Sergio Roberto Barrera Peña y Otros.

Expediente 1111/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1111/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
10/12/2019

Partes del expediente

  • Sergio Roberto Barrera Peña y Otros.
  • Jesús Salvador Mijangos Patiño y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    De la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se advierte que los quejosos omitieron recurrir el auto de quince de noviembre de dos mil diecinueve, dictado en este juicio. En consecuencia, con apoyo en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2º, se declara que el referido auto ha causado estado. Por tanto, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto concluido. Se instruye al secretario que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico, ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo de la Ley de Amparo, y posteriormente realice la certificación correspondiente. En otro orden, de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito; y, atendiendo a la hipótesis prevista en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción I de dicho acuerdo, el presente juicio de amparo es susceptible de destrucción, en atención al sentido de la resolución pronunciada en el mismo, y carece de relevancia documental. Por último, se deja establecido que ningún documento original se tiene para devolver a los quejosos.

  2. Principal

    Se recibe la demanda de protección de amparo signada por ***** por derecho propio, contra actos del Director General Jurídico Consultivo y de Asuntos Legislativos de la Fiscalía General del Estado de Puebla y otras autoridades. En consecuencia, se ordena formar expediente y registrarlo en el libro de gobierno con el número que corresponda y efectuar las anotaciones para el historial del juicio en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Desechamiento. El numeral 113 de la Ley de Amparo , impone la obligación de revisar la demanda de protección, y si existiere una causa manifiesta de improcedencia podrá desecharse. Esa hipótesis normativa (el desechamiento por una causa de improcedencia) se actualiza frente a los actos que reclaman los quejosos. Para demostrarlo basta indicar que dichos actos estriban en los siguientes: ".A).- De las ordenadoras. - A).- Mencionadas en el inciso a y b, la resolución de fecha 25 de septiembre de 2019, suscrita por Director General Jurídico Consultivo y de Asuntos Legislativos de la Fiscalía General del Estado de Puebla, dictada dentro de la averiguación previa ****** de la Mesa Dos de Asuntos de Investigación Especializada del Sistema Tradicional, en la cual determina en forma ilegal y violentando de la cual vagamente nos enteramos el día 28 de octubre de 2019, ya que nunca nos fue notificada pretendiendo con ello sorprendernos violentando nuestro derecho al acceso a la justicia y defensa, lo cual ha sido recurrente en la averiguaciones previas que han sido iniciadas en nuestra contra, llevando a cabo diligencias a nuestras espaldas. B).- De las ordenadoras citadas en el inciso a, b, c, la omisión de dictar un acuerdo o resolución mediante la cual acumule por conexidad de causa, las averiguaciones previas *** de la Mesa Dos de Asuntos de Investigación Especializada del Sistema Tradicional, a la averiguación previa ****, de la Mesa Uno de Asuntos de Investigación Especializada del Sistema Tradicional, y con ello evitar duplicidad de diligencias y de criterios que han traído consigo una inadecuada impartición de la justicia." (fojas 4 y 5). Por su parte, al relatar los hechos que constituyen los antecedentes de los actos reclamados, los promoventes, en esencia, se duelen de que en la resolución reclamada no se autoriza el inejercicio de la acción penal por atipicidad y se ordena continuar con la averiguación previa, incluso se instruye al Agente del Ministerio Público responsable para que desahogue las pruebas periciales en documentoscopia y grafoscopía. Una vez analizados en su integridad los hechos reclamados y los hechos que constituyen los antecedentes, se considera que la resolución reclamada que tiene por consecuencia la continuación de la integración de la averiguación previa de origen; incluso la omisión de ordenar la acumulación de la indagatoria de origen a otras que se siguen por hechos conexos, actualizan la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, porque la sola integración de la averiguación que trascienda a órdenes de investigación, obedecen al mandato que tiene el Ministerio Público de esclarecer los hechos delictivos, como lo ordena el artículo 21 de la constitución federal. Sirven de sustento a lo anterior las tesis de rubros: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO POR FALTA DE INTERÉS JURÍDICO. SE ACTUALIZA LA CAUSAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XII, DE LA LEY DE LA MATERIA, SI EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN UNA ORDEN DE INVESTIGACIÓN EMITIDA POR EL MINISTERIO PÚBLICO EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA" e "INVESTIGACIÓN INICIAL. LA INTEGRACIÓN DE LA CARPETA RESPECTIVA POR EL MINISTERIO PÚBLICO DURANTE ESTA ETAPA DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO ORAL, POR REGLA GENERAL, ESTÁ EXENTA DEL CONTROL CONSTITUCIONAL MEDIANTE LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, POR NO AFECTAR EL INTERÉS JURÍDICO NI LEGÍTIMO DEL GOBERNADO". Estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer las facultades y obligaciones conferidas al Ministerio Público, con la anteposición del interés particular al de la sociedad. Por consiguiente, se estima improcedente el juicio de amparo indirecto que se promueve contra los actos citados en párrafos anteriores, pues ello deriva de las facultades de investigación del Ministerio Público. Inclusive, los hechos por los que se les investiga pueden desvirtuarlos los quejosos o contrarrestarlos dentro de la misma etapa ministerial, a partir del ofrecimiento y desahogo de pruebas de descargo, en los términos y con los requisitos y límites que fijen las leyes, lo que abona a un estado de certidumbre jurídica; o bien, hasta que la autoridad judicial a quien corresponda conocer de la causa penal, determine si procede librar la correspondiente orden de aprehensión, momento en el cual real y efectivamente se afectará su esfera jurídica. Máxime que la etapa de investigación tiene por objeto que el representante social practique todas las diligencias necesarias para acreditar el hecho con apariencia de delito y la probabilidad de que el imputado haya participado en su comisión; en suma, se trata de una preparación para el ejercicio de la acción penal. Por tanto, se desecha la demanda de amparo respecto de los actos examinados anteriormente, en términos de los artículos 61, fracción XII , con relación al numeral 107, fracción V, así como el diverso 5, fracción I, primer párrafo, de la Ley de amparo. Domicilio de los quejosos. Se tiene como domicilio de los quejosos para oír y recibir notificaciones, el señalado en el escrito de demanda y como autorizados en términos restringidos a los profesionistas que mencionan en la demanda, dado que omitieron conferirle las facultades amplias, a pesar de que ****, tiene registrada su cédula profesional en el sistema electrónico del Consejo de la Judicatura Federal. Reproducción de actuaciones. Se informa a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Sin embargo, se les hace saber que las normas actuales en materia de información pública, obligan a salvaguardar los datos personales y la información reservada que exista en los juicios de amparo. De modo que si las actuaciones a fotografiar contuvieran datos personales o información reservada, y fuera imposible la protección de estos durante el uso de cámaras fotográficas o teléfonos celulares, tendrán que sujetarse al proceso de fotocopiado, es decir, serán fotocopiadas las actuaciones a costa de aquellas, y las copias que se obtengan serán marcadas con líneas negras para salvaguardar la información que deba protegerse. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En relación con lo anterior, se deja establecido que mi determinación se orienta en la tesis jurisprudencial cuyo rubro dice: "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS EN QUE APAREZCAN LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y/O LA ORDEN DE APREHENSIÓN DEL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE AUTORIZARLAS CUANDO SE INTEGRAN AL JUICIO DE AMPARO POR VIRTUD DEL INFORME JUSTIFICADO, SIEMPRE QUE LA INFORMACIÓN RESERVADA O CONFIDENCIAL QUE PUDIEREN CONTENER NO PERTENEZCA A UNA PERSONA DISTINTA ". Datos personales. Con fundamento en el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace saber a los quejosos el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Digitalización de expediente. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal , en específico en su capítulo cuarto, artículo décimo séptimo; en el diverso 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), procédase en su momento a la digitalización del presente asunto a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Por último, se ordena al Analista Jurídico realizar las anotaciones correspondientes, tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

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