Sergio Rene Reyna Ojeda
Expediente 1614/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1614/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 13/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Sergio Rene Reyna Ojeda
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, trece de noviembre de dos mil veintitrés. Se tiene por hecha la certificación de cuenta de la que se advierte que del dieciséis al veintinueve de octubre de dos mil veintitrés, se declararon como días inhábiles con base en las circulares 28/2023 y 29/2023 firmadas por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como en los avisos de suspensión de labores, emitidos por los Coordinadores de Juezas y Jueces de Distrito del Decimocuarto Circuito y de los Tribunales Laborales Federales de Asuntos Individuales en el Estado de Yucatán, con sede en Mérida, con motivo del paro y las manifestaciones llevadas a cabo por los integrantes del Poder Judicial de la Federación y sus sindicatos; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Asimismo, vista la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la citada ley, contra el acuerdo de nueve de octubre de dos mil veintitrés, con el cual se desechó de plano la demanda de amparo. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2º, se declara que el citado acuerdo en que se desechó la demanda, ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al artículo 20, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que en virtud de que se desechó la demanda de amparo, no se encuentra en alguno de los supuestos de relevancia documental, ni cuenta con documentos determinados como información reservada, es susceptible de destrucción, lo que se podrá realizar una vez transcurrido el plazo de conservación de tres años a que se refiere la parte inicial del numeral referido. Por otro lado, se hace notar que no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes. De conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación en la carátula del presente expediente, en el sentido de que este asunto es destruible. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Daniel Rodríguez Mendoza, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. DOY FE.
- Principal
Mérida, Yucatán, nueve de octubre de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, que contiene insertos los autos de veintiuno de septiembre y cinco de octubre, ambos del año en curso, en el que se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo, y al cual anexa los autos originales del juicio de amparo directo 766/2023 de su índice, promovido por Sergio René Reyna Ojeda, así como copia certificada de la resolución de ocho de junio de dos mil veintitrés, dictada en el toca de apelación 135/2023. Y por cuanto dicho cuerpo colegiado, mediante resolución dictada el veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés, misma que adquirió firmeza el cinco de octubre de esta anualidad, resolvió carecer de competencia legal para conocer de la demanda de que se trata; con fundamento en los artículos 107, fracción IV, 45 de la Ley de Amparo y 49 de la actual Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento del asunto en comento; comuníquese lo anterior al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, para los fines conducentes. Acúsese el recibo correspondiente. En ese sentido, vista la demanda de amparo promovida por Sergio René Reyna Ojeda, contra el acto que reclama de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado; en consecuencia, fórmese expediente, regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado como juicio de amparo 1614/2023-VIII. Sentado lo anterior, debe decirse que, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de mérito por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Se estima lo anterior, pues el peticionario de amparo reclama de la Sala responsable, la ejecutoria de ocho de junio de dos mil veintitrés, emitida en el toca 135/2023, derivado del juicio ordinario oral familiar de reducción de pensión alimenticia 330/2017, del índice del Juzgado Cuarto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado; misma ejecutoria en la que se ordenó la reposición del procedimiento, a fin de que antes de continuar con la audiencia principal, recabe la información mencionada en la parte considerativa de la misma y, posteriormente, con libertad de jurisdicción para el caso de los alimentos y siguiendo los lineamientos trazados para los alimentos retroactivos, dicte la sentencia correspondiente. En ese sentido este órgano de control constitucional considera que, respecto de dicho acto reclamado, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, como se verá a continuación. Lo anteriores dispositivos legales establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ...XXII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: .V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." En efecto, para sustentar la actualización de la causal de improcedencia en análisis, debe indicarse, en principio, que de tales disposiciones legales se desprende que tratándose de actos emitidos dentro de juicio, el amparo indirecto sólo procede cuando éstos tienen sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación; es decir, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución Federal o los tratados internacionales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera, porque esta afectación o sus efectos no se destruyen fácticamente con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una resolución definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. En cambio, los actos en juicio de ejecución reparable respecto de los cuales no procede el amparo indirecto, no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado; actos que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica; de ahí que respecto de ellos el amparo biinstancial es improcedente y tal acto se puede impugnar como una violación al procedimiento reclamable en el amparo directo que se promueva contra la sentencia que le resulte desfavorable. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 189, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 154, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo rubro y texto son los siguientes: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE. PRESENTA. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO. CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo, ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen, ejecución irreparable los actos dentro del juicio, solo cuando afecten de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que solo afecten derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Para demostrarlo, convienen señalar los antecedentes del acto reclamado, que se deducen de la resolución del toca de origen 1089/2021 y del propio toca que obran en el diverso juicio de amparo 1613/2023-VII del índice de este juzgado, lo cual resulta un hecho notorio de conformidad con el numeral 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la Ley de Amparo. Por sentencia de seis de octubre de dos mil veintidós, dictada en el controvertido 330/2017, se declaró procedente el juicio ordinario oral familiar de reducción de pensión alimenticia, promovido por el aquí quejoso Sergio René Reyna Ojeda contra Cristy Noemí Argáez Cauich, en representación de la entonces menor de edad, Andrea Azeneth Reyna Argáez; decretándose como nuevo importe de pensión alimenticia a cargo de Reyna Ojeda, el veinticinco por ciento del total de sus sueldos, emolumentos y demás prestaciones; y declarándose improcedente la reconvención promovida por Argáez Cauich. Inconformes con esa determinación, tanto el quejoso como su contraparte interpusieron el recurso de apelación contra dicha sentencia. El ocho de julio de dos mil veintitrés, la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia, dejó insubsistente la sentencia citada, y determinó la reposición del procedimiento del procedimiento de origen, a fin de que antes de continuar con la audiencia principal, se recabara la información mencionada en la parte considerativa de la misma y, posteriormente, con libertad de jurisdicción para el caso del monto de la pensión alimenticia y siguiendo los lineamientos trazados para los alimentos retroactivos, dicte la sentencia correspondiente. Expuesto lo anterior, cabe señalar ahora que, por tratarse el acto reclamado en la citada sentencia de segunda instancia que ordenó la reposición del procedimiento de origen, resulta necesario determinar si ésta trae aparejada o no una ejecución de imposible reparación. Así, tomando en consideración la naturaleza del acto reclamado por el quejoso, para establecer si procede el amparo indirecto en contra de la sentencia de segundo grado que deja insubsistente la de primera instancia y ordena la reposición del procedimiento, por violaciones cometidas en éste, en cada caso concreto debe estudiarse y determinarse si las consecuencias producidas por la insubsistencia de la resolución de primera instancia y por la reposición ordenada, son o no de imposible reparación. En efecto, la mera reposición del procedimiento, por regla general, no produce la afectación cierta e inmediata de algún derecho sustantivo, cuyas consecuencias no sean reparables aun cuando quien las sufra obtenga sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio, en algunos casos las consecuencias de dicha reposición del procedimiento pueden llegar a producir tales afectaciones, caso en el que procederá el amparo indirecto en contra de la sentencia de segundo grado que decretó la reposición; por el contrario, si las consecuencias de la insubsistencia del fallo o de la reposición del procedimiento no afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo reconocido en la Constitución, se estará frente a una violación del procedimiento reclamable en el amparo directo que llegare a intentarse contra la sentencia definitiva, pues tal caso es análogo, por su gravedad y efectos, a los previstos por el artículo 172 de la Ley de Amparo, y afecta las defensas de la parte agraviada pudiendo trascender al resultado del fallo. Al caso tiene aplicación la jurisprudencia 56, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 36, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "AMPARO INDIRECTO. PARA LOS EFECTOS DE SU PROCEDENCIA CONTRA LA SENTENCIA DE SEGUNDO GRADO QUE DEJA INSUBSISTENTE LA DE PRIMERA INSTANCIA Y ORDENA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO, DEBE DETERMINARSE SI LAS CONSECUENCIAS DE LA INSUBSISTENCIA DEL FALLO Y DE LA REPOSICIÓN, SON O NO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. Para establecer si procede el amparo indirecto en contra de la sentencia de segundo grado que deja insubsistente la de primera instancia y ordena la reposición del procedimiento por violaciones cometidas en éste, en cada caso concreto debe estudiarse y determinarse si las consecuencias producidas por la insubsistencia de la resolución de primera instancia y por la reposición ordenada, son o no de imposible reparación, y para ello debe acatarse el criterio sostenido en la jurisprudencia 6/1991, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia en sesión privada de 22 de enero de 1991, con el rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCION QUE DESECHA LA EXCEPCION DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNE LA SENTENCIA DEFINITIVA.". En efecto, si bien la mera reposición del procedimiento, por regla general, no produce la afectación cierta e inmediata de algún derecho sustantivo, consagrado por las garantías individuales, cuyas consecuencias no sean reparables aun cuando quien las sufra obtenga sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio, en algunos casos las consecuencias de dicha reposición del procedimiento pueden llegar a producir tales afectaciones, caso en el que procederá el amparo indirecto en contra de la sentencia de segundo grado que decretó la reposición. Por el contrario, si las consecuencias de la insubsistencia del fallo o de la reposición del procedimiento no afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo consagrado por las garantías individuales, se estará frente a una violación del procedimiento reclamable en el amparo directo que llegare a intentarse contra la sentencia definitiva, pues tal caso es análogo, por su gravedad y efectos, a los previstos por el artículo 159 de la Ley de Amparo, y afecta las defensas de la parte agraviada pudiendo trascender al resultado del fallo." Trasladadas las anteriores consideraciones al caso concreto, esta Juzgadora Federal estima que no causa agravio de imposible reparación al quejoso, el hecho que la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, dejara insubsistente la sentencia definitiva dictada en el procedimiento 330/2017, ordenando la reposición del mismo, a efecto de que, previo al dictado de una nueva sentencia, se recabe la información mencionada en la parte considerativa de la citada ejecutoria y, posteriormente, con libertad de jurisdicción para el caso de fijar el monto de la pensión alimenticia y siguiendo los lineamientos trazados para los alimentos retroactivos, dictara una nueva sentencia. Ello, cuenta habida que ello no constituye un acto que provoque sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, en los términos a que se refiere el invocado artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, requisito indispensable para la procedencia del juicio en la vía indirecta. Lo anterior, es así puesto que la emisión de tal determinación de reponer el procedimiento natural, no deja sin defensa a la solicitante del amparo, que pudiera trascender y afectar sus derechos sustantivos, pues además, de que la resolución de primera instancia que fue dejada insubsistente en segunda instancia a través del acto reclamado, no le era favorable, de cualquier forma la resolución reclamada por sí misma no tiene el carácter de irreparable, cuenta habida que no lo priva de su patrimonio, posesiones, libertades, sino que sólo tiene efectos procesales de recabar pruebas, por lo que el perjuicio que pudiera irrogarle, podrá ser reparado, en todo caso, a través del amparo que se promueva contra la sentencia definitiva que en su caso se haga valer contra la misma, lo que significa que no existe algún estado de indefensión en la quejosa que pudiera trascender y afectar sus derechos sustantivos, precisamente por no tener el carácter de irreparable. Así entonces, la aludida determinación constituye un acto dentro de juicio que no afecta por sí mismo de manera directa un derecho sustantivo del peticionario del amparo, sino que tal afectación puede darse en derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal y, en todo caso, inciden en la posición que van tomando la solicitante de amparo como una de las partes dentro del procedimiento natural con vista a obtener un fallo favorable, por lo que, cuando se logra este objeto primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos; y de no ser así, como se dijo, el acto reclamado podría constituir una violación intraprocesal misma que podría reclamarse en el juicio de amparo directo que en su caso se promueva contra la sentencia que se pronuncie con posterioridad, en términos de lo dispuesto en los artículos 172 y siguientes de la Ley de Amparo. De ahí que no exista la conculcación actual y directa de un derecho sustantivo contenido en los artículos constitucionales a los que alude la parte quejosa, sino de carácter formal o intraprocesal. Por ende, el acto reclamado en este juicio y sus efectos, no son de imposible reparación, pues no afecta un derecho sustantivo, y en esas condiciones, tal violación podría combatirla la quejosa al dictarse la sentencia definitiva mediante el juicio de amparo directo. Lo anterior, sin que pase inadvertido lo expuesto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 1ª./J.106/2004, visible en la página 199, Tomo XXI, enero de 2005, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE DEJA INSUBSISTENTE LA SENTENCIA DE PRIMER GRADO Y ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO PARA INTEGRARLO, ES UN ACTO CONTRA EL QUE PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO. La resolución de segunda instancia que deja insubsistente la sentencia de primer grado y ordena reponer el procedimiento de un juicio natural, para efecto de integrar el litisconsorcio pasivo necesario, no es un acto definitivo contra el que procede el amparo en la vía directa, porque no pone fin al juicio, de manera que su impugnación sólo podría efectuarse en la vía indirecta. Para ello, sin embargo, se requiere que dicho acto satisfaga el atributo de ser de imposible reparación. Y en efecto, constituye un acto procesal equiparable a los de imposible reparación, contra el cual procede el amparo en la vía indirecta, porque afecta en grado predominante o superior a la parte que obtuvo una sentencia con la que está conforme, pues por virtud de la resolución de alzada, se encuentra con que queda insubsistente aquel fallo, para llamar a un sujeto hasta ese momento ajeno a la litis, y que eventualmente puede no ser un litisconsorcio pasivo necesario, con lo que el nuevo juicio que se instaure podría, a la postre, ser inútil. Además, atendiendo a los efectos concretos que en cada caso resulten de la reposición del procedimiento, podrían existir consecuencias de imposible reparación que también hagan mérito para la procedencia del amparo indirecto, tales como 1) el que por virtud de la orden de reponer el procedimiento se nulifiquen actuaciones procesales ya practicadas, como el desahogo de pruebas que, ya para el nuevo juicio que se instaure, podría ser imposible que se desahogaran de vuelta (piénsese, por ejemplo, en el fallecimiento de testigos que ya rindieron testimonio o la destrucción de documentos), o 2) los requerimientos, bajo apercibimientos graves como el de desechar la demanda, formulados a la actora de cumplir con ciertas conductas al momento de reponer el procedimiento." Ello, precisamente porque hoy, la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de dos de abril de dos mil trece, a diferencia de la ley abrogada e incluso de la propia Constitución Federal con su reforma de seis de junio de dos mil once, ya define, en su artículo 107, fracción V, a los actos de imposible reparación, como aquellos "...que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte...", lo que implica que una violación procesal que sólo produzca una afectación de naturaleza adjetiva o intraprocesal, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de dos de abril del año anterior, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera. Tales afirmaciones, encuentran sustento, por dilucidar el mismo tema en análisis en este juicio, en la tesis IV.20.C.5 K (10ª), del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, que este juzgado comparte, publicada en la página 2159, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo III, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto señalan: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en el mismo medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, sigue prevaleciendo la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación, sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de dos de abril de dos mil trece, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Unidos (sic) Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera." En este mismo sentido se pronunció el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión pública ordinaria de veinticuatro de marzo de dos mil catorce, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, y el Segundo y Cuarto Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, donde por decisión mayoritaria de los Ministros integrantes del Máximo Tribunal del País, adoptaron el criterio que refiere, sustancialmente, que los actos de ejecución irreparable se encuentran definidos por el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, lo que implica que una violación procesal que sólo produzca una afectación intraprocesal, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto. Lo anterior, de manera alguna implica la aplicación retroactiva de la jurisprudencia en perjuicio de la parte quejosa, como lo refiere la última parte del artículo 217 de la Ley de Amparo, pues el criterio que se contiene en esta resolución, deriva de compartir el que sostuvo el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, en la invocada tesis IV.20.C.5 K (10ª), publicada en la página 2159, Libro 3, febrero de 2014, Tomo III, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013)", publicada en el Semanario Judicial de la Federación de veintiocho de febrero de dos mil catorce. En este orden, cabe indicar que la decisión contenida en la ejecutoria de apelación reclamada, no constituye una afectación predominante o superior para la parte quejosa, por la concurrencia de circunstancias de gran trascendencia que impliquen una situación relevante para el procedimiento, de cuya decisión depende la suerte de todo el juicio natural, bien para asegurar la continuación de su trámite con respecto a las garantías procesales esenciales del quejoso o bien, porque conlleva la posibilidad de evitar el desarrollo ocioso e innecesario del procedimiento; pero aún de existir tal afectación, por las razones que se expusieron, no implica que el acto en sí mismo, conlleve la existencia de actos de imposible reparación de los que define el multicitado artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo. Lo anterior, máxime que se insiste, en la determinación reclamada, la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado no dejó en modo alguno en estado de indefensión a la recurrente, ahora quejosa, cuenta habida que, incluso, la reducción de la pensión decretada en la sentencia de primera instancia, no será ejecutada, sino que para ello deberán recabarse diversa información. Misma circunstancia que acontece respecto del monto de los alimentos retroactivos solicitados, el cual deberá ser fijado con base a la información que sea recabada por el Juez del proceso. Y si bien se indicó el parámetro a observar en cuanto al período de alimentos retroactivos; ello fue con motivo de que la quejosa no acreditó diversos extremos indicados por la Sala responsable; sin que con ello se le vede de efectuar el reclamo relativo, pero solventado tales requerimientos, precisamente porque el reclamo de alimentos es imprescriptible. En esa virtud, es evidente que en el caso se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto en el artículo 107, fracción V, interpretada a contrario sentido, lo que obliga a DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo promovida por Sergio René Reyna Ojeda, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 del aludido ordenamiento legal. Asimismo, toda vez que consta en la certificación de cuenta que los nombres de usuarios "RVM197103" y "LAEE831116" que proporciona el promovente, se encuentran registrados en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; en consecuencia, con apoyo en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza el acceso y consulta del expediente electrónico del presente juicio, a la parte quejosa a través de los citados usuarios. Asimismo, toda vez que existe solicitud expresa de la parte quejosa para recibir vía electrónica a través del portal de servicios electrónicos del Poder Judicial de la Federación, y proporciona para ello los citados usuarios, en consecuencia, de conformidad con los artículos 39 y 55 párrafos segundo y tercero del citado Acuerdo General 12/2020, se ordena realizar a la parte quejosa las notificaciones inherentes a este asunto por medio de la cuenta electrónica antes mencionada, es decir, con los nombres de usuarios "RVM197103" y "LAEE831116", para los efectos legales a que haya lugar. Hágase lo anterior del conocimiento del encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para los efectos legales conducentes. Como lo señala la parte quejosa, tómese en consideración el domicilio que proporciona para recibir notificaciones, en caso de ser necesario. De igual forma, se tiene como autorizados de la parte quejosa, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo únicamente a Raúl Vallado Molina, por tener registrada su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, y con las limitaciones del citado numeral a las demás personas que señala en su escrito de demanda; así como para utilizar medios electrónicos, con el objeto de reproducir las diversas promociones y acuerdos del presente expediente, que obren de manera física, de conformidad con la circular 12/2009, emitida por el Consejo de la Judicatura Federal. Lo anterior, toda vez que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3º, fracción III del Acuerdo General 12/2020 del propio Pleno que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo, a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso. Igual se le hace del conocimiento, que de conformidad con el citado Acuerdo General 12/2020, las partes se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico e imprimir las constancias que requieran, y las que cuenten con evidencia criptográfica tendrá el mismo valor probatorio que el de una copia certificada. Finalmente, desde este momento y con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia invocada, se habilitan días y horas inhábiles para que la Actuaria Judicial de este Juzgado Federal realice las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Daniel Rodríguez Mendoza, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. DOY FE.
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