Sergio Rodriguez Garcia Villareal

Expediente 1053/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1053/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
08/07/2021

Partes del expediente

  • Sergio Rodriguez Garcia Villareal

Actuaciones

  1. Principal

    MESA VII.- Visto el estado de los autos y toda vez que la parte a quien pudiera causarle perjuicio el acuerdo de fecha dieciocho de junio de dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda de amparo, no interpuso el recurso de queja; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO en sus términos dicha resolución. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, y archívese este asunto como totalmente concluido. ACUERDO DE DESTRUCCIÓN: Por lo anterior, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción, una vez cumplido el plazo al que se refiere el citado numeral, al ser un juicio de amparo que se desechó la demanda de garantías en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes. ANOTACIONES: De igual forma, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del acuerdo en comento. PUBLICACIÓN DE DATOS: Asimismo, se hace constar que las partes no ejercieron el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio. Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6º. Fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 113 de Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la ley abrogada, la omisión de manifestar el consentimiento o la oposición para la publicación de sus datos personales, no exime a este Juzgado de suprimirlos en las sentencias, resoluciones y constancias que obren en el presente expediente y que, en su caso, sean requeridas vía solicitud de acceso a la información, protegiendo así la privacidad y la vida íntima de los ciudadanos. Lo anterior, conforme al criterio 1/2011, emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, en rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVA DE SU PROTECCIÓN". NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  2. Principal

    **MESA VII. Vista la demanda de amparo de cuenta, promovida por Sergio Rodríguez García Villareal contra actos del Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicitrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS). RADICACIÓN Con el original de la demanda fórmese expediente, regístrese en el Libro de Gobierno bajo el 1053/2021-VII y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el Juez de Distrito examinará el escrito de demanda y si encontrare causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Ahora bien, al analizar en su integridad la demanda de amparo, se advierte que el quejoso reclama el oficio de veintiséis de marzo del año en curso, signado con el número de referencia 203301EL352362, de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, (COFEPRIS), en el cual se le notifica la negativa de su solicitud para el uso lúdico y recreativo del estupefaciente cannabis sativa. Pues bien, por ser la improcedencia de la acción de amparo una cuestión de orden público cuyo estudio puede efectuarse inclusive de oficio por el juzgador de amparo; debe decirse que en el presente caso, a consideración de este órgano de control constitucional, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, por los motivos que a continuación se exponen, en virtud que no agotó el principio de definitividad que rige al juicio constitucional. El precepto transcrito consagra la improcedencia del juicio de amparo indirecto en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso, juicio o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin exigir mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. El principio de definitividad que rige al juicio de amparo en materia administrativa, encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, previamente a su promoción, el quejoso debe acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal. Los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en el caso de no obtener reparación, se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Si pasando por alto estas consideraciones derivadas del principio de definitividad, las partes afectadas por actos administrativos no tuvieran la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de amparo suplantaría las facultades de la administración pública. En este orden de ideas, cabe destacar que el artículo 3, fracción XII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, establece: "Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación. (.) XII. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo." Atento a lo anterior, esta Juzgadora Federal estima que el referido acto de autoridad, previamente a impugnarlo en la presente instancia constitucional, debió combatirse a través del procedimiento contencioso administrativo, en términos del citado artículo 3, fracción XII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, antes citada, para considerar satisfecho el principio de definitividad que rige a este juicio de amparo. Lo anterior es así, en razón de que dicho precepto legal precisa cuáles son las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos de los que conocerá el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, entre las cuales se incluye la resolución que por esta vía se impugna, y por otra parte, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo que rige a los juicios de nulidad que se promuevan ante el citado tribunal, prevé la suspensión de los actos reclamados sin exigir mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo. En efecto, los artículos 128, 129, 132, 135 y 139 de la Ley de Amparo, que establecen los requisitos para conceder la suspensión definitiva, disponen: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias salvo las señaladas en el último párrafo de este artículo, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado. Asimismo, no serán objeto de suspensión las órdenes o medidas de protección dictadas en términos de la legislación aplicable por alguna autoridad administrativa o jurisdiccional para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona y la ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por autoridad judicial. Las normas generales, actos u omisiones del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia Económica, no serán objeto de suspensión. Solamente en los casos en que la Comisión Federal de Competencia Económica imponga multas o la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones, éstas se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo que, en su caso, se promueva. (.) Artículo 129. Se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando, de concederse la suspensión: I. Continúe el funcionamiento de centros de vicio o de lenocinio, así como de establecimientos de juegos con apuestas o sorteos; II. Continúe la producción o el comercio de narcóticos; III. Se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos; IV. Se permita el alza de precios en relación con artículos de primera necesidad o de consumo necesario; V. Se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave o el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país; VI. Se impida la ejecución de campañas contra el alcoholismo y la drogadicción; VII. Se permita el incumplimiento de las órdenes militares que tengan como finalidad la defensa de la integridad territorial, la independencia de la República, la soberanía y seguridad nacional y el auxilio a la población civil, siempre que el cumplimiento y ejecución de aquellas órdenes estén dirigidas a quienes pertenecen al régimen castrense; VIII. Se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional o psíquico; IX. Se impida el pago de alimentos; X. Se permita el ingreso en el país de mercancías cuya introducción esté prohibida en términos de ley o bien se encuentre en alguno de lo supuestos previstos en el artículo 131, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se incumplan con las normas relativas a regulaciones y restricciones no arancelarias a la exportación o importación, salvo el caso de las cuotas compensatorias, las cuales se apegarán a lo regulado en el artículo 135 de esta Ley; se incumplan con las Normas Oficiales Mexicanas; se afecte la producción nacional; XI. Se impidan o interrumpan los procedimientos relativos a la intervención, revocación, liquidación o quiebra de entidades financieras, y demás actos que sean impostergables, siempre en protección del público ahorrador para salvaguardar el sistema de pagos o su estabilidad; XII. Se impida la continuación del procedimiento de extinción de dominio previsto en el párrafo segundo del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En caso de que el quejoso sea un tercero ajeno al procedimiento, procederá la suspensión; XIII. Se impida u obstaculice al Estado la utilización, aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio directo referidos en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El órgano jurisdiccional de amparo excepcionalmente podrá conceder la suspensión, aún cuando se trate de los casos previstos en este artículo, si a su juicio con la negativa de la medida suspensional pueda causarse mayor afectación al interés social. (.) Artículo 132. En los casos en que sea procedente la suspensión pero pueda ocasionar daño operjuicio a tercero y la misma se conceda, el quejoso deberá otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren si no obtuviere sentencia favorable en el juicio de amparo. Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos del tercero interesado que no sean estimables en dinero, el órgano jurisdiccional fijará discrecionalmente el importe de la garantía. La suspensión concedida a los núcleos de población no requerirá de garantía para que surta sus efectos. (.) Artículo 135. Cuando el amparo se solicite en contra de actos relativos a determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal, podrá concederse discrecionalmente la suspensión del acto reclamado, la que surtirá efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. El órgano jurisdiccional está facultado para reducir el monto de la garantía o dispensar su otorgamiento, en los siguientes casos: I. Si realizado el embargo por las autoridades fiscales, éste haya quedado firme y los bienes del contribuyente embargados fueran suficientes para asegurar la garantía del interés fiscal; II. Si el monto de los créditos excediere la capacidad económica del quejoso; y III. Si se tratase de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito. En los casos en que se niegue el amparo, cuando exista sobreseimiento del mismo o bien cuando por alguna circunstancia se deje sin efectos la suspensión en el amparo, la autoridad responsable hará efectiva la garantía. (.) Artículo 139. En los casos en que proceda la suspensión conforme a los artículos 128 y 131 de esta Ley, si hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con perjuicios de difícil reparación para el quejoso, el órgano jurisdiccional, con la presentación de la demanda, deberá ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden hasta que se notifique a la autoridad responsable la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva, tomando las medidas que estime convenientes para que no se defrauden derechos de tercero y se eviten perjuicios a los interesados, hasta donde sea posible, ni quede sin materia el juicio de amparo. Cuando en autos surjan elementos que modifiquen la valoración que se realizó respecto de la afectación que la medida cautelar puede provocar al interés social y el orden público, el juzgador, con vista al quejoso por veinticuatro horas, podrá modificar o revocar la suspensión provisional." Según se observa, en la parte que nos interesa, los artículos 128, 129 y 139 de la Ley de Amparo, establecen los requisitos o condiciones bajo los cuales procede el otorgamiento de la suspensión, consistentes, a saber: -Que la solicite el quejoso; -Que su otorgamiento no produzca perjuicio al interés social, ni la contravención a disposiciones de orden público, el que se ocasionará, entre otros supuestos, cuando de concederse la suspensión, ocurran algunas de las hipótesis previstas en las fracciones I a la XIII, del artículo 129, antes inserto; y -Que en caso de no concederse la suspensión, la ejecución del acto reclamado pueda producir consecuencias de difícil reparación al quejoso. Por su parte, el artículo 132 dispone que en los casos en que la suspensión resulte procedente pero ésta pueda ocasionar daños o perjuicios a un tercero, se concederá si el quejoso otorga garantía bastante, y que cuando dicha afectación no sea cuantificable en dinero, la garantía se fijará discrecionalmente. Por último, el numeral 135 establece que tratándose de la suspensión contra el cobro de contribuciones y aprovechamientos, ésta se concederá discrecionalmente y la misma surtirá sus efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. En contraste, el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, relativo a la suspensión de los actos administrativos, establece: "ARTÍCULO 28. La solicitud de suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, presentado por el actor o su representante legal, se tramitará y resolverá, de conformidad con las reglas siguientes: I. Se concederá siempre que: a) No se afecte el interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público, y b) Sean de difícil reparación los daños o perjuicios que se causen al solicitante con la ejecución del acto impugnado. II. Para el otorgamiento de la suspensión deberán satisfacerse los siguientes requisitos: a) Tratándose de la suspensión de actos de determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones, aprovechamientos y otros créditos fiscales, se concederá la suspensión, la que surtirá sus efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. Al otorgar la suspensión, se podrá reducir el monto de la garantía, en los siguientes casos: 1. Si el monto de los créditos excediere la capacidad económica del solicitante, y 2. Si se tratara de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito. b) En los casos en que la suspensión pudiera causar daños o perjuicios a terceros, se concederá si el solicitante otorga garantía bastante para reparar el daño o indemnizar el perjuicio que con ella se cause, si éste no obtiene sentencia favorable. En caso de afectaciones no estimables en dinero, de proceder la suspensión, se fijará discrecionalmente el importe de la garantía. c) En los demás casos, se concederá determinando la situación en que habrán de quedar las cosas, así como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal, hasta que se pronuncie sentencia firme. d) El monto de la garantía y contragarantía será fijado por el Magistrado Instructor o quien lo supla. III. El procedimiento será: a) La solicitud podrá ser formulada en la demanda o en escrito diverso presentado ante la Sala en que se encuentre radicado el juicio, en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia definitiva. b) Se tramitará por cuerda separada, bajo la responsabilidad del Magistrado Instructor. c) El Magistrado Instructor deberá proveer sobre la suspensión provisional de la ejecución, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la presentación de la solicitud. d) El Magistrado Instructor requerirá a la autoridad demandada un informe relativo a la suspensión definitiva, el que se deberá rendir en el término de cuarenta y ocho horas siguientes a aquél en que surta efectos la notificación del acuerdo respectivo. Vencido el término, con el informe o sin él, el Magistrado resolverá lo que corresponda, dentro de los cinco días siguientes. IV. Mientras no se dicte sentencia definitiva en el juicio, el Magistrado Instructor podrá modificar o revocar la resolución que haya concedido o negado la suspensión definitiva, cuando ocurra un hecho superveniente que lo justifique. V. Cuando el solicitante de la suspensión obtenga sentencia favorable firme, el Magistrado Instructor ordenará la cancelación o liberación de la garantía otorgada. En caso de que la sentencia firme le sea desfavorable, a petición de la contraparte o en su caso, del tercero, y previo acreditamiento de que se causaron perjuicios o se sufrieron daños, la Sala ordenará hacer efectiva la garantía otorgada ante la autoridad." De lo anteriormente transcrito, en lo que aquí interesa, se advierte que el artículo en mención prevé: Que la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado se concederá siempre que no se afecte el interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público, y sean de difícil reparación los daños o perjuicios que se causen al solicitante con la ejecución del acto impugnado. Que tratándose de la suspensión de actos de determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones, aprovechamientos y otros créditos fiscales, se concederá la suspensión, la que surtirá sus efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. Que en los casos en que la suspensión pudiera causar daños o perjuicios a terceros, se concederá si el solicitante otorga garantía bastante para reparar el daño o indemnizar el perjuicio que con ella se cause, si éste no obtiene sentencia favorable, y que en caso de afectaciones no estimables en dinero, de proceder la suspensión, se fijará discrecionalmente el importe de la garantía. Que en los demás casos, la suspensión se concederá determinando la situación en que habrán de quedar las cosas, así como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal, hasta que se pronuncie sentencia firme. En este orden de ideas, se aprecia con claridad meridiana que el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, no establece mayores requisitos para conceder la suspensión de los actos reclamados, que los consignados en los artículos 128, 129, 132, 135 y 139 de la Ley de Amparo. Así es, de la comparación de las disposiciones legales que rigen la suspensión del acto en el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, previstas en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y los requisitos establecidos en la Ley de Amparo para la procedencia de la suspensión de los actos reclamados, se advierte que el primero de los ordenamientos legales en consulta no exige mayores requisitos para la suspensión de los actos de autoridad que los establecidos en la Ley de Amparo. Además, la circunstancia de que en la demanda de amparo se haga referencia a violaciones de preceptos constitucionales, no exime al afectado de la obligación de agotar, en los casos en que proceda, los recursos o medios de impugnación que estatuye la ley o reglamento ordinarios, pues de lo contrario imperaría el arbitrio del quejoso, quien, por el solo hecho de señalar violaciones a la Carta Magna, podría optar entre acudir directamente al juicio constitucional de amparo o agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca, máxime que de la demanda en análisis se constata que únicamente se alega como vicio de legalidad que la autoridad responsable incurrió en el acto reclamado, en una deficiente fundamentación. En consecuencia, este órgano de control constitucional concluye que si el acto que se reclama puede ser combatido mediante el Procedimiento Contencioso Administrativo -juicio de nulidad-, ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en términos de la Ley Orgánica que rige a dicho tribunal, y el ordenamiento legal con base en el cual se tramitan tales juicios anulatorios, a saber, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, no exige mayores requisitos para conceder la suspensión definitiva del acto impugnado, ni plazo mayor para resolver la suspensión provisional, resulta inconcuso que la parte quejosa previamente a promover la presente instancia constitucional, debió agotar el juicio de nulidad, para así observar el principio de definitividad que rige a este juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia VI.3o.A. J/5 (10a.), del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, observable en la foja 1470, del Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 3, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro: 2004254, que indica: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO INDIRECTO, EN RAZÓN DE QUE EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO QUE LOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 10 DE MARZO DE 2011). Con la redacción del artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, antes de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2010, los actos impugnables en el juicio contencioso administrativo eran susceptibles de atacarse vía juicio de amparo, sin necesidad de agotar previamente aquél. Sin embargo, a partir del 10 de marzo de 2011 en que entró en vigor esa modificación, dicho numeral ya no prevé mayores requisitos que la Ley de Amparo, vigente hasta el dos de abril de 2013, para suspender la ejecución de los actos impugnados, pues incluso los requerimientos básicamente son los mismos, ya que la suspensión puede solicitarse en cualquier tiempo; se concederá siempre que no se afecte el interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, y sean de difícil reparación los daños o perjuicios que puedan causarse con la ejecución; de ocasionarse daños o perjuicios a terceros se concederá siempre que el solicitante otorgue garantía para reparar el daño o indemnizar los perjuicios que se causen, dando la oportunidad a que el tercero exhiba contragarantía para evitar la suspensión de la ejecución del acto impugnado en nulidad; si se trata de una afectación no estimable en dinero la garantía se fijará discrecionalmente; deberá fijarse la situación en que habrán de quedar las cosas hasta que se dicte sentencia firme, pudiendo revocarse o modificarse la concesión o negativa de la medida cautelar por hecho superveniente. Asimismo, en cuanto a la forma de garantizar un crédito fiscal, se permite que se haga ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables, que conforme al artículo 141 del Código Fiscal de la Federación, comprenden no sólo el depósito en efectivo y el embargo, sino también la prenda, hipoteca, fianza y la obligación solidaria asumida por un tercero, entre otros; además, se establece que la garantía o depósito puede reducirse de acuerdo con la capacidad económica del solicitante, o si se trata de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito, lo que incluso otorga un mayor beneficio al contribuyente que la Ley de Amparo. Por tanto, los requisitos vigentes previstos para otorgar la medida cautelar en el juicio contencioso administrativo no rebasan los contemplados al respecto en la Ley de Amparo para conceder dicha medida cautelar, por lo que previo a la promoción del amparo indirecto, debe agotarse aquél, en acatamiento al principio de definitividad." La tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, consultable en la página 4603, del Libro IV, Enero de 2012, Tomo 5, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 2000154, que señala: "RESOLUCIONES IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE DICIEMBRE DE 2010, EN VIGOR A LOS NOVENTA DÍAS DE SU PUBLICACIÓN (10 DE MARZO DE 2011), ES NECESARIO AGOTAR EL JUICIO RELATIVO ANTE EL MENCIONADO ÓRGANO JURISDICCIONAL, EN FORMA PREVIA A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE GARANTÍAS, AL NO PREVERSE MAYORES REQUISITOS QUE LOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE AMPARO PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS." Así como, por identidad de razón, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 576, del Tomo XVII, Enero de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es rubro siguiente: "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL JUICIO CORRESPONDIENTE DEBE AGOTARSE. PREVIAMENTE AL AMPARO, AL NO PREVER LA LEY DEL ACTO MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSION QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO." En otro punto, tampoco se actualiza la excepción de falta de fundamentación, porque de la lectura al oficio impugnado que anexó a su demanda, se advierte que no carece de fundamentación, pues se encuentra fundado en los artículos 4 párrafo cuarto, 8, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2 fracción I, 14, 17, 26, 39 fracciones XXI y XXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; Artículo 1, 3 fracciones I, XXII y XXVIII, 4 fracción lll, 13 inciso a) fracción IX, X, 17 bis, fracción IV, 194 último párrafo, 194 bis, 197, 204, 212, 221, 222, 222 bis, 223, 368, 371, 376, 376 Bis fracción 1, 378 y 393 de la Ley General de Salud; 1, 2, 3, 15, 15-A y 17-A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 1, 2 inciso c) fracción X, 15, 36 y 37 del Reglamento Interior de la Secretaria de Salud; 1, 2, 8, 10, 16, 153, 155, 167, 173, 174, 177, 185, 186, 187 y 188 del Reglamento de Insumos para la Salud; 1, 3 fracción I inciso b, fracción VII y XIII, 4 fracción II inciso c, 11 fracciones VI, XI, y 14 fracción I del Reglamento de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. De este modo, queda claro que la parte quejosa conoce los fundamentos que tuvo la autoridad responsable para emitir el acto reclamado, lo que revela que el perjuicio que hace valer estriba, en una indebida o deficiente como señaló, y no en una falta de fundamentación. Sirve de apoyo el criterio sustentado en la tesis aislada de la Octava Época con número de registro 230849, publicada en el Semanario Judicial de la Federación I, Segunda Parte-1, enero a junio de mil novecientos ochenta y ocho, página 48, cuyo texto y rubro son los siguientes: ACTO RECLAMADO, INDEBIDA FUNDAMENTACION Y MOTIVACION DEL. NO CONSTITUYE UNA VIOLACION DIRECTA A LA CONSTITUCION. La violación directa de la Constitución sólo ocurre en primer lugar, cuando se reclama exclusivamente violación a la garantía de audiencia y en segundo cuando se señala que el acto reclamado se encuentra absolutamente infundado e inmotivado, de tal manera que el agraviado se encuentra en estado de indefensión al no contar con los datos suficientes para elegir el medio de defensa ordinario, por desconocer en qué se apoya el acto de molestia. También es dable precisar que, en el caso, no se impugna la constitucionalidad de algún precepto legal, sino que el accionante parte de la base de que los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo y 248 de la Ley General de Salud fueron declarados inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las jurisprudencias 1a./J. 3/2019 (10a) y 1a./J. 10/2019 (10a) y que, por ello, el oficio reclamado afecta su libre desarrollo. Aun cuando el derecho tutelable que el quejoso estima vulnerado es el relativo al libre desarrollo de la personalidad, lo cierto es, que el acto reclamado consistente en el oficio reclamado 203301EL352362, lo cual no implica afectación directa a dicho derecho, puesto que sólo existe pronunciamiento en relación con la solicitud de autorización para que se le permita el consumo individual de marihuana (cannabis), con fines meramente lúdicos y recreativos. Bajo esa óptica, de lo reseñado en los párrafos que preceden, se advierte que la parte quejosa, lo que pretende es la subsunción del criterio jurisprudencial a su caso concreto, sin que proponga que el oficio reclamado un análisis a la luz del derecho al libre desarrollo de la personalidad con base en la inconstitucionalidad de algunos otros preceptos legales. Esto es, la ilegalidad que plantea, radica en que las consideraciones del acto reclamado evaden los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que, a su parecer, harían prosperar la autorización que solicitó. Argumentos que, evidentemente son de mera legalidad; por ello, no se está ante la excepción a la observancia del principio de definitividad a que alude la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, en tanto que son cuestiones que todos los órganos materialmente jurisdiccionales pueden atender -como lo es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa-, el cual debe de actuar dentro de su competencia, a fin de proteger los derechos humanos de las partes en los juicios contenciosos administrativos en los que dirime controversias y verificar la aplicación de criterios jurisprudenciales que realmente lo sean, de conformidad con lo establecido en el artículo 217 de la Ley de Amparo. En ese tenor, si bien es cierto que un acto de autoridad fundado en una ley declarada inconstitucional por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, en ciertos casos, de los Plenos de Circuito correspondientes, obliga al juzgador de amparo a aplicar la figura de la suplencia de la queja, en términos del artículo 79, fracción I, de la Ley de Amparo; ello no obsta para considerar que la aplicación de dicha suplencia opera únicamente respecto del fondo del asunto, no sobre la procedencia del juicio. Así lo explica la jurisprudencia P./J. 7/2006, sustentada por el Pleno del Máximo Tribunal de la Nación, localizable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIII, febrero de dos mil seis, de rubro siguiente SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTICULO 76 BIS, FRACCION I, DE LA LEY DE AMPARO. NO IMPLICA SOSLAYAR CUESTIONES DE PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS Máxime que el acto reclamado no es alguno de los comprendidos en el artículo 22 constitucional ni el quejoso se ostenta tercero extraño a un procedimiento jurisdiccional que hiciera obviar la excepción del principio de definitividad que invoca. De tal manera que, la existencia de las normas declaradas inconstitucionales no constituye una excepción al principio de definitividad, por las razones expuestas. En esas condiciones, al surtirse de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo PROCEDE DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO promovido por Sergio Rodríguez García Villareal contra actos del Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicitrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), consistente en la negativa de su solicitud para el uso lúdico y recreativo del estupefaciente cannabis sativa. DOMICILIO Se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito de cuenta. AUTORIZADOS Se tiene como su autorizado a Mitsuo Teyer Mercado, Raúl Francisco Yam Medina y José Rivera Coronado en términos del segundo párrafo del artículo 12 referido, estos es únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, en virtud de que la presente demanda versa en materia administrativa, y el primero acreditó encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de Licenciada en Derecho, al estar registrada su cédula profesional en el Sistema Computacional para el Registro Único de Profesionales del Derecho del Consejo de la Judicatura Federal, no así los restantes. Acceso al expediente electrónico. Por otro lado, se tiene al ocursante solicitando se le proporcione acceso al expediente electrónico de este juicio de amparo, a través del portal de servicios electrónicos del Poder Judicial de la Federación y para ello proporciona los siguientes datos Nombre de usuario del ocursante Mitsuo En tal virtud, con fundamento en los artículos 64 y 67 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se autoriza al antes nombrado, para tener acceso al expediente electrónico del presente juicio de amparo, y para consultar el expediente a nombre del usuario Mitsuo o bien, a través de su firma electrónica reconocida por la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas, para todos los efectos legales que correspondan. Hágase lo anterior del conocimiento del oficial administrativo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para el efecto de que realice el registro correspondiente de los usuarios antes nombrados. Así como se le accede a recibir notificaciones por la vía electrónica, como indica el numeral 55 de dicho Acuerdo General lo anterior para todos los efectos legales que correspondan a Mitsuo Medios electrónicos Por otra parte, tomando en consideración que a partir de la expedición de la Ley de Amparo vigente, el legislador incluyó en el trámite del juicio de amparo, la utilización de los avances de la ciencia, es decir, que el trámite del juicio de amparo podrá hacerse vía electrónica, lo que denota la apertura a las innovaciones tecnológicas, aunado a que las partes y sus autorizados tienen derecho a que se les expidan las copias que soliciten, y en aras de una administración pronta y expedita de la justicia en términos del artículo 17 constitucional, este Tribunal Federal no tiene inconveniente alguno de que las partes y las personas autorizadas en el presente juicio, obtenga la reproducción de actuaciones judiciales que obren en el expediente, mediante el uso de cámaras, grabadoras o lectores ópticos para la reproducción electrónica, ante la presencia del secretario a cuyo cargo se encuentra el trámite de este asunto. Apoya a lo anterior, la tesis aislada sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 2847, Tomo XXIX, Marzo de 2009. Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Transparencia Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6º. Fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 113 de Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la ley abrogada, la omisión de manifestar el consentimiento o la oposición para la publicación de sus datos personales, no exime a este Juzgado de suprimirlos en las sentencias, resoluciones y constancias que obren en el presente expediente y que, en su caso, sean requeridas vía solicitud de acceso a la información, protegiendo así la privacidad y la vida íntima de los ciudadanos. Lo anterior conforme al criterio 1/2011, emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal en rubro DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVA DE SU PROTECCIÓN Expediente electrónico Fórmese el correspondiente expediente electrónico de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto 12/2020 del Pleno del consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y Trámite de Expediente Electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo Por otro lado como también se advierte de la certificación secretarial que antecede el acuerdo 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal determinó el inicio de labores con la permanencia de medidas para evitar el contagio del virus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad denominada coronavirus (COVID-19) por ese motivo, se exhorta a las partes A que obtengan su firma electrónica FIREL se registren como usuarios de los servicios en línea del Poder Judicial de la Federación soliciten a este órgano jurisdiccional el acceso a este expediente y la práctica de notificaciones de manera electrónica y en la medida de lo posible, realicen todas sus promociones por esa vía En el caso de las autoridades responsables, aunque se exhorta a los funcionarios públicos a rendir sus informes a través de la plataforma referida en el párrafo que antecede, tomando en consideración que en ocasiones la logística de su trabajo no lo permite, se les requiere para que proporcionen a este Juzgado una dirección de correo electrónico a través de la cual se puedan mantener las comunicaciones oficiales y dirijan sus informes y demás solicitudes al correo institucional (4jdo14cto@correo.cjf.gob.mx). Lo que de ningún modo sustituye la facultad de este Juzgado de solictar, cuando el caso lo amerite, que la comunicación se realice de manera ordinaria. A que en su primera comparecencia luego de la reactivación de este juicio, proporcionen los datos que consideren necesarios para facilitar la comunicación con el órgano jurisdiccional, tales como correos electrónicos, números telefónicos fijos o moviles y el uso de aplicaciones de mensajería instantánea; pues ante los retos que se presentan al levantar la suspensión de labores mientras todavía se encuentran vigentes medidas restrictivas para evitar la propagación del COVID-19, ha sido la postura de este Poder Judicial de la Federación, lograr una pronta y adecuada impartición de justicia, lo que implica mejorar el flujo de comunicación entre las pates y los órganos jurisdiccionales que conozcan de sus asuntos. A tener en cuenta que, conforme al acuerdo 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el acceso al órgano jurisdiccional para la revisión de expedientes o la práctica de diligencias presenciales se encuentra restringido; de modo que su asistencia al local que ocupa este Juzgado deberá realizarse previa cita y la obtención del código QR, en los términos establecidos en dicho acuerdo (apartado denominado Agenda OJ en los servicios en línea del Poder Judicial de la Federación). Con apoyo en el numeral 21 de la Ley de Amparo, se habilita al Actuario adscrito, para que incluso en días y horas inhábiles realice las diligencias de notificación inherentes a este asunto.

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