Sergio Pérez Morales

Expediente 309/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 11 actuaciones registradas, la última del 8 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
309/2023
Año
2023
Actuaciones
11
Última actuación
08/06/2023

Partes del expediente

  • Sergio Pérez Morales

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, ocho de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso revisión, contra el sobreseimiento fuera de audiencia; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicha resolución ha quedado firme. Dicho cómputo sólo se realiza respecto a la parte quejosa, ya que fue a ésta a quien únicamente afectó el sobreseimiento. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y, archívese este expediente como asunto concluido. Por otra parte, en observancia al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diez de mayo de dos mil veintitrés, el presente expediente es destruible en el plazo de tres años, ya que se sobreseyó fuera de audiencia, de conformidad con el artículo 20, fracción I de esa normatividad. Asimismo, es conservable el original del incidente de suspensión, el cual deberá conservarse por el plazo de tres años, de conformidad con el artículo 17, fracción III inciso b) del citado Acuerdo General, pues por una parte, se concedió la medida cautelar definitiva, y por otra, se negó, por lo que se ordena glosarlo al expediente en que se actúa; mientras que el duplicado del incidente es destruible una vez que transcurran seis meses, conforme a lo dispuesto por el artículo 19, fracción II, inciso a) de esa misma normatividad. Finalmente, devuélvanse a las siguientes autoridades responsables las constancias que remitieron como complemento a sus informes justificados: -Segunda Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México: dos tomos de copias certificadas relativas al juicio administrativo 575/2017 de su estadística (promoción 1296). -Delegada de Asuntos Contenciosos Naucalpan de la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, en representación de la 2. Delegación Fiscal Naucalpan dependiente de la Dirección General de Recaudación de la Subsecretaría de Ingresos de la 1. Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México: un legajo de copias certificadas de diversas constancias relativas al expediente administrativo 89522 (promoción 4066); así como un legajo de copias certificadas por el Delegado Fiscal Naucalpan dependiente de la Dirección General de Recaudación de la Subsecretaría de Ingresos de dicha Secretaría y un sobre cerrado que contiene copia de un citatorio de once de agosto de dos mil veintidós, suscrito por el Notificador adscrito a la Delegación Fiscal Naucalpan (promoción 13975). -4. Representante legal, por sí y por el 5. Gerente de la sucursal 9244, ambos de la Institución Bancaria, 6. Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte: copia ILEGIBLE del oficio de cinco de agosto de dos mil veintidós, así como del instrumento notarial doscientos doce mil doscientos treinta, pasado ante la fe del notario público ciento cincuenta y uno de la Ciudad de México (promoción 4045). Notifíquese.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, once de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese únicamente para que obre como corresponda, el oficio de la Delegada de Asuntos Contenciosos Naucalpan de la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, en representación de la 2. Delegación Fiscal Naucalpan, dependiente de la Dirección General de Recaudación de la Subsecretaría de Ingresos de la 1. Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México; toda vez que mediante auto de nueve de mayo del año en curso, se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, en el que se precisó lo atinente al requerimiento que atiende la oficiante. Notifíquese.

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, nueve de mayo de dos mil veintitrés.****************************************Agréguese el oficio del apoderado de la autoridad responsable 6. Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, mediante el cual en atención al requerimiento de tres de los actuales, informa que la cuenta enlace personal ********************, aperturada en dicha institución se encuentra activa para que la parte quejosa esté en posibilidad de realizar operaciones financieras y disponer de los recursos que se encuentran en la misma, acreditando su dicho con copia certificada de las líneas de pantalla de dicha cuenta bancaria a nombre del quejoso ****************************************Por tanto, como se aprecia de lo informado por la autoridad responsable 6. Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, resulta procedente sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de amparo.****************************************Lo anterior, pues cabe precisar que ninguna afectación le causa a la parte quejosa la circunstancia de que en este caso se decrete el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional, pues su actualización es indudable; y, de la interpretación al contenido de los artículos 63 fracción V y 81 fracción I inciso d), ambos de la Ley de Amparo, se desprende la posibilidad de decretar el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia, cuando la improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, pues en el segundo de los preceptos invocados se estableció la procedencia del recurso de revisión contra las resoluciones "que declaren el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional". ****************************************Además, la presente determinación, abona a la impartición de justicia pronta, prevista en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que están expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. ****************************************El criterio referido está contenido en la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, marzo de 2003, foja 386, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." ****************************************SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA****************************************Así, del análisis integral a la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señaló como actos reclamados:****************************************1. La orden verbal o escrita para bloquear, cancelar, suspender o revocar la totalidad de la cuenta bancaria ********************, aperturada ante la institución bancaria Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte y, por ende, la falta de notificación del inicio y tramitación del procedimiento administrativo en su contra. (ESCRITO INICIAL DE DEMANDA)****************************************2. El acuerdo de dos de septiembre de dos mil diecinueve, dentro del expediente ******************** del índice de la Segunda Sala Regional del Tribunal de Justica Administrativa del Estado de México. (EN VÍA AMPLIACIÓN DE DEMANDA).****************************************Ahora bien, en torno A LOS ACTOS RECLAMADOS IDENTIFICADOS CON EL NUMERAL 1., debe decirse que de acuerdo a las constancias remitas por la autoridad en cita, dicho acto reclamado destacado, dejó de existir, tomando en cuenta que inicialmente se ejecutó la orden de desbloqueo respecto de la referida cuenta bancaria a nombre de la parte quejosa; sin embargo, se tiene a la vista las constancias remitidas por la citada autoridad consientes en las líneas de pantalla de la cuenta bancaria ******************** a nombre del quejoso ********************aperturada ante la institución bancaria Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, de las que se advierte que dicha cuenta bancaria se encuentra activa a fin de que la parte quejosa este en posibilidad de disponer de los recursos que en ella se encuentran (promoción 6214).****************************************Y toda vez que mediante auto de cuatro de abril de la anualidad, se tuvo a la Delegada de Asuntos Contenciosos Naucalpan de la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, en representación de la 2. Delegación Fiscal Naucalpan dependiente de la Dirección General de Recaudación de la Subsecretaría de Ingresos de la 1. Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, remitiendo diversas constancias de las que se desprende que en determinación de treinta de marzo de dos mil veintitrés, dictada en seguimiento al oficio ********************, dirigido a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, dejó sin efectos el procedimiento administrativo de ejecución instaurado mediante el mandamiento de ejecución con número de control ******************** de doce de octubre de dos mil veintiuno, por el que, el veintiocho posterior, se embargaron diversas cuentas bancarias a nombre del quejoso ****************************************Por ende, se advierte que cesaron los efectos de dichos actos reclamados; por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con la fracción V, del numeral 63, de ese mismo ordenamiento legal, numerales que disponen lo siguiente: ****************************************"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:******************** .******************** XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". ****************************************"Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando:******************** . ********************V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior."**************************************** Al respecto, cabe mencionar que para que se actualice la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, es necesario que la autoridad responsable deje sin efectos los actos reclamados, desapareciendo así la materia de la litis constitucional, porque la cesación implica que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación de derechos fundamentales, como si los actos reclamados no hubieran trastocado la esfera jurídica del gobernado, o habiéndolo hecho, sus efectos quedaran destruidos como si nunca hubiesen existido.**************************************** Desde esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que los emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que se debe entender que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos de éstos, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia de dichos actos, pues, es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización de los actos de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de unos actos que ya no están surtiendo sus efectos, ni los surtirán, y que no dejaron huella en la esfera jurídica de la quejosa que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal.**************************************** En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la agraviada en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando los actos reclamados sean de carácter positivo, y cuando sean de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, no existe motivo para realizar el estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados, cuando no pueda alcanzarse su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado.**************************************** Luego entonces, de conformidad con el artículo 77 de la Ley de Amparo, para el caso de que a la parte quejosa se le concediera la protección constitucional solicitada respecto del referido acto, sus efectos serían para que la autoridad de origen dejara sin efectos el procedimiento administrativo de ejecución y como consecuencia, el aseguramiento de la cuenta que aquí defiende el peticionario de amparo y en todo caso, para que cancelaran tal orden de bloqueo, de ahí que, se debe estimar que tal acto cesó y, por tanto, ya no agravia a la parte quejosa, pues la violación que en determinado momento se pudo cometer contra sus derechos fundamentales (bloqueo de la citada cuenta bancaria), ya fue reparada, como si se le hubiere concedido el amparo solicitado.**************************************** Es aplicable al caso, la jurisprudencia 2A./J. 9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 210, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, (febrero de 1998), con número de registro 196820, de rubro y texto siguiente: ****************************************"SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la ley de amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la ley de amparo." ****************************************Asimismo, en lo conducente, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI (noviembre de 1997), visible en la página 71, con número de registro 197367, de rubro y texto: ****************************************"ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." ****************************************De ahí que se esté en presencia de una situación jurídica que destruyó los efectos del acto que motivó el amparo, por lo que es evidente que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación reclamada y se restituyó al gobernado en el goce del derecho fundamental que pudiera haberse violado con aquélla. ****************************************Ahora, por lo que concierne al diverso acto reclamado mediante ampliación de demanda, IDENTIFICADO CON EL NUMERAL 2., consistente en el acuerdo de dos de septiembre de dos mil diecinueve, dictado en el expediente ******************** del índice de la Segunda Sala Regional del Tribunal de Justica Administrativa del Estado de México, dígase a la parte quejosa que dentro del diverso juicio de amparo 1246/2019-V y su acumulado 1247/2019-I del índice de este órgano jurisdiccional, dicho acto se constituyó como cosa juzgada.****************************************Por lo que al respecto, este juzgador advierte de oficio que en el presente asunto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI de la Ley de Amparo, toda vez que dicho acto reclamado, fue materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo en términos de la diversa fracción X, de la citada Ley de Amparo en atención a las siguientes consideraciones, y atento a que el citado precepto legal y fracciones, establecen: ****************************************"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ********************.******************** X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos.**************************************** En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios;**************************************** XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior;********************." ****************************************En efecto, en tal disposición se encuentra inmerso el principio de cosa juzgada, que impide que los actos reclamados en un juicio de amparo que culminó por sentencia ejecutoriada puedan ser materia de estudio en uno diverso; así, dicha firmeza se adquiere, en el juicio de biinstancial, cuando contra la sentencia dictada por el juez de distrito no se interpone el recurso de revisión dentro del término legal concedido, pues en este supuesto, la resolución causará ejecutoria por ministerio de ley; por el contrario, cuando se interpone aquel medio de defensa legal, entonces la resolución emitida por el Tribunal Colegiado de Circuito o por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en Pleno o en Sala -según sea el caso- será ejecutoria para los efectos del juicio amparo indirecto, y de la disposición normativa de que se trata.**************************************** La razón prevista en esta fracción, es impedir que la cosa juzgada, que constituye la verdad legal frente a las partes y frente a la sociedad en general, pueda ser cuestionada a través de una resolución ulterior; ya que de lo contrario, se produciría una cadena interminable de juicios de amparo, lo que evidentemente quiso evitar el legislador, al prohibir que el acto reclamado en uno diverso cuya resolución quedó firme, pueda impugnarse nuevamente. ****************************************Ahora bien, a efecto de poner de manifiesto la causa de improcedencia invocada, constituye un hecho notorio para el suscrito, que el referido acto reclamado -acuerdo de dos de septiembre de dos mil diecinueve dictado en el juicio administrativo ******************** del índice de la Segunda Sala Regional del Tribunal de Justica Administrativa del Estado de México-, fue materia de estudio del diverso juicio de amparo 1246/2019-V y su acumulado 1247/2019-I del índice de este juzgado, en el que mediante resolución de cinco de noviembre de dos mil diecinueve, se concedió el amparo y la protección de la justicia solicitado por el aquí quejoso ********************la cual causó ejecutoria el veintiséis de noviembre del mismo año.****************************************En esas condiciones, al confrontarse las constancias del diverso juicio de amparo 1246/2019-V y su acumulado 1247/2019-I del índice de este juzgado, con las que integran el presente sumario, se pone de manifiesto que en el caso en estudio cobra vigencia la causa de improcedencia antes invocada, prevista en la fracción XI del artículo 61 de la Ley de la materia, dado que se trata de un acto reclamado que ya fue materia de estudio y, respecto del cual, se concedió el amparo solicitado por la parte quejosa y otro; lo que implica la inacatabilidad del acto a través del diverso sumario constitucional; pues incluso, la demanda de amparo que se analiza, se promovió por el mismo quejoso, mismo acto reclamado y contra la misma autoridad responsable (entre otras).**************************************** Lo anterior, hace evidente que existe una sentencia que ya resolvió sobre la cuestión planteada, la estabilidad, seguridad y firmeza de las resoluciones jurídicas debe impedir que se abra nuevamente la controversia, por haber constituido "cosa juzgada". ****************************************En este orden de ideas, si el acto que motivó el presente juicio, ya fue materia de análisis constitucional, cuyo pronunciamiento quedó firme -el veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve- por no interponerse en su contra recurso de revisión, deja de manifiesto la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XI, de la Ley de Amparo a que se ha hecho referencia ya que lo determinado constituye cosa juzgada; pues en atención a la firmeza que adquirió la resolución dictada en ese juicio de amparo, legalmente no puede desconocerse aquella decisión judicial, sin afectar tal institución jurídica.**************************************** Orienta a lo anterior en lo conducente, la jurisprudencia con número de registro 237445, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación. Volumen 181-186, Tercera Parte, página 91, Séptima Época, Materias(s): Común, de rubro y texto siguiente:****************************************"COSA JUZGADA. IMPROCEDENCIA DE AMPARO (FRACCION IV DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO) CONTRA ACTOS OBJETO DE JUICIO SOBRESEIDO QUE NO PUEDEN RECLAMARSE DE NUEVO. Aun cuando, por regla general, una sentencia de sobreseimiento no constituye cosa juzgada ni impide, por consiguiente, la promoción de un nuevo juicio de garantías en que se combata el mismo acto, existen casos de excepción en virtud de que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera también por diversas circunstancias, pues ésta no sólo se da cuando en una sentencia ejecutoria se ha examinado y resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un juicio de garantías, siempre que tal determinación se haya realizado atendiendo a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que tal determinación se haya efectuado, como ocurre, por ejemplo, cuando se ha declarado por sentencia ejecutoria que se ha consumado de manera irreparable el acto reclamado, o que han cesado sus efectos, o que dicho acto ha sido consentido, o cuando se ha determinado que el acto reclamado no afecta los intereses jurídicos de la parte quejosa, pues estas situaciones no pueden ser desconocidas en un nuevo juicio de garantías."****************************************Así como por identidad de razón jurídica, la diversa tesis II.3o.P.16 K (10a.), registro 2020662, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 70, Septiembre de 2019, Tomo III, página 1828, Décima Época, Materias(s): Común, de rubro siguiente: "COSA JUZGADA EN EL AMPARO INDIRECTO. POR EXCEPCIÓN OPERA ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA, SI EN UN ANTERIOR JUICIO SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA PROMOVIDA POR EL MISMO QUEJOSO, CONTRA LAS MISMAS AUTORIDADES Y POR EL PROPIO ACTO RECLAMADO, POR NO AGOTARSE EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD."****************************************En las relatadas condiciones, al actualizarse las causas de improcedencia contenidas en el artículo 61, fracciones X y XI, así como la diversa XXI, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en este juicio, con apoyo en el dispositivo 63, fracción V, de la ley reglamentaria. ****************************************De modo que continuar con la tramitación de este juicio de amparo en nada abonaría a la pretensión del promovente, porque se llegaría a la misma conclusión a la que ahora se arriba y tampoco podrían concretarse los efectos que demanda, sin obviar que se retardaría la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que impera en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.****************************************En consecuencia, atendiendo a los motivos expuestos con anterioridad, se deja sin efectos la audiencia constitucional prevista para celebrarse a las diez horas con veinticinco minutos del once de mayo de dos mil veintitrés.****************************************No es óbice a lo anterior, que en acuerdo de tres de este mes y anualidad, se formuló un diverso requerimiento a la diversa autoridad responsable 2. Delegación Fiscal Naucalpan, dependiente de la Dirección General de Recaudación de la Subsecretaría de Ingresos de la 1. Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México; sin embargo, dados los motivos expuestos, se estima que no es necesario esperar a que dé cumplimento, toda vez que a la misma conclusión se arribaría llegado el informe que rinda.****************************************Notifíquese, personalmente a la parte quejosa y al Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito y por oficio a las autoridades responsables

  4. Principal

    (CITATORIO) EN VIRTUD DE QUE EL QUEJOSO NO ACUDIÓ AL LOCAL DE ESTE JUZGADO A NOTIFICARSE PERSONALMENTE O POR CONDUCTO DE PERSONA AUTORIZADA EN EL TÉRMINO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL CITATORIO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO EL DIECIOCHO DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL PROVEÍDO DE NUEVE DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS, QUE DICE: "Naucalpan de Juárez, Estado de México, nueve de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio del apoderado de la autoridad responsable 6. Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, mediante el cual en atención al requerimiento de tres de los actuales, informa que la cuenta enlace personal ., aperturada en dicha institución se encuentra activa para que la parte quejosa esté en posibilidad de realizar operaciones financieras y disponer de los recursos que se encuentran en la misma, acreditando su dicho con copia certificada de las líneas de pantalla de dicha cuenta bancaria a nombre del quejoso .. No es óbice a lo anterior, que en acuerdo de tres de este mes y anualidad, se requirió también a la diversa autoridad responsable 2. Delegación Fiscal Naucalpan, dependiente de la Dirección General de Recaudación de la Subsecretaría de Ingresos de la 1. Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México; sin embargo, dados los motivos expuestos, se estima que no es necesario esperar a que dé cumplimento, toda vez que a la misma conclusión se arribaría llegado el informe que rinda. Por tanto, como se aprecia de lo informado por la autoridad responsable 6. Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, resulta procedente sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de amparo. Lo anterior, pues cabe precisar que ninguna afectación le causa a la parte quejosa la circunstancia de que en este caso se decrete el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional, pues su actualización es indudable; y, de la interpretación al contenido de los artículos 63 fracción V y 81 fracción I inciso d), ambos de la Ley de Amparo, se desprende la posibilidad de decretar el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia, cuando la improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, pues en el segundo de los preceptos invocados se estableció la procedencia del recurso de revisión contra las resoluciones "que declaren el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional". Además, la presente determinación, abona a la impartición de justicia pronta, prevista en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que están expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. El criterio referido está contenido en la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, marzo de 2003, foja 386, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA Así, del análisis integral a la demanda de amparo y su respectiva ampliación, se advierte que la parte quejosa señaló como actos reclamados: -La orden verbal o escrita para bloquear, cancelar, suspender o revocar la totalidad de la cuenta bancaria ., aperturada ante la institución bancaria Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, la falta de notificación del inicio y tramitación del procedimiento administrativo en su contra, así como los actos respecto a la ampliación de demanda consistentes en los acuerdo de veinte de agosto y dos de septiembre, ambos del dos mil diecinueve, dentro de los expedientes 624/2016 y 575/2017 respectivamente, del índice de la Segunda Sala Regional del Tribunal de Justica Administrativa del Estado de México. Ahora bien, primeramente de acuerdo a las constancias remitas por la autoridad en cita, dicho acto dejó de existir, tomando en cuenta que se ejecutó la orden de desbloqueo respecto de la referida cuenta bancaria a nombre de la parte quejosa. Lo anterior, toda vez que se tiene a la vista las constancias remitidas por la citada autoridad consientes en las líneas de pantalla de la cuenta bancaria . a nombre del quejoso ., aperturada ante la institución bancaria Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, de las que se advierte que dicha cuenta bancaria se encuentra activa a fin de que la parte quejosa este en posibilidad de disponer de los recursos que en ella se encuentran (promoción 6214). En segundo lugar, por lo que respecta la falta de notificación del inicio y tramitación del procedimiento administrativo en su contra, en vías de consecuencia, mediante auto de cuatro de abril de la anualidad, se tuvo a la Delegada de Asuntos Contenciosos Naucalpan de la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, en representación de la 2. Delegación Fiscal Naucalpan dependiente de la Dirección General de Recaudación de la Subsecretaría de Ingresos de la 1. Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, remitiendo las constancias mediante el cual se desprende que la parte quejosa tuvo conocimiento del procedimiento administrativo tal y como se desprende del acta de notificación de treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, asimismo, informando que mediante determinación de treinta de marzo de dos mil veintitrés, dentro el oficio ., dirigido a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, dejó sin efectos el procedimiento administrativo de ejecución instaurado mediante el mandamiento de ejecución con número de control . de doce de octubre de dos mil veintiuno, por el que se embargaron diversas cuentas bancarias a nombre del quejoso .... Ahora, por lo que concierne en tercer lugar, en relación al acto reclamado mediante ampliación de demanda consistente en el acuerdo de dos de septiembre de dos mil diecinueve, dentro del expedientes . del índice de la Segunda Sala Regional del Tribunal de Justica Administrativa del Estado de México, dígase a la parte quejosa que dentro del diverso juicio de amparo 1246/2019-V y su acumulado 1247/2019-I del índice de este órgano jurisdiccional, dicho acto se constituyó como cosa juzgada. Por lo que al respecto, este juzgador advierte de oficio que en el presente asunto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI de la Ley de Amparo, toda vez que el acto reclamado destacado, fue materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo en términos de la diversa fracción X, de la citada Ley de Amparo en atención a las siguientes consideraciones, y atento a que el citado precepto legal y fracciones, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior; ." En tal disposición se encuentra inmerso el principio de cosa juzgada, que impide que los actos reclamados en un juicio de amparo que culminó por sentencia ejecutoriada puedan ser materia de estudio en uno diverso; así, dicha firmeza se adquiere, en el juicio de biinstancial, cuando contra la sentencia dictada por el juez de distrito no se interpone el recurso de revisión dentro del término legal concedido, pues en este supuesto, la resolución causará ejecutoria por ministerio de ley; por el contrario, cuando se interpone aquel medio de defensa legal, entonces la resolución emitida por el Tribunal Colegiado de Circuito o por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en Pleno o en Sala - según sea el caso- será ejecutoria para los efectos del juicio amparo indirecto, y de la disposición normativa de que se trata. La razón prevista en esta fracción, es impedir que la cosa juzgada, que constituye la verdad legal frente a las partes y frente a la sociedad en general, pueda ser cuestionada a través de una resolución ulterior; ya que de lo contrario, se produciría una cadena interminable de juicios de amparo, lo que evidentemente quiso evitar el legislador, al prohibir que el acto reclamado en uno diverso cuya resolución quedó firme, pueda impugnarse nuevamente. Ahora bien, a efecto de poner de manifiesto la causa de improcedencia invocada, constituye un hecho notorio para el suscrito, que el referido acto reclamado destacado - acuerdo de dos de septiembre de dos mil diecinueve-, fue materia de estudio del diverso juicio de amparo 1246/2019-V y su acumulado 1247/2019-I del índice de este juzgado, en el que mediante resolución de cinco de noviembre de dos mil diecinueve, se concedió el amparo y la protección de la justicia solicitado por el aquí quejoso ... En esas condiciones, al confrontarse las constancias del diverso juicio de amparo 1246/2019-V y su acumulado 1247/2019-I del índice de este juzgado, con las que integran el presente sumario, se pone de manifiesto que en el caso en estudio cobra vigencia la causa de improcedencia antes invocada, prevista en la fracción XI del artículo 61 de la Ley de la materia, dado que se trata de un acto reclamado que ya fue materia de estudio y, respecto del cual, se concedió el amparo solicitado por la parte quejosa; lo que implica la inacatabilidad del acto a través del diverso sumario constitucional; pues incluso, la demanda de amparo que se analiza, se promovió por el mismo quejoso, mismo acto reclamado y contra la misma autoridad responsable. Lo anterior, hace evidente que existe una sentencia que ya resolvió sobre la cuestión planteada, la estabilidad, seguridad y firmeza de las resoluciones jurídicas debe impedir que se abra nuevamente la controversia, por haber constituido "cosa juzgada". En este orden de ideas, si el acto que motivó el presente juicio, ya fue materia de análisis constitucional, cuyo pronunciamiento quedó firme -el veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve- por no interponerse en su contra recurso de revisión, deja de manifiesto la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XI, de la Ley de Amparo a que se ha hecho referencia ya que lo determinado constituye cosa juzgada; pues en atención a la firmeza que adquirió la resolución dictada en ese juicio de amparo, legalmente no puede desconocerse aquella decisión judicial, sin afectar tal institución jurídica. Orienta a lo anterior en lo conducente, la jurisprudencia con número de registro 237445, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación. Volumen 181-186, Tercera Parte, página 91, Séptima Época, Materias(s): Común, de rubro y texto siguiente: "COSA JUZGADA. IMPROCEDENCIA DE AMPARO (FRACCION IV DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO) CONTRA ACTOS OBJETO DE JUICIO SOBRESEIDO QUE NO PUEDEN RECLAMARSE DE NUEVO. Aun cuando, por regla general, una sentencia de sobreseimiento no constituye cosa juzgada ni impide, por consiguiente, la promoción de un nuevo juicio de garantías en que se combata el mismo acto, existen casos de excepción en virtud de que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera también por diversas circunstancias, pues ésta no sólo se da cuando en una sentencia ejecutoria se ha examinado y resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un juicio de garantías, siempre que tal determinación se haya realizado atendiendo a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que tal determinación se haya efectuado, como ocurre, por ejemplo, cuando se ha declarado por sentencia ejecutoria que se ha consumado de manera irreparable el acto reclamado, o que han cesado sus efectos, o que dicho acto ha sido consentido, o cuando se ha determinado que el acto reclamado no afecta los intereses jurídicos de la parte quejosa, pues estas situaciones no pueden ser desconocidas en un nuevo juicio de garantías." Así como por identidad de razón jurídica, la diversa tesis II.3o.P.16 K (10a.), registro 2020662, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 70, Septiembre de 2019, Tomo III, página 1828, Décima Época, Materias(s): Común, de rubro siguiente: "COSA JUZGADA EN EL AMPARO INDIRECTO. POR EXCEPCIÓN OPERA ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA, SI EN UN ANTERIOR JUICIO SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA PROMOVIDA POR EL MISMO QUEJOSO, CONTRA LAS MISMAS AUTORIDADES Y POR EL PROPIO ACTO RECLAMADO, POR NO AGOTARSE EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD" Por otra parte, en relación a los actos reclamados consistentes en la orden verbal o escrita para bloquear, cancelar, suspender o revocar la totalidad de la cuenta bancaria 1146553478, aperturada ante la institución bancaria Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, la falta de notificación del inicio y tramitación del procedimiento administrativo en su contra, se advierte que cesaron los efectos de dicho acto reclamado; por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con la fracción V, del numeral 63, de ese mismo ordenamiento legal, numerales que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: . V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." Al respecto, cabe mencionar que para que se actualice la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, es necesario que la autoridad responsable deje sin efectos los actos reclamados, desapareciendo así la materia de la litis constitucional, porque la cesación implica que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación de derechos fundamentales, como si los actos reclamados no hubieran trastocado la esfera jurídica del gobernado, o habiéndolo hecho, sus efectos quedaran destruidos como si nunca hubiesen existido. Desde esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que los emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que se debe entender que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos de éstos, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia de dichos actos, pues, es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización de los actos de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de unos actos que ya no están surtiendo sus efectos, ni los surtirán, y que no dejaron huella en la esfera jurídica de la quejosa que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la agraviada en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando los actos reclamados sean de carácter positivo, y cuando sean de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, no existe motivo para realizar el estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados, cuando no pueda alcanzarse su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado. Luego entonces, de conformidad con el artículo 77 de la Ley de Amparo, para el caso de que a la parte quejosa se le concediera la protección constitucional solicitada respecto del referido acto, sus efectos serían para que la autoridad jurisdiccional de origen dejara sin efectos el aseguramiento de la cuenta reclamada y, que las ejecutoras, cancelaran tal orden de bloqueo, de ahí que, se debe estimar que tal acto cesó y, por tanto, ya no agravia a la parte quejosa, pues la violación que en determinado momento se pudo cometer contra sus derechos fundamentales (bloqueo de la citada cuenta bancaria), ya fue reparada, como si se le hubiere concedido el amparo solicitado. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 2A./J. 9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 210, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, (febrero de 1998), con número de registro 196820, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la ley de amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la ley de amparo". Asimismo, en lo conducente, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI (noviembre de 1997), visible en la página 71, con número de registro 197367, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." De ahí que se esté en presencia de una situación jurídica que destruyó los efectos del acto que motivó el amparo, por lo que es evidente que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación reclamada y se restituyó a la gobernada en el goce del derecho fundamental que pudiera haberse violado con aquélla. En las relatadas condiciones, al actualizarse las causas de improcedencia contenidas en el artículo 61, fracciones X, XI y XXI, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en este juicio, con apoyo en el dispositivo 63, fracción V, de la ley reglamentaria. De modo que continuar con la tramitación de este juicio de amparo en nada abonaría a la pretensión del promovente, porque se llegaría a la misma conclusión a la que ahora se arriba y tampoco podrían concretarse los efectos que demanda, sin obviar que se retardaría la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que impera en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En consecuencia, atendiendo a los motivos expuestos con anterioridad, se deja sin efectos la audiencia constitucional prevista para celebrarse a las diez horas con veinticinco minutos del once de mayo de dos mil veintitrés. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables."

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