Sergio Pérez Vázquez

Expediente 1321/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1321/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
23/11/2022

Partes del expediente

  • Sergio Pérez Vázquez

Actuaciones

  1. Principal

    Se advierte que transcurrió el término de cinco días para interponer el recurso de queja en contra del auto de ocho de noviembre del año en curso, en el que se desechó de plano la demanda de amparo, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes y archívese como asunto concluido. Con fundamento en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente es susceptible de destrucción, que deberá verificarse transcurrido un término de tres años, contado a partir de la emisión de este proveído.

  2. Principal

    Irapuato, Guanajuato, ocho de noviembre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el oficio suscrito por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, mediante el cual transcribe el proveído de veintiocho de octubre del año en curso, en donde ese órgano jurisdiccional se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida por Sergio Pérez Vázquez, contra el acto reclamado consistente en la sentencia dictada en la audiencia de juicio oral - explicación de sentencia dentro de la causa penal 1P4221-16, el nueve de septiembre de dos mil veintidós, por el Juez de Tribunal Unitario de Juicio Oral del Juzgado de Oralidad Penal de la Segunda Región en el Estado de Guanajuato, con sede en Valle de Santiago; fórmese el cuaderno respectivo y regístrese con el número 1321/2022-VIII. Acúsese recibo. Este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato se avoca al conocimiento de la demanda de amparo, pues en términos del artículo 41 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional no puede sostener competencia legal a su superior. Ahora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley de Amparo, este juzgado tiene la obligación de examinar la demanda, y de encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deberá desechar de plano, de conformidad con el artículo 113 del citado ordenamiento legal, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que no es dable tramitar demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Tal norma, impone la obligación al Juez de Distrito de examinar con todo detenimiento la demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, así como los anexos que se acompañen. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable, aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improceder efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. El acto reclamado es la sentencia de nueve de septiembre de dos mil veintidós, dictada en la audiencia de Juicio Oral - Explicación de sentencia por el Juez del Tribunal Unitario de Juicio Oral del Juzgado de Oralidad Penal de la Segunda Región en el Estado de Guanajuato, con sede en Valle de Santiago, dentro de la causa penal 1P4221-16, instruida en contra del quejoso por el delito de lesiones. En ese contexto, este juzgado advierte que en relación con el acto reclamado, se actualiza la causa de improcedencia prevista el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, El principio de definitividad del juicio de amparo que contiene la fracción transcrita, consiste en la obligación de la parte quejosa de agotar previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección constitucional. Ello obedece a que los procesos de impugnación tienen como finalidad brindar seguridad jurídica a las partes en conflicto, la cual, en el ámbito del proceso jurisdiccional, se traduce en garantizar al individuo que acude a los órganos jurisdiccionales de que sus derechos procesales no serán objeto de ataques violentos o que, si estos llegan a producirse, le será protegido y reparado en la lesión que se cause a sus derechos; medida que impone la necesidad de contar con ordenamientos procesales que contemplen la existencia de instrumentos que pretendan la corrección de los actos y resoluciones judiciales, ya sea ante el juez que los emitiera, o bien, ante uno de mayor jerarquía. Como se aprecia, la legislación en materia penal otorga al gobernado un medio de impugnación ordinario para revocar o modificar la sentencia emitida por el Juez del Tribunal Unitario de Juicio Oral del Juzgado de Oralidad Penal de la Segunda Región en el Estado de Guanajuato, con sede en Valle de Santiago; esto es, el recurso de apelación. El acto reclamado está en el supuesto establecido en el artículo 468, fracción II, del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues se trata de una sentencia definitiva dictada en una audiencia de juicio; por lo que el solicitante de amparo debió interponer en tiempo y forma el recurso de apelación que prevé el citado numeral, antes de acudir a esta instancia de control constitucional. Además, en este caso, no operan las excepciones al principio de definitividad: a) No se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como incorporación forzada a las fuerzas armadas. No se trata de orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad provisional bajo caución, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de la parte quejosa. No se trata de actos en que sea tercero extraño a juicio, en virtud de que el promovente manifiesta que su poderdante es parte demandada en el expediente laboral del que deriva el acto reclamado. d) La procedencia del recurso de apelación está debidamente previsto en la legislación aplicable al caso, por tanto, no existe insuficiencia normativa que precise la procedencia de tal medio de defensa. En tales condiciones, se desprende que, en el caso, como requisito de procedencia del juicio de amparo indirecto, debe agotarse previamente el recurso de apelación que prevé el Código Nacional de Procedimientos Penales, para cumplir con el principio de definitividad contenido en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo. Acorde con lo antes expuesto, se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; por lo cual, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Sergio Pérez Vázquez. Domicilio procesal y autorizados Con fundamento en el artículo 55 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que Regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el Uso de Videoconferencias en todos los Asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del Propio Consejo, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, otórguense los permisos necesarios en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para que la parte quejosa pueda consultar el expediente electrónico y recibir notificaciones con el usuario ***. Téngase al promovente proporcionado el correo electrónico que indica para que se establezca el contacto respectivo en los casos en que se considere necesario. Información sobre el esquema de "juicio en línea". De conformidad con el artículo 263, fracción II, párrafo segundo, del Acuerdo General del Pleno Del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes que de ser posible transiten hacia la actuación del presente asunto desde el Portal de Servicios en Línea, así como para que proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se establezca el contacto respectivo en los casos excepcionales previstos en el artículo 257, fracción I, del citado acuerdo general. Para lo cual requieren contar con firma electrónica vigente y podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes legales, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el Actuario practique cualquier diligencia en el juicio de amparo en que se actúa, así como para que en el supuesto de no lograr la notificación personal de algún proveído, ante la presencia de causas que impidan dicha notificación, la practique mediante la publicación en la lista de acuerdos, con apoyo en la jurisprudencia 20/2008, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de veinte de febrero de dos mil ocho.

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