Sergio Rodriguez Moreno
Expediente 747/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de septiembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 747/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 22/09/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Sergio Rodriguez Moreno
Actuaciones
- Principal
Por recibido el oficio de cuenta que suscribe el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato, capital, al que adjunta la resolución pronunciada en el recurso de queja civil ****, dictada el ocho de septiembre actual, interpuesto por la parte quejosa, en la que resolvió: "ÚNICO.- Es infundado el presente recurso de queja. Notifíquese." Acúsese recibo y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Atendiendo al punto vigésimo, fracciones I y III del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del consejo de la Judicatura Federal, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo 1/2009, de veintiocho de septiembre del mismo año, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por y no se tramitó incidente de suspensión. Asimismo, se dejan a disposición de la parte quejosa los documentos que exhibió en su escrito inicial de demanda, previa copia certificada que en lugar se deje y constancia de recibo.
- Principal
Por recibido el oficio que suscribe el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Sexto Circuito, con sede en Guanajuato capital, por medio del cual informa que por auto de veintiuno de agosto del año actual, se admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa ********, en su carácter de apoderado legal del* ***, contra el acuerdo de veintiuno de julio de dos mil diecisiete, registrándose con número de recurso de queja civil 122/2017.
- Principal
Visto el escrito de cuenta signado por *********, en su carácter de apoderado legal del ***--------, en atención a su contenido, con fundamento en los artículos 80, 97 fracción I, inciso a), 98 y 99 de la Ley de Amparo, se le tiene interponiendo RECURSO DE QUEJA contra el auto de veintiuno de julio del año en curso, mediante el cual se desechó de plano la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en el numeral 101 de la Ley en cita, ríndase por separado el informe justificado y remítase el escrito de cuenta, al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito en turno, anexándose copia certificada de las constancias que sirvieron de base para la emisión del acuerdo que se recurre.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por *************, en su carácter de apoderado legal de ************* para los Trabajadores, personalidad que acredita con copia certificada del instrumento notarial número treinta y cinco mil setecientos once, pasada ante la fe del Notario Público 86, con ejercicio en la Ciudad de México, misma que se le reconoce para los efectos del juicio de amparo en que se actúa, en términos del artículo 10 de la Ley de Amparo, contra actos del Juez Segundo Civil de Partido, con residencia en esta ciudad; fórmese cuaderno de amparo y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), en el entendido de que se encuentra registrado con el número 747/2017. Ahora bien, con fundamento en lo dispuesto por el dispositivo 113, de la Ley de Amparo, se procede analizar la demanda de amparo a fin de determinar si existe o no algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En ese tenor, de la interpretación de los conceptos manifiesto e indudable a que se contrae el citado artículo 113, debe decirse que lo primero se actualiza, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo segundo resulta, de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En relación con lo expresado, cobra aplicación, la jurisprudencia que sustenta el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo epígrafe y contenido dicen: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA.- De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos manifiesto, significa claro, evidente y el indudable, a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad Del análisis integral del escrito de demanda, se desprende que la parte quejosa señala como acto reclamado la resolución del recurso de revocación, en la que se confirmó el auto de nueve de junio de dos mil diecisiete, dictado en el expediente ****sobre vía de apremio por incumplimiento de convenio elevado a la categoría de cosa juzgada-, del índice del Juzgado Segundo Civil de Partido, con residencia en esta ciudad, que recayó a su petición respecto del remate del inmueble embargado, en el que medularmente se anunció el remate en primera almoneda de dicho bien, pero únicamente sobre los derechos de copropiedad que le corresponden a ***********, por lo que se fijó como postura legal la cantidad que corresponde al cincuenta por ciento (50%), del avaluó rendido en dicho juicio. Actuación contra la cual, a criterio del suscrito, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con la fracción IV, párrafo tercero del numeral 107 interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, atento a las consideraciones siguientes: El artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo establece lo siguiente: Artículo. 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley Por su parte, el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo establece: Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV.- Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; En efecto, de la interpretación sistemática de los preceptos citados, se advierte que en los procedimientos de remate el amparo indirecto procede hasta la última resolución en la que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación o la entrega de bienes rematados, esto es, será hasta ese momento en el que se harán valer las violaciones cometidas en ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Ciertamente, para los efectos de la procedencia del juicio de amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento de remate, ésta se encuentra sujeta a la tramitación y firmeza del mandato de escrituración o de la entrega de los bienes. En efecto, tal circunstancia es toral y definitoria para los efectos de la procedencia del juicio de amparo en virtud de que, por tratarse de la ejecución de sentencia o actos dictados después de concluido el juicio, debe tratarse de la última resolución, en la que se pueden reclamar las violaciones de ese procedimiento y, es precisamente ahí donde, en su caso, podrían impugnase las violaciones cometidas en ese procedimiento. Lo anterior se basa en que, al tratarse de la ejecución de una sentencia para las partes, el presupuesto o condición de la última resolución se hace necesario a fin de evitar indebidamente el retardo o la obstrucción de la ejecución de la sentencia que, para las partes ya impera; en tanto que, por otro lado, no se hace nugatorio o imposible el cuestionamiento de irregularidades de los actos de ese procedimiento al permitirse el reclamo de ellos, precisamente en la impugnación constitucional de la última resolución. De ese modo, salvo excepción legal para los terceros extraños, los actos de imposible reparación y otros expresamente previstos, son susceptibles de impugnación, hasta el momento en que se actualice la última resolución, lo que permite armonizar el fin de la ejecución de la sentencia los derechos fundamentales, de las partes en el remate. Visto de otra manera, esto es, darle la connotación de última resolución al acuerdo que anuncia el remate en primera almoneda o alguna otra que no es la que de manera firme y expresa establece el mandato de escrituración o la entrega del bien. Así, la última resolución dictada en el procedimiento de remate es, por connotación legal: La resolución que en forma definitiva, ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación; o, La entrega de los bienes rematados. Pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y hayan trascendido al resultado de la resolución respectiva. En el caso concreto, como ya se dijo el promovente reclama la resolución emitida en el recurso de revocación, que confirmó el auto de nueve de junio de dos mil diecisiete, dictado en el expediente ***del índice del Juzgado Segundo Civil de Partido, con residencia en esta ciudad, que recayó a su petición respecto del remate del inmueble embargado, y que anunció el remate en primera almoneda de dicho bien, pero únicamente sobre los derechos de copropiedad que le corresponden a ***********, fijando como postura legal la cantidad que corresponde al cincuenta por ciento (50%), del avaluó rendido en dicho juicio. Por tanto, no se trata de una resolución que en forma definitiva ordene el otorgamiento de la escritura de adjudicación o su entrega. Ahora, si la resolución reclamada fue dictada durante el procedimiento de remate, y no se trata de una que en forma definitiva ordene la entrega de del bien inmueble en litigio, sólo puede impugnarse como violación cometida en dicho procedimiento hasta que se dicte la resolución que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación o su entrega. Robustece lo anterior, la jurisprudencia de la Décima Época, visible en la página 1685, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 27, Febrero de 2016, Tomo II, cuyo rubro y texto son: REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN ES LA QUE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN Y ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS INMUEBLES REMATADOS, AUNQUE SE DICTEN EN DISTINTAS DETERMINACIONES. De la interpretación literal del artículo 107, fracción IV, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se advierte que tratándose del procedimiento de remate, para efectos de la procedencia del juicio de amparo, la última resolución es aquella que "en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados", pudiendo reclamarse las violaciones cometidas en el procedimiento, de modo que, aun cuando dichas determinaciones se emitan en forma separada, en aras de la fuerza legal de la cosa juzgada e inmediata ejecución de la sentencia del caso, la procedencia de la acción de amparo se actualiza hasta que se cumplan ambos supuestos que expresamente señaló el legislador, ya que debe atenderse al contenido jurídico de dichas condiciones más que al momento en que se dicten; de ahí que en el procedimiento de remate, la última resolución es la que ordena otorgar la escritura de adjudicación y entregar la posesión de los inmuebles rematados aunque se dicten en distintas determinaciones Por tanto, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con la fracción IV, párrafo tercero, del numeral 107 interpretada en sentido contrario. En razón de lo anterior, con fundamento en el diverso precepto 113 de la invocada ley, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo que se analiza. Lo manifiesto e indudable de la causal de improcedencia reseñada estriba en que aun cuando se admitiera a trámite la demanda, a nada práctico conduciría, ya que los motivos de improcedencia seguirían subsistiendo. Se hace del conocimiento de las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el entendido que, conforme sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. En atención a lo anterior, como el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dispone que el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales; prevéngase a éstas para que manifiesten si se oponen a ello; en la inteligencia que de no hacerlo, se entenderá que aceptan la publicación de la sentencia respectiva con dichos datos. Por otra parte, se tiene como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos en términos de la última parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo a ***************, por no haber proporcionado mayores datos que justifiquen que tales autorizados cuenten con facultad legal para ejercer la profesión de abogado, tales como su número de cédula profesional o de registro ante el sistema computarizado del registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, sin perjuicio que en caso de acreditar dichos extremos, se acuerde su autorización en los términos amplios a que alude dicho numeral; y como domicilio para tales efectos el ubicado en ****Zona Centro de esta ciudad. Por otro lado, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal.
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