Sergio Rivera Salas
Expediente 1693/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 13 actuaciones registradas, la última del 16 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1693/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 16/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero
- Sergio Rivera Salas y Otros.
- Sergio Rivera Salas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y en función de la certificación secretarial que antecede, se aprecia que mediante oficio 2276/2021, la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad, remitió copia certificada del auto de veintidós de octubre de dos mil veintiuno, emitido en el juicio laboral 464/2003. Luego, mediante proveído de uno de diciembre de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional ordenó dar vista a las partes para que en el término de tres días manifestaran lo que a su interés legal conviniera, apercibidas que de no hacer manifestación alguna respecto del cumplimiento dado a la sentencia dictada en este asunto, este Juzgado acordaría lo que en derecho procediera. El proveído de referencia, se notificó personalmente a la parte quejosa el dos de diciembre de dos mil veintiuno, y por oficio al tercero interesado; sin haber hecho alguna manifestación, por lo que este Juzgado Federal se pronuncia al respecto y al efecto realiza el estudio de las constancias a fin de determinar si se encuentra cumplida o no la sentencia que concedió la protección constitucional a Sergio Rivera Salas, por ser una cuestión de orden público y de análisis oficioso. I. Ejecutoria. En sentencia de dos de agosto de dos mil veintiuno, emitida en el presente juicio de amparo, se concedió la protección constitucional a la parte quejosa para el efecto que la autoridad responsable Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, esto es Miriam Cortés Cisneros, realizara lo siguiente: Dejara firme el auto de veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, emitido en el juicio laboral 464/2003, sólo en la parte que el apoderado del demandado designó autorizados para oír y recibir notificaciones. En consecuencia, debería declarar insubsistentes los demás acuerdos emitidos en ese auto. Emitiera una nueva determinación en la que analizara el requerimiento de pago hecho en el auto de quince de agosto de dos mil diecinueve dentro del juicio laboral 464/2003, para lo cual, debería apuntar las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que tenga en consideración para la emisión de la nueva determinación, conforme a lo analizado en el considerando quinto de la sentencia. Vinculara a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero al cumplimiento del laudo dictado en el juicio laboral 464/2003. En el entendido que en el auto que emitiera en cumplimiento a esta sentencia, debería determinar cuál era su obligación, misma que se desprende del desarrollo de la sentencia, a más que, con plenitud de jurisdicción, debería señalar el apercibimiento que corresponda. Por auto de catorce de octubre de dos mil veintiuno, causó ejecutoria la sentencia amparadora, se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, esto es a Miriam Cortes Cisneros. II. Trámite de la autoridad responsable. A fin de dar cumplimiento, la referida autoridad responsable mediante oficio 2276/2021, remitió copia certificada del auto de veintidós de octubre de dos mil veintiuno, emitido en el juicio laboral 464/2003, por el que ordenó dejar firme el auto de veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, solo en la parte donde se acordó la designación de autorizados para oír y recibir notificaciones por parte de la demandada, declarando insubsistente todo lo demás acordado en el mismo. De igual manera, emitió una nueva determinación en la que hizo efectivo el apercibimiento decretado a la demandada en auto de quince de agosto de dos mil diecinueve, por incumplir con el pago del laudo condenatorio; además, vinculó a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, al cumplimiento del laudo, precisando las obligaciones contraídas para dicho fin, con el respectivo apercibimiento de ley. III. Verificativo de cumplimiento. De lo expuesto, se aprecia que la autoridad responsable sí cumplió con los efectos de la ejecutoria de amparo, dado que como se justificó, por auto de veintidós de octubre de dos mil veintiuno, ordenó dejar firme el auto de veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, solo en la parte donde se acordó la designación de autorizados para oír y recibir notificaciones por parte de la demandada, declarando insubsistente todo lo demás acordado en el mismo; de igual manera, a través de una nueva determinación hizo efectivo el apercibimiento decretado a la demandada en auto de quince de agosto de dos mil diecinueve, por incumplir con el pago del laudo condenatorio, además de que vinculó a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado al cumplimiento del laudo, precisándole las obligaciones contraídas para dicho fin, con el respectivo apercibimiento de ley; razones por las que se estima que la responsable se apegó a los lineamientos del fallo federal. IV. Conclusión. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria federal en su totalidad sin exceso ni defecto, pues la autoridad efectuó exactamente lo que le fue ordenado. V. Archivo. Ante tales circunstancias, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente asunto. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación se determina: De acuerdo con el supuesto que prevé el artículo 18, fracción I, incisos a) y b), el expediente principal transcurridos tres años a partir de que surta efectos la notificación personal del presente proveído, será DEPURABLE, en su totalidad, porque se concedió la protección constitucional. Lo anterior, atendiendo a lo establecido en los diversos artículos 12 y 14 del referido Acuerdo General. En términos del diverso artículo 15 del señalado Acuerdo General, este expediente no es de relevancia documental, ni con trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional; aunado a que no existen documentos originales que devolver a las partes. Notifíquese; y personalmente a las partes. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario Jaime González García, que autoriza y da fe.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, uno de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el oficio y anexos de cuenta signado por la Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, residente en esta ciudad, mediante el cual remite el diverso oficio 2276/2021 con anexo, signado por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa el cumplimiento dado a la sentencia de amparo. En tales circunstancias, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista con lo anterior a las partes para que en el plazo de tres días, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, manifiesten lo que a sus intereses convenga, corriéndoles traslado con copia de las constancias que acreditan el cumplimiento al fallo protector; en la inteligencia de que transcurrido dicho plazo, con el desahogo de la vista o sin él, este juzgado se pronunciará en relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto. Notifíquese; y personalmente a las partes. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario Jaime González García, que autoriza y da fe.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, treinta de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el escrito de cuenta presentado por el apoderado de la parte quejosa; atento a su contenido, se le tiene por señalando el correo electrónico j-montalvan@hotmail.com, con número celular 7471065780. Por tanto, con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, comuníquese al Actuario Judicial adscrito el correo electrónico y número telefónico proporcionados con el fin de obtener un medio alternativo de contacto para realizar las notificaciones personales de la parte quejosa, por lo que se le ordena realice la certificación correspondiente. Asimismo, téngase como autorizado para consultar Expedientes Electrónicos al promovente con nombre de usuario: licmonta, en virtud que cumple con lo que establece el artículo 3º de la Ley de Firma Electrónica Avanzada, así como el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo y el diverso artículo 79 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. Por último, no ha lugar a vincular a la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado, al cumplimiento de la ejecutoria de amparo en los términos que lo solicitó el promovente; en virtud que, conforme a los lineamientos y alcances establecidos en la sentencia de amparo, la concesión sólo abarcaba, específicamente en el tema de vinculación, para que la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, vinculara al cumplimiento del laudo condenatorio en el juicio laboral de origen, a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, y que en el auto que al efecto emitiera, le especificara y precisara cuál era su obligación en el cumplimiento del laudo; más no es obligación de este órgano jurisdiccional vincular a potestad diversas al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, porque el fallo protector no tenía tales alcances. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario Jaime González García, que autoriza y da fe.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, catorce de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado de los autos, así como la certificación de cuenta, se aprecia que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el dos de agosto de dos mil veintiuno; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al juicio en que se actúa, en términos del diverso 2 de la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente. Por tanto, con fundamento en los artículos 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, esto es, a Miriam Cortés Cisneros, para que dentro del término de tres días hábiles contados a partir de la legal notificación del presente proveído, cumpla con la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional, cuyos efectos son: Deje firme el auto de veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, emitido en el juicio laboral 464/2003, sólo en la parte que el apoderado del demandado designó autorizados para oír y recibir notificaciones. En consecuencia, deberá declarar insubsistentes los demás acuerdos emitidos en ese auto. Emita una nueva determinación en la que analice el requerimiento de pago hecho en el auto de quince de agosto de dos mil diecinueve dentro del juicio laboral 464/2003, para lo cual, deberá apuntar las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que tenga en consideración para la emisión de la nueva determinación, conforme a lo analizado en el considerando quinto de la presente resolución. Vincule a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero al cumplimiento del laudo dictado en el juicio laboral 464/2003. En el entendido que en el auto que emita en cumplimiento a esta sentencia, debe determinar cuál es su obligación, misma que se desprende del desarrollo de la presente resolución, a más que, con plenitud de jurisdicción, deberá señalar el apercibimiento que corresponda. Apercíbase a la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, esto es, a Miriam Cortés Cisneros, que de no realizar lo ordenado en la ejecutoria se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, equivalente a $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos 00/100 moneda nacional), tomando en cuenta que el valor de dicha unidad de medida es de $89.62 (ochenta y nueve pesos 62/100 moneda nacional), y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado que por turno corresponda, con el fin de que se inicie el procedimiento de inejecución respectivo, que podrá concluir con la separación y consignación del funcionario público contumaz ante el Juez de Distrito, de acuerdo con los artículos 238, 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10ª), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de texto y rubro siguiente: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo. (Décima Época. Registro: 2007918. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I. Materia(s): Común Tesis: P./J. 54/2014 (10a.) Página: 19) Cabe destacar que la referida sanción puede ser impuesta aún en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional, como lo prevé el artículo 198 de ese mismo ordenamiento legal. Sin que haya lugar a requerir al superior jerárquico del órgano laboral responsable, dado que el mismo no tiene; lo anterior en términos de la Jurisprudencia 2a./J.36/2011 (10ª), consultable a página 3515, registro 2000099, del Libro IV, enero de 2012, Tomo 4, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. De los artículos 612, 617, fracción IV, 621 a 623 y 939 de la Ley Federal del Trabajo, así como de la evolución histórica de las Juntas y Tribunales Laborales deriva que para efectos del procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, relativo al cumplimiento de las ejecutorias protectoras de garantías, las referidas Juntas y Tribunales, al ser organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, están desvinculados de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, ésta no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirles cómo han de resolver y cumplir, por lo que no tienen superior inmediato a quién requerirle que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo." Notifíquese. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario José Francisco Herrera García, que autoriza y da fe.
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