Sergio Raúl Prieto Castañeda

Expediente 715/2022 tramitado ante el Juzgado Decimosexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
715/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
08/03/2023

Partes del expediente

  • Sergio Raúl Prieto Castañeda

Actuaciones

  1. Principal

    Se tiene por no presentada la demanda de amparo. Déjese sin efectos las providencias decretadas en auto de veintiocho de septiembre de dos mil veintidós; háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno y una vez que cause estado la presente determinación, archívese el presente asunto como totalmente concluido.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la autoridad antes mencionada, mediante el cual, informa que los agraviados *******, no se encuentran alojados en ninguna de las Estaciones Migratorias del Instituto Nacional de Migración de Baja California. Domicilio y delegados. Asimismo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la autoridad en el oficio que se atiende; y, por autorizados como delegados en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo, a los profesionistas que se mencionan en el mismo. Se ordena notificación por lista. En consecuencia, se comisiona a las Actuarias de la adscripción para que notifiquen el presente proveído; así como el diverso de veintiocho de septiembre de dos mil veintidós por medio de lista, con fundamento en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, así como los subsecuentes actuaciones, aun las de carácter personal a los directamente agraviados, hasta en tanto señalen domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad; lo anterior, para los efectos legales correspondientes.

  3. Principal

    Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26, fracción III de la Ley de Amparo, notifico por lista a la parte agraviada S.R.P.C. y M.S.R.C., el auto de veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, mismo que en lo conducente dice: Registro, captura en SISE, formación de expediente físico y electrónico. Vista la demanda de amparo que promueve ******* en favor de los directamente agraviados ********, contra actos reclamados al Encargado de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Tijuana, Baja California, y otra autoridad, por considerar que se vulneran en su perjuicio los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 8, 11, 14, 16, 18, 21 y 22, de la Constitución Federal; se ordena anotar en el libro de registro de juicios de amparo con el número 715/2022-I registrar en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de este órgano jurisdiccional y formar expediente, tanto físico como electrónico. Suspensión de plano. Como la parte quejosa reclama, entre otras cosas, la incomunicación, orden de deportación, expulsión o repatriación así como la restricción a la libertad de tránsito y arbitraria detención; al caso, con fundamento en los artículos 15, 20, 112, párrafo segundo, 125 y 126, de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de plano respecto de la primera actuación en cita, para el efecto de que cese de inmediato tal acto reclamado que el promovente aduce sufren los directo agraviados *******; o, cualquier otro de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se describen en el artículo 15 de la Ley de Amparo, que traigan como consecuencia la afectación a su integridad personal. Por tanto, en relación con la suspensión de plano de dicho acto, a fin de garantizar la integridad física de ******, la seguridad de sus visitantes y del propio personal que se encuentre en las instalaciones del lugar en el que se encuentran, la autoridad responsable deberá establecer las condiciones que permitan que quienes se ostenten como defensores de los directamente quejosos o bien, personas de su confianza se entrevisten con ellos con el propósito de garantizar el derecho que el artículo 20 Constitucional otorga a su favor; aunado a que de esta forma se garantiza también el derecho a una defensa adecuada, y permite el ejercicio profesional de los abogados, así como de familiares de los agraviados, aplicando para la fijación de los horarios respectivos la buena fe y el sentido común, y actuando de manera razonable ante situaciones extraordinarias, sin que lo anterior implique transgredir la normatividad, que regule el ingreso a las instalaciones del lugar donde se encuentra el aquí quejoso, ni las medidas de seguridad necesarias de acuerdo a la medida cautelar de que se trata, pero sí un imperativo para que las autoridades responsables respeten los derechos fundamentales de los agraviados ********. En otro giro, por cuanto hace al acto reclamado consistente en la arbitraria detención; cabe precisar, que si la privación de la libertad de los directos agraviados obedece a una detención por caso urgente decretada por el Ministerio Público, entonces, el efecto de la suspensión aquí decretada será sólo para que aquellos sean puestos en inmediata libertad o a disposición del órgano jurisdiccional correspondiente, en términos del artículo 165, de la Ley de Amparo. Asimismo, se instruye a la actuaria de la adscripción para que se constituya en las oficinas de la autoridad responsable, a fin de que localice a los agraviados ******; y realice lo siguiente: ? Les notifique este acuerdo en forma personal y en la misma diligencia los requiera que en ese momento o en el plazo de tres días, contado a partir del siguiente a cuando surta efectos la notificación, manifiesten si ratifican o no la demanda presentada en su favor. Además, les formule a los quejosos el apercibimiento siguiente: de negarse a ratificar la demanda -porque es su derecho hacerlo- o dejar transcurrir el plazo sin exhibir promoción, se tendrá por no presentada la solicitud de amparo y se dejarán sin efecto las providencias dictadas para la suspensión de los actos reclamados. Así también, considerándose que el promovente refiere que los agraviados ******, son nacionales de Cuba, los requiera para que en el término de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, señalen de manera expresa si es su deseo que este Juzgado Federal dé aviso a las autoridades consulares de su país de origen, sobre la tramitación del presente juicio de amparo, a fin de que tales autoridades le proporcionen la asistencia correspondiente, o bien, realicen las manifestaciones que al caso estimen pertinentes.

  4. Principal

    Registro, captura en SISE, formación de expediente físico y electrónico. Vista la demanda de amparo que promueve José Alejandro Castresana Campos en favor de los directamente agraviados ******, contra actos reclamados al Encargado de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Tijuana, Baja California, y otra autoridad, por considerar que se vulneran en su perjuicio los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 8, 11, 14, 16, 18, 21 y 22, de la Constitución Federal; se ordena anotar en el libro de registro de juicios de amparo con el número 715/2022-I registrar en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de este órgano jurisdiccional y formar expediente, tanto físico como electrónico. Suspensión de plano. Como la parte quejosa reclama, entre otras cosas, la incomunicación, orden de deportación, expulsión o repatriación así como la restricción a la libertad de tránsito y arbitraria detención; al caso, con fundamento en los artículos 15, 20, 112, párrafo segundo, 125 y 126, de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de plano respecto de la primera actuación en cita, para el efecto de que cese de inmediato tal acto reclamado que el promovente aduce sufren los directo agraviados *****; o, cualquier otro de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se describen en el artículo 15 de la Ley de Amparo, que traigan como consecuencia la afectación a su integridad personal. Por tanto, en relación con la suspensión de plano de dicho acto, a fin de garantizar la integridad física de Sergio Raúl Prieto Castañeda y María del Sol Rodríguez Campos, la seguridad de sus visitantes y del propio personal que se encuentre en las instalaciones del lugar en el que se encuentran, la autoridad responsable deberá establecer las condiciones que permitan que quienes se ostenten como defensores de los directamente quejosos o bien, personas de su confianza se entrevisten con ellos con el propósito de garantizar el derecho que el artículo 20 Constitucional otorga a su favor; aunado a que de esta forma se garantiza también el derecho a una defensa adecuada, y permite el ejercicio profesional de los abogados, así como de familiares de los agraviados, aplicando para la fijación de los horarios respectivos la buena fe y el sentido común, y actuando de manera razonable ante situaciones extraordinarias, sin que lo anterior implique transgredir la normatividad, que regule el ingreso a las instalaciones del lugar donde se encuentra el aquí quejoso, ni las medidas de seguridad necesarias de acuerdo a la medida cautelar de que se trata, pero sí un imperativo para que las autoridades responsables respeten los derechos fundamentales de los agraviados Sergio Raúl Prieto Castañeda y María del Sol Rodríguez Campos. En otro giro, por cuanto hace al acto reclamado consistente en la arbitraria detención; cabe precisar, que si la privación de la libertad de los directos agraviados obedece a una detención por caso urgente decretada por el Ministerio Público, entonces, el efecto de la suspensión aquí decretada será sólo para que aquellos sean puestos en inmediata libertad o a disposición del órgano jurisdiccional correspondiente, en términos del artículo 165, de la Ley de Amparo. En cambio, si la detención de los directamente agraviados decretada por el Ministerio Público, obedece a la comisión de un delito y no se está en el caso de detención por cuestión urgente, el efecto de la suspensión de plano aquí decretada, sólo será para que dentro del término de cuarenta y ocho horas o en un plazo de noventa y seis, si se trata de delincuencia organizada, contadas a partir del momento de la detención, aquéllos sean puesto en libertad o consignado ante el Juez Penal competente, según corresponda; quedando los directo agraviados a disposición de este Juzgado Federal, en el lugar en el que se encuentran detenidos, por lo que respecta a su integridad física, salvo que por razones de salud o por cualquier otra causa necesaria y legal las autoridades responsables dispongan otro lugar, en cuyo caso, de inmediato, deberán comunicarlo a este juzgado, a fin de dictar las medidas procedentes. A su vez, si la detención de los directamente agraviados hubiera sido efectuada por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público, en relación con la comisión de un delito, se ordenará que sin demora cese la detención, poniéndolo en libertad o a disposición del Ministerio Público; y, si la detención de los quejosos por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público, no migratorias ?considerándose el pronunciamiento que sobre tal tópico se dará posteriormente?, no tiene relación con la comisión de un delito, la suspensión tiene el efecto que sea puesto en libertad, tal como se encuentra previsto en el artículo 164 de la ley de la materia. Por otro lado, como la parte promovente también reclama la orden de deportación, expulsión o repatriación por parte de las autoridades señaladas como responsables. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 15, en relación con el numeral 126, de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de plano para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran, es decir, para que los directamente agraviados *****, no sean deportados o expulsado del país, ni trasladado de la estación migratoria en que se encuentran, por lo que deberán quedar en el lugar en donde están a disposición de este órgano jurisdiccional, solo en lo que se refiere a su libertad personal, única y exclusivamente respecto a tales actos, en conformidad con el artículo 160, de la Ley de Amparo. Se invoca como apoyo, la jurisprudencia P./J. 80/2007 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 15, Tomo XXVI, Diciembre de 2007, Materia Administrativa, registro digital: 170578, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con rubro "SUSPENSIÓN DE OFICIO. PROCEDE DECRETARLA DE PLANO CONTRA LA EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS ORDENADA POR UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CON FUNDAMENTO EN LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN". En la inteligencia, que la suspensión de plano decretada con antelación, no impide la continuación de los procedimientos establecidos en la Ley de Migración, ya que éstos son de orden público y no pueden suspenderse. Lo anterior, sobre la base que la providencia aquí decretada atiende a los antecedentes de los actos reclamados manifestados en la demanda, en los que consta dice se ordenaron sin justificación legal por las autoridades responsables; sin embargo, merced a que la Ley de Migración y su norma reglamentaria, estatuyen diversos procedimientos que atendiendo al debido proceso pueden derivar en la deportación, expulsión, repatriación y/o retorno asistido del directamente agraviado a su país de origen. Por lo tanto, la medida suspensiva no surtirá efectos en caso de que lo reclamado derive de algún acto y/o procedimiento migratorio legalmente establecido que pudiera tener como consecuencia alguno de aquellos (deportación, expulsión, repatriación y/o retorno asistido del directamente agraviado a su país de origen), pues de obstaculizar esa actuación se contravendría el orden público e interés social. Sin perjuicio de lo anterior, hágase del conocimiento de la responsable que de conformidad con los artículos 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 2 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Por tanto, deben cumplir con el diverso artículo 5, de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que establece que toda persona privada de su libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. Así como con los Principios Generales y Buenas Prácticas Sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, adoptados por la Comisión durante el 131° período ordinario de sesiones celebrado del tres al catorce de marzo de dos mil ocho, entre ellos: a) Trato humano, el cual establece que deberán ser tratados humanamente, con irrestricto respeto a su dignidad inherente, a sus derechos y garantías fundamentales; b) Igualdad y no-discriminación, que prevé que todos serán iguales ante la ley, así como que bajo ninguna circunstancia se discriminará, así como que se prohíbe cualquier distinción exclusión o restricción que tengan como objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos internacionalmente reconocidos; c) Salud en lo relativo a que todos tienen derecho a la atención médica, psiquiátrica y odontológica adecuada, 14/07/23 13:28:13 disponibilidad permanente de personal médico idóneo e imparcial, acceso al tratamiento y medicamentos apropiados y gratuitos, así como la prevención y tratamiento de enfermedades infecciosas, endémicas y de otra índole; d) Alimentación y agua potable, en el sentido de que toda persona tiene derecho a recibir una alimentación que responda, en cantidad, calidad y condiciones de higiene y nutrición adecuada; así como que tendrán acceso en todo momento al agua potable suficiente y adecuada para su consumo; y, e) Albergue, condiciones de higiene y vestido, pues toda persona deberá disponer de espacio suficiente exposición diaria a la luz natural, ventilación y calefacción apropiadas, según las condiciones climáticas del lugar en que se encuentren privados de su libertad; así como tener acceso a inhalaciones sanitarias higiénicas y suficientes que aseguren su privacidad y dignidad, así como a productos básicos de higiene personal y agua para aseo personal. En ese mismo contexto, también se prevén una serie de derechos que deben ser informados a la parte quejosa, por lo que se conmina a la autoridad responsable para que se ajusten a los parámetros establecidos en la Ley de Migración, de manera que deberán, hacer lo siguiente: I. De acuerdo a lo que dispone el numeral 1011, de la Ley de Migración, informar al quejoso que emitido el acuerdo de presentación, y hasta que no se dicte resolución respecto de su situación migratoria, en los casos y de conformidad con los requisitos que se señalen en el Reglamento, podrá ser entregado en custodia a la representación diplomática del país del que sea nacional, o bien a persona moral o institución de reconocida solvencia cuyo objeto esté vinculado con la protección a los derechos humanos, con la obligación del extranjero de permanecer en un domicilio ubicado en la circunscripción territorial en donde se encuentre la estación migratoria, con el objeto de dar debido seguimiento al procedimiento administrativo migratorio. II. Además, en términos del diverso 1022 de la Ley de Migración, deberán informar a los quejosos que a fin de lograr su estancia regular en el país, en lo que se dicta resolución definitiva, podrán ante esa autoridad responsable: a) Otorgar garantía suficiente y a satisfacción de la autoridad; b) Establecer domicilio o lugar en el que permanecerán; c) No ausentarse del mismo sin previa autorización de la autoridad, y d) Presentar una solicitud con responsiva firmada por un ciudadano u organización social mexicana. Finalmente, que la garantía podrá constituirse en póliza de fianza, billete de depósito o por cualquier otro medio permitido por la ley. III. Por cuanto hace a la estación migratoria en que se encuentran los quejosos, de acuerdo a lo que dispone el numeral 107, de la Ley de Migración, deberá prestar servicios de asistencia médica, psicológica y jurídica; atender los requerimientos alimentarios de los extranjeros presentados, ofreciéndoles tres alimentos al día, cuya calidad deber ser adecuada; mantener en lugares separados y con medidas que aseguran la integridad física de los extranjeros, a hombres y mujeres, manteniendo a los niños preferentemente junto con su madre, padre o acompañante, excepto en los casos en que así convenga al interés superior del niño, niña o adolescente; promover el derecho a la preservación de la unidad familiar; garantizar el respeto de los derechos humanos del extranjero presentado; mantener instalaciones adecuadas que eviten el hacinamiento; contar con espacios de recreación deportiva y cultural; permitir el acceso de representantes legales, o persona de su confianza y la asistencia consular; permitir la visita de las personas que cumplan con los requisitos establecidos en las disposiciones jurídicas aplicables. En caso de negativa de acceso, ésta deberá entregarse por escrito debidamente fundado y motivado. 102. "El extranjero sometido a un procedimiento administrativo, a fin de lograr su estancia regular en el país, en lo que se dicta resolución definitiva, podrá: a) Otorgar garantía suficiente y a satisfacción de la autoridad; b) Establecer domicilio o lugar en el que permanecerá; c) No ausentarse del mismo sin previa autorización de la autoridad, y d) Presentar una solicitud con responsiva firmada por un ciudadano u organización social mexicana. La garantía podrá constituirse en póliza de fianza, billete de depósito o por cualquier otro medio permitido por la ley". 3 Artículo 107. "Las estaciones migratorias, deberán cumplir al menos los siguientes requisitos: I. Prestar servicios de asistencia médica, psicológica y jurídica; II. Atender los requerimientos alimentarios del extranjero presentado, ofreciéndole tres alimentos al día. El Instituto deberá supervisar que la calidad de los alimentos sea adecuada. Las personas con necesidades especiales de nutrición como niñas, niños y adolescentes, personas de la tercera edad y mujeres embarazadas o lactando, recibirán una dieta adecuada, con el fin de que su salud no se vea afectada en tanto se define su situación migratoria. Asimismo, cuando así lo requiera el tratamiento médico que se haya; prescrito al alojado, se autorizarán dietas especiales de alimentación. De igual manera se procederá con las personas que por cuestiones religiosas así lo soliciten; III. Mantener en lugares separados y con medidas que aseguran la integridad física del extranjero, a hombres y mujeres, manteniendo a los niños preferentemente junto con su madre, padre o acompañante, excepto en los casos en que así convenga al interés superior del niño, niña o adolescente; IV. Promover el derecho a la preservación de la unidad familiar; V. Garantizar el respeto de los derechos humanos del extranjero presentado; VI. Mantener instalaciones adecuadas que eviten el hacinamiento; VII. Contar con espacios de recreación deportiva y cultural; VIII. Permitir el acceso de representantes legales, o persona de su confianza y la asistencia consular; IX. Permitir la visita de las personas que cumplan con los requisitos establecidos en las disposiciones jurídicas aplicables. En caso de negativa de acceso, ésta deberá entregarse por escrito debidamente fundado y motivado, y X. Las demás que establezca el Reglamento. El Instituto facilitará la verificación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos del cumplimiento de los requisitos señalados en este artículo, y el acceso de organizaciones de la sociedad civil, conforme a lo dispuesto en las disposiciones jurídicas aplicables. IV. Por lo que hace a los derechos que asisten a losquejosos4 , deberá hacerle saber de inmediato, que a su ingreso a la estación migratoria, tienen derecho a lo que indica el numeral 109 de la Ley de Migración. V. La autoridad responsable deberá verificar que el personal de seguridad, vigilancia y custodia que realice funciones en los dormitorios de mujeres, será exclusivamente femenino (artículo 110 de la Ley de Migración). VI. Finalmente, las responsables deberán resolver la situación migratoria de los quejosos, en un plazo que no podrá exceder de quince días, contados a partir de su presentación, de acuerdo a lo que establece el numeral 111 de la Ley de Migración. En el entendido de que deberá acreditar lo anterior, así como que de no resolverse lo que se estime procedente en el plazo señalado o no justificar su demora, deberá decretarse la libertad inmediata de *******. Consecuentemente, se requiere a las autoridades señalada como responsables para el efecto de que rindan su informe a esta autoridad, dentro del término improrrogable de veinticuatro horas con relación a los actos que se les reclama y sobre el cumplimiento dado a la suspensión que se decretó; apercibidas que de no hacerlo, se les impondrá en lo individual una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, vigente al momento de su imposición, en términos de los artículos 237, fracción I, y 258 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 41, Segundo y Tercero Transitorios de la Constitución Política de los Estados Unidos 4 Artículo 109. "Todo presentado, en su caso, tendrá los siguientes derechos desde su ingreso a la estación migratoria: I. Conocer la ubicación de la estación migratoria en la que se encuentra alojado, de las reglas aplicables y los servicios a los que tendrá acceso; II. Ser informado del motivo de su ingreso a la estación migratoria; del procedimiento migratorio; de su derecho a solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado o la determinación de apátrida; del derecho a regularizar su estancia en términos de los artículos 132, 133 y 134 de la presente ley, en su caso, de la posibilidad de solicitar voluntariamente el retorno asistido a su país de origen; así como del derecho de interponer un recurso efectivo contra las resoluciones del Instituto; III. Recibir protección de su representación consular y comunicarse con ella. En caso de que el extranjero desee recibir la protección de su representación consular, se le facilitarán los medios para comunicarse con ésta lo antes posible; IV. Recibir por escrito sus derechos y obligaciones, así como las instancias donde puede presentar sus denuncias y quejas; V. Que el procedimiento sea sustanciado por autoridad competente y el derecho a recibir asesoría legal, ofrecer pruebas y alegar lo que a su derecho convenga, así como tener acceso a las constancias del expediente administrativo migratorio; VI. Contar con un traductor o intérprete para facilitar la comunicación, en caso de que no hable o no entienda el español; VII. Acceder a comunicación telefónica; VIII. A recibir durante su estancia un espacio digno, alimentos, enseres básicos para su aseo personal y atención médica en caso de ser necesario; IX. Ser visitado por sus familiares y por su representante legal; X. Participar en actividades recreativas, educativas y culturales que se organicen dentro de las instalaciones; XI. No ser discriminado por las autoridades a causa de su origen étnico o nacional, sexo, género, edad, discapacidad, condición social o; económica, estado de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra circunstancia que tenga por objeto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas; XII. Recibir un trato digno y humano durante toda su estancia en la Estación Migratoria; XIII. Que las Estaciones Migratorias cuenten con áreas de estancia separadas para mujeres y hombres, garantizando en todo momento el derecho a la preservación de la unidad familiar, excepto en los casos en los que la separación sea considerada en razón del interés superior de la niña, niño o adolescente; XIV. Que las Estaciones Migratorias cuenten con áreas separadas para niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados para su alojamiento en tanto son canalizados a instituciones en donde se les brinde una atención adecuada, y XV. Las demás que se establezcan en esta Ley, en otras disposiciones jurídicas aplicables y en las disposiciones de carácter general que expida la Secretaría." 14/07/23 13:28:13 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.9a.ed GABRIELA RUIZ RIVAS Mexicanos, de acuerdo al Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; asimismo, se previene a las autoridades responsables que de no cumplir con lo que aquí se ordena podrán incurrir en la hipótesis que establece la fracción III, del artículo 262, de la Ley de Amparo, que dice: ". Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión úblicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: . "III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra". Además, para dar mayor celeridad al trámite de este asunto, se indica a las autoridades responsables que dicho informe podrán enviarlo a través de mensaje electrónico al correo institucional siguiente: 7jdoajf15cto@correo.cjf.gob.mx. Asimismo, se instruye a la actuaria de la adscripción para que se constituya en las oficinas de la autoridad responsable, a fin de que localice a los agraviados Sergio Raúl Prieto Castañeda y María del Sol Rodríguez Campos; y realice lo siguiente: NOTIFICACIÓN PERSONAL.

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