Sergio Ramírez Bernabe

Expediente 885/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 7 actuaciones registradas, la última del 5 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
885/2018
Año
2018
Actuaciones
7
Última actuación
05/06/2018

Partes del expediente

  • Sergio Ramírez Bernabe

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que se haya presentado promoción encaminada a impugnar el auto de diez de mayo de dos mil dieciocho, en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos de ley. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En razón de lo anterior, de conformidad a lo establecido en el punto Décimo, fracción I, y el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre del año dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del mismo año; el presente juicio es susceptible de depuración, por lo que una vez transcurridos tres años, contados a partir del día siguiente a que surta efectos la notificación de este proveído, deberá realizarse una transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para el trámite respectivo. Se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. Finalmente, notificado que sea el presente acuerdo, archívese este asunto totalmente concluido.

  2. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que por acuerdo de veintisiete de abril del año en curso, se tuvo por recibido el oficio que remitió la autoridad responsable, en el que acompañó copia certificada de la constancia de emplazamiento realizada a la parte demandada dentro del juicio laboral de origen. Con lo anterior, se dio vista a la parte quejosa, para que en el término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que de no hacerlo, se resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por la responsable, sin que hasta el momento haya realizado manifestación alguna. Por lo tanto, se procede de oficio a RESOLVER CONFORME AL ARTÍCULO 196 DE LA LEY DE AMPARO. Los efectos de la concesión del amparo quedaron precisados en el considerando correspondiente de la sentencia de tres de abril de dos mil dieciocho, haciéndose consistir en que la Junta responsable y el Actuario adscrito a la misma, deberían.Deberá dejar insubsistente el auto de nueve de marzo de dos mil dieciocho emitido en el expediente de su índice, únicamente por lo que respecta al término excesivo en que se fijó fecha para el desahogo de la audiencia bifásica prevista por el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo; y pronuncie de inmediato otro, en el que señale fecha para ello, dentro del término previsto por dicho numeral, lo anterior, a efecto de respetar y cumplir lo que la garantía individual en cuestión exige y, por ende, resarcir a la parte quejosa en el goce de la misma, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo. Asimismo, de INMEDIATO y de no encontrar impedimento legal alguno, lleve a cabo el emplazamiento de la parte demandada al procedimiento laboral de origen". Mediante acuerdo de veinte de abril de dos mil dieciocho (foja 29), causó ejecutoria la sentencia de amparo, por lo que en ese mismo proveído se requirió a las autoridades responsables a fin de que dieran cumplimiento al fallo protector. Ahora bien, de las constancias certificadas allegadas, a las que se les concede valor probatorio pleno de conformidad a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, por tratarse de documentos certificados por una autoridad en ejercicio de sus funciones, se pone de manifiesto que mediante constancia de emplazamiento de once de abril de dos mil dieciocho se emplazó a la parte demandada dentro del juicio laboral primigenio. Sin que sea obstáculo para arribar a la anterior conclusión, que la Junta responsable no haya acreditado que dejó sin efectos el proveído de nueve de marzo de dos mil dieciocho en el que señaló la fecha lejana impugnada; sin embargo, tomando en consideración que la fecha controvertida se encuentra para las nueve horas con treinta minutos del quince de mayo de dos mil dieciocho no es dable conminar a la autoridad responsable para que deje sin efectos el proveído donde se señaló la data mencionada, pues de ser así, el impetrante podría sufrir un perjuicio mayor, tomando en consideración que su interés legal estriba en que el procedimiento laboral se lleve a cabo en los términos que establece la ley obrera. En consecuencia, conforme al artículo 196, tercer y cuarto párrafos, de la Ley de Amparo, se declara que HA QUEDADO CUMPLIDA la ejecutoria de amparo en su totalidad, sin exceso ni defecto. De conformidad con el artículo 202 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por el término de quince días. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno.

  3. Principal

    NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  4. Principal

    Visto el oficio de la Secretario del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones con residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción en toda la República, por el que informa el contenido del proveído de dieciséis de abril de dos mil dieciocho dictado en los autos del juicio de amparo 249/2018, de su índice, en razón de que no aceptó la competencia declinada para conocer de dicho juicio, devolviendo así los autos del juicio de amparo 106/2017, del índice de este órgano jurisdiccional; agréguese a los autos para los efectos legales a que haya lugar y háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Sin embargo, este órgano jurisdiccional no comparte el criterio sostenido por el Juzgado Federal oficiante, por las consideraciones que se exponen a continuación: Del análisis de la demanda de garantías, se advierte que la parte quejosa promovió juicio de amparo indirecto contra actos de la Comisión Reguladora de Energía, Comisión Federal de Mejora Regulatoria y del Director del Diario Oficial de la Federación: a) El Acuerdo número. b) Emitir pronunciamiento en relación al anterior, de conformidad con lo previsto por los artículos 69-J, 69-H y 69-L de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. c) La publicación del Acuerdo controvertido. Cabe precisar, que a la Comisión Reguladora responsable le reclamó el acto delimitado bajo el anterior inciso a); en tanto, que de la Comisión Federal, el fijado bajo el diverso inciso b); y del Director, el restante en el inciso c). Asimismo, que vía el origen del Acuerdo reclamado, la Comisión Reguladora de Energía determinó: I) Establecer los formatos para que los titulares de los permisos de comercialización, distribución y expendio al público de gas licuado de petróleo y propano reporten a la Comisión Reguladora de Energía, según corresponda, los precios de venta al público, así como los precios de venta de los distribuidores, los volúmenes comprados y vendidos de dichos productos, así como la estructura corporativa y de capital, en términos de lo dispuesto en el artículo 25 y transitorio Décimo Cuarto de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017, de conformidad con el Anexo Único de dicha la presente resolución. II) Estableció la Oficialía de Partes Electrónica como el medio para que los referidos titulares den cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 25 y transitorio Décimo Cuarto de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017, a través de los formatos anteriores. III) De conformidad a lo establecido en el artículo 26, fracciones I y II de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017, administrará un sistema de información de precios y difundirá a través de medios electrónicos una versión pública del mismo y pondrá a disposición del público por los mismos medios información agregada por zona de precios al mayoreo. Por su parte, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al originar la tesis 2a. CLX/2017 (10a.), número de registro 2015380, de rubro: "COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA. DETERMINACIÓN DE LAS CONTRAPRESTACIONES, PRECIOS Y TARIFAS EN MATERIA DE HIDROCARBUROS Y SU RELACIÓN CON EL DESARROLLO ECONÓMICO"; consideró, que:  México, era una democracia en la cual existía el libre mercado basado en principios y derechos constitucionales como la propiedad privada, la libertad de comercio y la competencia económica.  La regla general era la libertad comercial (no intervención del Estado).  Sin embargo, existían algunas materias de contenido económico en las que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos imponía la intervención del Estado para cumplir con una serie de fines legítimos relacionados con la estabilidad económica y la LIBRE COMPETENCIA.  Dentro de estas últimas, se encontraban las que obligan a la regulación de los mercados de cierto tipo de bienes, bien sea porque se trataba de la explotación de bienes de la nación, la prestación de servicios públicos o por ser de suma importancia para el desarrollo nacional.  El artículo 28, párrafos cuarto y quinto, de la Constitución Federal señalaba que la exploración y extracción de hidrocarburos constituían un área estratégica del Estado, la cual debía ser manejada eficazmente por los organismos reguladores, como lo era la Comisión Reguladora de Energía. Por tanto, contrario a lo argüido por el Juzgado oficiante, los actos reclamados sí están vinculados con la LIBRE COMPETENCIA; toda vez, que resulta ser uno de contenido económico que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impuso la intervención del Estado para cumplir ciertos fines. Tan es así, que con el origen del Acuerdo reclamado, la Comisión Reguladora de Energía, impuso la intervención del Estado para cumplir con una serie de fines legítimos (alcanzar el desarrollo eficiente de mercados competitivos, en específico, de los hidrocarburos al constituir un insumo necesario para la actividad económica), pues obligó a los titulares de los permisos de comercialización, distribución y expendio al público de gas licuado de petróleo y propano, a reportarle diversas cuestiones (precios de venta al público y distribuidores, los volúmenes comprados y vendidos de dichos productos, así como la estructura corporativa y de capital). Lo anterior, con fundamento en las razones que informa la tesis: "COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA. DETERMINACIÓN DE LAS CONTRAPRESTACIONES, PRECIOS Y TARIFAS EN MATERIA DE HIDROCARBUROS Y SU RELACIÓN CON EL DESARROLLO ECONÓMICO. México es una democracia en la cual existe el libre mercado basado en principios y derechos constitucionales como la propiedad privada, la libertad de comercio y la competencia económica. En este sentido, la regla general es: libertad comercial, no intervención del Estado; sin embargo, existen algunas materias de contenido económico en las que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone la intervención del Estado para cumplir con una serie de fines legítimos relacionados con la estabilidad económica y la libre competencia, entre otros. Dentro de estas excepciones constitucionales, se encuentran las que obligan a la regulación de los mercados de cierto tipo de bienes, ya sea porque se trata de la explotación de bienes de la nación, la prestación de servicios públicos o por ser de suma importancia para el desarrollo nacional. En ese sentido, el artículo 28, párrafos cuarto y quinto, de la Constitución Federal señala que la exploración y extracción de hidrocarburos constituyen un área estratégica del Estado, la cual debe ser manejada eficazmente por los organismos reguladores y las empresas estatales correspondientes. Así, de las disposiciones contenidas en la Ley de Hidrocarburos, se advierte que la Comisión Reguladora de Energía es competente para fijar las contraprestaciones, precios y tarifas en materia de hidrocarburos (salvo por lo que hace a las actividades de expendio al público de gas licuado de petróleo, gasolinas y diésel), esto es, tiene a su cargo atribuciones en materia de precios que pretenden alcanzar el desarrollo eficiente de mercados competitivos; en específico, la explotación y comercialización de los hidrocarburos son condiciones básicas para el desarrollo del país, al ser insumos necesarios para todo tipo de actividad económica". (Época: Décima Época, Registro: 2015380, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 47, Octubre de 2017, Tomo II, Materia(s): Constitucional, Tesis: 2a. CLX/2017 (10a.), Página: 1219). Por los razonamientos expuestos se insiste en declinar la competencia para conocer del presente asunto; en consecuencia, con fundamento en el tercer párrafo del artículo 48 de la Ley de Amparo; 37, fracción VI, y 54, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, remítanse los autos al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en turno, para que resuelva el presente conflicto competencial. De lo anterior dese aviso al Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones con residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción en toda la República, para que exponga lo que estime pertinente ante el citado Órgano Colegiado.

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