Sergio Tamai Garcia
Expediente 426/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 12 actuaciones registradas, la última del 11 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 426/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 11/08/2021
Partes del expediente
- Sergio Tamai Garcia
- Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Incidental
Mexicali, Baja California, a once de agosto de dos mil veintiuno. Estado de autos. Visto el estado de autos, y toda vez que el día de hoy se dictó proveído en que se tuvo por consentido el cumplimiento dado al fallo protector, y se ordenó el archivo, en el juicio de principal del que derivan los presentes cuadernos de suspensión, advirtiéndose además que este incidente se encuentra totalmente concluido, por tanto lo conducente es, enviarlo al archivo definitivo. Anotaciones. Háganse las anotaciones en el libro relativo. Garantía. No hay para su devolución. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los que versen sobre delitos contra la seguridad de la Nación; los relativos a delitos contra el derecho internacional; Delitos contra la humanidad; los que traten de delitos contra la administración de justicia; los correspondientes a delitos contra el ambiente y gestión ambiental; los que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia; los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; asimismo, podrán ser considerados de relevancia documental aquellos expedientes que determine el titular del órgano jurisdiccional atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Depuración y destrucción. Por carecer de relevancia documental, el original del presente incidente de suspensión es susceptible de depuración, de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General antes citado; mientras que el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, al término de seis meses, de haberse ordenado el presente archivo, conforme con el diverso artículo 20, fracción II, inciso a), del acuerdo general de que se trata. Certificación de carátula. Se ordena al Secretario certifique que la carátula del expediente original de suspensión contiene impresas las anotaciones de "no es de relevancia documental" y "depuración", mientras que el duplicado "no es de relevancia documental" y "destrucción", acorde con lo que establece el artículo 35 del Acuerdo General invocado en el presente acuerdo; así como que verificó que, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso, fueron incorporadas cada promoción a fin de que coincidan en su totalidad. Archivo y anotaciones. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese.
- Principal
Mexicali, Baja California, a once de agosto de dos mil veintiuno. Cumplimiento consentido. Vista la certificación de cuenta, se desprende que ha transcurrido el término legal previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieren interpuesto recurso de inconformidad en contra de la resolución en la que se declaró cumplido el fallo protector; por lo tanto, se declara que dicha determinación ha quedado consentida para todos los efectos legales correspondientes. Documentos originales. No fueron exhibidos. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los que versen sobre delitos contra la seguridad de la Nación; los relativos a delitos contra el derecho internacional; Delitos contra la humanidad; los que traten de delitos contra la administración de justicia; los correspondientes a delitos contra el ambiente y gestión ambiental; los que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia; los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; asimismo, podrán ser considerados de relevancia documental aquellos expedientes que determine el titular del órgano jurisdiccional atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Depuración o destrucción. Este expediente es susceptible de depuración, conforme al artículo 18, inciso b), del citado acuerdo. Incidente. En el expediente atinente, provéase lo relativo a la depuración o destrucción del incidente, en términos del referido Acuerdo General. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Certificación de la carátula. Se ordena al Secretario certifique que la carátula del presente expediente contiene impresas las anotaciones de "no es de relevancia documental" y "depurable", acorde con lo que establece el artículo 35 del Acuerdo General invocado en el presente acuerdo; así como que verificó que, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso, fueron incorporadas cada promoción a fin de que coincidan en su totalidad. Archivo y anotaciones. Finalmente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA *********** Y TERCERO INTERESADO ************ EL SIGUIENTE AUTO QUE REZA: Mexicali, Baja California, a veinticinco de junio de dos mil veintiuno. Calificación del cumplimiento. Por otra parte, vistos los autos del presente juicio de amparo, este juzgado federal procede a resolver, de oficio, si el fallo protector se encuentra o no cumplido, desde luego, sin excesos ni defectos, en los términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Al respecto, debe decirse lo siguiente: Por sentencia de dieciocho de diciembre de dos mil veinte, se concedió a la parte quejosa (1) Sergio Tamai García; (2) María de la Luz Pérez Rosas; (3) José Manuel Martínez Salomón; (4) Héctor René Ibarra Calvo; (5) Juan Diego Echeverría Ibarra; (6) María Cristina Mares Vejar; (7) Luz Elena Fonseca Rentería; (8) Arnoldo Douglas Álvarez; (9) Adriana López Quintero; (10) Fernando Rosales Figueroa; (11) Eneyda Elvira Espinoza Álvarez; (12) José Ramón López Hernández; (13) Janeth Raquel Tapia Barrera y, (14) Ricardo Hernández Morelos, por su propio derecho y en su calidad de Regidores del XXIII Ayuntamiento Constitucional de Mexicali, Baja California, la protección constitucional contra los actos reclamados a la autoridad responsable para los efectos siguientes: [.] NOVENO. Efectos de la concesión. En virtud de lo hasta aquí narrado, con sustento en el artículo 77, de la Ley de Amparo, la protección constitucional otorgada es para el efecto de que el Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California y las restantes autoridades, cada una en el ámbito de su respectiva competencia, una vez que se les notifique el auto mediante el cual se declare ejecutoriada esta sentencia, realicen lo siguiente: Deje, el Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, insubsistente el auto de veintiséis de febrero de dos mil veinte y el oficio que del mismo emanó. De igual forma, las autoridades responsables ejecutoras, deberán dejar insubsistente cualquier acto tendiente a cumplimentar lo ordenado en el oficio EJEC/AMP/OF/159 girado por el Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California y, emitido dentro del juicio laboral burocrático 21/2005-V. Hecho lo anterior, en su lugar, con libertad de jurisdicción, dicte otra ya sea en el mismo sentido o en uno diverso y, en la que dé respuesta a lo manifestado por los quejosos respecto a la falta de competencia legal que alegan carecen para llevar a cabo los actos ordenados en el auto de seis de febrero de dos mil veinte, pero lo anterior deberá hacerlo de forma fundada y motivada y así, determine lo conducente acorde a derecho. [.] Causa ejecutoria y se requiere cumplimiento. Por auto de veintidós de marzo de dos mil veintiuno, causó ejecutoria la sentencia dictada, sin que ninguna de las partes la recurriera, por lo que, en el mismo proveído se requirió el cumplimiento al fallo protector. Con lo anterior queda claro que para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, la propia autoridad responsable estuvo constreñida a proceder en los términos siguientes: Dejar insubsistente el auto de veintiséis de febrero de dos mil veinte, así como el oficio que del mismo emanó; Dejar insubsistente cualquier acto tendiente a cumplimentar lo ordenado en oficio EJEC/AMP/OF/159, emitido dentro del juicio laboral 21/2005-V; y Hecho lo anterior, con libertad de jurisdicción, dictara otro en el que, de manera fundada y motivada, diera respuesta a lo manifestado por los quejosos, respecto a la falta de competencia legal que alegaron carecer para llevar a cabo los actos ordenados en auto de seis de febrero de dos mil veinte. Actuaciones llevadas a cabo por la autoridad responsable en acatamiento al fallo protector. Por oficio acordado por este Juzgado de Distrito el nueve de abril del año en curso, el Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, remitió acuerdo de veintinueve de marzo de los corrientes, el cual dejó insubsistente el auto de veintiséis de febrero de dos mil veinte, dejando sin efectos la multa impuesta a los quejosos, y girando oficio al Recaudador de Rentas del Estado para que procediera a la cancelación de lo ordenado en el oficio EJE/AMP/OF/159 (punto uno del fallo protector). Asimismo, el trece de mayo se acordaron diversos oficios remitido por el Presidente el Tribunal responsable, en el cual exhibió los oficios girados al Recaudador de Rentas del Estado, mediante los cuales se dejó insubsistente lo ordenado en el oficio EJE/AMP/OF/159 (punto dos del fallo protector) Por otro lado, el veinticuatro de mayo del presente año, se acordó el oficio remitido por el Tribunal de Arbitraje del Estado, por el cual exhibió el acuerdo de veinte de mayo, dictado dentro del juicio de origen, mediante el cual emitió como respuesta que no estimó pertinente dictar otra medida en el mismo sentido o en uno diverso respecto de la falta de competencia de los quejosos para llevar a cabo los actos ordenados el seis de febrero de dos mil veinte, toda vez que la parte patronal demandada había dado cumplimiento al laudo de doce de mayo de dos mil dieciséis, así como a la resolución incidental de liquidación de doce de mayo de ese mismo año (punto tres del fallo protector). Vista con el cumplimento. Con lo anterior, se dio vista a la parte quejosa y tercero interesada para que manifestara lo que a su derecho conviniera en relación al cumplimiento dado por la autoridad. Desahogo de la vista. Sin que ninguna de las partes hubiere hecho manifestación alguna al respecto. Se declara cumplido el fallo protector. Así pues, del examen de las constancias obrantes en autos, a las que se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al juicio de amparo, acorde con el numeral 2° de la ley de la materia, se colige que en el caso se cumplieron todos los lineamientos señalados en el fallo protector, dado que la autoridad responsable dejó insubsistente el auto de veintiséis de febrero de dos mil veinte, así como el oficio que del mismo emanó, dejando insubsistente cualquier acto tendiente a cumplimentar lo ordenado en oficio EJEC/AMP/OF/159, emitido dentro del juicio laboral 21/2005-V de su índice, y, con libertad de jurisdicción, dictó otro acuerdo en el que, de manera fundada y motivada, dio respuesta a lo manifestado por los quejosos, respecto a la falta de competencia legal que alegaron carecer para llevar a cabo los actos ordenados en auto de seis de febrero de dos mil veinte, pues al respecto estimó pertinente no dictar otra medida en el mismo sentido o en uno diverso respecto de la falta de competencia de los quejosos para llevar a cabo los actos ordenados el seis de febrero de dos mil veinte, toda vez que la parte patronal demandada había dado cumplimiento al laudo de doce de mayo de dos mil dieciséis, así como la resolución incidental de liquidación de doce de mayo de ese mismo año. Vista con la presente resolución. Por todo lo anterior, no hay duda de que se restituyó a la parte quejosa en el goce del derecho vulnerado con el acto atacado en este juicio, en términos de los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, por lo cual, dése vista a las partes por el plazo de quince días, contado a partir de su legal notificación, para que manifiesten lo que a su interés convenga. Apercibimiento. Apercibidas para el caso que de no hacer manifestación alguna, se tendrá por consentida esta determinación y se ordenará el archivo del presente asunto como totalmente concluido, de conformidad con lo previsto en el numeral 214 de la ley de la materia. Anotaciones. Finalmente, háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Sin mayor proveído. Agréguese a los presentes autos sin mayor proveído, el escrito signado por Briceida Gálvez Sánchez; lo anterior, toda vez que dicha persona únicamente se encuentra autorizada para oír y recibir notificaciones, como se advierte del auto admisorio de demanda. Notifíquese y personalmente.
- Principal
Mexicali, Baja California, a veinticinco de junio de dos mil veintiuno. Calificación del cumplimiento. Por otra parte, vistos los autos del presente juicio de amparo, este juzgado federal procede a resolver, de oficio, si el fallo protector se encuentra o no cumplido, desde luego, sin excesos ni defectos, en los términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Al respecto, debe decirse lo siguiente: Por sentencia de dieciocho de diciembre de dos mil veinte, se concedió a la parte quejosa (1) Sergio Tamai García; (2) María de la Luz Pérez Rosas; (3) José Manuel Martínez Salomón; (4) Héctor René Ibarra Calvo; (5) Juan Diego Echeverría Ibarra; (6) María Cristina Mares Vejar; (7) Luz Elena Fonseca Rentería; (8) Arnoldo Douglas Álvarez; (9) Adriana López Quintero; (10) Fernando Rosales Figueroa; (11) Eneyda Elvira Espinoza Álvarez; (12) José Ramón López Hernández; (13) Janeth Raquel Tapia Barrera y, (14) Ricardo Hernández Morelos, por su propio derecho y en su calidad de Regidores del XXIII Ayuntamiento Constitucional de Mexicali, Baja California, la protección constitucional contra los actos reclamados a la autoridad responsable para los efectos siguientes: [.] NOVENO. Efectos de la concesión. En virtud de lo hasta aquí narrado, con sustento en el artículo 77, de la Ley de Amparo, la protección constitucional otorgada es para el efecto de que el Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California y las restantes autoridades, cada una en el ámbito de su respectiva competencia, una vez que se les notifique el auto mediante el cual se declare ejecutoriada esta sentencia, realicen lo siguiente: Deje, el Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, insubsistente el auto de veintiséis de febrero de dos mil veinte y el oficio que del mismo emanó. De igual forma, las autoridades responsables ejecutoras, deberán dejar insubsistente cualquier acto tendiente a cumplimentar lo ordenado en el oficio EJEC/AMP/OF/159 girado por el Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California y, emitido dentro del juicio laboral burocrático 21/2005-V. Hecho lo anterior, en su lugar, con libertad de jurisdicción, dicte otra ya sea en el mismo sentido o en uno diverso y, en la que dé respuesta a lo manifestado por los quejosos respecto a la falta de competencia legal que alegan carecen para llevar a cabo los actos ordenados en el auto de seis de febrero de dos mil veinte, pero lo anterior deberá hacerlo de forma fundada y motivada y así, determine lo conducente acorde a derecho. [.] Causa ejecutoria y se requiere cumplimiento. Por auto de veintidós de marzo de dos mil veintiuno, causó ejecutoria la sentencia dictada, sin que ninguna de las partes la recurriera, por lo que, en el mismo proveído se requirió el cumplimiento al fallo protector. Con lo anterior queda claro que para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, la propia autoridad responsable estuvo constreñida a proceder en los términos siguientes: Dejar insubsistente el auto de veintiséis de febrero de dos mil veinte, así como el oficio que del mismo emanó; Dejar insubsistente cualquier acto tendiente a cumplimentar lo ordenado en oficio EJEC/AMP/OF/159, emitido dentro del juicio laboral 21/2005-V; y Hecho lo anterior, con libertad de jurisdicción, dictara otro en el que, de manera fundada y motivada, diera respuesta a lo manifestado por los quejosos, respecto a la falta de competencia legal que alegaron carecer para llevar a cabo los actos ordenados en auto de seis de febrero de dos mil veinte. Actuaciones llevadas a cabo por la autoridad responsable en acatamiento al fallo protector. Por oficio acordado por este Juzgado de Distrito el nueve de abril del año en curso, el Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, remitió acuerdo de veintinueve de marzo de los corrientes, el cual dejó insubsistente el auto de veintiséis de febrero de dos mil veinte, dejando sin efectos la multa impuesta a los quejosos, y girando oficio al Recaudador de Rentas del Estado para que procediera a la cancelación de lo ordenado en el oficio EJE/AMP/OF/159 (punto uno del fallo protector). Asimismo, el trece de mayo se acordaron diversos oficios remitido por el Presidente el Tribunal responsable, en el cual exhibió los oficios girados al Recaudador de Rentas del Estado, mediante los cuales se dejó insubsistente lo ordenado en el oficio EJE/AMP/OF/159 (punto dos del fallo protector) Por otro lado, el veinticuatro de mayo del presente año, se acordó el oficio remitido por el Tribunal de Arbitraje del Estado, por el cual exhibió el acuerdo de veinte de mayo, dictado dentro del juicio de origen, mediante el cual emitió como respuesta que no estimó pertinente dictar otra medida en el mismo sentido o en uno diverso respecto de la falta de competencia de los quejosos para llevar a cabo los actos ordenados el seis de febrero de dos mil veinte, toda vez que la parte patronal demandada había dado cumplimiento al laudo de doce de mayo de dos mil dieciséis, así como a la resolución incidental de liquidación de doce de mayo de ese mismo año (punto tres del fallo protector). Vista con el cumplimento. Con lo anterior, se dio vista a la parte quejosa y tercero interesada para que manifestara lo que a su derecho conviniera en relación al cumplimiento dado por la autoridad. Desahogo de la vista. Sin que ninguna de las partes hubiere hecho manifestación alguna al respecto. Se declara cumplido el fallo protector. Así pues, del examen de las constancias obrantes en autos, a las que se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al juicio de amparo, acorde con el numeral 2° de la ley de la materia, se colige que en el caso se cumplieron todos los lineamientos señalados en el fallo protector, dado que la autoridad responsable dejó insubsistente el auto de veintiséis de febrero de dos mil veinte, así como el oficio que del mismo emanó, dejando insubsistente cualquier acto tendiente a cumplimentar lo ordenado en oficio EJEC/AMP/OF/159, emitido dentro del juicio laboral 21/2005-V de su índice, y, con libertad de jurisdicción, dictó otro acuerdo en el que, de manera fundada y motivada, dio respuesta a lo manifestado por los quejosos, respecto a la falta de competencia legal que alegaron carecer para llevar a cabo los actos ordenados en auto de seis de febrero de dos mil veinte, pues al respecto estimó pertinente no dictar otra medida en el mismo sentido o en uno diverso respecto de la falta de competencia de los quejosos para llevar a cabo los actos ordenados el seis de febrero de dos mil veinte, toda vez que la parte patronal demandada había dado cumplimiento al laudo de doce de mayo de dos mil dieciséis, así como la resolución incidental de liquidación de doce de mayo de ese mismo año. Vista con la presente resolución. Por todo lo anterior, no hay duda de que se restituyó a la parte quejosa en el goce del derecho vulnerado con el acto atacado en este juicio, en términos de los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, por lo cual, dése vista a las partes por el plazo de quince días, contado a partir de su legal notificación, para que manifiesten lo que a su interés convenga. Apercibimiento. Apercibidas para el caso que de no hacer manifestación alguna, se tendrá por consentida esta determinación y se ordenará el archivo del presente asunto como totalmente concluido, de conformidad con lo previsto en el numeral 214 de la ley de la materia. Anotaciones. Finalmente, háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Sin mayor proveído. Agréguese a los presentes autos sin mayor proveído, el escrito signado por Briceida Gálvez Sánchez; lo anterior, toda vez que dicha persona únicamente se encuentra autorizada para oír y recibir notificaciones, como se advierte del auto admisorio de demanda. Notifíquese y personalmente.
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