Sergio Rivera Macías

Expediente 372/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 6 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
372/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
17/05/2021

Partes del expediente

  • Sergio Rivera Macías

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    - causa estado - se declara que ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar. - ARCHIVO - Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y envíese al archivo. Notifíquese por medio de lista a las partes.

  2. Principal

    Aguascalientes, Aguascalientes, veintiocho de abril de dos mil veintiuno. -Autoridad informa sobre inicio de carpeta de investigación respecto a actos de tortura manifestados por el quejoso- Visto el oficio de la Fiscal Especializada en materia de Tortura de la Fiscalía General del Estado, por medio del cual hace del conocimiento que inició la carpeta de investigación respecto de los actos de tortura manifestados por el quejoso y los actos de investigación que ha considerado necesario realizar. De lo anterior se toma nota. Notifíquese por lista a las partes

  3. Principal

    Aguascalientes, Aguascalientes, veintiuno de abril de dos mil veintiuno Visto el oficio de oficio firmado por el Fiscal General del Estado de Aguascalientes, por medio del cual cumple con el requerimiento hecho en la vista de auto quince de abril de dos mil veintiuno; en el que manifiesta que mediante oficio FGE/OFG/1288/04/2021, se ha instruído al Vicefiscal de Investigación de la Fiscalía General del Estado, a fin de que en el ámbito de sus atribuciones inicie una investigación independiente, imparcial, inmediata y meticulosa respecto de los actos de tortura manifestados por el quejoso. De lo anterior se toma nota. Notifíquese por lista a las partes, de conformidad lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado en cuanto a su vigencia por el diverso Acuerdo General 1/2021.....372/2021-IV.

  4. Principal

    Vista la diligencia de cuenta, de la que se aprecia que la Actuaria Judicial de la adscripción se entrevistó con el directo quejoso ...................... y que éste le manifestó que no era su deseo ratificar la demanda de amparo promovida a su favor por ...........................; en consecuencia, con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo, quedando sin efectos las providencias dictadas en el presente asunto. -PRESERVACIÓN DE EVIDENCIA Y VISTA CON LA ALEGACIÓN SOBRE ACTOS DE TORTURA- Ahora, de la diligencia practicada por la actuaria con el directo quejoso ....................... se obtiene lo siguiente: ?Al cuestionar la Actuaria al quejoso sobre la posible comisión de tortura física o psicológica o tratos inhumanos, así como cualquier otra circunstancia relevante sobre el particular que ponga de manifiesto lo anterior, señaló: ". que lo patearon en hombro izquierdo, rodilla derecha, lo pisaron en la espalda baja del lado derecho y le pegaron con un teléfono celular en la frente". En atención a lo anterior, se provee: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada CCVI/2014 (10a.) y en la Contradicción de Tesis 315/2014; así como el Pleno de la SCJN al resolver el Expediente Varios 1396/2011, al precisar el contenido y alcance del derecho absoluto que impone la prohibición de actos de tortura, consideraron que frente a la denuncia o alegada tortura, las autoridades judiciales, con motivo de sus respectivas funciones, tienen las siguientes obligaciones: 1) Atento al principio interpretativo pro persona, previsto en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para efectos del mencionado derecho, debe considerarse como denuncia de un acto de tortura, a todo tipo de noticia o aviso que sobre ese hecho se formule. 2) Requerir al Ministerio Público para que dé una explicación razonable de lo que ha sucedido con la persona durante la detención, pues no es al imputado a quien le corresponde la carga de probar que sufrió tortura, sino al Ministerio acreditar que no la existió. 3) Investigar oficiosamente sobre los actos de tortura alegados por los inculpados, para determinar su impacto en el proceso como violación a Derechos Humanos; no hacerlo constituye una violación al procedimiento que trasciende al resultado del fallo. De lo anterior deriva, como lo expresó el Máximo Tribunal, para efectos del procedimiento de amparo, la actuación del juzgador constitucional que conoce durante la tramitación de un juicio amparo indirecto, de una noticia o alegación sobre la existencia de tortura u otros actos similares (tratos crueles, inhumanos o degradantes), su proceder debe ser en dos vertientes: I) Adoptar las medidas necesarias, al caso respectivo, para que de manera inmediata se asegure o preserve la evidencia razonable existente, relacionada con los hechos de la tortura aducida; y, II) Dar vista al Ministerio Público con la denuncia o noticia respectiva, a efecto de que éste inicie la investigación, autónoma e independiente, del delito de tortura, expresamente previsto en la legislación; con la correspondiente obligación del representante social, de promover todas las actividades inherentes a su función persecutoria. Atento a lo anterior, en cuanto a la primera de las vertientes anteriores, toda vez que de las razones actuariales de cuenta se observa que la Actuaria Judicial indagó sobre la integridad física del quejoso y sobre las condiciones de su internamiento en las instalaciones en que se encuentran, además asentó en las diligencias lo que observó al respecto, este juzgador considera que no existe diversa evidencia razonable que deba ser preservada por esta autoridad jurisdiccional, respecto a los hechos asentados en la misma acta, relacionados con los malos tratos que la parte quejosa refiere haber recibido. Por otra parte, respecto a la segunda de las vertientes indicadas, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes1, y con apoyo en el último párrafo del numeral 22 de ese ordenamiento, con copia certificada de todo lo actuado en este juicio de amparo, SE DA VISTA al Fiscal General del Estado de Aguascalientes, a fin de que inicie investigación independiente, imparcial y meticulosa con la finalidad de determinar la existencia, origen y naturaleza de la afectación a la integridad personal, aducida por el quejoso, a efecto de que en su caso, se identifique y procese a los responsables, en términos de la normatividad penal aplicable. 1 Artículo 33.- El delito de tortura se investigará y perseguirá de oficio, por denuncia, noticia o vista de la autoridad judicial. La vista judicial tendrá por efecto que la autoridad competente inicie la investigación del delito de tortura en términos de lo dispuesto en la presente Ley y en el Código Nacional de Procedimientos Penales. En el caso de que la autoridad que tenga conocimiento de los hechos constitutivos del delito de tortura no tenga competencia para iniciar la investigación, ésta deberá remitir el asunto de manera inmediata y por cualquier medio, a las Fiscalías Especiales competentes. Todo Servidor Público que tenga conocimiento de la comisión del delito de tortura tiene la obligación de denunciarlo de manera inmediata ante las Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 1a. CCVII/2014 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo I, página 561, que es del tenor literal siguiente: "TORTURA. OBLIGACIONES DE LA AUTORIDAD CUANDO UNA PERSONA MANIFIESTA HABERLA SUFRIDO O SE TENGAN DATOS DE LA MISMA. Cuando la autoridad tenga conocimiento de la manifestación de que una persona ha sufrido tortura o cuando tenga datos de la misma, deberá, inmediatamente y de oficio, dar vista al ministerio público para que inicie una investigación de manera independiente, imparcial y meticulosa. Dicha investigación tiene como finalidad determinar el origen y naturaleza de la afectación a la integridad personal de quien alega la tortura, e identificar y procesar a las personas responsables. Cuando, dentro de un proceso, una persona alegue que su declaración fue obtenida mediante coacción, las autoridades deben verificar la veracidad de dicha denuncia a través de una investigación diligente. Asimismo, el hecho que no se hayan realizado oportunamente los exámenes pertinentes para determinar la existencia de tortura no exime a las autoridades de la obligación de realizarlos e iniciar la investigación respectiva; tales exámenes deben hacerse independientemente del tiempo transcurrido desde la comisión de la tortura. Por tanto, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera relevante destacar que, con independencia de la obligación de los órganos de legalidad o control constitucional, en torno al reconocimiento y protección del derecho humano de integridad personal y la prohibición de la tortura como derecho absoluto, subsistirá en todo momento la obligación de instruir su investigación conforme a los estándares nacionales e internacionales para deslindar responsabilidades y, en su caso, esclarecerla como delito, con fundamento en los artículos 21 de la Constitución Federal, 1, 3, 6 y 8, de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, así como 1o., 3o. y 11o. de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura". Se le solicita al Fiscal General del Estado que, en su oportunidad, informe la determinación que emita con motivo de la vista otorgada. Finalmente, se precisa que no es dable que este órgano jurisdiccional se ocupe de efectuar alguna investigación por los hechos informados en la razón de cuenta, relacionados con los malos tratamientos que el directo quejoso dijo haber sufrido, en razón de que la demanda no fue ratificada por él por lo que la misma se ha tenido por no presentada; de modo que ante la inejercibilidad de la acción constitucional, este tribunal no podría seguir actuando válidamente en investigación de la existencia o no de determinado acto de autoridad en el juicio de amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por oficio al Fiscal General del Estado de Aguascalientes (CON COPIA DE TODO LO ACTUADO). .......372/2021-IV.

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