Sergio Reyes Medina
Expediente 970/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 3 actuaciones registradas, la última del 31 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 970/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 31/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Sergio Reyes Medina
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la sentencia dictada en el presente asunto; en tal virtud, con apoyo en lo previsto por los numerales 86 de la Ley de la Materia, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el presente expediente como asunto concluido previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Consecuentemente, con fundamento en el Artículo 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; y toda vez que las constancias que integran el presente sumario, se advierte que no son de relevancia documental, este expediente es destruible, en razón de que se resolvió sobreseer en el presente juicio. Por lo que una vez que transcurran los tres años que establece al artículo 20, fracción I, del supracitado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dentro de los treinta días siguientes, llévese a cabo su destrucción e inclúyase el presente asunto en el acta de baja documental correspondiente que se remitirá a la Dirección General de Archivo y Documentación. Una vez que se reciba el cuaderno relativo al incidente de suspensión derivado del presente asunto, se proveerá respecto al destino del mismo. Por tanto, gírese el oficio correspondiente a la Jueza Séptima de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, a fin de que, de no tener inconveniente legal alguno, remita los cuadernos relativos al incidente de suspensión, derivados del juicio de amparo 1450/2021 de su índice. Notifíquese.....
- Principal
Agréguese a sus autos para que obre como corresponda, la promoción signada por el secretario del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, a la que acompaña testimonio de la resolución pronunciada el veinte de julio de la presente anualidad, en el incidente de inejecución de sentencia 20/2023; acúsese recibo. Ahora, la Superioridad mediante resolución de mérito declaro infundado el incidente de inejecución de sentencia planteado por la autoridad responsable; en consecuencia y en cumplimiento a la citada ejecutoria, con fundamento en los artículos 77, 192, 193, 194 y 197, de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables: El Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas: ********************Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas Así como de los integrantes de la Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas: ********************Presidenta de la Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas. ********************. Consejero Titular de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado ********************Consejero Titular de la Secretaría de Economía del Gobierno del Estado ********************. Consejera Titular de la Coordinación Estatal de Planeación ********************Secretario General y Consejero Titular del Sindicato Único de Trabajadores al servicio del Estado, Municipios y organismos Paraestatales ********************Secretario General y Consejero Titular de la sección 58 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación ********************Secretario General y Consejero Titular del Sindicato Independiente de Trabajadores de Telesecundaria en el Estado de Zacatecas Para que, dentro del término de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, informe el total cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En la inteligencia de que los efectos de la ejecutoria son los siguientes: "Procedan a realizar las gestiones pertinentes y eficaces con la finalidad de que de inmediato se pague al quejoso ********************, la prestación de aguinaldo correspondiente al año dos mil veintiuno y futuros, derivada de la pensión a la que tiene derecho y que no le ha sido pagada, sin que sea sujeta a reducción; y en el caso de insistir en suspender o reducir el monto, deberán promover juicio de lesividad en su contra o un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, en el que se le notifique el inicio del juicio o procedimiento, se le dé la oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas, de alegar y de obtener una resolución que dirima la controversia. Con la obligación de efectuar el pago de manera retroactiva, esto es, desde el momento en el que le fue suspendido el pago de la prestación en cuestión." Asimismo, remitan las constancias que así lo acrediten, con el apercibimiento que de no hacerlo en dicho término o sin causa justificada, se les impondrá una multa de CIEN unidades de medida y actualización (UMA) y además se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, para seguir el trámite de inejecución. En el entendido de que se deben agotar todos los medios y bienes que tenga a su alcance para cumplir con el fallo protector. También importa precisar que las autoridades señaladas como responsables, Director General y Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, según diversos juicios que se llevan en este juzgado, manifestaron carecer de fondos, por ende, imposibilitadas para dar cumplimiento al fallo protector. Luego, de ser cierto ese escenario, el Gobierno del Estado ha realizado una planeación financiera en materia de solvencia y liquidez, que, en este caso, se traduce en la creación del Fondo de Saneamiento Financiero aprobado en el Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2023 por la legislatura del Estado, por el cual se establecen la asignación, destino y ejercicio de recursos públicos determinados presupuestalmente como apoyo para el Saneamiento Financiero y Fortalecimiento Institucional de diversos Entes Públicos, porque, en los últimos años advirtió que diferentes Entes Públicos han tenido que enfrentar situaciones complejas similares a las que el Poder Ejecutivo enfrentó al inicio de su administración, que se traducían en riesgos financieros importantes que en la actualidad mantienen en peligro su estabilidad financiera integral. Según su análisis sobre los riesgos que pueden repercutir en las finanzas públicas del Estado, destacó la situación financiera grave que atraviesa el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en su modelo de pensión existente que se basa en un sistema de solidaridad o reparto, en el que las pensiones de los jubilados se pagan con las cuotas de los trabajadores en activo de la administración pública estatal; y actualmente el Instituto subsiste con más de diecinueve mil derechohabientes en activo y de las aportaciones patronales de los Entes Públicos, por lo que se requiere de una urgente reestructuración de sus ingresos. Para efectos de lo anterior, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Finanzas, en el ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 84, 86 y 138, párrafos primer y segundo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas; artículos 25, fracción II y 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas; artículo 14 y demás relativos del Decreto de Presupuestos de Egresos del Estado de Zacatecas, para el Ejercicio Fiscal 2023, así como los artículos 1, 2 y 7 del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, expidió los "LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN PARA LA ASIGNACIÓN, DESTINO Y EJERCICIO FISCAL DEL FONDO PARA EL SANEAMIENTO FINANCIERO 2023" publicados el quince de febrero de dos mil veintitrés, en el suplemento al Periódico Oficial del Gobierno del Estado Número 13, Tomo CXXXIII, en lo que interesa dispone: "OBJETIVO GENERAL "Artículo 1. El objetivo de los presentes Lineamientos es establecer la asignación, destino y ejercicio de los recursos del Fondo de Saneamiento Financiero del ejercicio fiscal 2023, consistente en el otorgamiento de recursos públicos destinados para el Fortalecimiento Institucional, así como para el saneamiento de las finanzas de los Entes Públicos a través del pago que realicen de sus Obligaciones Financieras, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 14 del Presupuesto de Egresos. El otorgamiento de dichos recursos estará sujeto a la disponibilidad presupuestaria y de flujo que se tenga en la Secretaría." RESPONSABILIDAD EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS DEL FONDO "Artículo 3. Los Entes Públicos beneficiados con el Fondo de Saneamiento serán estrictamente responsables de la ejecución de los recursos públicos que les sean otorgados dentro del marco legal que los regule, así como de los plazos para su ejecución, además atenderán para su ejercicio, las disposiciones normativas en materia de gasto público, rendición de cuentas y los presentes Lineamientos. PLAN ESTATAL DE DESARROLLO "Artículo 4. Los Lineamientos se encuentran con la siguiente alineación al Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027. Principio Rector 1. Hacia una Nueva Gobernanza. Política Pública 1.4 Finanzas Sanas. Cuyo objetivo es sanear las finanzas públicas para orientar el gasto responsablemente a la generación de valor público y bienestar social. Estrategias: 1.4.1 Implementar en el Poder Ejecutivo, e impulsar en los otros Poderes y órdenes de gobierno, una política responsable de disciplina y austeridad como eje del ejercicio del presupuesto público. 1.4.4 Impulsar alternativas para la disminución del costo de la deuda. 1.4.6 Impulsar y gestionar acciones para el saneamiento financiero del sector educativo." INTEGRACIÓN "Artículo 6. El Fondo de Saneamiento será integrado por los recursos previstos en el artículo 14 del Presupuesto de Egresos, los derivados de la revolvencia, así como las demás asignaciones extraordinarias que de acuerdo con la disponibilidad financiera se determinen." APLICACIÓN DEL FONDO DE SANEACIÓN "Artículo 7. La Secretaría asignará recursos del Fondo de Saneamiento, los cuales son considerados recursos no regularizables, para apoyar a los Entes Públicos cuya aplicación o destino sea el cumplimiento de sus Obligaciones Financieras, o para su Fortalecimiento Institucional. Las solicitudes que presenten los Entes Públicos deberán establecer objetivos, acciones, metas y recursos complementarios para cubrir las Obligaciones Financieras o el Fortalecimiento Institucional. Las solicitudes presentadas incluirán el proyecto que podrá referirse a uno o varios de los destinos siguientes: A) Pago de Obligaciones Financieras: I. Pago de Créditos Fiscales Firmes; II. Pago del entero de adeudos por retenciones de ISR del ejercicio fiscal 2022 y anteriores; III. Pago de recargos y actualizaciones del entero de retenciones de ISR del ejercicio fiscal 2022 y anteriores; IV. Pago de impuestos y contribuciones locales por ISN y Control vehicular del ejercicio fiscal 2022 y anteriores; V. Pago de recargos y actualizaciones del entero de retenciones de ISN y Control Vehicular del ejercicio fiscal 2022 y anteriores; VI. Pago de laudos; VII. Regularización de aportaciones patronales al ISSSTEZAC del ejercicio fiscal 2022 y anteriores; VIII. Amortizaciones de los adeudos al IMSS del ejercicio fiscal 2022 y anteriores; IX. Pago de otras obligaciones financieras, y X. Pago de otras obligaciones patronales de seguridad social del ejercicio fiscal 2022 y anteriores. (.). REQUSITOS PARA LA ASIGNACIÓN DEL FONDO "Artículo 8. Los Entes Públicos deberán presentar a la Secretaría solicitud por escrito de los recursos que les sean necesarios para realizar los objetivos descritos en los Incisos A) y B) del artículo 7 de estos Lineamientos con la debida justificación de su objetivo." "Artículo 9. Las solicitudes deberán ser presentadas ante los enlaces siguientes de la Secretaría: ENTE PÚBLICO ENLACE 1. Municipios del Estado y sus Entes 1. Dirección de Coordinación. 2.Poderes, Organismos Descentralizados y Órganos Autónomos 2. Dirección de Presupuesto 3. Organismos Descentralizados de Educación. 3. Dirección de Gestión Financiera del Sector Educativo. VERIFICACIÓN DE VIABILIDAD DE SOLICITUDES "Artículo 10. Los enlaces de la Secretaría recibirán las solicitudes por parte de los Entes Públicos con la finalidad de verificar que cumplan con lo establecido en los artículos 7, 8 y 11 de estos Lineamientos. Cada enlace turnará a la Dirección de Presupuesto las solicitudes que cumplan con lo señalado en el párrafo anterior mediante memorándum. Las solicitudes recibidas que no cuenten con la información necesaria serán rechazadas por el enlace que corresponda, con las observaciones encontradas, en un periodo de 5 días hábiles posteriores a la fecha en que se recibieron." DOCUMENTACIÓN ANEXA PARA PRESENTAR POS LOS ENTES PÚBLICOS "Artículo 11. Los Entes Públicos, a través del Enlace que corresponda, de acuerdo a lo señalado en el artículo 9 de estos Lineamientos, presentarán la Documentación con la que se acredite el destino especificado en su solicitud para recibir recursos del Fondo de Saneamiento, en 2 momentos como sigue: A). Al hacer la Solicitud: I. Solicitud por escrito para ser beneficiarios del Fondo de Saneamiento especificando la cantidad a solicitar y una breve descripción del origen del adeudo, así como especificar si habrá recursos complementarios para el pago a realizar. II. Documentación comprobatoria del adeudo emitida por la autoridad competente. III. Plan de amortización del adeudo, que incluya lo recursos complementarios con que cuenta el Ente Público. IV. Registro contable del adeudo. B) Una vez autorizada la solicitud: I. Convenio firmado, anexando: 1. Identificaciones del titular del Ente Público y de los demás posibles intervinientes. 2. Documentación con la que se acredite la personalidad y/o nombramiento del titular del Ente Público y de los demás posibles intervinientes. 3. Comprobante de domicilio del Ente Público. II. Comprobante Digital por Internet (CFDI) conforme al Plan de Pagos que se establezca en el Convenio. III. Certificación de la cuenta bancaria donde se realizará la transferencia por parte de la Secretaría para la administración de los recursos. Así como la demás documentación que el enlace considere necesaria para acreditar la viabilidad del apoyo." AUTORIZACIÓN DEL RECURSO "Artículo 12. En el Presupuesto de Egresos, fue aprobada una asignación por 150 millones de pesos para el Fondo de Saneamiento, el cual se destina y/o distribuye como se señala a continuación: I. La cantidad de 100 millones de pesos para el saneamiento financiero del ISSSTEZAC, así como para los adeudos que el COBAEZ tiene con el referido Instituto. II. La cantidad de 15 millones de pesos para el saneamiento financiero, así como para el Fortalecimiento Institucional del Poder Legislativo; III. La cantidad de 15 millones de pesos para el saneamiento financiero, así como para el Fortalecimiento Institucional del Poder Judicial, y IV. Los remanentes, así como los recursos derivados de la Revolvencia y asignaciones extraordinarias aportadas al Fondo de Saneamiento serán autorizadas por la Secretaría. Los Entes Públicos a los que se refieren las fracciones I, II y III no se encuentran exentos de las obligaciones señaladas en los artículos 7, 8 y 11 de estos Lineamientos para la aprobación y transferencia del apoyo." "Artículo 13. La Secretaría a través de su titular, previo dictamen de viabilidad presupuestaria que emita la Dirección de Presupuesto, autorizará a los Entes Públicos el monto de los recursos que hayan sido solicitados, quienes serán notificados de ello a través del Enlace que recibió su solicitud." CONVENIO "Artículo 14. Una vez que la Secretaría autorice la asignación del recurso al Ente Público, a través del Enlace que recibió su solicitud, se procederá a la suscripción del Convenio de Transferencia, Ejecución y Comprobación de Recursos Públicos, al cual se deberá anexar la documentación establecida en el artículo 11 inciso B) de estos Lineamientos." "Artículo 15. Para la entrega de los recursos autorizados del Fondo, los Entes Públicos previamente deberán contratar y/o aperturar una cuenta bancaria productiva, específica y exclusiva en la que le será transferido por parte de la Secretaría el recurso que corresponda de acuerdo a sus solicitudes, lo anterior para efectos de la identificación, registro y control de éstos. Notificando con oportunidad dicha información a la Secretaría." Entonces, conforme a los preceptos legales transcritos se desprende, en lo substancial, que de acuerdo a los artículos 14, Octavo, Décimo Segundo y Décimo Séptimo Transitorios del Presupuesto de Egresos del Estado de Zacatecas para el Ejercicio Fiscal 2023, se autorizó a la Secretaría de Finanzas otorgar, cuando así lo soliciten, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, Organismos Públicos Descentralizados, Organismos Autónomos, Municipios de la Entidad y a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial para el Saneamiento Financiero, así como para su Fortalecimiento Institucional, todo en función de la disponibilidad presupuestaria que determine la Secretaría, recursos del Fondo para el Saneamiento Financiero 2023 que en relación al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, cuenta con saneamiento financiero hasta de $100´000,000.00 (cien millones de pesos en moneda nacional); por lo anterior, se considera que las responsables están en aptitud de realizar gestiones a fin de cumplir con la sentencia de amparo. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 192, tercer párrafo, de la Ley de Amparo requiérase a ********************, Gobernador del Estado de Zacatecas, en su carácter de superior jerárquico, en términos de los artículos 4, 7, 14 y 25, fracción XII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas, a efecto de que ordene a los miembros de la Junta Directiva y Director General de dicho instituto el cumplimiento total de la ejecutoria dictada dentro del juicio de amparo en que se actúa. Con el apercibimiento que de no hacerlo, con fundamento en el 258 de la Ley de Amparo, con relación al decreto por el que se declararon reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, se le impondrá multa equivalente a CIEN unidades de medida y actualización vigente. En el entendido de que no bastará con el hecho de que como superior jerárquico emita un oficio en el que indique que giró una orden a la autoridad directamente; sino, que deberá demostrar haber hecho uso de todos los medios de apremio a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer a sus subordinados a fin de lograr el debido cumplimiento de las ejecutorias de amparo. De lo contrario, este órgano jurisdiccional considerará insuficiente su intervención de superior jerárquico y, por tanto, también se hará acreedor a las mismas sanciones correspondientes a las autoridades obligadas a cumplir con la sentencia. Lo anterior, es así, toda vez que el régimen de obligaciones y sanciones que se regulan en la Ley de Amparo, conduce a considerar que la persona que se desempeña como superior jerárquico de las autoridades a quienes corresponda el cumplimiento de ejecutoria, es igualmente responsable en obtener el cumplimiento por parte de las autoridades que supervisa. Por tanto, el actuar del superior jerárquico implica el despliegue de todas las atribuciones que tenga a su alcance para gestionar y obtener el cumplimiento cabal del fallo protector y no solamente actuar como autoridad recordatoria, expectante o intermediaria, sino que debe ir más allá, toda vez que se encuentra sujeta a las mismas obligaciones y sanciones en caso de no demostrar que realizó todo lo posible a su alcance para vencer la renuencia de sus subalternos. Apoya a lo anterior, la Jurisprudencia 1a./J. 108/2022, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del semanario Judicial de la Federación, Libro 16, Agosto de 2022, Tomo III, página 2495, registro 2025145, del texto y rubro siguientes: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. PARA CONSIDERAR COLMADAS SUS OBLIGACIONES, ES INSUFICIENTE QUE LA PERSONA SUPERIOR JERÁRQUICA DE LAS AUTORIDADES OBLIGADAS AL CUMPLIMIENTO SE CONCRETE A INFORMAR QUE ENVIÓ UN OFICIO PARA INSISTIRLES EN EL ACATAMIENTO. Hechos: En un juicio de amparo una autoridad de la Ciudad de México fue requerida en reiteradas ocasiones como superior jerárquica, tanto de la responsable como de la vinculada al cumplimiento; la cual se concretó a informar reiteradamente al Juzgado de Distrito que les envió un oficio a sus subalternos para insistirles en que cumplieran con la ejecutoria de amparo. Criterio jurídico: No basta que el superior jerárquico emita un oficio en el que indique que giró una orden a la autoridad directamente obligada al cumplimiento del fallo protector para que se consideren colmadas sus obligaciones en la etapa de ejecución de una sentencia protectora de derechos humanos, pues debe demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer a fin de constreñir al debido cumplimiento de las ejecutorias de amparo. De lo contrario, la persona juzgadora de amparo debe considerar insuficiente la intervención de la superior jerárquica y, por tanto, que es acreedora a las mismas sanciones que corresponden a las obligadas a cumplir que se tilden como renuentes. Justificación: Del régimen de obligaciones y sanciones que se regulan en la Ley de Amparo, destaca lo previsto en el segundo párrafo del artículo 194 de la indicada ley, relativo a que la persona que se desempeña como superior jerárquica de las autoridades a quienes corresponda el cumplimiento de la ejecutoria, es igualmente responsable en obtener el cumplimiento que las que supervisa. En consecuencia, su actuar debe implicar el despliegue de todas las atribuciones que tenga a su alcance para gestionar y obtener el cumplimiento de la sentencia y no solamente como una autoridad recordatoria e insistente, ya que su intervención debe ir más allá, precisamente porque se encuentra sujeta a las mismas obligaciones y sanciones en caso de no demostrarse que realizó todo lo posible para vencer la renuencia de sus subalternos." En la inteligencia que la multa con la que se apercibe a las autoridades responsables en la etapa de ejecución del fallo protector en primera instancia, debe ser impuesta al servidor público en su carácter de persona física para que sea cubierta de su propio peculio y de esta forma la medida de apremio adquiera efectividad, y no con el presupuesto asignado a la dependencia de gobierno de que se trate, pues de ser así no se lograría vencer la renuencia que se actualiza. Incluso, en términos del artículo 267 de la Ley de Amparo prevé la imposición de la multa y si persiste la renuencia, evasiva, procede la destitución e inhabilitación; y en último extremo, la consignación ante el juez penal, para la imposición de la pena de privación de la libertad de la persona física que incurra en los supuestos descritos en las fracciones que lo integran; en tanto que el diverso 269 de la misma ley, precisa que la pérdida de calidad de autoridad no extingue la responsabilidad penal por los actos u omisiones realizados para no cumplir o eludir el cumplimiento de la sentencia de amparo cuando la ley le exija su acatamiento. Véanse también las jurisprudencias 1a./J. 43/2022 (11a.), 2a./J. 103/2014 (10a.) y 2a./J. 142/2017 (10a.) de la Primera y Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respectivamente, de título y texto: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. EL JUZGADO DE DISTRITO QUE LO REQUIERA DEBE IDENTIFICAR A LOS INTEGRANTES DE UN ENTE COLEGIADO PARA QUE EN CASO DE INCUMPLIMIENTO SE SANCIONE A LAS PERSONAS FÍSICAS QUE LO INTEGRAN. Hechos: En un juicio de amparo indirecto se otorgó la protección constitucional para que un cuerpo colegiado de naturaleza administrativa emitiera una determinación al que se requirió el incumplimiento, y ante su omisión, fue sancionado sin identificar a las personas que lo integran. Criterio jurídico: Cuando la autoridad obligada al cumplimiento de una sentencia de amparo sea un cuerpo colegiado, es insuficiente que se le requiera de manera genérica a su conjunto, y aún es menos idóneo que por su incumplimiento se imponga multa al cuerpo colegiado y no a las personas físicas que lo integran. Justificación: El artículo 267 de la Ley de Amparo establece la imposición de penas de prisión, multa y, en su caso, destitución e inhabilitación a la persona que incurra en los supuestos que describen sus fracciones; en tanto que el artículo 269 de la misma ley precisa que la pérdida de la calidad de autoridad no extingue la responsabilidad penal por los actos u omisiones realizados para no cumplir o eludir el cumplimiento de la sentencia de amparo cuando la ley le exija su acatamiento. En ese orden de ideas es claro que la responsabilidad en torno al cumplimiento y las consecuencias de su inobservancia recae en personas físicas y no en entes de gobierno, ya que no es lógico sancionar a un ente por la conducta de las personas que lo integran, pues de ser así no se lograría vencer la renuencia que se actualiza. Es por ello que el juzgado que lo requiera debe identificar a los integrantes de un ente colegiado para que en caso de incumplimiento se sancione a las personas físicas que lo integran." "PERSONAS MORALES OFICIALES. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE QUEJA CONTRA LA RESOLUCIÓN EMITIDA EN UN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO QUE IMPONE MULTA A UN SERVIDOR PÚBLICO POR NO CUMPLIR UNA EJECUTORIA DE AMPARO. El artículo 97, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo establece que el recurso de queja procede contra las resoluciones emitidas después de dictada la sentencia de amparo indirecto que no admitan recurso de revisión y por su naturaleza trascendental y grave, puedan causar perjuicio a alguna de las partes. Por su parte, los artículos 192, 193 y 258 de la propia ley prevén que los juzgadores federales deberán imponer multa al titular de la autoridad responsable que incumpla una ejecutoria de amparo. Ahora, la multa en cuestión constituye una sanción para la persona física que desempeña el cargo respectivo, quien debe cubrirla de su propio peculio y no con el presupuesto asignado a la dependencia de gobierno de que se trate. Así, las personas morales oficiales carecen de legitimación para interponer el citado recurso de queja, contra la resolución emitida en un juicio de amparo indirecto que impone multa a un servidor público por no cumplir una ejecutoria de amparo, toda vez que dicha resolución no afecta sus derechos patrimoniales, pues la multa debe cubrirla la persona física a quien le fue impuesta en su carácter de servidor público y, por tanto, sólo éste es quien, por derecho propio, está legitimado para controvertir tal decisión. "SERVIDOR PÚBLICO A QUIEN SE IMPONE UNA MULTA EN EL JUICIO DE AMPARO EN SU CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE. PUEDE RECURRIRLA A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES O DELEGADOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 9o. DE LA LEY DE AMPARO. La multa impuesta a la autoridad responsable con motivo del juicio de amparo no repercute en el patrimonio de la dependencia en la que presta su servicio, sino que es una sanción para la persona física derivada de sus conductas u omisiones, por lo que es ésta quien debe cubrirla con sus propios recursos; sin embargo, la multa referida se origina con motivo del cargo público del funcionario y del ejercicio de sus funciones públicas, de manera que no existe impedimento jurídico para que sea representado por los abogados encargados de la defensa jurídica de la institución conforme a las disposiciones aplicables, toda vez que la figura de la representación responde a la finalidad de no distracción de las labores de los titulares de las dependencias públicas, a la no interrupción de sus funciones y, en el caso específico, a evitar que se entorpezcan las labores de las personas morales oficiales mientras los servidores públicos multados ocupan su tiempo en defenderse de la sanción. Además, el legislador no distinguió respecto del alcance, términos, situaciones o etapas procesales en que la representación de las autoridades responsables en el juicio de amparo podría verificarse, sino que fue tajante al prever en el artículo 9o. de la Ley de Amparo que sería "para todos los trámites en el juicio de amparo", lo que se corrobora con las facultades con que se dota a las unidades de apoyo jurídico de las distintas dependencias gubernamentales, a quienes se autoriza generalmente para representar a la persona moral oficial, a su titular y a los demás servidores públicos. Lo anterior no implica que la persona moral tenga legitimación como parte en el medio de impugnación que cuestiona la multa mencionada, así como que el funcionario deje de ser responsable por los actos u omisiones contumaces o ilícitos que la originaron, y que si el medio de defensa no es exitoso, debe cubrir la multa con sus propios recursos en términos de la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2a./J. 103/2014 (10a.)." Por último, con fundamento en el artículo 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, en caso de ser contumaz, una vez que sean impuestas las sanciones económicas, se remitirán los autos del juicio en que se actúa, al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito en Turno, para el seguimiento relativo al trámite de inejecución, el cual puede terminar con la separación de su puesto y consignación. Notifíquese. .....
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SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA SERGIO REYES MEDINA, EL AUTO DE VEINTITRÉS DE AGOSTO DEL DOS MIL VEINTITRÉS, DICTADO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 970/2023, DEL ÍNDICE DEL JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN ESTE ESTADO, LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 27 FARCCION I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO. --- Recepción y demanda. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por********************, contra actos del Tribunal Laboral de la Región Norte del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas. Expediente y registro. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 970/2023 que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. Desechamiento. Este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como establece el precepto 113 de la Ley de amparo que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El dispositivo en comento, establece que el juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. Lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es ilustrativa sobre el particular, la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, mayo de 1998, visible en la página 890, Materia Común, Novena Época, que al tenor establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes.'. En relación con ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del Juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis cuya instancia es Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo VIII, noviembre de 1991, página: 198 Materia Común, Octava Época, cuyo texto y rubro son del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. Siempre que la causa de improcedencia no sea evidente en sí misma, debe el juzgador admitir y tramitar la demanda de garantías a efecto de dar oportunidad a las partes en el juicio de rendir los elementos de prueba que, por un lado, justifique el ejercicio de la acción y, por otro, que permitan al juez, en su momento procesal oportuno, pronunciar la resolución que en derecho corresponda, pues cuando el artículo 145 de la Ley de Amparo, establece que el juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la misma, la desechará de plano, se está refiriendo a que el motivo de improcedencia de la demanda de amparo, debe ser tan claro y tan evidente que no deje lugar a dudas, es decir, tan notorio e indiscutible que sin necesidad de ulterior comprobación, surja a la vista haciendo inejercitable la acción constitucional.'. Una vez analizada la demanda de amparo, este juzgador advierte que en el caso se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción V, de la misma legislación, a contrario sensu, conforme a las siguientes consideraciones. Los numerales 61, fracción XXIII, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" Del análisis de los artículos en cita, se advierte que, cuando se trate de violaciones cometidas dentro de un procedimiento, por regla general, es procedente el juicio de amparo directo, siempre y cuando tales violaciones afecten las defensas de la parte quejosa trascendiendo al resultado del fallo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Federal y 170, fracción I, de la Ley de Amparo. No obstante, existe una serie de excepciones en las que procede el juicio de amparo indirecto ante el Juez de Distrito, de acuerdo con lo que señala el artículo 107, fracción III, incisos b) y c), Constitucional y que precisa el artículo 107, fracción V, de su ley reglamentaria, cuando se trata de actos en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación. Así, de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, deriva la procedencia del juicio de amparo, que en armonía con lo dispuesto en el artículo 170 de dicho ordenamiento, evidencian que la constitucionalidad de los actos emitidos dentro de un procedimiento debe ser analizada, en principio, en el juicio de amparo directo que se promueva contra la resolución que ponga fin a dicho procedimiento, siempre que respecto de los mismos se haya agotado el principio de definitividad, en las materias en donde sea exigible esta disposición; afecte al quejoso y trasciendan al sentido de la resolución reclamada; sin embargo, procede excepcionalmente el juicio de amparo indirecto contra dichos actos, cuando sus efectos sean de imposible reparación. De conformidad con la fracción legal en análisis, las condiciones normativas para la procedencia del amparo indirecto en contra de actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento, son las siguientes: a) Que se trate de actos que afecten materialmente derechos, lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; b) Y que tales derechos afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Interpretación la anterior, que además se corrobora, si se toma en cuenta que en la Ley de Amparo, el legislador privilegió el principio de concentración, con la finalidad de que sea en un solo juicio en el que se diriman los problemas y evitar que éstos se prolonguen con amparos para efectos, por ende, al establecer la procedencia del juicio de garantías bi-instancial, en la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, no consideró las violaciones procesales como actos de imposible reparación, las cuales fueron reservadas para ser reclamadas junto con la sentencia, a través del amparo unistancial, en términos del ordinal 172 de la Ley de Amparo. Ahora bien, uno de los supuestos excepcionales de procedencia del juicio de amparo indirecto para combatir actos acaecidos dentro de juicio, está expresamente regulado en el numeral 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, relativo a resoluciones que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto. Pese a que el enunciado normativo antedicho no da margen a hacer distinciones, dicha fracción no debe ser interpretada aisladamente sino de manera sistemática con el contenido del artículo 107, fracción III, inciso b), la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la diversa fracción V del citado ordinal 107 de la Ley de Amparo, dispositivos conforme a los cuales la condicionante para la procedencia del juicio de amparo indirecto es que los actos reclamados sean de imposible reparación. De no realizar esta vinculación sistemática se corre el riesgo de aceptar a trámite un juicio constitucional violentando los principios que la sustentan, a saber, el de ser un medio extraordinario de defensa que sólo puede interponerse ante un acto real que cause un perjuicio actual en la esfera de los derechos sustantivos del gobernado. Acotado lo anterior, es pertinente establecer que de la interpretación sistemática de ambas fracciones del numeral 107 de la Ley de Amparo, se colige que el juicio de amparo indirecto es procedente en contra de la determinación por la cual una autoridad determina inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, siempre que esta sea de imposible reparación, lo cual se actualiza, cuando el órgano a favor del cual se declina la competencia, la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria); o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada. En el caso, el acto aquí reclamado consiste en la resolución de veinte de julio de dos mil veintitrés, por la cual el Tribunal Laboral de la Región Norte del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas, determinó declinar la competencia del juicio laboral ******************** a favor del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en la Ciudad de México. Ahora, si bien se reclama la resolución en la cual el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en la Ciudad de México, determinó declinar la competencia del juicio laboral ******************** a favor del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en la Ciudad de México, este órgano jurisdiccional considera que actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. El artículo 107, fracción V de la Ley de Amparo, establece la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, lo que interpretado a contrario sensu, importa que si el acto reclamado no es de aquéllos cuyos efectos sean de ejecución irreparable, el juicio de amparo biinstancial es improcedente. Es importante establecer que los actos tienen una ejecución irreparable o de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutelan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, y no cuando sólo afecten derechos adjetivos o procesales, porque la afectación irreparable o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufre obtenga una sentencia definitiva en el procedimiento natural, favorable a sus pretensiones. En consecuencia, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación llegan a extinguirse sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque esa violación es susceptible de repararse posteriormente, al reclamar el acto o resolución definitiva. Precisado lo anterior, el acto reclamado en este juicio no tiene una ejecución que sea de imposible reparación, según el concepto definido por el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, pues la resolución combatida sólo sostuvo que el Tribunal Laboral de la Región Norte del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas, determinó declinar la competencia del juicio laboral ******************** a favor del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en la Ciudad de México. En efecto, si bien la responsable declaró declinar la competencia del juicio laboral ******************** también es cierto que aún no se define la autoridad que deberá conocer de la demanda, ya que por lo menos se requiere de otra resolución que en definitiva decida este aspecto; es decir, tal definición depende de que la autoridad en cuyo favor se declinó, asuma la competencia planteada, lo que todavía no acontece. Además, la cuestión competencial por declinatoria inicia cuando una autoridad determina carecer de competencia para conocer de un asunto, y concluye, cuando la autoridad a cuyo favor se declinó, asume la competencia, pues será hasta ese momento que quedará establecido en forma definitiva cuál es la autoridad que debe conocer del asunto y tal cuestión podrá ser impugnada mediante el juicio de amparo indirecto, en términos del artículo 107, fracción VIII, de la ley de la materia. Es exactamente aplicable, la jurisprudencia P./J. 17/2015, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2009721, Décima Época, Materia Común, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 21, Agosto de 2015, Tomo I, de contenido: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas." Al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia en estudio y no estar en el supuesto de procedencia del amparo conforme al artículo 107, fracción VIII, de la ley de la materia, se desecha la demanda promovida por********************, contra actos del Tribunal Laboral de la Región Norte del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas. Autorizados y domicilio para oír y recibir notificaciones. Se tiene como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia a ******************** ********************toda vez que tienen su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; además, se tiene como domicilio procesal el indicado en la demanda de amparo. Habilitación de días y horas inhábiles. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. Uso de medios electrónicos. Se hace del conocimiento de las partes que se les permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados; con excepción de las constancias que tengan el carácter de reservada o confidencial. Exhortación a las partes a hacer uso del juicio en línea. Con fundamento en la fracción II, in fine, del artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes a que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea), para presentar futuras promociones, acceder al expediente electrónico y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales emitidas en el presente juicio; lo anterior previa solicitud de autorización que se trate. Integración del expediente. Se hace del conocimiento que, acorde a lo dispuesto por el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, cuando así lo considere este órgano jurisdiccional en atención a la dinámica de trabajo, el expediente físico contendrá únicamente las promociones recibidas en forma física y las constancias de notificación que se generen de la misma manera; esto es, las constancias y documentos presentados electrónicamente, así como las actuaciones y resoluciones firmadas electrónicamente, no serán integradas al expediente físico. Consulta del expediente. En la misma línea, se informa que las partes autorizadas para ello, podrán consultar su expediente desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; en la inteligencia de que quienes no tengan habilitada esta modalidad, podrán acudir físicamente a este órgano, para consultar el expediente electrónico en los equipos que, en su caso, sean dispuestos para tal efecto; esto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 263 fracción IV del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, y 41 Bis del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Ley de transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 68 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comuníquese a las partes que al hacerse pública la sentencia que se dicte en el presente asunto, se testará la información que de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita sea considerada como reservada o confidencial. Notifíquese personalmente...... ----
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