Sergio Prado Valaguez

Expediente 766/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
766/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
29/07/2021

Partes del expediente

  • Sergio Prado Valaguez

Actuaciones

  1. Principal

    QUEDA FIRME el auto en el cual se desechó la presente demanda de amparo. En virtud de lo anterior se ordena el archivo del presente expediente.

  2. Principal

    QUEDA FIRME el auto en el se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo. En virtud de lo anterior se ordena el archivo del presente expediente. Finalmente se ordena la devolución de documentos originales a las partes.

  3. Principal

    AVISO.- POR MEDIO DE LISTA QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE JUZGADO FEDERAL, SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA el acuerdo DE DOS DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE EN SU SÍNTESIS DICE: Cuernavaca, Morelos, a dos de julio de dos mil veintiuno. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ****************, por propio derecho, mediante el cual solicita el Amparo y Protección de la Justicia Federal, contra actos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. Registro de la demanda. Fórmese el expediente de amparo correspondiente y regístrese en el libro de gobierno bajo el número que le corresponda. Desechamiento. Sin proveer sobre su admisión, se desecha de plano la demanda de amparo, toda vez que de su estudio integral este Juzgado de Distrito advierte motivos manifiestos e indudables de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Partiendo de esa premisa, se considera por manifiesto, cuando el motivo de improcedencia se presenta en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda instaurada y lo indudable, ocurre en la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante, de tal forma, que aun cuando se admitiera dicha demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar los contendientes como elementos de prueba. Análisis, el cual resulta de orden público, preferente y oficioso, según dispone el artículo 62, de la Ley de Amparo, que reza textualmente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Lo anterior, fue dispuesto así por el legislador, tomando en consideración que el juicio de amparo, es un medio de control constitucional, el cual debe ser promovido como un medio extraordinario de defensa en favor de los gobernados, cuando consideren que los actos de autoridad vulneran sus derechos humanos fundamentales. Ahora, del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado lo siguiente: "ACTO RECLAMADO. La omisión de pronunciar AUTO de admisión de DEMANDA". Del análisis de lo anterior, este Juzgado de Distrito considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la fracción V, del 107, éste último interpretado a contrario sensu, ambos de la vigente Ley de Amparo, porque el acto reclamado de acuerdo a su naturaleza no es de aquéllos que producen al agraviado una ejecución de imposible reparación. En efecto, el citado artículo 61, fracción XXIII, de la ley de la materia vigente, establece que: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Por su parte, el diverso precepto 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente, prevén que: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;.". Del artículo 107, fracción V, transcrito con antelación, se advierte claramente que la Ley de Amparo no prevé la procedencia del juicio de amparo respecto de violaciones procesales; incluso, las predominantes en grado superior, o exorbitantes, sino que, de manera específica, acota esa procedencia contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación; entendiéndose por ellos, únicamente los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que México sea parte; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. En consecuencia, debe entenderse por actos de imposible reparación a aquellos que afectan de forma directa derechos sustantivos tutelados en la Constitución o en los Tratados Internacionales de los que México es parte, lo que significa que excluyó a todos aquellos actos intraprocesales que vulneren prerrogativas procedimentales con independencia del estadio en que esto ocurra. Por tanto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando aleguen violaciones directas al artículo 17 constitucional, el acto reclamado no puede considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, como sería la incorrecta prosecución del trámite; de ahí que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; y el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente; lo que en el caso no se actualiza. En ese tenor, el tema en cita, relativo a determinar qué es una abierta dilación en el procedimiento, o la paralización de éste, el criterio citado, se estableció que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva, que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto; por lo que para proporcionar un estándar mínimo objetivo para que exista una abierta dilación en el dictado de proveídos, laudos o cualquier diligencia, deben de haber transcurrido cuarenta y cinco días naturales contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos respectivos. En el caso, la parte quejosa se duele de la omisión de que el tribunal responsable se pronuncie respecto de la admisión o desechamiento de la demanda presentada por la parte quejosa el veinticinco de mayo de dos mil veintiuno; por tanto, la omisión reclamada, no queda comprendido en el supuesto de procedencia establecido en el citado artículo 107, fracción V, porque no es un acto de imposible reparación, ya que los efectos que produce son meramente adjetivos, esto es, no transgrede ni afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Se llega a la anterior determinación dado que dicha omisión no afecta directa e inmediatamente el derecho sustantivo fundamental relativo a la impartición de justicia pronta y expedita contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues no se da la excepción que haga procedente el amparo, es decir, que exista una abierta dilación en el procedimiento o su paralización total; ya que a la fecha de presentación de la demanda, no ha transcurrido el plazo de cuarenta y cinco días naturales contado a partir de la fecha de la presentación de la demanda ante la autoridad responsable - veinticinco de mayo de dos mil veintiuno-. Sobre ese contexto, la parte quejosa, se duele de una dilación procesal, toda vez que no se ha pronunciado respecto de la admisión o desechamiento de la demanda presentada ante la responsable el veinticinco de mayo de dos mil veintiuno; sin embargo, aun cuando se está en presencia de la omisión que aduce y que, es contrario a la prosecución en tiempo del procedimiento natural, debe atenderse a sí en la especie no existe una abierta dilación del procedimiento o la paralización total, que pueda generar en este momento la excepción para acudir al juicio de amparo indirecto, lo que no ocurre, pues de los antecedentes del acto reclamado, bajo protesta de decir verdad, refirió que la demanda fue presentada el veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, como se ha precisado; por lo que se aprecia que el acto aquí reclamado no se considera que dilate abiertamente el procedimiento o lo paralice, a la luz de las condiciones prevalecientes en los órganos impartidores de justicia laboral. Por lo anteriormente expuesto, se estima que no se está en el caso de excepción que haga procedente el juicio de amparo, dado que no han transcurrido los cuarenta y cinco días señalados jurisprudencialmente, para que se considere que existe una abierta dilación, concepto que en la jurisprudencia invocada, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emplea para distinguir entre el retraso y una abierta dilación. Por lo expuesto, es inconcuso que el acto reclamado consistente en la omisión reclamada; no produce una afectación de imposible reparación, pues únicamente produce una lesión jurídica formal o adjetiva. Además de que debe recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas, de donde derivan los requisitos para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento, consistentes en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", equivalente a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, lo que en el caso no acontece. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, este interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca · 7,063 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano