Sergio Robles Castillo

Expediente 503/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 9 actuaciones registradas, la última del 16 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
503/2018
Año
2018
Actuaciones
9
Última actuación
16/01/2019

Partes del expediente

  • Sergio Robles Castillo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, dieciséis de enero de dos mil diecinueve. Vistos los autos y la certificación que antecede; se advierte que ha transcurrido el término de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, hubiere interpuesto recurso de revisión contra el acuerdo de veintiséis de diciembre de dos mil dieciocho, que sobreseyó fuera de audiencia este juicio de amparo (fojas 55 a 60); en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho auto ha causado estado para los efectos legales procedentes; hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia, y en términos del artículo 214 de la ley de la materia, archívese el expediente como asunto concluido. Se destaca que en este juicio se formó cuaderno de suspensión en donde por una parte se negó y por otra concedió la suspensión definitiva al quejoso, y no se tramitó incidente de violación a la medida cautelar; por tanto, glósese el original del incidente de suspensión relativo a este juicio y guárdese provisionalmente en el archivo de este Juzgado el duplicado del referido incidente. Tomando en consideración que en el duplicado del incidente de suspensión no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido; en consecuencia, en términos del punto segundo, fracción XVIII, del Capítulo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, transcurridos más de seis meses, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, procédase únicamente a la destrucción de ese duplicado. Se hace del conocimiento de las partes que este juicio de amparo será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por otra parte, toda vez que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y en términos de los párrafos que anteceden se ubica en una de las hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Asimismo este Juzgador considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el segundo párrafo, del artículo vigésimo primero en relación con el artículo cuarto del mencionado acuerdo; por lo tanto, este expediente es susceptible de destrucción, así que, una vez que transcurran más de cinco años posteriores a la notificación del presente proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula del presente asunto. Hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública, de las sentencias ejecutoriadas y las resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Finalmente, devuélvase el disco en formato DVD que obra en autos al Juez de Control, residente en esta ciudad. Notifíquese en términos de ley. IV-B

  2. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, a veintiséis de diciembre de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos para que surta sus efectos legales consiguientes, el oficio de cuenta, signado por el Juez de Control, residente en esta ciudad, mediante el cual informa que el nueve de diciembre de dos mil dieciocho, llevó a cabo la audiencia de término constitucional y en apoyo a lo anterior, remite el disco certificado en formato DVD que dice contiene audio y video, del cual se advierte la certificación que contiene la audiencia de término constitucional de nueve de diciembre de dos mil dieciocho, dictado en la causa penal 160/2018, de su índice. En atención a lo anterior, se procede decretar el sobreseimiento en este juicio fuera de la audiencia constitucional, por los motivos legales que más adelante se precisarán y al tenor de lo dispuesto en la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página trescientos ochenta y seis, del tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 184572, cuyo epígrafe y texto son como sigue: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Ante lo expuesto, se realiza la reseña siguiente; de la demanda que dio origen a este juicio, se advierte que el quejoso, SERGIO ROBLES CASTILLO, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez de Control en Materia Penal; Fiscal en Jefe de la Agencia Local del Ministerio Público; Comandante Local de la Agencia Estatal de Investigaciones Sector Salina Cruz, todos residentes en esta ciudad, y Director Operativo de la Región del Istmo de Tehuantepec, residente en Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, que hizo consistir en la orden de aprehensión, presentación, comparecencia o captura dictada en su contra y su ejecución; orden de aprehensión que resultó cierta, según lo informado por la autoridad judicial, toda vez que refirió que en la causa penal 160/2018, en audiencia privada de uno de abril de dos mil dieciocho, libró orden de aprehensión en su contra, por el delito de robo con violencia, cometido en agravio del Comisariado de Bienes Comunales de San Isidro Chacalapa, San Pedro Huamelula, Oaxaca, previsto por el articulo 349 relacionado con el artículo 360, 362, fracción III y V, sancionado por el articulo 354 y 359 del Código Penal del Estado, todos ellos del Código Penal del Estado de Oaxaca; mandamiento de captura que dejó sin efectos el día siete de diciembre en audiencia de comunicación inicial, y por resolución de nueve de diciembre del año en curso, decretó en su contra auto de no vinculación a proceso. En ese contexto, el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, establece: "ARTICULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: ". --"- XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La anterior disposición implica que el juicio de amparo resulta improcedente cuando los actos que se reclamen en el juicio de amparo hayan cesado en sus efectos. En ese sentido, se dice que por lo que ve a la ejecución de la mencionada orden de captura de uno de abril de dos mil dieciocho, se actualiza la causa de improcedencia en análisis, en razón de que como ya se dijo el Juez de Control, residente en esta ciudad, dejó sin efectos dicho mandamiento el día siete de diciembre del presente año en audiencia de comunicación inicial, y por resolución de nueve de diciembre del año en curso, decretó a favor de SERGIO ROBLES CASTILLO auto de no vinculación a proceso por el delito de robo calificado, cometido en perjuicio patrimonial del Comisariado de Bienes Comunales de San Isidro Chacalapa, San Pedro Huamelula, Oaxaca, representado por Marcelino Sánchez García, Noé Aguilar López y Félix Jiménez García, según se advierte del disco DVD, que contiene audio y video de dicha resolución, dictado en la causa penal 160/2018, de su índice, a la que se le concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°. Probanza a la cual se le otorga pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice de 1995, Quinta Época, Tomo VI, Parte SCJN, página 153, materia Común, registro 394182, de contenido literal que a continuación de transcribe: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Así como la diversa jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página: 703, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Materia(s): Común, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 2004362 que aparece con el siguiente rubro y texto: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL.- En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga". Por tanto, es incuestionable, que se actualiza la causal de improcedencia establecida en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, al haber cesado indudablemente los efectos de dicho acto, con fundamento en el numeral 63, fracción V del invocado ordenamiento legal, se sobresee en el juicio fuera de audiencia constitucional, quedando sin efecto la fecha y hora señaladas para llevar a cabo la misma. De esta forma, es patente que desapareció el motivo que dio origen al juicio de amparo que nos ocupa; esto es, la orden de aprehensión en contra del quejoso, en razón de que, como se precisó en líneas precedentes, se dejó sin efectos dicho mandamiento el día siete de diciembre del presente año, en audiencia de comunicación inicial, y por resolución de nueve de diciembre del año en curso, decretó a favor de SERGIO ROBLES CASTILLO auto de no vinculación a proceso, de ahí que desaparecieron en forma total e incondicional los efectos del acto reclamado y, por ende, las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, consiguiéndose la teleología del artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, como si la violación nunca se hubiera realizado, trayendo consigo la improcedencia del juicio, debido a que el acto no seguirá trastocando la esfera jurídica del quejoso. Así, resultaría ocioso ocuparse de analizar la constitucionalidad de dicho acto reclamado, puesto que no es propio de los fines del amparo pronunciar sentencias respecto de actos que han quedado sin efectos y, por lo tanto, ya no ocasiona agravio alguno a la parte quejosa; en consecuencia, resulta indiscutiblemente improcedente el juicio intentado, a la luz de lo que dispone la fracción XXI del numeral 61 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de nuestra Carta Magna, lo que conduce al sobreseimiento en el juicio. Lo anterior encuentra apoyo, por las razones que las informan, en las tesis que a continuación se citan: "DENEGACIÓN DE JUSTICIA, CESACIÓN DE LOS "EFECTOS DEL ACTO QUE LA CONSTITUYE.- Si el quejoso "reclama en el amparo, el acto consistente en la violación del "artículo 17 constitucional, por haber dictado el Juez, con demora, "el proveído relativo a una petición que le hizo, debe estimarse "que cesaron los efectos de ese acto, desde el momento en que "se proveyó a la misma petición, de acuerdo con lo dispuesto por "la fracción XVI, del artículo 73 de la Ley de Amparo, y debe "sobreseerse en el juicio de garantías, de conformidad con la "fracción III, 74 de la misma ley." (Tesis que se encuentra en la página 3750, del Tomo LXIX, de la Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a los meses de julio a septiembre de mil novecientos cuarenta y uno). "CESACION DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA "DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS "EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN "FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación "relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 "de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la "causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la "cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la "autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es "necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en "forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al "estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se "hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere "invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, "la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que "justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o "destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar "la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus "efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera "jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento "de la protección de la Justicia Federal." (Jurisprudencia número 2a./J.59/99, visible en la página 38 del Tomo IX de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta correspondiente al mes de junio de 1999). "SOBRESEIMIENTO. CESACION DE LOS EFECTOS DEL "ACTO RECLAMADO.- Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de "la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se "reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o "inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la "situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el "resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la "Ley de Amparo." (Jurisprudencia número 2a./J.9/98, consultable en la página 210 el Tomo VII de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta correspondiente al mes de febrero de 1998). Lo anterior hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese en términos de ley. I-B-Penal

  3. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, veinte de diciembre de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante oficio PJEO/CJ/JCSC/982/2018-J, la autoridad responsable Juez de Control, residente en esta ciudad, informó que en audiencia de comunicación de imputación de siete de diciembre del año en curso, dejó sin efectos la orden de aprehensión pronunciada el uno de abril de dos mil dieciocho, dictada en contra del quejoso SERGIO ROBLES CASTILLO, en la causa penal 160/2018 de su índice, sin embargo el imputado y su defensa solicitaron el uso del término constitucional para la recepción y desahogo de pruebas, señalándose para ese efecto las trece horas del nueve de diciembre del año en curso, sin que hasta la fecha haya informado la situación jurídica actual de dicho imputado; en esas condiciones, con fundamento en los artículos 75 y 117 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Juez de Control, residente en esta ciudad, para que dentro del término de tres días, contados a partir de la legal notificación de este acuerdo, remita a este órgano jurisdiccional las constancias relativas al términos constitucional e informe la situación jurídica actual del imputado SERGIO ROBLES CASTILLO, relativo a la causa penal 160/2018, toda vez que resultan necesarias para la resolución de este asunto. Apercibimiento, que de no hacerlo, se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, en términos del artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, vigente a partir del veintiocho de enero de dos mil dieciséis, en congruencia con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma disposiciones de diversos acuerdos generales en materia de desindexación del salario mínimo, así como mediante el cual se actualiza el Manual de Organización General del Consejo de la Judicatura Federal. Tal consideración tiene sustento en Jurisprudencia P./J. 17/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Febrero de 1997, página 108, con número de registro 199454, de rubro y texto: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGARSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto". Por tanto, dicha circunstancia, impide la celebración de la audiencia constitucional señalada para este día, por lo que, se difiere la misma, fijándose nuevamente las once horas con cuarenta y cinco minutos del dieciséis de enero de dos mil diecinueve, para llevarla a cabo. MESA IV (PENAL)

  4. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, once de diciembre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio| de cuenta, firmado por el Juez de Control del Circuito Judicial del Istmo, residente en esta ciudad; en atención a su contenido, téngasele informando que en la audiencia de comunicación de imputación señalada para las once horas del siete de diciembre del año en curso, dejó sin efectos la orden de aprehensión de uno de abril del presente año, dictada en contra del quejoso SERGIO ROBLES CASTILLO, continuando con la comunicación inicial, sin embargo, el imputado y su defensa solicitaron hacer uso del término constitucional para la recepción y desahogo de pruebas señalándose para ese efecto las trece horas del día nueve de diciembre del año en curso, de la misma manera precisa que el agente del ministerio público no solicitó medida cautelar alguna. De lo anterior, se toma nota para los efectos legales correspondientes. Notifíquese en términos de ley. IB-P

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