Sergio Ramírez Mendoza
Expediente 313/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 20 actuaciones registradas, la última del 6 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 313/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 06/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Sergio Ramírez Mendoza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
Morelia, Michoacán, seis de julio de dos mil veintidós. Agréguese el oficio JES/1606/2022, remitido vía correo electrónico por el Juez de Ejecución de Sanciones Penales de la Región de Zamora, mediante el cual acusa recibo del diverso 10639/2022, por el que se notificó el proveído de once de mayo del año en curso, en el que, en esencia, se determinó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. En la inteligencia que el aludido oficio ha sido previamente certificado por el Secretario de este Juzgado Federal, acorde con el ordinal 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia y al criterio que aparece publicado en la página 245, del tomo XI, del mes de abril de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "DOCUMENTOS RECIBIDOS VIA FAX VALOR PROBATORIO DE LOS.- Tienen eficacia probatoria los documentos recibidos vía fax, si estos son certificados por el funcionario competente". Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiuno de junio de dos mil veintidós. Agréguese el oficio JES/1479/2022, remitido vía correo electrónico por el Juez de Ejecución de Sanciones Penales de la Región de Zamora, mediante el cual acusa recibo del diverso 12193/2022, por el que se notificó el proveído de uno de junio del año en curso, en el que, en esencia, se determinó el archivó el presente juicio como asunto totalmente concluido; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. En la inteligencia que el aludido oficio ha sido previamente certificado por el Secretario de este Juzgado Federal, acorde con el ordinal 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia y al criterio que aparece publicado en la página 245, del tomo XI, del mes de abril de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "DOCUMENTOS RECIBIDOS VIA FAX VALOR PROBATORIO DE LOS.- Tienen eficacia probatoria los documentos recibidos vía fax, si estos son certificados por el funcionario competente". Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, uno de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, como la parte quejosa no interpuso recurso de revisión en contra del auto de once de mayo de dos mil veintidós que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, y al haberle transcurrido el termino para ello, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 354, 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º, se declara que dicho auto HA QUEDADO FIRME, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno; por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo como asunto totalmente concluido. No obsta a lo anterior, el hecho de que no se haya realizado el computo a las demás partes en el presente sumario Constitucional, para la interposición del recurso de revisión, en atención a que se determinó sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio; por tanto, no les irroga perjuicio alguno. Ahora bien, vistos los autos del presente asunto y tomando en consideración que se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Quinto Transitorio, el Capítulo Segundo, artículo 6; Capítulo Tercero, ordinal 8; y, Capítulo Octavo, numeral 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo Octavo, artículo 21 inciso b), del Acuerdo en mención; ello, en razón de que este órgano jurisdiccional estima que carece de relevancia documental. Por otro lado, como en los autos del incidente de suspensión se concedió la suspensión provisional y definitiva; el original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, en términos del artículo 18, fracción I, inciso a), del referido Acuerdo General. En tanto que el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción por ubicarse en la hipótesis prevista en el 20, fracción II, inciso a), del citado Acuerdo General, por lo que procédase a su desincorporación y destrucción una vez que transcurran seis meses de haberse archivado el asunto. Finalmente como resulta innecesario las constancias remitidas por el Jueza de Ejecución de Sanciones Penales de la Región Judicial de Zamora, consistente en copias certificadas del cuaderno de ejecución 20/2022, con las cuales se ordenó formar uno cuaderno de pruebas, solicitando el acuse de recibo respectivo. Notifíquese y personalmente al quejoso recluido.
- Principal
Morelia, Michoacán, once de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que mediante escrito presentado a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, catorce de marzo de dos mil veintidós y recibido por Oficialía de este órgano jurisdiccional el mismo día, ********************en nombre y representación de ********************, promovieron el presente juicio de amparo indirecto en contra del Juez de Ejecución de sanciones con sede en Zamora, Michoacán y otras autoridades, a quienes les reclaman los siguientes actos: AUTORIDAD RESPONSABLE DOMICILIO OFICIAL ACTO RECLAMADO AUTORIDAD RESPONSABLE DOMICILIO OFICIAL ACTO RECLAMADO Coordinador del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo ******************** #********************, Col. ********************, Morelia, Michoacán, C.P. ******************** con correo electrónico ******************** 1. La ejecución del traslado del quejoso directo del CERESO de Alto Impacto al CERESO de ********************. Director del Centro de Alta Seguridad para el Delito de Alto Impacto No. 1 ******************** Vía ********************Ranchería ********************C.P. ********************, Charo, Michoacán, con correo electrónico ******************** Director del Centro Penitenciario de ******************** ********************, C.P. ********************, ********************, Michoacán, con correo electrónico ******************** ********************, Juez de Ejecución de Sanciones Penales en Zamora Calle ********************#******************** interior ******************** Col. ********************, ******************** Michoacán, con correo electrónico ******************** 2. La orden de ejecución de la resolución de 12 de marzo de 2022, sin previamente haber notificado por escrito dicha resolución final a la defensa del quejoso directo En estas condiciones, del examen íntegro de las actuaciones del presente sumario Constitucional se evidencia una causa manifiesta, notoria e indudable que impone necesariamente sobreseer el presente juicio fuera de audiencia; ello en virtud de que, como se evidencia, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo; por tanto, no existe razón para que se continúe con el trámite del juicio. Se afirma lo anterior, porque se aprecia que el motivo de improcedencia del juicio Constitucional que se invocará a continuación, es decir, la situación de hecho o de derecho que hace imposible o innecesario realizar el estudio de la Constitucionalidad del acto reclamado, es manifiesto, debido a que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de las constancias que integran este sumario constitucional; e indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Es aplicable al respecto la tesis de jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, del Tomo XVII, marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 184572, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículo 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Luego, cuando la causal de improcedencia que opera en un determinado asunto sea notoria, manifiesta e indudable, no hay necesidad de seguir substanciando el juicio de amparo y llegar a celebrar audiencia Constitucional, ya que no cambiaría el sentido de la sentencia. Lo anterior es así, ya que a nada práctico conduciría que se celebrara la audiencia constitucional en los términos que refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, para darle la oportunidad a la parte quejosa de ofrecer y desahogar las pruebas conducentes a demostrar la existencia o inconstitucionalidad del acto reclamado, porque la causal de improcedencia subsistiría y el sentido del fallo correspondiente sería el mismo, puesto que, al ser manifiesta e indudable, no es posible que con los elementos de prueba que en su caso llegare a aportar, sea desvirtuada la causal aludida. En ese tenor, se tiene que en la especie, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que a la letra establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica." La interpretación del mencionado dispositivo, muestra que el juicio de amparo es improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas, por no poderse decidir en el procedimiento respectivo, sin afectar la nueva situación jurídica. En efecto, el precepto citado es claro al establecer que el juicio de amparo deviene improcedente, cuando por alguna causa posterior a la interposición de la demanda constitucional, se produzca un cambio de situación jurídica, es decir, cuando las circunstancias procesales en que se encuentre el quejoso cambien de un estado a otro de manera tal que no pueda decidirse sobre la situación procesal anterior sin afectar el nuevo estado de cosas imperante. Para que se actualice la indicada causal de improcedencia, debe concurrir que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo en forma de juicio; que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; que no pueda decidirse sobre la Constitucionalidad del acto combatido sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; que haya autonomía entre el acto que se reclamó en el juicio Constitucional y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Lo anterior, tiene apoyo en la tesis número 2a. CXI/96, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 219, Tomo IV, Diciembre de 1********************6, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." En este contexto, en la especie, el acto reclamado en el presente asunto se hace consistir en la resolución de la jueza de ejecución de la región Zamora, Michoacán, tomada en audiencia de doce de marzo de dos mil veintidós, en la que calificó de no legal el traslado excepcional de ********************, dentro de la carpeta ********************, relacionada con el proceso penal número ********************, que se le instruyó y sentenció por el delito de ********************, en agravio de ********************., y como consecuencia la orden de traslado del Cereso de Alto Impacto número 1 al Cereso de la Piedad y peligro a su vida. Así, del análisis de las constancias que integran el juicio de amparo en que se actúa aparece que el acto reclamado originariamente (resolución de doce de marzo de dos mil veintidós, en la que se calificó de no legal el traslado excepcional de ********************, dentro de la carpeta ********************, y su consecuencias) ha sido sustituido por uno diverso (resolución dictada el seis de mayo de dos mil veintidós, dictada dentro del Toca ******************** del índice de la Séptima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en la que revocó, calificó de legal y dejó firme el traslado excepcional del aquí quejoso), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica en la parte quejosa. En efecto, de las constancias que obran en autos se tiene que si bien es cierto el doce de marzo de dos mil veintidós, la Juez de Ejecución de Zamora, Michoacán, calificó de no legal el traslado excepcional de ******************** -aquí quejoso-, dentro de la carpeta ********************, relacionada con el proceso penal número ********************, que se le instruyó y sentenció por el delito de ********************, en agravio de ********************.; no menos cierto es que el nueve de mayo de dos mil veintidós, en Oficialía de partes de este juzgado federal, se recibió el oficio 323 signado por el Magistrado de la Séptima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en Morelia, quien remitió copia autenticada de la resolución de seis de mayo de dos mil veintidós, pronunciada en el toca ********************, formado con motivo del recurso de apelación hecho valer por el Director del Centro Penitenciario de la Piedad, Michoacán y el Coordinador del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán, en contra de la resolución que calificó de ilegal el traslado del sentenciado, pronunciada dentro de la carpeta ******************** derivada del proceso número ********************, instruida en contra del aquí quejoso ********************, por el delito de ********************, en agravio de ********************, en la que se declaró fundados los agravios de los recurrentes y se revocó la citada resolución y el Tribunal de alzada calificó de legal y dejó firme el traslado excepcional del impetrante (fojas 92 a 106). De ahí que, la resolución de doce de marzo de dos mil veintidós, dentro de la carpeta ********************, del índice del Juzgado de Ejecución de Zamora Michoacán, ha sido revocada, en los términos que por esta vía pretende la parte quejosa, lo cual se verifica con la resolución de seis de mayo de dos mil veintidós, pronunciada en el toca ********************, del índice de la Séptima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en Morelia, en la que derivado de revocar la multireferida determinación, ésta calificó de legal y dejó firme el traslado excepcional de ********************, documental la cual cuenta con pleno valor probatorio con fundamento en los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoriamente a la Ley de Amparo, según su numeral 2°. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Por tanto, es evidente que la emisión de la resolución de seis de mayo de dos mil veintidós, pronunciada en el toca ******************** de comento, trajo como consecuencia un cambio de situación jurídica, que provoca que las violaciones reclamadas se consideren irreparablemente consumadas, en virtud de que a través de este medio, ya no es factible estudiar o decidir respecto al acto por esta vía se duele, sin que se afecte la nueva situación jurídica de la parte quejosa, esto con independencia de que subsistan o no las violaciones a que hicieron referencia en su escrito de petición de amparo. En razón de lo anteriormente expuesto, de acuerdo a lo establecido por el artículo 61, fracción XVII de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia Constitucional el presente juicio de amparo por operar de manera notoria, plena e indubitable el cambio de situación jurídica del acto reclamado, que no podría ser desvirtuada ni aun en la audiencia de ley. El sobreseimiento fuera de audiencia que ahora se decreta se hace extensivo a los actos de ejecución reclamados a las autoridades señaladas como ejecutoras, toda vez que no se combaten por vicios propios, sino en vía de consecuencia, por tanto, al haberse sobreseído respecto de los actos dictados por la autoridad responsable ordenadora, es indiscutible que no pueda examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución. Encuentra sustento lo anterior, la tesis publicada en la página 690, Tomo II, Segunda Parte-2, Julio a Diciembre de 1988, del Semanario Judicial de la Federación, que señala: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios." En tales condiciones, déjese sin efectos la fecha señalada para celebrar la audiencia Constitucional (DIEZ HORAS DEL VEINTISÉIS DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS). Notifíquese personalmente.
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