Sergio Ricardo Serrano Vidal

Expediente 333/2015 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 83 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
333/2015
Año
2015
Actuaciones
83
Última actuación
08/11/2019

Partes del expediente

  • Sergio Ricardo Serrano Vidal
  • Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco
  • Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco

Actuaciones

Las 4 más recientes de 83.

  1. Principal

    Inejecución sin materia. Se tiene por recibido el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en materia de Trabajo del Tercer Circuito, mediante el cual, da a conocer la resolución dictada el treinta de octubre del año en curso, en el incidente de inejecución de sentencia 8/2019, de su índice, cuyo punto resolutivo dice: "ÚNICO.- Se declara sin materia el incidente de inejecución de sentencia 8/2019, derivado del juicio de amparo indirecto 333/2015, del índice del ahora Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado, promovido por Sergio Ricardo Serrano Vidal. ". II. Causa estado. Lo anterior permite concluir que la resolución de once de julio de dos mil diecinueve, que determinó declarar que el cumplimiento de ejecución quedó sin materia, por haber dejado de existir los efectos del fallo protector, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ha causado estado. III. Anotaciones y archivo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto por estar totalmente concluido. IV. Cuaderno de antecedentes. Asimismo, con relación a los cuadernos de antecedentes que se formaron, se ordena glosar al presente sumario únicamente las fojas que contienen firmas autógrafas en original, siendo innecesario adjuntar el resto, por ser fotocopias de actuaciones que obran en autos, por lo que se ordena su destrucción, sin mayor trámite. V. Acuerdo general. En cumplimiento a lo ordenado por el ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA TRANSFERENCIA, DIGITALIZACIÓN, DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LOS EXPEDIENTES GENERADOS EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO, se determina lo siguiente: a) El presente expediente, a consideración de este órgano jurisdiccional, no es de relevancia documental, habida cuenta que la litis no versó respecto a: delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; de igual forma, no se está en el supuesto de que la resolución dictada en este controvertido haya sido impugnada ante organismos públicos internacionales o de que el problema jurídico dilucidado fuese un conflicto laboral de naturaleza colectiva trascendental, aunado a que el fallo judicial no trasciende en forma especial el ámbito jurídico, político, social o económico. Esta decisión encuentra sustento en los párrafos segundo y tercero del punto décimo primero, en relación al último párrafo del diverso dispositivo vigésimo primero, ambos del acuerdo general conjunto en cita. b) En el expediente en que se actúa se emitió sentencia en la que se concedió el amparo y protección de la justicia solicitados en el juicio; sin embargo, dicha resolución fue recurrida, y al efecto, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia De Trabajo Del Tercer Circuito, determinó confirmar el fallo; por lo tanto, es susceptible de depuración, de suerte que una vez transcurridos tres años contados a partir de este acuerdo donde también se ordenará el archivo del asunto, deberá realizarse su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, para el trámite respectivo, conservando la demanda y la sentencia respectiva, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Lo anterior, según lo disponen los puntos décimo, fracción I y vigésimo primero, fracción IV, del acuerdo general invocado. c) En mérito de lo determinado en los incisos precedentes, en la carátula realícese la anotación de que el expediente, no es de relevancia documental y es sujeto de depuración, con fundamento en el párrafo segundo del artículo décimo primero, del multicitado acuerdo general. d) En el presente asunto, no obran documentos a los que se refiere el propio acuerdo en el punto segundo fracción XVIII, por lo que no resulta necesario el cumplimiento al punto Décimo Primero en su último párrafo del mismo.

  2. Principal

    Superioridad admite incidente de inejecución. Se tiene por recibido el oficio signado electrónicamente por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, mediante el cual, informa que dio trámite al incidente de inejecución de sentencia emitida en el juicio de amparo 333/2015, al cual le correspondió el número 8/2019; al respecto, con fundamento en los artículos 220 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los presentes autos para los efectos legales a que haya lugar.

  3. Principal

    Agréguese. Visto el contenido del oficio de cuenta, que suscribe el Secretario General del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, mediante el cual, remiten diversas constancias referentes al cumplimiento del fallo protector. Por tanto, con fundamento en los numerales 220 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio y anexos de cuenta para que surta los efectos correspondientes, toda vez que en proveído de once de julio pasado, se declaró que el cumplimiento de la sentencia de amparo quedó sin materia. Notifíquese.

  4. Principal

    Estado procesal. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, del cual se advierte que mediante proveído de veintiocho de junio de dos mil diecinueve, se dio vista a la parte quejosa y autoridad tercera interesada, para que en el término de tres días manifestaran lo que a su interés legal conviniera, apercibidas que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obraran en autos y los datos aportados por la autoridad; acuerdo que le fue notificado a la parte quejosa el uno de julio de dos mil diecinueve . Por tanto, al no haber manifestación alguna este Juzgado Federal, hace efectivo el apercibimiento respectivo y procede a resolver de oficio con las constancias y elementos que obran en el presente Juicio de Amparo. Pronunciamiento. Este Juzgado de Distrito con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede, de oficio, a resolver si conforme a las constancias que obran en autos se encuentra cumplida o no la ejecutoria de autos. Cabe reiterar que en la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa, el catorce de abril de dos mil quince, en la que, se concedió el amparo y la protección constitucional, misma que fue recurrida por las partes, y que por razón del turno correspondió conocer al, Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, dentro del toca de recurso de revisión 104/2015, de su índice, en cual sus resolutivos fueron del tenor siguiente: "PRIMERO.- Se confirma la sentencia recurrida. --- SEGUNDO. La justicia de la Unión ampara y protege a Sergio Ricardo Serrano Vidal, en contra del acto del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, y Actuario Notificador adscrito, ambos con residencia en Guadalajara, consistente en la omisión de proveer la ejecución del laudo dictado dentro del juicio laboral 403/2007.". Por lo que el efecto concesorio del amparo, es del tenor siguiente: "(.) que el Pleno del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, de inmediato realice las gestiones que estime pertinentes, incluso haciendo uso de las medidas de apremio que contempla el artículo 143 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, para lograr el total cumplimiento del laudo dictado en autos del juicio laboral 403/2007, a efecto de resarcir a la parte quejosa en el goce de la misma, en términos del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo. Amparo que se hace extensivo a los actos reclamados al Actuario Notificador adscrito al Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, al no haberle atribuido actos por vicios propios.". De esta manera, a las constancias remitidas por la responsable, se les concede valor probatorio pleno de conformidad a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos expedidos por una autoridad en ejercicio de sus funciones; tras de lo cual, se pone de manifiesto que la Síndico Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Tomatlán, Jalisco, en representación de la referida entidad pública municipal y el quejoso Sergio Ricardo Serrano Vidal, ante la autoridad responsable, Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, manifestaron que celebraron un convenio de pago a efecto de dar cumplimiento al laudo dictado en el juicio laboral de origen; mismo que fue aprobado por el Pleno del Tribunal responsable y ratificado por ambas partes; y por tanto, fue elevado a la categoría de convenio de laudo ejecutoriado. En ese contexto, resulta necesario establecer que para que este juzgador se encuentre en aptitud legal de resolver en relación al cumplimiento del fallo protector, debe antes precisar que al haber sido elevado dicho convenio por parte del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado, a la categoría de laudo ejecutoriado, éste sustituyó en todos sus efectos jurídicos el laudo dictado el veintiuno de marzo de dos mil trece, cuya materia de ejecución trata el presente juicio. Cobra aplicación por analogía la jurisprudencia que se cita a continuación: Época: Décima Época Registro: 2019582 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 64, Marzo de 2019, Tomo III Materia(s): Laboral Tesis: (V Región)5o. J/9 (10a.) Página: 2459 CONVENIO O LIQUIDACIÓN LABORAL. AL EQUIPARARSE A UN LAUDO, PARA SU VALIDEZ, TODOS LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEBEN SUSCRIBIR LA DETERMINACIÓN RESPECTIVA. El segundo párrafo del artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo prevé que todo convenio o liquidación, para ser válido deberá hacerse por escrito y contener una relación circunstanciada de los hechos que lo motiven y de los derechos comprendidos en él y será ratificado ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, la que lo aprobará, siempre que no contenga renuncia de los derechos de los trabajadores. Por su parte, el numeral 987, párrafos primero y tercero, dispone que los convenios que celebren los patrones con sus trabajadores fuera de juicio, pueden ser sometidos a la aprobación de la Junta -siempre que se cumplan los requisitos del artículo 33-, quien los aprobará cuando no se afecten derechos de los trabajadores y, una vez sancionados, tendrán efectos definitivos, por lo que se elevarán a la categoría de laudo ejecutoriado. De lo anterior se colige como condición indispensable para que los convenios o liquidaciones tengan efecto de laudo ejecutoriado, que sean aprobados por la Junta. Ahora bien, aun cuando la ley referida no prevé la forma en que habrá de integrarse la autoridad laboral para aprobar aquéllos, se considera que la determinación que se emita al respecto, debe suscribirse por todos sus integrantes, como acontece con los laudos. Ello, porque, por regla general, esos convenios o liquidaciones tienden a definir aspectos sustantivos de la relación laboral, como salario, categoría, jornada, vacaciones, aguinaldo y antigüedad. Por tanto, si la aprobación de un convenio o liquidación se equipara a la emisión de un laudo, en razón de que decide derechos laborales sustantivos, es inconcuso que para su validez deban observarse, en lo conducente, las formalidades que prevén los artículos 889 y 890, concretamente que se suscriban por los miembros de la Junta; consecuentemente, si la resolución que los sanciona no cumple con esa exigencia, no pueden considerarse aprobados y tampoco podrán tener efectos definitivos, ni ser elevados a la categoría de laudo ejecutoriado. Situación que conlleva a este órgano jurisdiccional a establecer que, en el presente asunto, ha dejado de existir la materia de ejecución, puesto que -como se dijo-, el laudo a cuyo cumplimiento se obligó en la presente ejecutoria de amparo, fue sustituido por el convenio citado; y por ende, las condiciones de su ejecución cambiaron. Toda vez que a partir del momento en que el convenio celebrado entre las partes fue aprobado y elevado a la categoría de laudo ejecutoriado, cobró total firmeza jurídica a tal grado de sustituir por completo el laudo primigenio cuyo cumplimiento obligaba la ejecutoria de amparo. Aplica a lo anterior, el criterio jurisprudencial que se cita a continuación: Época: Décima Época Registro: 2016660 Instancia: Plenos de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 53, Abril de 2018, Tomo II Materia(s): Común Tesis: PC.XVI.P. J/2 P (10a.) Página: 1496 SENTENCIAS DE AMPARO. FORMA EN QUE EL ÓRGANO JUDICIAL DE AMPARO DEBE RESOLVER SI SE ACTUALIZA UNA EVENTUAL IMPOSIBILIDAD JURÍDICA Y MATERIAL PARA SU CUMPLIMIENTO, CUANDO LA RESPONSABLE ACOMPAÑE CONSTANCIAS DE ELLO PERO OMITA MANIFESTAR EXPRESAMENTE QUE EXISTA DICHA IMPOSIBILIDAD. Cuando la autoridad responsable sólo remite constancias de una eventual imposibilidad para acatar el fallo protector, sin manifestación expresa de dicha imposibilidad, el órgano judicial de amparo deberá ponderar en cada caso si se está o no ante la necesidad de requerir esa expresión, o bien, sin ella, estimar que se actualiza la imposibilidad de que se dé cumplimiento a una sentencia de amparo, ya que habrá asuntos en los que sí se requiera esa expresión y otros en los que sea innecesario; ello, pues puede acontecer que: 1) las pruebas que al efecto acompañe la responsable, sean aptas y bastantes para que, sin tener lugar a dudas, sea evidente ese imposible cumplimiento, por lo que exigir una manifestación expresa de la autoridad tendría únicamente un efecto dilatorio en el trámite de ejecución y archivo del expediente (por ejemplo, cuando a un interno se le concedió la protección constitucional para que se le brinde atención médica, pero éste egresó al obtener su libertad); o 2) que las pruebas no sean suficientemente claras para evidenciar sin duda el imposible cumplimiento y, ante el silencio de la responsable, tampoco se conozca su postura, ya que esas constancias pueden ser sólo para justificar alguna demora, caso en el que sería necesario requerir esa manifestación a la responsable. Por tanto, no puede establecerse una regla genérica, pues dependerá de las constancias remitidas por la autoridad responsable, para que el órgano judicial de amparo actúe en consecuencia; sin que ello implique inadvertir la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 54/2014 (10a.), de título y subtítulo: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO.", toda vez que en ésta se analizó el procedimiento para lograr el cumplimiento del fallo protector, mas no la actualización de la imposibilidad jurídica y material para ejecutarse. Motivo por el cual, este juzgador estima que los efectos del fallo protector no pueden concretarse, al haber dejado de existir la materia del mismo. Sirve de apoyo, por las razones que la integran, la Jurisprudencia cuyo rubro y texto dicen: Época: Novena Época Registro: 173858 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXIV, Diciembre de 2006 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 181/2006 Página: 189 ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad. Por lo tanto, ante la imposibilidad de requerir el cumplimiento al fallo protector que nos ocupa (dado que este fue sustituido por el convenio elevado a laudo ejecutoriado), lo procedente es declarar que el cumplimiento de ejecución ha quedado sin materia, por haber dejado de existir los efectos del fallo protector. De conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, último párrafo, este órgano jurisdiccional, cesa del conocimiento del mismo y ordena su remisión al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, en turno. Cobra aplicación, la Jurisprudencia de rubro y texto: Época: Décima Época Registro: 2014210 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 42, Mayo de 2017, Tomo I Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 44/2017 (10a.) Página: 490 CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. EL ÓRGANO JUDICIAL QUE CONOZCA DEL JUICIO DEBE REMITIR LOS AUTOS AL SUPERIOR EN LOS CASOS EN LOS QUE DETERMINE QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD PARA LOGRARLO. Cuando exista declaración del órgano judicial de amparo en el sentido de que una sentencia protectora no puede cumplirse, sea por razones jurídicas, o bien, materiales, debe cesar en el conocimiento del asunto y enviar los autos al superior, acorde con el quinto párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, que prevé que si la ejecutoria no está cumplida, no está cumplida totalmente, no lo está correctamente o se considera de imposible cumplimiento, remitirá los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, como lo establece, en lo conducente, el artículo 193 de dicha ley; disposición que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pormenorizó en el inciso D) de la fracción VI del artículo segundo de su Acuerdo General Número 5/2013 (*), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de mayo de 2013. Ahora bien, si en lugar de cumplir con esta obligación, el juzgador ordena el archivo del asunto porque, en su concepto, la concesión del amparo no pudo realizar su misión de restituir al quejoso en el goce del derecho humano violado, la fracción II del artículo 201 del mismo ordenamiento habilita a las partes para que interpongan el recurso de inconformidad contra dicha determinación, a fin de que el superior examine su legalidad y, particularmente, si existe o no la pretextada imposibilidad de acatar la sentencia protectora, o la razón esgrimida para renunciar a restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación cometida pues, de no existir este medio de defensa, se privaría al quejoso de la oportunidad de obtener, en los casos que proceda, la sustitución del cumplimiento de la sentencia mediante el pago de los daños y perjuicios que habrían de liquidarse en el incidente respectivo. Remítanse los autos al Tribunal Colegiado. En mérito a la anterior, remítanse los autos originales del presente juicio, al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, en turno, para los efectos a que contrae el artículo 196 quinto párrafo de la Ley de Amparo, y fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Lo anterior comuníquese a las partes, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente.

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