Sergio Raúl Arrieta Sumaya

Expediente 1423/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 7 actuaciones registradas, la última del 30 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1423/2018
Año
2018
Actuaciones
7
Última actuación
30/07/2018

Partes del expediente

  • Sergio Raúl Arrieta Sumaya

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    CITATORIO PRINCIPAL.- EN TERMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 27, FRACCION I, INCISO b) DE LA LEY DE AMPARO POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA PERSONALMENTE AL QUEJOSO: SERGIO RAUL ARRIETA SUMAYA EL ACUERDO DE TREINTA DE JULIO DOS MIL DIECIOCHO MISMO QUE DICE: Visto el estado autos, se advierte que en proveído de dieciséis de julio de dos mil dieciocho, se ordenó dar vista a la parte quejosa con las manifestaciones vertidas por la responsable, en el sentido de la imposibilidad jurídica para cumplir con el fallo protector, por el término de tres días, a efecto de que manifestara lo que a su interés legal conviniera, con el apercibimiento de que en caso de ser omiso, se declararía sin materia el cumplimiento de la sentencia dictada en el juicio que nos ocupa; dicho acuerdo le fue notificado el diecinueve de mayo siguiente, sin que desahogara tal vista, sin que lo haya realizado. Ahora bien, toda vez que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público y es obligación de los tribunales pronunciarse sobre el mismo, con fundamento en los artículos 196 y 214 de la ley de la Ley de Amparo, se procede a calificar la conducta asumida por la responsable para lograr tal acatamiento. Al respecto, debe decirse lo siguiente: Mediante sentencia de veinticinco de junio de dos mil dieciocho (foja 78 a 81), se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia Federal para el siguiente efecto: ".De inmediato, regularice el procedimiento del juicio laboral 3587/2015-F, con la finalidad de desahogar la prueba de ratificación de firma y contenido, ofrecida por la parte demandada y admitida en proveído de cuatro de mayo de dos mil diecisiete, en la contienda laboral de origen, dentro del plazo que prevé el artículo 883 de la Ley Federal del Trabajo." Por acuerdo de dieciséis de julio de dos mil dieciocho (fojas 86 y 87), dicha resolución causó ejecutoria y se dio vista a la parta quejosa con el comunicado remitido por la responsable, al que acompañó copia certificada del auto dictado el doce de julio de dos mil dieciocho, en el que se asentó que se desahogaron la totalidad de las pruebas ofrecidas en la contienda laboral 3587/2015-F, cumpliendo así con lo exigido en la sentencia dictada en autos. Por lo tanto, de conformidad con el tercer párrafo del numeral 196 de la Ley de Amparo vigente, se estima que la responsable en el presente expediente, acató el fallo protector en su totalidad. Archívese el expediente como asunto totalmente concluido, de conformidad a lo dispuesto en el cuarto párrafo del arábigo 196, en correlación con el 214 de la ley de la materia; háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Se ordena hacer del conocimiento de la parte quejosa el presente proveído, para los efectos de los artículos 201, fracción I y 202 de la ley en cita. En virtud de que el presente asunto no encuadra en ninguna de las hipótesis de destrucción previstas en alguno de los supuestos del Capítulo Quinto, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre siguiente; este órgano jurisdiccional considera, que el presente juicio de garantías es susceptible de depuración, en virtud de que en él, se otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión; asimismo, es preciso señalar que el presente asunto no es de relevancia documental

  2. Principal

    Zapopan, Jalisco, treinta de julio de dos mil dieciocho. Visto el estado autos, se advierte que en proveído de dieciséis de julio de dos mil dieciocho, se ordenó dar vista a la parte quejosa con las manifestaciones vertidas por la responsable, en el sentido de la imposibilidad jurídica para cumplir con el fallo protector, por el término de tres días, a efecto de que manifestara lo que a su interés legal conviniera, con el apercibimiento de que en caso de ser omiso, se declararía sin materia el cumplimiento de la sentencia dictada en el juicio que nos ocupa; dicho acuerdo le fue notificado el diecinueve de mayo siguiente, sin que desahogara tal vista, sin que lo haya realizado. Ahora bien, toda vez que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público y es obligación de los tribunales pronunciarse sobre el mismo, con fundamento en los artículos 196 y 214 de la ley de la Ley de Amparo, se procede a calificar la conducta asumida por la responsable para lograr tal acatamiento. Por lo tanto, de conformidad con el tercer párrafo del numeral 196 de la Ley de Amparo vigente, se estima que la responsable en el presente expediente, acató el fallo protector en su totalidad. Archívese el expediente como asunto totalmente concluido, de conformidad a lo dispuesto en el cuarto párrafo del arábigo 196, en correlación con el 214 de la ley de la materia; háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Se ordena hacer del conocimiento de la parte quejosa el presente proveído, para los efectos de los artículos 201, fracción I y 202 de la ley en cita. En virtud de que el presente asunto no encuadra en ninguna de las hipótesis de destrucción previstas en alguno de los supuestos del Capítulo Quinto, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre siguiente; este órgano jurisdiccional considera, que el presente juicio de garantías es susceptible de depuración, en virtud de que en él, se otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión; asimismo, es preciso señalar que el presente asunto no es de relevancia documental. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Zapopan, Jalisco, dieciséis de julio de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta se provee: toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes interpusiera el recurso de revisión que prevé la fracción I, inciso e) del artículo 81 del ordenamiento legal invocado, contra la sentencia dictada en autos en la que, se concedió el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa. Consecuentemente, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que el fallo amparador ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales. Una vez expresado lo anterior, este órgano de control constitucional precisa sus alcances y determina qué autoridades se encuentran vinculadas y en qué medida para su cumplimiento, ello con el objeto de conseguir el eficaz y pleno acatamiento de la sentencia de amparo, de conformidad con los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo. Al respecto, es de precisarse que el fallo protector se concedió para los siguientes efectos: ".De inmediato, regularice el procedimiento del juicio laboral 3587/2015-F, con la finalidad de desahogar la prueba de ratificación de firma y contenido, ofrecida por la parte demandada y admitida en proveído de cuatro de mayo de dos mil diecisiete, en la contienda laboral de origen, dentro del plazo que prevé el artículo 883 de la Ley Federal del Trabajo." No es obstáculo para arribar a la anterior determinación, el hecho de que aún no haya transcurrido el término de diez días hábiles para la autoridad responsable Décima Primera Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del estado de Jalisco, toda vez que, dicha responsable tiene como característica esencial la imparcialidad, esto es, administrar justicia y garantizar los derechos de la sociedad y el interés público, pues son autoridades que ejercen actos materialmente jurisdiccionales. Tiene apoyo a lo anterior, la jurisprudencia J/3, de rubro y texto siguientes: "REVISIÓN. LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA EN EL AMPARO INDIRECTO. Las autoridades responsables como parte en el juicio de garantías, en términos generales y conforme a lo dispuesto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4o., 5o., fracción II, 11, 83, fracción IV y 87 de la Ley de Amparo, pueden válidamente intervenir en el juicio de garantías e interponer los recursos establecidos en la ley; sin embargo, cuando dichas autoridades responsables ejercen funciones jurisdiccionales, carecen de legitimación para recurrir las sentencias de amparo indirecto, pues desaparece su interés jurídico en el asunto que motivó la concesión del amparo, ya que en tal hipótesis las autoridades tienen como característica esencial la imparcialidad que es intrínseca a la función jurisdiccional. En efecto, estas autoridades tienen como finalidad la búsqueda de la verdad jurídica, mediante el ejercicio de la función de decir el derecho entre las partes en litigio, con la única y exclusiva pretensión de administrar justicia y garantizar los derechos de la sociedad y el interés público, lo que les impide asimilarse a las partes contendientes. Por ello, las autoridades, como las Juntas de Conciliación y Arbitraje, no pueden válidamente recurrir en revisión la sentencia dictada en el juicio biinstancial en que se declaró inconstitucional la resolución impugnada, pues con ello están favoreciendo a una de las partes contendientes con el correlativo perjuicio de la otra, demeritando así el deber de imparcialidad que la ley les impone y violando las obligaciones legales que les incumben como resolutoras, intérpretes y aplicadoras de la ley, ubicándose oficiosamente, como coadyuvantes del tercero perjudicado, lo cual resulta contrario a los principios que la ley, la jurisprudencia y la doctrina han reconocido." Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. En otro orden de ideas, se tiene por recibido el oficio que signa el Secretario General del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, mediante el cual remite copia certificada del proveído doce de julio de dos mil dieciocho dictado dentro del expediente laboral 3587/2015-F, constancia con la que pretende dar cumplimiento al fallo protector. En consecuencia, con el oficio y anexo que se señala en el párrafo que antecede, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, manifieste lo que en derecho corresponda, respecto del cumplimiento que comunican las autoridades responsables, en el entendido de que con o sin el desahogo de la vista otorgada, este órgano jurisdiccional emitirá pronunciamiento en el que declare si la sentencia está cumplida o no, si incurrió en exceso o defecto, o si hay una imposibilidad para cumplirla. En el entendido de que, de declararse no cumplida en su totalidad la ejecutoria de amparo, se remitirán los autos al tribunal colegiado de circuito competente, como establece en lo conducente, el artículo 193 de la ley de la materia. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Guillermo Aguirre Castañeda, Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, encargado del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de conformidad con el diverso 111, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la carrera judicial y las condiciones de los funcionarios judiciales; por haberse concedido el primer periodo vacacional de este año al titular de este órgano Luis Armando Pérez Topete, según información contenida en el oficio CCJ/ST/2815/2018 de once de junio de dos mil dieciocho, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante el Secretario Hilario Núñez Arvizu quien autoriza y da fe, y certifica: que la presente actuación y lo que se relaciona en la cuenta coinciden en su integridad con lo que obra en el expediente electrónico. GAC/HNA/mrvl

  4. Principal

    CITATORIO PRINCIPAL.- EN TERMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 27, FRACCION I, INCISO b) DE LA LEY DE AMPARO POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA PERSONALMENTE AL QUEJOSO: SERGIO RAUL ARRIETA SUMAYA EL ACUERDO DE DIECISÉIS DE JULIO DOS MIL DIECIOCHO MISMO QUE DICE: Visto lo de cuenta se provee: toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes interpusiera el recurso de revisión que prevé la fracción I, inciso e) del artículo 81 del ordenamiento legal invocado, contra la sentencia dictada en autos en la que, se concedió el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa. Consecuentemente, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que el fallo amparador ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales. Una vez expresado lo anterior, este órgano de control constitucional precisa sus alcances y determina qué autoridades se encuentran vinculadas y en qué medida para su cumplimiento, ello con el objeto de conseguir el eficaz y pleno acatamiento de la sentencia de amparo, de conformidad con los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo. Al respecto, es de precisarse que el fallo protector se concedió para los siguientes efectos: ".De inmediato, regularice el procedimiento del juicio laboral 3587/2015-F, con la finalidad de desahogar la prueba de ratificación de firma y contenido, ofrecida por la parte demandada y admitida en proveído de cuatro de mayo de dos mil diecisiete, en la contienda laboral de origen, dentro del plazo que prevé el artículo 883 de la Ley Federal del Trabajo." No es obstáculo para arribar a la anterior determinación, el hecho de que aún no haya transcurrido el término de diez días hábiles para la autoridad responsable Décima Primera Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del estado de Jalisco, toda vez que, dicha responsable tiene como característica esencial la imparcialidad, esto es, administrar justicia y garantizar los derechos de la sociedad y el interés público, pues son autoridades que ejercen actos materialmente jurisdiccionales. Tiene apoyo a lo anterior, la jurisprudencia J/3 , de rubro y texto siguientes: "REVISIÓN. LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA EN EL AMPARO INDIRECTO. Las autoridades responsables como parte en el juicio de garantías, en términos generales y conforme a lo dispuesto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4o., 5o., fracción II, 11, 83, fracción IV y 87 de la Ley de Amparo, pueden válidamente intervenir en el juicio de garantías e interponer los recursos establecidos en la ley; sin embargo, cuando dichas autoridades responsables ejercen funciones jurisdiccionales, carecen de legitimación para recurrir las sentencias de amparo indirecto, pues desaparece su interés jurídico en el asunto que motivó la concesión del amparo, ya que en tal hipótesis las autoridades tienen como característica esencial la imparcialidad que es intrínseca a la función jurisdiccional. En efecto, estas autoridades tienen como finalidad la búsqueda de la verdad jurídica, mediante el ejercicio de la función de decir el derecho entre las partes en litigio, con la única y exclusiva pretensión de administrar justicia y garantizar los derechos de la sociedad y el interés público, lo que les impide asimilarse a las partes contendientes. Por ello, las autoridades, como las Juntas de Conciliación y Arbitraje, no pueden válidamente recurrir en revisión la sentencia dictada en el juicio biinstancial en que se declaró inconstitucional la resolución impugnada, pues con ello están favoreciendo a una de las partes contendientes con el correlativo perjuicio de la otra, demeritando así el deber de imparcialidad que la ley les impone y violando las obligaciones legales que les incumben como resolutoras, intérpretes y aplicadoras de la ley, ubicándose oficiosamente, como coadyuvantes del tercero perjudicado, lo cual resulta contrario a los principios que la ley, la jurisprudencia y la doctrina han reconocido." Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. En otro orden de ideas, se tiene por recibido el oficio que signa el Secretario General del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, mediante el cual remite copia certificada del proveído doce de julio de dos mil dieciocho dictado dentro del expediente laboral 3587/2015-F, constancia con la que pretende dar cumplimiento al fallo protector. En consecuencia, con el oficio y anexo que se señala en el párrafo que antecede, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, manifieste lo que en derecho corresponda, respecto del cumplimiento que comunican las autoridades responsables, en el entendido de que con o sin el desahogo de la vista otorgada, este órgano jurisdiccional emitirá pronunciamiento en el que declare si la sentencia está cumplida o no, si incurrió en exceso o defecto, o si hay una imposibilidad para cumplirla. En el entendido de que, de declararse no cumplida en su totalidad la ejecutoria de amparo, se remitirán los autos al tribunal colegiado de circuito competente, como establece en lo conducente, el artículo 193 de la ley de la materia.

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