Sergio Rolando Gutierrez Garcia
Expediente 26/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de diciembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 26/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 30/12/2016
Partes del expediente
- Sergio Rolando Gutierrez Garcia
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, treinta de diciembre de dos mil dieciséis. Con apoyo en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en León; mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto 02/2016, orden 06/2016, del índice de este Juzgado de Distrito, que se remitió para efecto de notificar al quejoso *****, el auto de siete de diciembre del año en curso. Háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno correspondiente y remítase el acuse de recibo respectivo. Ahora bien, atento a la certificación que antecede y al contenido de la comunicación que se recibe se advierte que el quejoso ********, fue notificado del auto de siete de diciembre del año en curso, por medio de lista que fijó en los estrados del órgano jurisdiccional exhortado, el quince de diciembre de la presente anualidad, por tanto, de la data de notificación al día de hoy, ha transcurrido en exceso el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, para recurrir dicha determinación. En consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo de siete de diciembre de la presente anualidad, que desechó la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Así también, de la certificación que antecede se desprende que ha transcurrido el término de tres días concedido al citado quejoso para que señalara domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, sin que lo haya hecho; por consiguiente, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de siete de diciembre de dos mil dieciséis, con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, notifíquesele por lista que se fije en los estrados de este Juzgado el presente proveído, así como las subsecuentes determinaciones, aun las de carácter personal, sin perjuicio de que pueda hacer la solicitud a que se refiere la fracción IV del artículo 26 de la citada Ley. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos decimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; siete de diciembre de dos mil dieciséis. COMPETENCIA Por recibido el oficio y anexos de cuenta, remitidos por la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, mediante el cual remite el original del juicio de amparo 1771/2016-I de su índice; original y copias de la demanda de amparo promovida por Sergio ********************. Acúsese recibo. Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 37 y 47, párrafo tercero de la Ley de Amparo, 48 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este Juzgado acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento del asunto. ANOTACIONES Vista la demanda de amparo promovida por ******************, contra actos de la autoridad señalada como: 1. Juez Primero del Ramo Civil del Partido Judicial de San Cristóbal de las Casas, con sede en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 26/2016-4-A. DESECHAMIENTO Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de garantías, estudiando en su orden si es procedente o no. Para determinar la improcedencia del juicio es necesario analizar si los actos reclamados se sitúan en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 o 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable; esto es, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara; el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En el particular existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, respecto del acto reclamado por la parte quejosa, consistente en: ".4.- El acto reclamado es: Del Juez Primero del Ramo Civil del partido judicial de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, le reclamo el acto futuro y cierto de la medida provisional otorgada a favor de la tercera interesada en auto de radicación de fecha 17 de agosto de 2016, que a continuación transcribo: La Medida provisional dictada en el expediente 0791/2016, con fecha 17 de agosto de 2016, dictada por el Juez Primero Civil del Partido Judicial de San Cristóbal de las Casas, Chiapas." Lo anterior, pues a juicio de esta juzgadora se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que a la letra señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" El citado precepto consagra uno de los principios rectores del juicio de amparo: el principio de definitividad del acto reclamado, que no es otra cosa que la improcedencia del juicio de amparo contra actos recurribles. De manera que, previamente a la interposición del juicio de amparo, la parte quejosa debe agotar o substanciar todos los medios ordinarios de defensa que tenga al alcance para modificar o revocar la resolución o acto reclamado, que le causa perjuicio; de lo contrario, la acción constitucional resultaría improcedente por no acatar el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo. Los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en el caso de no obtener satisfacción a sus pretensiones, se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Por lo que, si pasando por alto tales consideraciones las partes afectadas por actos de autoridad no tuvieren la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable o ante la jurisdicción ordinaria, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de Distrito se suplantaría en las facultades de la autoridad a quien correspondiera conocer del medio ordinario de defensa respectivo. El principio de definitividad que rige al juicio de amparo encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, los gobernados deben, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con los siguiente tópicos: Por disposición constitucional: i. Actos que afectan a terceros extraños al juicio o al procedimiento del cual emanan. ii. Actos respecto de los cuales, la ley que los rige, exige mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución. iii. Actos que importan una violación a los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución General de la República. Por disposición de la Ley de Amparo: i. Actos o resoluciones que se impugnan con motivo del primer acto de aplicación de una ley que se estima es inconstitucional. ii. Actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; iii. Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; iv. Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. v. Actos o resoluciones respecto de las cuales, la ley que las rige, no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra. vi. Actos o resoluciones que carezcan de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Por disposición de los criterios jurisprudenciales. i. Cuando únicamente se reclaman violaciones directas a la Constitución General de la República, como lo es la garantía de audiencia (con la salvedad de que si se conoce el acto y/o procedimiento reclamado antes de que se dicte sentencia o resolución definitiva, el quejoso está obligado a agotar los medios ordinarios de defensa, si es tercero extraño por equiparación, es decir, si fue señalado como parte demandada en el juicio o procedimiento de que se trate y no ha sido debidamente emplazado). ii. Cuando los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste reglamenta no se contempla su existencia. Respecto de los casos de excepción aludidos, es ilustrativa por identidad de razón la tesis de la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal de rubro y texto: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De la interpretación literal y teleológica del artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal, así como de los artículos 37, 73, fracciones XII, XIII y XV y 114 de la Ley de Amparo y de los criterios jurisprudenciales emitidos al respecto por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, se deduce que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman los siguientes actos: I. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; II. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; III. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; IV. Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; V. Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; VI. Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; VII. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; VIII. Los que carezcan de fundamentación; IX. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y X. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia." Cabe aclarar que aun en los casos en los cuales se reclamen actos dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, el quejoso se encuentra obligado a agotar los recursos o medios ordinarios de defensa que la ley que rige el acto prevea, antes de acudir al juicio de amparo. Al respecto, resulta aplicable por identidad de razón, la jurisprudencia 1a./J. 44/2012 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo". En la especie, el acto reclamado se hace consistir, esencialmente, en la medida provisional decretada mediante proveído de diecisiete de agosto del año en curso, en los autos del expediente 0791/2016, del índice del Juez Primero del Ramo Civil del Distrito Judicial San Cristóbal de las Casas, Chiapas. En contra de la citada determinación, previo a ejercer la acción constitucional de amparo, la parte quejosa debió agotar el recurso de apelación previsto por el artículo 991 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Chiapas, contenido en el título decimonoveno, capítulo único "De las Controversias del Orden Familiar, de la Violencia Familiar y de la Reparación del Daño", de dicha legislación, normatividad que rige el procedimiento de donde emana el auto combatido; precepto que establece: "ART. 991. La apelación deberá interponerse en la forma y términos previstos por el artículo 666. Cuando la tramitación del juicio se haya regido por las disposiciones generales del código, igualmente se regirá por estas disposiciones, por lo que toca a los recursos; pero en todo caso, si la parte recurrente careciere de abogado, la propia sala solicitara la intervención de un defensor de oficio, quien gozara de un plazo de tres días mas para enterarse del asunto y a efecto de que haga valer los agravios o cualquier derecho a nombre del (sic) la parte que asesore." Conforme al transcrito numeral, el recurso de apelación en las controversias del orden familiar se rige por las disposiciones generales del código adjetivo de la materia en lo tocante a los recursos, salvo el caso de que la recurrente carezca de abogado, en cuyo supuesto se le debe designar un defensor de oficio. Esto es, la citada disposición remite al título del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Chiapas que regula los recursos para conocer la procedencia y trámite de la apelación en aquellos casos en que se combate por ese medio de impugnación alguna determinación dictada en los juicios que se siguen por la indicada vía. Del título en comento, destacan los artículos 663, 666, 671 y 675, que a la letra señalan: "ART. 663. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior confirme, revoque o modifique la resolución del inferior. "ART. 666.- La apelación debe interponerse por escrito ante el juez que pronuncio la resolución en la forma y términos previstos en los artículos siguientes, salvo cuando se trate de apelaciones extraordinarias. Los autos e interlocutorias serán apelables cuando lo fuere la sentencia definitiva." "ART. 671. De los autos y sentencias interlocutorias que deriven una ejecución que pueda causar daño irreparable o de difícil reparación y la apelación proceda en el efecto devolutivo, se admitirá en ambos efectos si el apelante lo solicita al interponer el recurso, en el que deberá señalar los motivos por los que considera el daño irreparable o de difícil reparación. En este caso, el juez deberá resolver si admite la apelación en ambos efectos, debiendo fijar el monto de la garantía que exhibirá el apelante, en un término de seis días a fin de que surta efectos la suspensión. Dicha garantía atenderá a la cuantía del asunto y no podrá ser inferior al equivalente de sesenta días del salario mínimo general vigente en el estado. De no exhibirse la garantía en el plazo señalado, la apelación solo se admitirá en efecto devolutivo. En caso de que la garantía señalada sea excesiva o que se niegue la admisión del recurso en ambos efectos, se puede ocurrir en queja, mismas que deberá presentarse ante el mismo juez, en un termino que tres días, debiendo acompañar garantía por el equivalente de sesenta días de salario mínimo general vigente en el estado, para efectos de suspender la ejecución. De no exhibirse esta garantía, aunque la queja se deba admitir, no se suspenderá la ejecución. El juez en cualquier caso remitirá al superior la queja planteada junto con su informe justificado, dentro del término de tres días, para que sea resuelta por el superior jerárquico en un término de cinco días. Declarada fundada la queja, el superior ordenara que la apelación se admita en ambos efectos y señalara la garantía que exhibirá el recurrente ante el inferior dentro del termino de seis días. Si se declara infundada la queja se hará efectiva la garantía exhibida. Las resoluciones que resuelvan las quejas no admiten más recurso que el de responsabilidad. También la parte contraria podrá ocurrir en queja, sin necesidad de exhibir garantía alguna, cuando la apelación se admita en ambos efectos y considere insuficiente la fijada por el juez al apelante. Las quejas interpuestas, se deben remitir por el juez junto con su informe justificado al superior en el término de tres días, y este resolverá en el plazo máximo de cinco días. Si el tribunal confirmase la resolución apelada, condenara al recurrente al pago de las indemnizaciones, fijando el importe de los daños y perjuicios que se hayan causado, además el pago de costas." "ART. 675. Además de los casos determinados expresamente en la ley, se admitirán en ambos efectos las apelaciones que se interpongan: I. De las sentencias definitivas; II. De los autos definitivos que paralizan o ponen termino al juicio haciendo imposible su continuación; III. De las sentencias interlocutorias que paralizan o ponen termino al juicio haciendo imposible su continuación." De los citados preceptos se advierte que el recurso de apelación se erige como un medio ordinario de defensa procedente en contra de determinadas actuaciones, es decir, su procedencia es de naturaleza casuística, cuya finalidad estriba en que un tribunal de segunda instancia, también denominado "alzada", confirme, modifique o revoque las resoluciones del inferior. Entre tales determinaciones que admiten la procedencia del recurso de apelación, se encuentra la sentencia definitiva, sentencias interlocutorias, autos que expresamente dispone el Código y aquellos que causen un daño irreparable o de difícil reparación, siempre y cuando el fallo definitivo sea apelable. Es en la categoría de autos cuya ejecución puede causar daño irreparable o de difícil reparación en donde encuadra el proveído por el cual se decreta como medida provisional la autorización provisionalmente que los menores puedan salir del país, en temporada de vacaciones, en compañía de su progenitora o bien, sus abuelos maternos. En efecto, al tener como consecuencia inmediata que uno de los progenitores deje de tener contacto directo y constante con sus hijos, lo cual no puede ser remediado en la sentencia definitiva que se dicte, deviene inconcuso que aquella providencia cautelar causa un daño irreparable, no solamente al padre no favorecido, sino también a los menores involucrados, cuya salud mental se compromete al suspenderse el trato en la relación paterno-filial. Sirve de apoyo a lo esgrimido, por analogía, la jurisprudencia 1a./J. 44/2012 (10a.) , sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "CUSTODIA DE MENORES. LA MEDIDA PROVISIONAL RELATIVA, ES ACTO DE IMPOSIBLE REPARACION, RECLAMABLE EN AMPARO INDIRECTO. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede el amparo indirecto ante juez de Distrito cuando los actos, en el juicio, tienen una ejecución de imposible reparación al afectar de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreparablemente la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trate. Por tanto, no pueden ser considerados como actos reparables aquellos que tengan como consecuencia una afectación sustantiva, pues los efectos de ese tipo de violaciones no son de carácter formal que pudieran ser reparables si el afectado obtuviera una sentencia favorable, al no surtirse ninguna de las hipótesis previstas en el artículo 159 de la Ley de Amparo. De acuerdo con los criterios anteriores, si se reclama la medida provisional relativa a custodia de menores en un juicio de divorcio, debe establecerse que procede el amparo indirecto puesto que se trata de un acto dentro del juicio de ejecución irreparable, en tanto que se afectan de modo inmediato derechos sustantivos, a saber los derivados de la patria potestad, ya que, por una parte, se priva al progenitor de la custodia de sus hijos menores, con la consecuencia de no tener el goce y disfrute de ellos y, por otra, se deja a éstos ante una situación en que se ven afectados en su seguridad, además, aun suponiendo que la sentencia que pusiera fin al juicio, fuera favorable al progenitor al que se le hubiera privado de la custodia de sus hijos y lo restituyera en su goce, de ningún modo podría restituirle la privación de que fue objeto por el tiempo en que estuvo en vigor la medida provisional, ni tampoco a los hijos se les podría restituir la seguridad de que fueron privados en el lapso correspondiente a esa medida." Luego, dicho proveído es impugnable a través del recurso de apelación establecido en la legislación adjetiva civil de la entidad, mismo que debió ser agotado por el quejoso en forma previa al ejercicio de la acción constitucional de amparo, habida cuenta que le asiste el carácter de parte procesal en el juicio natural, y como tal, se encuentra en aptitud de hacer valer los medios ordinarios de defensa que tiene a su alcance en contra de las actuaciones que afecten sus intereses. Sin que sea óbice a lo anterior, el hecho de que en la controversia de origen se encuentren involucrados intereses de menores de edad, pues si bien la actuación impugnada se estima lesiva de sus derechos sustantivos, y como tal, de imposible reparación dentro de juicio, es menester reiterar lo expuesto en párrafos que anteceden en el sentido de que la irreparabilidad del acto reclamado no constituye una excepción al principio de definitividad, máxime que este último se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo. Al respecto, cobra aplicación la jurisprudencia 1a./J. 113/2013 (10a.) , sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo." No obstante lo anterior, en el asunto que nos ocupa, el recurso de apelación sí prevé en su trámite la posibilidad de suspender la ejecución de la resolución recurrida, al contemplar el Código de Procedimientos Civiles de la Entidad que aquél medio de impugnación debe ser admitido en ambos efectos (devolutivo y suspensivo) o en uno solo, según se trate de la determinación combatida. La apelación admitida en ambos efectos, en términos del artículo 669, suspende desde luego la ejecución de la sentencia, hasta que cause ejecutoria, y, en el caso de auto o interlocutoria que por su contenido impida la continuación del procedimiento, suspende la tramitación del juicio; de no ser así, solo lo suspende en el punto que sea objeto del auto o la interlocutoria apelada, debiendo continuarse en todo lo demás. Ahora, de conformidad con los artículos 670 y 671, son admisibles en un solo efecto las apelaciones en los casos en que no se halle prevenido que se admitan libremente o en ambos efectos; sin embargo, en tratándose autos e interlocutorias cuya ejecución pueda causar daño irreparable o de difícil reparación, como lo es el auto que decreta en favor de una de las partes la medida provisional, consistente en autorizar provisionalmente que los menores puedan salir del país, en temporada de vacaciones, en compañía de su progenitora o bien, sus abuelos maternos, la apelación se admitirá en ambos efectos si el recurrente lo solicita al interponer el recurso, señalando los motivos por los que considera que aquella determinación le irroga un daño irreparable o de difícil reparación. De ahí que se estime que la apelación prevista por el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Chiapas constituye recurso idóneo para reparar oportuna y adecuadamente las violaciones a las leyes cometidas en las resoluciones cuya ejecución implica un riesgo para los menores involucrados en la contienda, habida cuenta que su interposición contempla la posibilidad de suspender la ejecución en tanto se resuelve el recurso, condicionada a la exposición de las razones en que se sustenta la necesidad de paralizar su cumplimentación, las que en el caso específico de la medida provisional consistente en la autorización de que los menores puedan salir del país, con su progenitora, o bien, con sus abuelos maternos, se hallan implícitas en la naturaleza de aquella medida. Por tanto, en observancia al principio de definitividad, el quejoso tenía la obligación de agotar el recurso de apelación en contra de la actuación combatida en la presente instancia, lo que en la especie no aconteció; sin que en el caso se surta alguna excepción al enunciado principio. En las relatadas consideraciones, si la parte promovente no agotó el medio de defensa ordinario establecido en la ley para combatir el acto que reclama en esta instancia constitucional, se colige que en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Por lo antes expuesto, y con fundamento en lo establecido por el artículo 113 en relación con el diverso 61 fracción XVIII, de la Ley de Amparo, se estima procedente DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA promovida por el quejoso, por resultar notoriamente improcedente. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno. DOMICILIOS Y AUTORIZADOS Ahora bien, dada la particularidad del asunto y toda vez que la parte quejosa señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados del Juzgado oficiante, con fundamento en el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles de Aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento exhorto al Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, ordene a quien corresponda notificar el presente proveído a Sergio Rolando Gutiérrez García, por lista que se publique en los estrados de ese Juzgado y le requiera para que dentro del plazo de tres días hábiles, contado a partir del siguiente en que surta sus efectos la notificación de este proveído, señale domicilio en la residencia de este Juzgado de Distrito para oír y recibir notificaciones, apercibido que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, incluso las de carácter personal, se le harán por lista de estrados de este juzgado, de conformidad con el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de la materia. Por otra parte, con fundamento en el artículo 12, de la Ley de Amparo, se tiene por autorizado a *****************, ya que cuenta con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, y en términos restringidos del citado numeral a ******************toda vez que no cuenta con registro de cédula ante dicho sistema. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS El artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que éstos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). Por tanto, se niega la devolución de los documentos que exhiban las partes, hasta el momento que la ley lo permita. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza la reproducción de las constancias que obren en el presente expediente mediante el uso de medios electrónicos de reproducción portátil, bastando en cada caso la solicitud verbal de la parte interesada y sin requerir que recaiga proveído al respecto; sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto. Es ilustrativa la tesis I.3o.C.725 C del Tercer Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Materia Civil, página 2847, registro 167640, de rubro: REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Con fundamento en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, referente a los criterios de clasificación y conservación de la información reservada o confidencial para garantizar el respeto a la privacidad; hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presenta asunto, en el entendido que de no realizar manifestación alguna serán omitidos y solamente en caso de consentimiento expreso serán publicados. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese mediante exhorto a la parte quejosa.
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