Sergio Salazar Salazar
Expediente 571/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 11 actuaciones registradas, la última del 17 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 571/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 17/10/2022
Partes del expediente
- Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios
- Sergio Salazar Salazar
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
SE NOTIFICA MEDIANTE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE DIECISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, TODA VEZ QUE NO ACUDIÓ A NOTIFICARSE DE MANERA PERSONAL A LAS INSTALACIONES DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL DE MI ADSCRIPCÍON, NO OBSTANTE ELA VISO QUE LE FUE FIJADO EN SU DOMICILIO EL DIECIOCHO DE LOS CURSANTES. MESA VI. Toluca, Estado de México, diecisiete de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado de autos del presente juicio, así como la certificación de cuenta, se aprecia que la parte quejosa no hizo valer el recurso que contempla el artículo 202 de la Ley de Amparo, en contra del proveído de nueve de agosto de dos mil veintidós, mediante el cual, se declaró por cumplida la ejecutoria dentro del presente sumario constitucional; en consecuencia, se decreta que dicho auto ha causado estado. En ese sentido, del estado de autos se advierte que el presente sumario constitucional se encuentra debidamente integrado; por tanto, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Luego, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto: a) De conformidad con el artículo 8, fracción I, del citado Acuerdo, corresponde a la clasificación de los expedientes de trámite. b) En términos del artículo 18, fracción I del referido acuerdo el cuaderno principal es depurable, toda vez que encuadra en la hipótesis del inciso b), de dicho numeral, al ser un juicio de amparo en el que se concedió la protección de la Justicia Federal. c) A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad con la fracción I, del artículo 8 del Acuerdo en comentario, el cuaderno principal permanecerá en el archivo de este órgano de control de la constitucionalidad durante el lapso de tres años, y posteriormente se procederá a su depuración. En diverso orden, respecto al documento original que fue exhibido con la demanda, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 18 del multicitado acuerdo general, dígase a la parte quejosa que deberá acudir a este órgano jurisdiccional dentro de un plazo de noventa días a recuperarlo, con apercibimiento de que en caso de no hacerlo, será destruido. Finalmente, de conformidad con el artículo 35 del citado Acuerdo General se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Toluca, Estado de México, ocho de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado de autos del presente juicio, se advierte que en proveído de nueve de agosto de dos mil veintidós, se declaró cumplida la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; sin embargo, no obra la constancia de notificación practicada a la parte quejosa. Por tanto, en obvio de mayores dilaciones procesales, comisiónese a cualquiera de los actuarios de la adscripción a efecto de que realicen dicha notificación, así como su captura en el expediente electrónico. Cúmplase.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, TODA VEZ QUE NO ACUDIÓ A NOTIFICARSE CON MOTIVO DEL AVISO QUE LE FUE FIJADO EN SU DOMICILIO EL DOCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, AUTO QUE A LA LETRA REFIERE: Toluca, Estado de México, ocho de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado de autos del presente juicio, se advierte que en proveído de nueve de agosto de dos mil veintidós, se declaró cumplida la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; sin embargo, no obra la constancia de notificación practicada a la parte quejosa. Por tanto, en obvio de mayores dilaciones procesales, comisiónese a cualquiera de los actuarios de la adscripción a efecto de que realicen dicha notificación, así como su captura en el expediente electrónico. Cúmplase. MESA VI. Toluca, Estado de México, nueve de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que feneció el plazo de tres días concedido a la parte quejosa en auto de catorce de julio del año en curso, sin que hasta la fecha se hayan realizado manifestaciones al respecto. Atento a lo anterior, se procede a realizar el estudio de las constancias que integran este juicio, previo a ello, se estima necesario destacar los datos relevantes vinculados con el cumplimiento de la sentencia concesoria, a saber: Fecha de ejecutoria Fecha del cumplimiento por parte de la autoridad Fecha en que se recibió el oficio por el cual la autoridad responsable informó el cumplimiento Fecha de la última notificación a las partes del auto por el que se dio vista con el cumplimiento 24 de junio de 2022 12 de julio de 2022 13 de julio de 2022 20 de julio de 2022 Precisado lo anterior, es de puntualizarse que el acto reclamado se hizo consistir en: La omisión de emitir respuesta a la solicitud de pensión de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós. Previa substanciación del juicio de amparo, el dieciocho de mayo de dos mil veintidós, se emitió la sentencia correspondiente, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión para el siguiente efecto: "...la autoridad responsable Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, se pronuncie en el ámbito de su competencia con relación a la solicitud de pensión de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós y notifique la misma al solicitante ahora quejoso; debiendo remitir copia certificada de dicha respuesta y notificación a este Juzgado de Distrito". El veinticuatro de junio de dos mil veintidós, causó ejecutoria el referido fallo protector y se requirió a la autoridad responsable su cumplimiento. Posteriormente mediante autos de cinco y catorce de julio del año en curso, se recibieron los oficios sin número, remitidos por el delegado del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, mediante el cual remitió copia del dictamen CP/78341/2022 de diez de junio de este año, por el cual se dio respuesta a la solicitud de pensión instada por Sergio Salazar Salazar, así como la notificación respectiva; sin que la parte quejosa haya realizado pronunciamiento al respecto. De lo anterior, se advierte que la autoridad responsable cumplió con la directriz de la concesión de amparo, es decir, dio cumplimiento a lo solicitado por este Juzgado de Distrito. Así pues, del análisis comparativo entre lo resuelto en la ejecutoria de amparo y la conducta desplegada por la responsable respecto de aquélla, se concluye que en el caso particular se ha dado cumplimiento al fallo protector, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, y consecuentemente, se colige que se ha restituido a la parte quejosa en el goce de sus derechos humanos transgredidos, lo que constituye el fin último de la ejecutoria de amparo; por lo tanto, toda vez que la autoridad responsable no incurrió en defecto, al acatar los efectos de la sentencia amparadora; así como tampoco incurrió en exceso, ya que no se extralimitó de lo expresamente solicitado; se declara cumplida la sentencia. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 301 del Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de 2009, Novena Época, materia común, con número de registro 165807, que establece: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Previas anotaciones en el libro de gobierno, hágase del conocimiento de la parte quejosa la presente determinación, para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo, quedando a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía y forma que considere convenientes. En diverso orden, no pasa desapercibido que la presente declaratoria de cumplimiento a la sentencia dictada en el presente asunto, sea emitida por el suscrito Secretario Encargado del Despacho por vacaciones del titular de este Juzgado de Distrito; no obstante, éste se encuentra debidamente facultado al considerarse la misma como un auto de trámite o una resolución de carácter urgente, pues de los artículos 192, 193 y 196 de la Ley de Amparo, se desprende que el juzgador debe dictar las medidas necesarias para que tales ejecutorias se cumplimenten a la brevedad para resarcir el quebranto al orden público derivado de los actos declarados inconstitucionales, a fin de evitar que el retraso en la ejecución de la decisión torne nugatoria la protección de la Justicia Federal. Robustece lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 22/2021 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1891 del Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Mayo de 2021, Undécima Época, con número de registro 2023104, que establece: "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. EL SECRETARIO ENCARGADO DEL DESPACHO DEL JUZGADO DE DISTRITO POR VACACIONES DEL TITULAR, ESTÁ FACULTADO PARA PRONUNCIARSE SOBRE EL ACATAMIENTO DE LA EJECUTORIA PROTECTORA, POR SU CARÁCTER URGENTE. Hechos: Uno de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, al analizar si el pronunciamiento sobre el cumplimiento de una sentencia de amparo puede estimarse como un auto de trámite o una resolución de carácter urgente y, en consecuencia, si el secretario encargado del despacho del Juzgado de Distrito por vacaciones de su titular está facultado para decidir sobre el particular, sostuvo que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43 y 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dicho secretario está facultado para pronunciarse sobre el cumplimiento de las sentencias que conceden la protección de la Justicia Federal, habida cuenta que de los artículos 192, 193 y 196 de la Ley de Amparo se desprende que el juzgador debe dictar las medidas necesarias para que tales ejecutorias se cumplimenten a la brevedad para resarcir el quebranto al orden público derivado de los actos declarados inconstitucionales, de lo que se sigue que el pronunciamiento sobre su debido acatamiento constituye una resolución de carácter urgente; en cambio, el otro tribunal contendiente determinó que atendiendo a lo previsto en los preceptos legales en cita, la declaratoria de cumplimiento o incumplimiento de una ejecutoria de amparo no puede estimarse como un acuerdo de trámite, dado que puede derivar en la imposición de una multa a las autoridades responsables e incluso en su destitución y consignación, ni tampoco como una resolución urgente, tan es así que es legalmente factible ampliar el plazo concedido inicialmente a las responsables para acreditar su acatamiento, de lo que se sigue que el secretario encargado del juzgado por vacaciones del titular carece de atribuciones para resolver al respecto. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el secretario encargado del despacho del Juzgado de Distrito por vacaciones del titular está facultado para pronunciarse sobre el cumplimiento de las sentencias de amparo, en tanto es menester que al concluir el plazo concedido a las autoridades responsables para demostrar su acatamiento o al fenecer el plazo de la vista otorgada a la parte quejosa y a la parte tercero interesada con las constancias relativas, se determine si los deberes impuestos en el fallo protector se encuentran satisfechos para, en su caso, dictar las medidas necesarias para conseguirlo, máxime que la urgencia de la decisión no radica exclusivamente en los posibles daños que se podrían ocasionar al agraviado en caso de que la sentencia no se ejecute de inmediato, sino también en lograr el objetivo del juicio de amparo, el cual estriba en restituir al quejoso en el goce del derecho fundamental violado a la brevedad posible, a fin de evitar que el retraso en la ejecución de la decisión torne nugatoria la protección de la Justicia Federal. Justificación: En el dictamen a la iniciativa de la Ley de Amparo en vigor, se precisó que la ejecución de las sentencias que conceden la protección de la Justicia Federal constituye una parte toral del juicio de amparo, en tanto que su objetivo es restituir al quejoso en el pleno goce del derecho vulnerado con el acto declarado inconstitucional; por tal razón se estimó necesario implementar medidas que permitan lograr su eficaz y oportuno cumplimiento, habida cuenta que las dilaciones o fallas en su ejecución podrían anular sus efectos restitutorios. Lo que se corrobora al tener en cuenta que el derecho de acceso a la justicia que se tutela en el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conlleva para los órganos jurisdiccionales el deber de garantizar la efectividad de los recursos y los medios de defensa, lo que de suyo implica asegurar la debida ejecución de sus decisiones sin dilaciones indebidas o innecesarias. En efecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostiene que de acuerdo con el principio de efectividad de los recursos o medios de defensa previsto en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no pueden considerarse efectivos aquellos recursos que, por las condiciones generales del país o incluso por las circunstancias particulares de un caso dado, resulten ilusorios, lo que puede ocurrir, por ejemplo, al verificarse cualquier situación que configure un cuadro de denegación de justicia, como sucede cuando se incurre en retardo injustificado en la decisión, o en la ejecución de la misma. Incluso, el artículo 25, numeral 2, inciso c), de la Convención establece la obligación del Estado de garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso, lo que significa que la responsabilidad estatal no termina cuando las autoridades competentes emiten la decisión o sentencia porque se requiere, además, que el Estado garantice los medios para ejecutar dichas decisiones definitivas. Luego, es claro que en tratándose del juicio de amparo, es indispensable que la ejecución de la reparación al derecho violado, esto es, el cumplimiento del fallo protector, se realice sin dilaciones indebidas o injustificadas, pues de lo contrario se tornaría ilusorio y lo dotaría de ineficacia, en detrimento del acceso a la tutela jurisdiccional efectiva". Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
MESA VI. Toluca, Estado de México, nueve de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que feneció el plazo de tres días concedido a la parte quejosa en auto de catorce de julio del año en curso, sin que hasta la fecha se hayan realizado manifestaciones al respecto. Atento a lo anterior, se procede a realizar el estudio de las constancias que integran este juicio, previo a ello, se estima necesario destacar los datos relevantes vinculados con el cumplimiento de la sentencia concesoria, a saber: Fecha de ejecutoria Fecha del cumplimiento por parte de la autoridad Fecha en que se recibió el oficio por el cual la autoridad responsable informó el cumplimiento Fecha de la última notificación a las partes del auto por el que se dio vista con el cumplimiento 24 de junio de 2022 12 de julio de 2022 13 de julio de 2022 20 de julio de 2022 Precisado lo anterior, es de puntualizarse que el acto reclamado se hizo consistir en: La omisión de emitir respuesta a la solicitud de pensión de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós. Previa substanciación del juicio de amparo, el dieciocho de mayo de dos mil veintidós, se emitió la sentencia correspondiente, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión para el siguiente efecto: "...la autoridad responsable Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, se pronuncie en el ámbito de su competencia con relación a la solicitud de pensión de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós y notifique la misma al solicitante ahora quejoso; debiendo remitir copia certificada de dicha respuesta y notificación a este Juzgado de Distrito". El veinticuatro de junio de dos mil veintidós, causó ejecutoria el referido fallo protector y se requirió a la autoridad responsable su cumplimiento. Posteriormente mediante autos de cinco y catorce de julio del año en curso, se recibieron los oficios sin número, remitidos por el delegado del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, mediante el cual remitió copia del dictamen CP/78341/2022 de diez de junio de este año, por el cual se dio respuesta a la solicitud de pensión instada por Sergio Salazar Salazar, así como la notificación respectiva; sin que la parte quejosa haya realizado pronunciamiento al respecto. De lo anterior, se advierte que la autoridad responsable cumplió con la directriz de la concesión de amparo, es decir, dio cumplimiento a lo solicitado por este Juzgado de Distrito. Así pues, del análisis comparativo entre lo resuelto en la ejecutoria de amparo y la conducta desplegada por la responsable respecto de aquélla, se concluye que en el caso particular se ha dado cumplimiento al fallo protector, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, y consecuentemente, se colige que se ha restituido a la parte quejosa en el goce de sus derechos humanos transgredidos, lo que constituye el fin último de la ejecutoria de amparo; por lo tanto, toda vez que la autoridad responsable no incurrió en defecto, al acatar los efectos de la sentencia amparadora; así como tampoco incurrió en exceso, ya que no se extralimitó de lo expresamente solicitado; se declara cumplida la sentencia. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 301 del Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de 2009, Novena Época, materia común, con número de registro 165807, que establece: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Previas anotaciones en el libro de gobierno, hágase del conocimiento de la parte quejosa la presente determinación, para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo, quedando a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía y forma que considere convenientes. En diverso orden, no pasa desapercibido que la presente declaratoria de cumplimiento a la sentencia dictada en el presente asunto, sea emitida por el suscrito Secretario Encargado del Despacho por vacaciones del titular de este Juzgado de Distrito; no obstante, éste se encuentra debidamente facultado al considerarse la misma como un auto de trámite o una resolución de carácter urgente, pues de los artículos 192, 193 y 196 de la Ley de Amparo, se desprende que el juzgador debe dictar las medidas necesarias para que tales ejecutorias se cumplimenten a la brevedad para resarcir el quebranto al orden público derivado de los actos declarados inconstitucionales, a fin de evitar que el retraso en la ejecución de la decisión torne nugatoria la protección de la Justicia Federal. Robustece lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 22/2021 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1891 del Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Mayo de 2021, Undécima Época, con número de registro 2023104, que establece: "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. EL SECRETARIO ENCARGADO DEL DESPACHO DEL JUZGADO DE DISTRITO POR VACACIONES DEL TITULAR, ESTÁ FACULTADO PARA PRONUNCIARSE SOBRE EL ACATAMIENTO DE LA EJECUTORIA PROTECTORA, POR SU CARÁCTER URGENTE. Hechos: Uno de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, al analizar si el pronunciamiento sobre el cumplimiento de una sentencia de amparo puede estimarse como un auto de trámite o una resolución de carácter urgente y, en consecuencia, si el secretario encargado del despacho del Juzgado de Distrito por vacaciones de su titular está facultado para decidir sobre el particular, sostuvo que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43 y 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dicho secretario está facultado para pronunciarse sobre el cumplimiento de las sentencias que conceden la protección de la Justicia Federal, habida cuenta que de los artículos 192, 193 y 196 de la Ley de Amparo se desprende que el juzgador debe dictar las medidas necesarias para que tales ejecutorias se cumplimenten a la brevedad para resarcir el quebranto al orden público derivado de los actos declarados inconstitucionales, de lo que se sigue que el pronunciamiento sobre su debido acatamiento constituye una resolución de carácter urgente; en cambio, el otro tribunal contendiente determinó que atendiendo a lo previsto en los preceptos legales en cita, la declaratoria de cumplimiento o incumplimiento de una ejecutoria de amparo no puede estimarse como un acuerdo de trámite, dado que puede derivar en la imposición de una multa a las autoridades responsables e incluso en su destitución y consignación, ni tampoco como una resolución urgente, tan es así que es legalmente factible ampliar el plazo concedido inicialmente a las responsables para acreditar su acatamiento, de lo que se sigue que el secretario encargado del juzgado por vacaciones del titular carece de atribuciones para resolver al respecto. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el secretario encargado del despacho del Juzgado de Distrito por vacaciones del titular está facultado para pronunciarse sobre el cumplimiento de las sentencias de amparo, en tanto es menester que al concluir el plazo concedido a las autoridades responsables para demostrar su acatamiento o al fenecer el plazo de la vista otorgada a la parte quejosa y a la parte tercero interesada con las constancias relativas, se determine si los deberes impuestos en el fallo protector se encuentran satisfechos para, en su caso, dictar las medidas necesarias para conseguirlo, máxime que la urgencia de la decisión no radica exclusivamente en los posibles daños que se podrían ocasionar al agraviado en caso de que la sentencia no se ejecute de inmediato, sino también en lograr el objetivo del juicio de amparo, el cual estriba en restituir al quejoso en el goce del derecho fundamental violado a la brevedad posible, a fin de evitar que el retraso en la ejecución de la decisión torne nugatoria la protección de la Justicia Federal. Justificación: En el dictamen a la iniciativa de la Ley de Amparo en vigor, se precisó que la ejecución de las sentencias que conceden la protección de la Justicia Federal constituye una parte toral del juicio de amparo, en tanto que su objetivo es restituir al quejoso en el pleno goce del derecho vulnerado con el acto declarado inconstitucional; por tal razón se estimó necesario implementar medidas que permitan lograr su eficaz y oportuno cumplimiento, habida cuenta que las dilaciones o fallas en su ejecución podrían anular sus efectos restitutorios. Lo que se corrobora al tener en cuenta que el derecho de acceso a la justicia que se tutela en el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conlleva para los órganos jurisdiccionales el deber de garantizar la efectividad de los recursos y los medios de defensa, lo que de suyo implica asegurar la debida ejecución de sus decisiones sin dilaciones indebidas o innecesarias. En efecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostiene que de acuerdo con el principio de efectividad de los recursos o medios de defensa previsto en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no pueden considerarse efectivos aquellos recursos que, por las condiciones generales del país o incluso por las circunstancias particulares de un caso dado, resulten ilusorios, lo que puede ocurrir, por ejemplo, al verificarse cualquier situación que configure un cuadro de denegación de justicia, como sucede cuando se incurre en retardo injustificado en la decisión, o en la ejecución de la misma. Incluso, el artículo 25, numeral 2, inciso c), de la Convención establece la obligación del Estado de garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso, lo que significa que la responsabilidad estatal no termina cuando las autoridades competentes emiten la decisión o sentencia porque se requiere, además, que el Estado garantice los medios para ejecutar dichas decisiones definitivas. Luego, es claro que en tratándose del juicio de amparo, es indispensable que la ejecución de la reparación al derecho violado, esto es, el cumplimiento del fallo protector, se realice sin dilaciones indebidas o injustificadas, pues de lo contrario se tornaría ilusorio y lo dotaría de ineficacia, en detrimento del acceso a la tutela jurisdiccional efectiva". Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
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