Sergio Salvador Maldonado Salas

Expediente 942/2022 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
942/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
29/08/2022

Partes del expediente

  • Sergio Salvador Maldonado Salas

Actuaciones

  1. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, veintinueve de agosto de dos mil veintidós. En términos del artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°., téngase por recibido y agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio 25887/2022-III, remitido vía interconexión, signado por el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, por medio del cual devuelve diligenciado nuestro exhorto 430/2022, con número de orden 563/2022; sin que resulte necesario girar acuse de recibo, por así manifestarlo la autoridad oficiante. Se ordena dar de baja en la estadística respectiva la comunicación oficial que se recibe, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno que se lleva para tales efectos, así como la plataforma SISE. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, Secretario que actúa y da fe.

  2. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, diecinueve de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación con que se da cuenta, se desprende que********************no interpuso el recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, en contra del proveído emitido el ocho de agosto de dos mil veintidós, en el cual se desechó su demanda de amparo; por ende, con fundamento en el artículo 2°, de la ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, estos últimos aplicados supletoriamente a la legislación de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. Por otra parte, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido, por lo que con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, se ordena su archivo. En otro orden, de conformidad con el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año; este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto en que sin decidirlo en lo principal se dio por concluido; además, a juicio de este tribunal no tiene relevancia documental para su conservación. De igual manera, como lo dispone el artículo 35, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, una vez que transcurran tres años, el presente expediente deberá ser destruido de conformidad con lo previsto en el párrafo tercero del artículo 21 antes citado. Toda vez que el agraviado********************se encuentra interno en el Centro Federal de Readaptación Social número Cuatro "Noroeste", ubicado en Tepic, Nayarit, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2° de este último ordenamiento, gírese atento exhorto, vía interconexión al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en turno, en el estado de Nayarit, con residencia en Tepic, para que en auxilio de las labores de este tribunal comisione a quien corresponda con el propósito de que se constituya en el centro de reclusión antes citado y previa localización del referido quejoso le notifique el presente proveído. Se faculta al juez exhortado para que haga uso de los medios que estime pertinentes para lograr la notificación ordenada y así conseguir el objeto para el que se libra el exhorto de mérito; hecho que sea lo anterior, lo devuelva a la brevedad posible por la misma vía (SISE). Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, Secretario que actúa y da fe.

  3. Principal

    Matamoros, Tamaulipas, doce de agosto de dos mil veintidós. En términos del artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, téngase por recibido y agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio 47998/2022, remitido vía interconexión, signado por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el estado de Nayarit, con sede en Tepic, por medio del cual devuelve diligenciado nuestro exhorto 416/2022 con numero de orden 538/2022. Al respecto, se ordena dar de baja la citada comunicación oficial en la estadística, así como hacer las anotaciones en el libro de gobierno que se lleva para tales efectos y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE. Sin que resulte necesario girar acuse de recibo por así manifestarlo la autoridad oficiante. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, secretario con quien actúa y da fe.

  4. Principal

    Matamoros, Tamaulipas, ocho de agosto de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el escrito de demanda signado por Sergio Salvador Maldonado Salas, a través del cual comparece ante este órgano jurisdiccional solicitando el amparo y protección de la justicia federal, contra el acto y las autoridades que ahí menciona; en consecuencia, regístrese bajo el número 942/2022-II, en el libro de gobierno que para juicios de amparo se lleva en este tribunal. Ahora bien, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito procede a efectuar el análisis correspondiente a la demanda de garantías que se recibe, en el entendido de que dicho precepto faculta al órgano jurisdiccional para desecharla de plano cuando al examinarla se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, se precisa que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, con independencia de los elementos que pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Ahora bien, la parte quejosa señala como autoridades responsables, a las siguientes: 1. Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito Judicial en el estado de Tamaulipas, residente en San Fernando, Tamaulipas; 2. Agente del Ministerio Público Especializado en la Investigación y persecución del Secuestro, con residencia en Ciudad, Victoria, Tamaulipas; y, 3. Agente del Ministerio Público Auxiliar de la dirección de Ministerio Público de la Coordinación Estatal Antisecuestro, con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Asimismo, como acto reclamado: "Solicito las nulidades de las pruebas, de las siguientes declaraciones, de las siguientes personas: Solicito las nulidades de las pruebas de las declaraciones rendidas por Uriel Elizondo Soto, en Ciudad Victoria, Tamaulipas. En las fechas, dieciséis de septiembre del año dos mil catorce y doce de enero del año dos mil quince. Solicito las nulidades de las pruebas de las declaraciones rendidas por José de Jesús Gali Chapa, en Ciudad Victoria, Tamaulipas. En las fechas, veintidós de septiembre del año dos mil catorce y doce de enero del año dos mil quince. Solicito las nulidades de las pruebas de las declaraciones rendidas por Cristian Josué Zapata González, en Ciudad Victoria, Tamaulipas. En las fechas, dieciocho de septiembre del año dos mil catorce y doce de enero del año dos mil quince. Solicito la nulidad de la pruebas de declaración rendidas por la C. K.G.V.S., en Ciudad Victoria, Tamaulipas. En fecha seis de septiembre del año dos mil dieciséis. Solicito la nulidades de la pruebas de la declaración rendidas por Elvia Yulisa Betancourt Castillo, en Ciudad Victoria, Tamaulipas. En fecha quince de agosto del año dos mil dieciséis. De lo anterior, se desprende que el motivo de disentimiento del peticionario de garantías son las declaraciones rendidas por Uriel Elizondo Soto, José de Jesús Gali Chapa, Cristian Josué Zapata González, K.G.V.S y Elvia Yulisa Betancourt Castillo, dentro de la causa penal 23/1015, del índice del Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito Judicial en el estado de Tamaulipas, residente en San Fernando. Así las cosas, la pretensión del agraviado con la demanda que ahora se recibe se hace consistir en que dichos medios de convicción se declaren nulos y, por ende, se excluya del material probatorio que obra dentro del juicio de origen al no reunir, argumenta, los requisitos de ley. Al respecto, a juicio del suscrito, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el artículo 107, fracción V aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que amerita su desechamiento, pues no se trata de un acto que tenga una ejecución que sea de imposible reparación, ni afecta a las partes en grado predominante o superior, en atención a las siguientes consideraciones: Los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, respectivamente disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. ." Cabe destacar que sobre el concepto de ejecución de imposible reparación, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentó la jurisprudencia P./J. 24/92, consultable en la página 11 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 56, Agosto de 1992, Materia Común, del siguiente rubro y texto: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Acorde con el criterio sustentado en la referida jurisprudencia, los elementos de dicha definición no se dan en el acto reclamado, porque sólo se pueden afectar, en un momento dado, derechos procesales de la parte promovente, en cuanto a la existencia de los medios de prueba en comento dentro de la causa penal de origen, pero en modo alguno los de naturaleza sustantiva, como se verá. En primer término, conviene destacar que la parte quejosa no se ostenta tercero extraño al procedimiento, ni por equiparación, pues de su escrito de su demanda se desprende que se le instruye la causa penal 23/1015, del índice del Juzgado del índice del Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito Judicial en el estado de Tamaulipas, residente en San Fernando. Precisado lo anterior, sería hasta que se dicte el fallo definitivo cuando se estará en aptitud de constatar si esas declaraciones vertidas por Uriel Elizondo Soto, José de Jesús Gali Chapa, Cristian Josué Zapata González. K.G.V.S. y Elvia Yulisa Betancourt Castillo, trascendieron o no al resultado de la sentencia y, de ser así, tal violación procesal puede ser alegada por el reo y reparada en amparo directo. Lo anterior, dado que el acto que se reclama no priva a la parte quejosa, en el caso particular, en su carácter de parte en el juicio de origen, del derecho de defensa que en todo procedimiento tienen consagrado las partes, ni altera las cuestiones debatidas en los mismos, ya que la citadas declaraciones serán motivo de análisis y valoración al momento en que el juez de origen dicte sentencia definitiva. Se afirma lo anterior, porque como quedó precisado, la ejecución de imposible reparación de un acto jurisdiccional, para fines de la procedencia del juicio de amparo indirecto, sólo se da cuando por sí o a través de sus consecuencias, se afectan derechos sustantivos pero en modo alguno los adjetivos o procesales, cuyos efectos y consecuencias pueden desaparecer, sin dejar huella, si el afectado obtiene sentencia favorable. Por lo que si el acto que se reclama, esencialmente, es las declaraciones rendidas por Uriel Elizondo Soto, José de Jesús Gali Chapa, Cristian Josué Zapata González. K.G.V.S. y Elvia Yulisa Betancourt Castillo, es evidente que no existe una afectación a sus derechos sustantivos, ya que el único efecto que produce es que dicha prueba siga siendo parte del material probatorio dentro del expediente de origen, pero no afecta, se reitera, algún derecho de carácter sustantivo de la parte inconforme, pues simplemente se limita a declarar aspectos de carácter adjetivo o procesal; lo que hace indudable que el acto reclamado no causa un perjuicio de carácter irreparable en la persona de la parte quejosa, requisito para la procedencia del juicio de garantías biinstancial, actualizándose de esta forma la causal de improcedencia a que se refiere el precepto 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. Cierto, en todo caso las violaciones que pudiera entrañar el medio de convicción de mérito puede ser remediada en la sentencia que se llegara a dictar en el expediente 23/1015 y, en caso de que resulte perjudicial al ahora inconforme, podrá impugnarse en amparo directo, en el que alegará el acto que ahora reclama como violación al procedimiento en términos de lo dispuesto en el artículo 172, fracción III, de la Ley de Amparo. Es aplicable a la anterior consideración la jurisprudencia I. 1°.A.E. J/5 (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con sede en la Ciudad de México y Jurisdicción en toda la República, materia Común, Décima Época, fuente Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 29, abril de 2016, Tomo III, página 1902, que señala lo siguiente: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE O DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SUS CARACTERÍSTICAS PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio general de que los actos tienen una ejecución irreparable o de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no cuando sólo afecten derechos adjetivos o procesales, porque la afectación irreparable o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufre obtenga una sentencia definitiva en el procedimiento natural, favorable a sus pretensiones. En consecuencia, a contrario sensu, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 107, fracción III, inciso b), de la ley de la materia, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación llegan a extinguirse sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque esa violación es susceptible de repararse posteriormente, al reclamar el acto terminal o resolución" En esas condiciones, al haberse actualizado ese motivo manifiesto e indudable de improcedencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de garantías promovida por Sergio Salvador Maldonado Salas. Es aplicable a la anterior consideración la jurisprudencia P./J. 128/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 803 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Octubre de 2001, Materia Constitucional, Novena Época, que a continuación se cita: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa." Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que menciona en su escrito de demanda. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público; es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales; asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. Toda vez que el agraviado Sergio Salvador Maldonado Salas, se encuentra interno en el Centro Federal de Readaptación Social número Cuatro "Noroeste", ubicado en Tepic, Nayarit, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2° de este último ordenamiento, gírese atento exhorto, vía interconexión al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en turno, en el estado de Nayarit, con residencia en Tepic, para que en auxilio de las labores de este tribunal comisione a quien corresponda con el propósito de que se constituya en el centro de reclusión antes citado y previa localización del referido quejoso le notifique el presente proveído. Se faculta al juez exhortado para que haga uso de los medios que estime pertinentes para lograr la notificación ordenada y así conseguir el objeto para el que se libra el exhorto de mérito; hecho que sea lo anterior, lo devuelva a la brevedad posible por la misma vía (SISE), con las constancias que acrediten su cumplimiento. Notifíquese personalmente al quejoso vía exhorto. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, secretario con quien actúa y da fe.

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