Sergio Sánchez Alba

Expediente 1107/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1107/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
30/10/2023

Partes del expediente

  • Sergio Sánchez Alba

Actuaciones

  1. Principal

    Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Atento a la certificación que antecede, se provee hasta esta data en los términos siguientes: Agréguese a los autos el oficio de cuenta, remitido por el Juez Décimo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla de Baz, con residencia en Nicolás Romero, Estado de México, mediante el cual informa sobre el cumplimiento dado a la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. En ese sentido, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con el oficio y anexo de que se trata para que, dentro del término de tres días siguientes a su legal notificación, manifiesten lo que a su derecho convenga. Apercibidas que, de no hacerlo así dentro del plazo que se les concede, se resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese: por lista a las partes.

  2. Principal

    Acuerdo******************** Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés******************** Agréguese a los autos, el escrito signado por ********************Defensora Pública adscrita al Área de Amparo del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de México, quien hace de conocimiento que se presentó en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, a fin de brindarle asesoría jurídica al quejoso **************************************** En atención su contenido, y toda vez que como se advierte de las constancias que obran en autos, por proveído de dieciocho del mes y año en curso, este juzgado se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda que dio origen al juicio de amparo en que se actúa, ordenando remitir los autos al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, con residencia en Toluca, en turno; por tanto, en alcance al oficio 22091/2023 del índice de este juzgado de distrito, dirigido al citado órgano federal, remítasele el referido escrito a fin de que provea lo que en derecho corresponda******************** Notifíquese: por oficio al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, con residencia en Toluca, en turno; y por lista a las demás partes********************

  3. Principal

    Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito de cuenta que promueve ******, con el cual desahoga las prevenciones que le fueron formuladas en acuerdo de seis de septiembre del año en curso. En tal virtud, se tiene al promovente desahogando las prevenciones hechas en autos y se provee: V i s t a la demanda de amparo y el escrito de desahogo promovidos por ****, quien solicita el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en contra de las autoridades y acto que a continuación se precisan: AUTORIDADES RESPONSABLES Juez de Ejecución de Sentencia Acusatorio, Adversarial y Oral del Distrito Judicial de Tlalnepantla. Segundo Tribunal de Alzada del Distrito Judicial de Tlalnepantla. ACTO RECLAMADO La sentencia definitiva dictada por el Segundo Tribunal de Alzada del Distrito Judicial de Tlalnepantla, en el Toca de apelación 341/2017. INCOMPETENCIA Atento a lo anterior, se advierte que este órgano de control constitucional, carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo que se plantea, en razón de lo que se expone a continuación. El artículo 170, de la Ley de Amparo en su fracción I, establece: Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Del precepto antes transcrito se advierte que en contra de sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o de trabajo, procede el amparo directo. En ese orden de ideas, el quejoso en el presente juicio de amparo pretende controvertir la sentencia definitiva dictada por el Segundo Tribunal de Alzada del Distrito Judicial de Tlalnepantla, en el Toca de apelación 341/2017; por tal motivo, se estima que respecto de lo que pretende reclamar el promovente procede el amparo directo, al tratarse de una sentencia definitiva. Ciertamente, de acuerdo con la interpretación auténtica contenida en el segundo párrafo, fracción I, del artículo 170 de la Ley de Amparo, las sentencias definitivas son aquellas que deciden el juicio en lo principal. En consecuencia, este órgano de control constitucional se declara legalmente incompetente para conocer del presente juicio de amparo. Tiene aplicación a lo anterior, en lo conducente, la tesis IV.2o.A.77 K (10a.), sustentada por Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, de rubro y texto siguiente: DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO DE SU ANÁLISIS SE ADVIERTE QUE SE RECLAMAN UNA SENTENCIA DEFINITIVA, ASÍ COMO LAS VIOLACIONES A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 172, FRACCIONES I Y VI, DE LA LEY DE LA MATERIA, QUE SE PRESENTÓ DENTRO DEL PLAZO DE 15 DÍAS Y EL QUEJOSO FUE PARTE EN EL PROCEDIMIENTO DE ORIGEN, DEBE CONSIDERARSE QUE HUBO ERROR EN LA VÍA Y ORDENAR QUE SE TRAMITE EN LA DIRECTA. En términos de los artículos 34, 170 y 171 de la Ley de Amparo, el Tribunal Colegiado de Circuito es el órgano competente para conocer de los juicios de amparo directo que se promuevan contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, respecto de las cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificadas o revocadas, ya sea que la violación se cometa en ellas o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Asimismo, tiene facultades para analizar las violaciones a las leyes del procedimiento que se hagan valer en dicha demanda, una vez que hayan sido preparadas por el quejoso mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y siempre que trasciendan al resultado del fallo; con excepción de los amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil o al orden o estabilidad de la familia, ejidatarios, comuneros, trabajadores, núcleos de población ejidal o comunal, o quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio, ni en los de naturaleza penal promovidos por el inculpado. Por ello, dicho órgano jurisdiccional tiene atribuciones para estudiar, entre otras violaciones procesales, las previstas en las fracciones I y VI del artículo 172 del ordenamiento mencionado, que se refieren a cuando no se emplaza a juicio al quejoso o se le cita en forma distinta de la prevenida por la ley, y en el caso de que no se le concedan los plazos o prórrogas a que tenga derecho con arreglo a la ley. Lo anterior es así, pues respecto a la violación procesal prevista en la fracción I de este último precepto, su reclamación supone necesariamente que el quejoso tuvo conocimiento, por cualquier medio, del juicio seguido en su contra y que, en consecuencia, se apersonó o compareció a éste, aun cuando no haya sido emplazado o el emplazamiento haya sido ilegal, dado que quien puede reclamarla es aquel que fue parte en el juicio y obtuvo una resolución desfavorable a sus intereses, máxime que la violación indicada no constituye un acto de imposible reparación contra el que proceda el amparo indirecto, al haber tenido el particular la oportunidad de comparecer a juicio porque, en ese supuesto, aún podrá ofrecer pruebas para desvirtuar la acción intentada en su contra, promover incidentes e interponer los recursos previstos por la ley que rige el acto, de manera que esa violación debe impugnarla en amparo directo. Por lo que respecta al plazo para promover la demanda de amparo, el artículo 17 de la propia ley prevé que contra las determinaciones inicialmente señaladas será de 15 días, el cual, acorde con el artículo 18 de la misma normativa, se computará a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución reclamada, o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. En consecuencia, si se promueve amparo indirecto, pero del análisis de la demanda se advierte que se reclaman una sentencia definitiva, así como las violaciones a las leyes del procedimiento establecidas en el artículo 172, fracciones I y VI, aludido; aquélla se presentó dentro del plazo de 15 días y el quejoso fue parte en el procedimiento de origen, debe considerarse que hubo un error en la vía, por lo cual, en aras de agilizar el trámite respectivo y, por ende, de una justicia pronta y expedita, de conformidad con el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe ordenarse que se tramite como juicio de amparo directo y llevarse a cabo las prevenciones que se estimen oportunas en términos de los artículos 177, 178 y demás relativos de la citada ley de la materia." En tales condiciones, con fundamento en el artículo 34 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional respetuosamente considera que de la presente demanda de amparo corresponde conocer al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, con residencia en Toluca, en turno. Por tanto, con fundamento en el artículo 47 de la Ley de Amparo, remítase la demanda de amparo al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, con residencia en Toluca, en turno, por conducto de su oficina de correspondencia común, para que tenga bien determinar lo que en derecho proceda. Sirve de apoyo, por identidad de razón, la jurisprudencia del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y texto: COMPETENCIA DEL TRIBUNAL COLEGIADO EN ASUNTOS TRAMITADOS EN AMPARO INDIRECTO ANTE UN JUEZ DE DISTRITO. Cuando se presente ante un juez de Distrito una demanda de garantías contra una resolución que haya puesto fin al juicio, como la resolución en que el Magistrado Instructor del Tribunal Fiscal de la Federación haya tenido por no interpuesta la demanda de nulidad, el juez se declarará incompetente para conocer de dicha demanda, y será el Tribunal Colegiado en Pleno al que competa el conocimiento de la misma y, con fundamento en el artículo 49 de la Ley de Amparo, decida si confirma o no la resolución del a quo y, en su caso, si se avoca al conocimiento del asunto. En ese tenor, fórmese cuaderno de antecedentes, y solicítese atentamente al Tribunal Colegiado, a quien corresponda conocer de la demanda de amparo respecto del citado acto reclamado, informe lo que haya tenido a bien determinar. En otro orden de ideas, téngase por recibido el oficio signado electrónicamente por el Director Regional Valle de México, zona Nororiente del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de México, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento que se le hizo por auto de seis de septiembre del año en curso, comunica que designó a la defensora pública Carolina Ruiz Sánchez, para que represente y asesore al quejoso Sergio Sánchez Alba, durante la tramitación del presente juicio de amparo; asimismo, informa que dicha profesionista ya se encuentra notificada de tal nombramiento, como se advierte de la constancia de notificación que adjunta y proporciona un domicilio donde se le pueden practicar las subsecuentes notificaciones. Así como también, el escrito signado por ****, Defensora Pública adscrita al Área de Amparo del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de México, quien acepta y protesta el cargo de asesora jurídica del quejoso ****. En atención al contenido del oficio y ocurso referidos, y a lo acordado en líneas precedentes, remítanse los mismos al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, con residencia en Toluca, que por razón de turno conozca del presente asunto, a fin de que provea lo que en derecho corresponda. Notifíquese: personalmente al quejoso en el interior del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, Estado de México, y por oficio al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, con residencia en Toluca, en turno, por conducto de su Oficina de Correspondencia Común.

  4. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a seis de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el escrito de demanda de amparo que promueve ******, por propio derecho, por el que solicita el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos del Segundo Tribunal de Alzada del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México y otra autoridad, por considerarlos violatorios de los derechos fundamentales que contienen los artículos 1, 14, 16 y 123 constitucionales. REGISTRO DE DEMANDA. Con apoyo en los artículos 11, 21 y 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, fórmese expediente impreso y electrónico, con el numero consecutivo 1107/2023-III. Anótese su ingreso en el libro de gobierno del juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE. REQUERIMIENTO AL QUEJOSO. Ahora bien, al resultar necesaria la aclaración de la demanda de cuenta, con fundamento en los artículos 108, 114 y 261 de la Ley de Amparo, se requiere al promovente para que, dentro del término de CINCO DÍAS HÁBILES, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído: Precise de manera concreta y específica el acto o actos que le atribuye a cada una de las autoridades responsables, toda vez que es omiso al respecto. Lo anterior, ya que en el capítulo correspondiente, únicamente menciona: "VIOLACIONES A LA CAUSA PENAL 151/2015", "VIOLACIONES A LA APELACIÓN TOCA 341/2017 SEGUNDO TRIBUNAL ALZADA". Asimismo, bajo protesta de decir verdad y apercibido de las penas que establece el artículo 261, fracción I, de la propia ley, para los quejosos y los autorizados de éstos que afirmen hechos falsos u omitan los que les consten en relación al acto reclamado, deberá señalar de manera clara, especifica, cronológica y pormenorizada, todos y cada una de los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, dado que los antecedentes que relata son ambiguos e imprecisos; lo anterior, a fin que este Juzgado Federal cuente con mayores datos para estar en aptitud de proveer lo conducente. Tiene aplicación a lo anterior, en lo conducente, el criterio sostenido por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito en la tesis número XX.57 K, de rubro y texto: ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTÍAS. De conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a las autoridades, debe señalarse con claridad y precisión, en virtud, de que, a través del mismo sólo puede juzgarse sobre la legalidad o no de lo reclamado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de garantías; por tanto, ante la falta de precisión y claridad de los actos reclamados debe requerirse al quejoso que dé cumplimiento a esos requisitos apercibido que de no hacerlo se tendrá por no interpuesta la demanda, sin que sea válido considerar que ante la obscuridad de la misma debe desecharse ésta, en razón que de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, ante omisiones de tal naturaleza, se concede al peticionario de garantías la oportunidad de corregirlos mediante un escrito aclaratorio, siendo categórico el contenido del numeral en cita, en el sentido de que si no se cumple con el requerimiento, el Juez Federal deberá tener por no interpuesta la demanda." APERCIBIMIENTO Se apercibe al promovente, que de no cumplir con la prevención referida, con fundamento el penúltimo párrafo del artículo 114, penúltimo párrafo, de la ley de la materia, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Por otra parte, dado que el promovente se encuentra recluido y no designa autorizados en términos del artículo 12 de la ley de la materia; con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, se tiene como su domicilio para oír y recibir notificaciones, el interior del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de "Tlalnepantla", Estado de México; por tanto, se comisiona a cualquiera de los actuarios adscritos a este juzgado, para que notifiquen al quejoso el presente proveído y las subsecuentes notificaciones de carácter personal que se emitan en el presente juicio de amparo, en el referido centro de reclusión. NOMBRAMIENTO DE DEFENSOR DE OFICIO Toda vez que el quejoso no señaló autorizados para que lo representen en este juicio, de conformidad con los artículos 4, fracción I, y 17, fracción IX, de la Ley del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de México, gírese atento oficio al Director General del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de México para que, dentro del término de veinticuatro horas, contados a partir del momento de su notificación, proporcione un defensor público al quejoso (quien se encuentra interno en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de "Tlalnepantla", Estado de México), para que lo asesore y represente en el presente juicio de amparo. En la inteligencia que deberá acreditar fehacientemente ante este juzgado las gestiones que realice a fin de que el defensor designado se entreviste y asesore al quejoso de referencia. Apercibido que, de no hacerlo o no informar las causas que se lo impidan, se le impondrá como medida de apremio una multa por el equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, con fundamento en los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 43/2019 (10a.) de la Primera Sala del Alto Tribunal, de rubro y contenido: TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva previsto en los artículos 17 constitucional, así como 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, requiere de garantías eficaces de los derechos humanos. En nuestro sistema, el juicio de amparo es una de ellas. El derecho a la asistencia de un abogado es una condición de efectividad del juicio de amparo, porque permite que la parte quejosa pueda ejercer adecuadamente el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Pues bien, cuando una persona privada de la libertad, provisional o definitivamente, en virtud de un proceso penal, promueve demanda de amparo indirecto sin asistencia jurídica, el órgano de control constitucional que reciba dicho escrito debe prevenirle para que nombre a un abogado que lo represente, ya sea en la diligencia en la que se comunique esa prevención, o dentro de los tres días posteriores a que surta efectos dicha notificación. En caso de que el quejoso no quiera o no pueda nombrarlo, el órgano jurisdiccional de amparo deberá nombrarle uno de oficio, para lo cual requerirá a la defensoría pública correspondiente (federal o local) que proporcione de inmediato el servicio -sin importar la denominación formal de la figura: defensor, asesor, representante, asistente jurídico, etc.-, y ésta deberá prestarlo interpretando las leyes que la rigen conforme a la Constitución. Lo anterior, dadas las condiciones de precariedad que en esas circunstancias imperan para acceder a la justicia, y las graves consecuencias que la falta de representación jurídica pueden tener para los derechos humanos del quejoso. En el entendido de que el incumplimiento de esta obligación por parte del órgano jurisdiccional deberá considerarse como una violación a las normas fundamentales del procedimiento y ameritará la reposición del juicio de amparo indirecto, siempre y cuando no genere mayor beneficio a la persona quejosa la resolución del fondo del asunto y/o la suplencia de la queja. EXHORTO PARA SEGUIR LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO VÍA LÍNEA. Con fundamento en el artículo 263, fracción II, segundo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se exhorta a las partes que no lo hubieran hecho con anterioridad para que hagan uso de las herramientas tecnológicas que se ofrecen desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y continúen con la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "Juicio en Línea". OPOSICIÓN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES. Cabe indicar a las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V, y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo previsto en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, por lo que las partes deberán manifestarlo expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en el entendido que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se emitan se aplique sin supresión de datos, conforme a lo dispuesto en el numeral 21 de la última ley en cita. AUTORIZACIÓN DE FIRMA DE OFICIOS. Se autoriza a los secretarios y actuarios adscritos a este juzgado federal a efecto de que firmen los oficios derivados del presente asunto. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen para el adecuado despacho de los asuntos, incluso el emplazamiento de las partes en el presente juicio de amparo; y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente Notifíquese; personalmente al quejoso; y, por oficio al Director General del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de México.

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