Sergio Ponce Jimenez

Expediente 402/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 12 actuaciones registradas, la última del 8 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
402/2021
Año
2021
Actuaciones
12
Última actuación
08/09/2021

Partes del expediente

  • Sergio Ponce Jimenez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Ciudad de México, a ocho de septiembre de dos mil veintiuno. Se tiene por recibido el escrito signado por el quejoso, por medio del cual, solicita le sean devueltos los documentos originales que fueron exhibidos como pruebas de su parte en el presente juicio de amparo. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito de cuenta para que obre como corresponda, debiéndose estar a lo acordado en proveído de diez de agosto del año en curso, en el cual se autorizó la devolución de los documentos que refiere previo desglose de los mismos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Juan de Dios García Munguía, quien autoriza y da fe de lo actuado. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad de México, a diez de agosto de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal del presente asunto, y la vista la certificación de cuenta y tomando en consideración que la parte quejosa, que es a quien pudiera causarle perjuicio la sentencia dictada el nueve de julio de dos mil veintiuno, en la que se determinó sobreseer en el presente juicio de garantías, no la recurrió dentro del plazo que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo; con fundamento en la fracción II, del artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que la citada sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA, por lo que, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Ahora bien, toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, archívese como asunto total y definitivamente concluido. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por El Consejo de la Judicatura Federal; se determina que este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo en cita, en relación con el numeral 8.1.2 ordinal 1, del Manual referido, pues se trata de un asunto sobreseído y además no se considera de relevancia documental, toda vez que no se encuentra dentro de los supuestos que establece el artículo 15 del Acuerdo aludido así como el numeral 5.1 del referido Manual, esto es: 1) No es promovido por delitos contra la seguridad de la Nación, derecho internacional, humanidad, administración de justicia, ambiente y gestión ambiental; 2) No se trata de resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; 3) No es un asunto relativo a un conflicto laboral colectivo trascendente, ni versa sobre temas relativos al patrimonio histórico, arqueológico, artístico, y no es un asunto en materia agraria; 4) No es un asunto generado por los Plenos de Circuito y; 5) No se integró jurisprudencia o tesis aislada derivada del presente asunto, por parte de los Tribunales de Circuito. Por lo tanto, una vez que haya transcurrido el término de tres años a que se refiere el párrafo primero del artículo 21, del multicitado Acuerdo, contados a partir del presente archivo, dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción. Por lo que hace al original del cuaderno relativo al incidente de suspensión, es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General en cita, en relación con el numeral 8.1.2 ordinal 3, del Manual referido; toda vez que la medida cautelar se negó, en consecuencia, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contados a partir de la fecha en que se actúa, dentro de los treinta días siguientes, procédase a su destrucción. En cuanto al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el artículo 20 fracción II, inciso a) del multicitado Acuerdo en relación con el numeral 8.1.1 ordinal 2 inciso a), del Manual aludido, será destruible en el término de seis meses contados a partir del presente archivo, por lo que una vez concluido este plazo, dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción. Glósese copia autorizada del presente proveído a los autos del original y del duplicado del incidente de suspensión, para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, toda vez que la parte quejosa anexó documentos originales en el presente juicio de amparo, requiérasele para que dentro del plazo de noventa días contados a partir de la legal notificación del presente proveído, acuda a este juzgado a recoger dicho documento y previo desglose del mismo, debiendo dejar constancia de su entrega haciendo del conocimiento que la persona que se presente a recibir el documento, deberá exhibir copia simple de identificación oficial vigente la cual previa presentación del original, se certificará por el Secretario para debida constancia legal, apercibida que de no hacerlo así, se procederá a su destrucción en cumplimiento del antepenúltimo párrafo del artículo 21 del acuerdo de referencia. En el entendido de que la persona que acuda a recibirlas, deberá solicitar una cita para tal efecto, de conformidad con el artículo 6 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, de lunes a viernes en un horario de las trece horas con quince minutos a las diecinueve horas con quince minutos, tomando en consideración que es la jornada de labores presenciales que le corresponde a este Juzgado de Distrito. Finalmente, téngase por recibido el escrito signado por el quejoso, por medio del cual señala nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones, autoriza a diversas personas y solicita copia certificada de todo lo actuado; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito de cuenta para que obre como corresponda. En atención a su contenido, con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la misma, se reconoce como nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Mezanine de la Bodega Q-27 de la Central de Abastos de la Ciudad de México, colonia Central de Abastos, Alcaldía Iztapalapa, código postal cero nueve mil cuarenta (09040), Ciudad de México; en consecuencia, se tiene por revocado el domicilio que se encontraba señalado para oír y recibir notificaciones, para los efectos legales procedentes. De igual forma, con fundamento en el artículo12 de la Ley de Amparo téngase por autorizadas para los efectos que precisa a las personas señalada, lo anterior para los efectos legales procedentes. Finalmente, en relación a las copias que solicita el promovente, no ha lugar acordar de conformidad, esto, con motivo de la contingencia sanitaria que actualmente se encuentra atravesando el país y al horario restringido de labores que comprende de las trece horas con quince minutos a las diecinueve horas con quince minutos, con una asistencia máxima de trece personas. Lo anterior, ya que para lograr dicha expedición es necesario que la parte solicitante ingrese al edificio que ocupa este órgano jurisdiccional, se presente en el centro de copiado correspondiente, pague las aludidas copias y hecho lo anterior, se continúe con el trámite de entrega; centro de copiado que sólo labora hasta las quince horas con motivo de la referida emergencia sanitaria; por tanto, este juzgado se encuentra temporalmente impedido para expedir las copias solicitadas. Sin menoscabo de lo anterior, se informa al peticionario que las constancias que integran este juicio se encuentran a su disposición en el expediente electrónico relativo al presente asunto en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea), las cuales cuentan con las respectivas evidencias criptográficas, esto es, con pleno valor, y podrá imprimirlas cuantas veces estime necesario. Lo anterior, con fundamento en el artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa Sergio Ponce Jiménez, en el domicilio ubicado en Mezanine de la Bodega Q-27 de la Central de Abastos de la Ciudad de México, colonia Central de Abastos, Alcaldía Iztapalapa, código postal cero nueve mil cuarenta (09040), Ciudad de México. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Francisco De Paz Becerril, quien autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    En Ciudad de México, a las once horas con diez minutos del nueve de julio de dos mil veintiuno, día y hora señalados para la celebración de la audiencia constitucional relativa al juicio de garantías número 402/2021-I, en audiencia pública el Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México Francisco Javier Rebolledo Peña, asistido por el Secretario Juan de Dios García Munguía, que da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declara abierta sin la asistencia de las partes ni representante de ellas. Acto seguido, el Secretario hace relación de las constancias que obran en autos, dando lectura de ellas, entre las que se encuentran la demanda de garantías que dio origen al presente asunto; auto admisorio de treinta de abril de dos mil diecinueve; constancias de notificación; informe justificado rendido por las autoridades responsables, las pruebas, y proveídos en que se acordó lo conducente. El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por hecha la relación de constancias, para los efectos legales procedentes. En período probatorio: El Secretario da cuenta con las ofrecidas por las partes. El Juez acuerda: Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten y desahogan por su propia y especial naturaleza las pruebas ofrecidas por las partes. No existiendo pruebas pendientes que desahogar se cierra el periodo probatorio. Periodo de alegatos, abierto éste, el Secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló. El Juez acuerda: se declara desierto el periodo de alegatos. Sin existir pruebas, diligencias pendientes por desahogar, ni pedimento del Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se tiene por celebrada la presente etapa de la audiencia constitucional en términos de la presente acta. Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto número 402/2021-I, promovido por Sergio Ponce Jiménez, por propio derecho, contra actos de la Dirección Ejecutiva de Normatividad de la Coordinación General de la Central de Abastos de la Ciudad de México y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O . PRIMERO. Por escrito recibido el quince de abril de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, remitido a este Juzgado de Distrito por razón de turno, Sergio Ponce Jiménez, por propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se precisan: "II.- AUTORIDADES RESPONSABLES.- Ordenadora.- DIRECCIÓN EJECUTIVA DE NORMATIVIDAD DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE LA CENTRAL DE ABASTOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, [.] Ejecutora.- VERIFICADOR, por parte de la DIRECCIÒN EJECUTIVA DE NORMATIVIDAD DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE LA CENTRAL DE ABASTOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, el C. RANDY LUNA ZALPA. III.- ACTOS RECLAMADOS.- De la licenciada ROCÍO AGUILAR EMILIANO, DIRECTORA EJECUTIVA DE NORMATIVIDAD DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE LA CENTRAL DE ABASTOS, reclamo la resolución contenida en el oficio número MX09-CDMX-SEDECAB- DEN/396/2021, número de expediente DEN/SSVPC/VVA/008/2021, en la cual, se ordena la SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES DE LA BODEGA CON NOMENCLATURA 0-143 "B", CON GIRO DE FRUTAS Y LEGUMBRES UBICADA EN LA CENTRAL DE ABASTOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO [.]. Del C. RANDY LUNA ZALPA, VERIFICADOR, reclamo el cumplimiento y ejecución de dicha orden." SEGUNDO. Previo acuerdo aclaratorio, por auto de treinta de abril de dos mil veintiuno, de admitió la demanda registrada con el número 402/2021-I, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, se ordenó dar la intervención que legalmente compete al Fiscal Ejecutivo Titular adscrito a este Juzgado Federal y se fijaron día y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la cual se celebró al tenor del acta que antecede y culmina con la presente sentencia; y, C O N S I D E R A N D O . PRIMERO. Este Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 37 y 107, fracción II de la Ley de Amparo; 52, fracciones II y IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el Acuerdo General número 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en los que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, dado que se reclaman actos atribuidos a diversas autoridades administrativas, con residencia en la jurisdicción que corresponde a este juzgado. SEGUNDO. Para efectos de determinar la certeza de los actos reclamados, con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se toma en consideración que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 40/2000, aplicada por analogía, estableció la obligación de que el juez de amparo analice la demanda de garantías en su integridad a efecto de determinar con exactitud la intención del promovente y precisar los actos materia de la litis constitucional; criterio del rubro siguiente: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. (Novena Época, Registro: 192097, Instancia: Pleno, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de dos mil (2000), Materia Común, Página: 32) La jurisprudencia referida señala que la demanda de garantías es un todo y debe interpretarse en su integridad y si el quejoso designa de manera imprecisa o errónea el acto que combate, pero del análisis integral del escrito correspondiente, se advierte el error en que incurrió, lo correcto es que el Juez de Distrito lo corrija, a fin de que el gobernado no vea obstaculizado su acceso a la justicia. Por lo anterior, del análisis integral que al efecto se realiza de la demanda, se colige que los actos que reclama el quejoso son: ? La Orden de Medidas Cautelares y de Seguridad de doce de abril de dos mil veintiuno, dictada en los autos del expediente DEN/SSVPC/VVA/0008/2021, a través de la cual se ordenó la suspensión temporal de actividades y colocación de sellos en la bodega con nomenclatura O- 143 "B", con giro de frutas y legumbres, localizada al interior de la Central de Abastos de esta Ciudad, así como su ejecución, TERCERO. Son ciertos los actos reclamados a la Directora Ejecutiva de Normatividad y a Randy Luna Zalpa, Subdirector de Seguridad, Vialidad y Protección Civil (en su denominación correcta), ambos adscritos a la Coordinación General de la Central de Abastos de la Ciudad de México, los cuales quedaron descritos en el considerando anterior, toda vez que así lo reconocieron al rendir su informe justificado, certeza que se corrobora con las copias certificadas relativas al expediente administrativo DEN/SSVPC/VVA/0008/2021 que obra glosado en autos, de las que se advierte que dichas autoridades emitieron y ejecutaron los actos que se les atribuyen. CUARTO. Previamente al análisis de fondo del asunto, procede examinar las causas de improcedencia, ya sea que las invoquen las partes o este Juzgado las advierta de oficio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo que señala: Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. El suscrito advierte de oficio que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, pues el quejoso no acredita su interés jurídico para instar el presente juicio. Al respecto, conviene precisar que el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, prevé que el juicio de amparo es improcedente cuando no se afecte la esfera jurídica del quejoso; esto es, cuando no se acredite la titularidad de un derecho subjetivo o un interés legítimo individual o colectivo y, tratándose de normas generales, el juicio será improcedente cuando éstas requieran de un acto de aplicación con posterioridad a su entrada en vigor y no esté acreditado en autos. Dicho precepto es del tenor siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. El artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en su primera hipótesis, establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la Ley. Dentro de los postulados básicos del juicio de amparo se encuentra el principio de iniciativa o instancia de parte agraviada, previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6° de la Ley de Amparo.????? En relación con lo expuesto, es conveniente poner de manifiesto que en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal se establece que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un interés legítimo, como puede verse en la transcripción siguiente: Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. En relación con dicho numeral, deben citarse, además, los diversos 5, fracción I, y 6 de la Ley de Amparo, que prevén: Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 de la presente ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. ARTÍCULO 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5 de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta ley. De los preceptos transcritos se desprende que en el juicio de amparo constituye un requisito indispensable que el gobernado resienta directamente una afectación en su esfera jurídica. Conforme a los artículos 107, fracción I, de la Constitución, 5 y 6 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es un medio de control constitucional para proteger los derechos humanos reconocidos de los gobernados y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución, y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, de los gobernados contra los actos de las autoridades, que se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, es decir, aquélla a quien perjudique una ley, un tratado internacional, un reglamento o cualquier otro acto que se reclame, y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa (interés jurídico) o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico (interés legítimo). Entonces, de acuerdo con la reforma se amplía el campo de posibilidades para acudir al juicio de amparo porque podrá acudir a solicitar la protección de la Justicia Federal quien alegue tener un interés legítimo o jurídico, que son instituciones diferentes, como se explicará enseguida. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió que el interés legítimo no supone la existencia de un derecho subjetivo, aunque sí que la necesaria tutela?????????? jurídica corresponda a su "especial situación frente al orden jurídico", lo que implica que esa especial situación no supone ni un derecho subjetivo ni la ausencia de tutela jurídica, sino la de alguna norma que establezca un interés difuso en beneficio de una persona o colectividad, identificada e identificable y supone que la parte quejosa pertenece a ella. Lo anterior se aprecia del siguiente de rubro: INTERÉS LEGÍTIMO. ALCANCE DE ESTE CONCEPTO EN EL JUICIO DE AMPARO. ([TA]; 10a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 2; Pág. 1736). Por otra parte, la Primera Sala de nuestro Máximo Tribunal, al respecto, estableció que el interés legítimo permite a las personas combatir actos que estiman lesivos de sus derechos humanos, sin la necesidad de ser titulares de un derecho subjetivo, por lo que el interés legítimo se actualizará, en la mayoría de los casos, cuando existan actos de autoridad, cuyo contenido normativo no es dirigido directamente a afectar los derechos de los quejosos, sino que, por sus efectos jurídicos irradiados colateralmente, ocasiona un perjuicio o priva de un beneficio en la esfera jurídica del ciudadano, justamente por la especial situación que tiene en el ordenamiento jurídico. Lo cual se podría considerar como un agravio personal e indirecto, en oposición al agravio personal y directo exigido por el interés jurídico. Esto es, el interés legítimo puede definirse como aquél interés personal (individual o colectivo), cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que pueda traducirse, si llegara a concederse el amparo, en un beneficio jurídico a favor del quejoso. Además, la Sala referida aseveró que ese interés debe estar garantizado por un derecho objetivo, sin que dé lugar a un derecho subjetivo; por lo que debe haber una afectación a la esfera jurídica del quejoso en sentido amplio, que puede ser de tipo económico, profesional, de salud pública, o de cualquier otra índole. Dicha Sala al respecto emitió el siguiente criterio de rubro: INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE. ([TA]; 10a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XVII, Febrero de 2013, Tomo 1; Pág. 822.). En razón de lo anterior, debe precisarse que el interés legítimo supone únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de determinados actos y que proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico. Por otra parte, el interés jurídico, en cambio, sí precisa la afectación a un derecho subjetivo, como lo definió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1ª/J.168/2007, de rubro: INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXVII, Materia Común, enero de 2008, página 225). De acuerdo con el criterio anterior, debe decirse que el????? interés jurídico para acreditarse en el juicio de amparo, debe derivar de un perjuicio directo sobre sus intereses jurídicos con motivo de un acto de autoridad, esto es, del criterio transcrito se advierte lo siguiente: a) Que el acto reclamado cause un perjuicio, o sea, que lesione los intereses jurídicos de una persona o su patrimonio; b) Que las afectaciones deben ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio; c) Que debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; y, d) Que los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente tutelados. En resumen, existe interés jurídico cuando el peticionario acredita una afectación en su persona o en sus bienes (esfera de derechos), los cuales deben ser acreditados en forma fehaciente. Por tanto, la diferencia entre el interés jurídico y el legítimo consiste en que en el primero, el quejoso debe acreditar fehacientemente que es titular del derecho subjetivo público que es violado por un acto de autoridad, en cambio, en el segundo, se pueden combatir actos que se estiman lesivos de derechos humanos, sin la necesidad de que la parte quejosa demuestre se titular de un derecho subjetivo, por lo que el interés legítimo se actualizará, en la mayoría de los casos, cuando existan actos de autoridad, cuyo contenido normativo no es dirigido directamente a afectar los derechos de los quejosos, sino que, por sus efectos jurídicos irradiados colateralmente, ocasiona un perjuicio o priva de un beneficio en la esfera jurídica del ciudadano, justamente por la especial situación que tiene en el ordenamiento jurídico. En ese orden de ideas, el quejoso no acreditó que los actos de autoridad afecten sus derechos para efectos de la procedencia del juicio de amparo, pues no exhibió documento idóneo para demostrar que es legítimo titular y que cuenta con la autorización de la autoridad competente para ejercer el comercio en la bodega con nomenclatura O-143 "B", con giro de frutas y legumbres, localizada al interior de la Central de Abastos de esta Ciudad, y respecto del cual aduce se emitió la orden de suspensión de actividades, y su ejecución, esto es, no se acredita fehacientemente el interés jurídico pues fue omiso en exhibir documento idóneo que así lo demuestre. Lo anterior es así, en razón de que, si bien el promovente exhibió testimonio del acta número veintitrés mil ochocientos sesenta y cinco (23,865) que contiene la fe de hechos requerida, en su carácter de poseedor parcial de los derechos de uso y aprovechamiento de la "bodega O-143-B", ubicada al interior de la Central de Abasto de la Ciudad de México, lo cierto es que dicho documento no resulta suficiente para acreditar la titularidad del local comercial que por esta vía defiende, toda vez que la fe de hechos únicamente implica que el notario dio fe de algún acontecimiento ocurrido en determinado tiempo y lugar, sin hacer juicio de valor ni calificar los hechos suscitados, pues únicamente se limita a observar lo ocurrido de manera objetiva, o en su caso asentar las manifestaciones que le expresan.?????? En ese sentido, en el testimonio que contiene el acta número veintitrés mil ochocientos sesenta y cinco (23,865) correspondiente a la fe de hechos a requerimiento del ahora quejoso, el Notario únicamente dio fe y asentó en el acta respectiva, las declaraciones hechas ante él tanto por el quejoso como por sus testigos, sin que ello implique que tales manifestaciones sean verdad, por lo cual este juzgador estima que el documento exhibido no es el idóneo para acreditar el derecho que aduce tener respecto del local que por esta vía defiende. Asimismo, tampoco acredita contar con los permisos correspondientes para poder realizar la actividad comercial en dicha bodega, por lo tanto no acredita tener derecho a ejercer dicha actividad. Por lo que, si se considera que el extremo que constituiría el interés jurídico legítimamente protegido a través de las garantías de legalidad y seguridad contenidas en los artículos 14 y 16 constitucionales, lo es acreditar la titularidad de los derechos de uso y aprovechamiento, otorgada por la autoridad competente para explotar el comercio en la bodega con nomenclatura O-143 "B", con giro de frutas y legumbres, localizada al interior de la Central de Abastos de esta Ciudad; lo cual no fue acreditado en el presente juicio de garantías, es claro que el quejoso, carece de interés jurídico para promover el juicio de amparo, al no demostrar ser afectado jurídicamente con el acto reclamado. Por lo tanto, toda vez que el peticionario del amparo no acreditó su interés jurídico con documento fehaciente que demuestre que es el legítimo poseedor o tenedor, y mucho menos contar con autorización por parte de la autoridad competente para explotar el comercio en la bodega con nomenclatura O-143 "B", con giro de frutas y legumbres, localizada al interior de la Central de Abastos de esta Ciudad que defiende, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, por ende, lo procedente es sobreseer en el juicio de garantías con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la mencionada ley. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número VI. 2°. J/308, de rubro: ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL, CORRESPONDE AL QUEJOSO. (No. Registro: 210,769, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 80, Agosto de 1994, Página: 77) Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73 a 79, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se: RESUELVE: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Juan de Dios García Munguía, con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad de México, a quince de junio de dos mil veintiuno. Se tiene por recibido el oficio signado por la Directora Ejecutiva de Normatividad y por Randy Luna Zalpa Subdirector de Seguridad, Vialidad y Protección Civil (en su denominación correcta), ambos adscritos a la Coordinación General de la Central de Abastos de la Ciudad de México, a través del cual, en atención al requerimiento de tres de junio del año en curso, remiten copia certificada de las constancias que integran el expediente del procedimiento administrativo DEN/SSVPC/VVA/0008/2021, e informan que el diverso DEN/SSVPC/VVA/0004/2021, no se trata de un diverso procedimiento sino que el mismo es el número con el que se identificó la orden de medidas cautelares emitida dentro del procedimiento administrativo de mérito, es decir, se trata de una actuación dentro del procedimiento cuya copia certificada remiten. Con fundamento en el artículo 66, segundo párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se da vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés y derecho convenga respecto de las constancias que se agregan, sin perjuicio de hacer nueva relación de éstas en la audiencia constitucional. Por su contenido medular es de citarse la tesis: I.5o.C.2 K, del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro: PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LAS CONSTANCIAS ACOMPAÑADAS AL INFORME JUSTIFICADO, Y LAS REQUERIDAS OFICIOSAMENTE POR EL JUEZ DE DISTRITO, DEBEN SER DEL CONOCIMIENTO DE LAS PARTES (No. Registro: 204616, Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, II, Agosto de 1995, Página: 594.) En ese sentido, se tiene por desahogado el requerimiento formulado en auto de tres de junio de dos mil veintiuno, por tanto, se deja sin efectos el apercibimiento decretado en el citado proveído. Notifíquese personalmente a la parte quejosa Sergio Ponce Jiménez, en domicilio ubicado en Avenida del Taller Retorno dieciséis (16), número diecisiete (17), colonia Jardín Balbuena, alcaldía Venustiano Carranza, código postal quince mil novecientos (15900), en esta Ciudad. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Juan de Dios García Munguía, quien autoriza. Doy fe.

Quedan 8 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

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  • Antecedentes y expedientes
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