüedad. Estima que la responsable no puede dar valor a ninguna de las pruebas ofrecidas por su contraparte en el juicio génesis, pues en su contestación a la demanda no menciona las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la supuesta renuncia. En apoyo invoca los criterios: "EXCEPCIONES, PRECISION DE LOS HECHOS EN QUE SE FUNDAN LAS". "DEMANDA LABORAL, CONTESTACIÓN A LA. DEBEN PRECISARSE CIRCUNSTANCIAS DE MODO, TIEMPO Y LUGAR DE LA RENUNCIA DEL TRABAJADOR". Sostiene que es violatorio de sus derechos humanos consagrados en la Carta Magna, que la autoridad responsable, haya otorgado valor probatorio a las pruebas ofrecidas por el demandado para acreditar que, supuestamente el actor renunció el dos de enero de dos mil diecisiete, y que al darles valor a dichas pruebas, haya absuelto la responsable como consecuencia, al pago de las prestaciones consistentes en indemnización constitucional, salarios caídos y prima de antigüedad. En el segundo concepto de violación el quejoso refiere en síntesis que le agravia la determinación del laudo donde absolvió al demandado del pago de horas extras y/o jornada extraordinaria, al estimar que la jornada laboral era inverosímil. Que la responsable debió observar lo previsto en el artículo 784, fracción VIII de la Ley Federal del Trabajo, aplicada de manera supletoria, que dispone que el patrón tiene la carga de probar la jornada ordinaria, así como la jornada extraordinaria que no exceda de las nueve horas semanales. Invoca en apoyo las tesis: "HORAS EXTRAS. CUANDO LA JORNADA EXTRAORDINARIA SE CONSIDERE INVEROSÍMIL POR EXCEDER DE 9 HORAS A LA SEMANA, NO ES DABLE ABSOLVER AL PATRÓN DE MANERA TOTAL DE LA PRESTACIÓN REFERIDA, SINO EN TODO CASO ÚNICAMENTE DE LAS HORAS EXCEDENTES". En el tercer concepto de violación3 el quejoso debate sustancialmente la determinación de absolver a su contraparte en el juicio de génesis de las prestaciones relativas a días festivos y/o descanso obligatorio al considerar que el no demostró la razón de su dicho. Agrega que el ayuntamiento demandado dio contestación a la demanda, inobservando lo previsto en el artículo 878, fracción IV, de la Ley Federal del Trabajo, pues se limitó a expresar que la jornada de trabajo mencionada por el actor, era falsa, pero sin dar contestación integral al hecho II del escrito de demanda. Invoca en apoyo las tesis: "DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO LABORADOS RECLAMACIÓN DEL PAGO DE. CASO DESCANSO DE EXCEPCIÓN AL CRITERIO DE CARGA DE LA PRUEBA"."SÉPTIMOS DÍAS Y DE DESCANSO OBLIGATORIO, CARGA PROBATORIO RESPECTO A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS EN LOS". - Hasta aquí la síntesis de los conceptos de violación - Este tribunal colegiado advierte que respecto de la prestación de prima de antigüedad, es innegable que actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción IX del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues el quejoso se inconforma con la absolución de la indicada prestación, perdiendo de vista que en ello radicó el efecto del diverso juicio de amparo 285/2019 del índice de este tribunal, donde se ordenó que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, se abstuviera de condenar al A*de S*D*T*, Tlaxcala, demandado del pago de la prestación de prima de antigüedad reclamada, al ser fundado el concepto de violación donde su representante legal refirió que el actor en el juicio laboral de origen, incumplía con los requisitos de ley para que fuera posible el pago de la misma y, por consecuencia, procede sobreseer en el juicio en términos de la fracción V del artículo 63 de la misma ley. Así las cosas, debe decirse que el juicio de amparo directo se rige por el principio de cosa juzgada que conduce a impedir que lo resuelto en definitiva en un juicio de amparo pueda ser objeto de nuevo análisis y decisión en otro juicio de la misma clase, pues uno de los presupuestos procesales radica en que la materia de decisión subsista, lo cual no acontece cuando tal materia ya ha quedado resuelta en su totalidad en un procedimiento previo, lo que acontece en la especie. En tales circunstancias, es que este tribunal colegiado se encuentra impedido para realizar el análisis de la violación procesal de la que se duele el quejoso. Resulta aplicable en lo conducente, la tesis aislada 1a. LXVI/2017 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 576, Libro 43, Junio de 2017, Tomo I, materia común, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de contenido siguiente: "COSA JUZGADA EN EL JUICIO DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE EL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN DIRIGIDOS A COMBATIRLA. Los procesos de garantías constitucionales se rigen por el principio de cosa juzgada que conduce a impedir que lo resuelto en definitiva en un juicio de amparo pueda ser objeto de nuevo análisis y decisión en otro juicio de la misma clase, pues uno de los presupuestos procesales radica en que la materia de decisión subsista, lo cual no acontece cuando tal materia ya ha quedado resuelta en un procedimiento judicial previo. Este principio se refleja en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, donde se determina expresamente que el juicio constitucional es improcedente contra las resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas. La aplicación de este enunciado legal en sus términos, sólo tiene lugar en los casos en que el fallo reclamado se encuentre dictado en su totalidad en cumplimiento de una sentencia de amparo, caso en el cual debe desecharse la demanda, si tal situación se advierte al proveer sobre la admisión, o bien, decretar el sobreseimiento en la resolución terminal. Sin embargo, cuando el fallo reclamado contiene una parte de consideraciones emitidas en cumplimiento a una ejecutoria de amparo y otra fundada en las propias atribuciones de la autoridad responsable, la primera porción no es susceptible de estudio en el nuevo juicio de amparo, por constituir cosa juzgada, y la porción restante sí puede ser analizada, razón por la cual no procede desechar la demanda ni decretar el sobreseimiento, pero sí declarar inoperantes los argumentos dirigidos a confrontar la parte de la resolución reclamada que ya fue juzgada por la jurisdicción constitucional." Respecto del reclamo del quejoso de la absolución de las prestaciones de indemnización constitucional, salarios caídos, horas extras y/o jornada extraordinaria, días festivos y/o descanso obligatorio, debe decirse que éstas ya lo afectaban desde la emisión del primer laudo de veinticuatro de enero de dos mil diecinueve, dictado por el tribunal responsable en el juicio laboral 328/2017 de su índice, que se insiste, fue reclamado por el ayuntamiento demandado, en el diverso juicio de amparo 285/2019 del orden de este órgano jurisdiccional y respecto de lo cual, el disidente no promovió el juicio de amparo correspondiente, y por ende las consintió tácitamente. Máxime que en los efectos del juicio de amparo 285/2019, se ordenó reiterar los aspectos que no fueron materia de la protección constitucional ahí decretada, por tanto, abordar el estudio de los aspectos propuestos por el justiciable en sus conceptos de violación respecto de las prestaciones de indemnización constitucional, salarios caídos, horas extras y/o jornada extraordinaria, días festivos y/o descanso obligatorio, implicaría analizar aspectos que ya adquirieron firmeza por efecto de una sentencia de amparo previa, y ello se traduciría igualmente en una transgresión al principio de cosa juzgada, de modo que respecto de tales prestaciones también se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, y por ende debe sobreseerse de acuerdo al diverso 63, fracción V, de la propia ley. Por su alcance y sentido es de invocarse en apoyo de lo resuelto, la jurisprudencia 1a./J. 57/2018 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 60, Noviembre de 2018, Tomo I, página 829, Décima Época, del rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA RESOLUCIONES DICTADAS EN CUMPLIMIENTO DE UN FALLO PROTECTOR. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN IX, DE LA LEY DE AMPARO QUE LA PREVÉ, NO TRANSGREDE EL DERECHO A CONTAR CON UN RECURSO EFICAZ. El precepto citado, al establecer que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en su ejecución, se refiere a aquellas que indefectiblemente deben emitir las autoridades responsables, en las cuales el juzgador de amparo las constriñe a realizar determinadas acciones, esto es, en las que les fija lineamientos para cumplir con el fallo protector y, por ende, la responsable no tiene libertad de jurisdicción, sino que debe emitir la nueva sentencia conforme a los efectos precisados por el órgano jurisdiccional federal. Ahora bien, la improcedencia referida deriva del hecho de que la resolución dictada por la responsable es producto del análisis jurídico realizado en el juicio de amparo que se cumplimenta, por lo que, admitir uno nuevo, afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica. En ese sentido, el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo no transgrede el derecho a contar con un recurso eficaz, al no contradecir los artículos 8, numeral 1, y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues la norma referida no tiene como propósito limitar o cerrar la posibilidad de ejercer un derecho fundamental, sino establecer un caso de inadmisibilidad del juicio de amparo atendiendo a razones de seguridad jurídica y de cosa juzgada. Además, el precepto citado también cumple con el postulado previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en procurar una justicia pronta y expedita, que asegure su correcta y funcional administración." En las relatadas consideraciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el juicio, conforme a lo establecido en el diverso 63, fracción V, de la invocada ley. ." En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en el que se establece lo relativo a las sesiones de los tribunales colegiados por videoconferencia, cuya vigencia fue ampliada por los similares 25/2020, 37/2020 y 1/2021, al advertirse de oficio la posible actualización de la causa de sobreseimiento enunciada, notifíquese la vista prevista en el artículo 64, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa, dentro del término de tres días, manifieste lo que a su interés convenga, apercibida que de no hacerlo en ese lapso se tendrá por conforme con esa decisión para los efectos que correspondan."
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