Sergio Pérez Bernal
Expediente 309/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 309/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 06/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Sergio Pérez Bernal
Actuaciones
- Principal
...Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación de cuenta, de la que se advierte que transcurrió el término de tres días concedido a las partes, por auto de dieciocho de marzo de dos mil veintidós, sin que al efecto hayan hecho manifestación alguna sobre el cumplimiento que dio la Directora General de Ordenamiento de la Propiedad Rural de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con residencia en la Ciudad de México, a la ejecutoria dictada en el presente asunto; en tal virtud, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el referido proveído y este Juzgado procede a pronunciarse al respecto. ... La comparación entre el efecto del amparo otorgado a la parte quejosa y lo realizado por la autoridad responsable, pone de relieve que aquélla fue restituida en el goce del derecho fundamental violado como lo exige el artículo 77, fracción I, en relación con el 196, párrafo tercero, y cuarto, de la Ley de Amparo. Por tanto, se considera que la sentencia de amparo está cumplida en su totalidad, y que no existe defecto o exceso en el cumplimiento. En tales condiciones, háganse las anotaciones en el libro de gobierno de este Juzgado y del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes. Notifíquese personalmente.
- Principal
Vistos los autos relativos al juicio de amparo en que se actúa, se desprende que Rita María Ferrari Marchioni y Santiago Salas Ferrari, son parte quejosa en el presente expediente. En tal virtud, toda vez que de la certificación que antecede aparece que en el diverso juicio de amparo 291/2022 de la estadística de este Juzgado, promovido por Santiago Salas Ferrari y Rita María Antonia Ferrari, por auto de diecisiete de marzo de dos mil veintidós, se recibió escrito bajo el número de registro 5394, signado por dichas promoventes, del cual se ordena obtener copia certificada a efecto de que obre agregada en autos, cuyo contenido revela que los quejoso realizaron diversas manifestaciones denostativas en contra de esta juzgadora, del tenor siguiente: ".Cada vez la corrupción del Poder Judicial de la Federación es más cínica y terrible. El Juez Primero de Distrito, tuvo por no presentada el Juicio de Amparo, sobre un auto el cual nunca fue notificado, es decir, ya no se molestan en justificar sus crímenes. Simplemente no notifican nada y tienen por no presentado un Amparo." Con lo anterior, se pone de manifiesto que Rita María Ferrari Marchioni y Santiago Salas Ferrari, quejosos en el presente juicio, han sostenido que la suscrita actúa de forma contraria a la ley y a la Constitución Federal, lo que demuestra que ha puesto en duda la manera en que esta resolutora se conduce en su actos judiciales, incluso expusieron que la suscrita tuvo por no presentado una amparo, aun sin que la prevención haya sido notificada. En consecuencia, se estima que dichas aseveraciones, actualizan la causa de impedimento prevista en el artículo 51, fracción VIII, de la Ley de Amparo, así como en el numeral 126, fracción II, de la Ley Orgánica de Poder Judicial de la Federación, que son del contenido siguiente: "Artículo 51. Los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de circuito, los jueces de distrito, así como las autoridades que conozcan de los juicios de amparo, deberán excusarse cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas de impedimento. (.) VIII. Si se encuentran en una situación diversa a las especificadas que implicaran elementos objetivos de los que pudiera derivarse el riesgo de pérdida de imparcialidad." "Artículo 126. Las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las y los magistrados de circuito, las y los jueces de distrito y las y los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal están impedidos para conocer de los asuntos, pos alguna de las causas siguientes: [.] II. Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas a que se refiere la fracción anterior; De los numerales transcritos se advierten los casos en los cuales los funcionarios judiciales que conozcan de los juicios de amparo deberán excusarse por incurrir en alguna de las causas de impedimento allí previstas. En efecto, en las primeras siete fracciones establece diversos supuestos específicos para su actualización, de forma que las razones por las cuales se haga valer un impedimento fundado en cualquiera de ellas, debe ajustarse al tipo legal preciso; sin embargo, en la fracción VIII el legislador comprendió un supuesto normativo novedoso -que no existía en el precepto 66, correlativo de la legislación de la materia abrogada-, pues en aquélla deja abierta la posibilidad para la configuración de esta figura jurídica en casos distintos a los expresamente previstos, sin más limitante que la situación invocada brinde los elementos objetivos de los que se infiera que la imparcialidad del juzgador pudiera ser afectada. Orienta a lo anterior la tesis II.1o.C.8 K (10a.) sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, consultable en la página 4011, del Semanario Judicial de la Federación, Libro 23, Octubre de 2015, Tomo IV, Décima Época, que dice: "IMPEDIMENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EL FUNCIONARIO JUDICIAL EXPRESA LOS ELEMENTOS OBJETIVOS DE LOS QUE SE INFIERE EL RIESGO DE PÉRDIDA DE IMPARCIALIDAD (ARTÍCULO 51, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY RELATIVA). El numeral mencionado norma los casos en los cuales los funcionarios judiciales que conozcan de los juicios de amparo deberán excusarse por incurrir en alguna de las causas de impedimento allí previstas. En las primeras siete fracciones establece diversos supuestos específicos para su actualización, de forma que las razones por las cuales se haga valer un impedimento fundado en cualquiera de ellas, debe ajustarse al tipo legal preciso; sin embargo, en la fracción VIII el legislador comprendió un supuesto normativo novedoso -que no existía en el precepto 66, correlativo de la legislación de la materia abrogada-, pues en aquélla deja abierta la posibilidad para la configuración de esta figura jurídica en casos distintos a los expresamente previstos, sin más limitante que la situación invocada brinde los elementos objetivos de los que se infiera que la imparcialidad del juzgador pudiera ser afectada. Así, para calificar de legal el impedimento de que se trate, bastará que casuísticamente el funcionario proporcione las bases que objetivamente le sirven de fundamento para hacerlo valer, y exprese que subjetivamente lo colocan en un riesgo de pérdida de imparcialidad, pues en casos como éstos la posibilidad de peligro de quebranto de la imparcialidad se presenta en el fuero interno del funcionario el que, en cada caso, es diferente, ya que su determinación dependerá de la vida cotidiana, intereses, relaciones humanas, sociales y familiares, entre otro factores personalísimos propios de cada quien." Se estima que en el caso de estudio se actualiza la causa objetiva diversa a los impedimentos específicos, que implica un riesgo de pérdida de imparcialidad generadora del impedimento para no conocer y resolver el juicio de amparo en que se actúa. En ese sentido, atendiendo a las manifestaciones realizadas por la parte quejosa, mismas que influyen en mi ánimo y objetividad para continuar conociendo de este juicio de amparo, ante el señalamiento de una causa objetiva y razonable susceptible de justificar, esto es, la amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las partes. Así, las manifestaciones de la parte quejosa derivan en que surja una enemistad manifiesta; pues dichas expresiones producen animadversión en mi ánimo y objetividad, con lo cual se estima que existe causa justificada a fin de declararme impedida para continuar con el conocimiento de este asunto. Al respecto resulta aplicable el criterio sostenido por el Sexto Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito, en la jurisprudencia 44 consultable en la página 1344, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "IMPEDIMENTO. ES UNA FIGURA JURÍDICA QUE LIMITA AL JUZGADOR EN SUS FUNCIONES PARA INTERVENIR EN CASOS ESPECÍFICOS, EN QUE PUEDE VERSE AFECTADA SU IMPARCIALIDAD E INDEPENDENCIA EN LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. De una sana y analítica interpretación de los artículos 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 105 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte que el Estado para poder dar cumplimiento a una de sus funciones primordiales, como es la de asegurar una recta administración de justicia procura, para que sean llamadas a esa tarea, sólo a personas que por sus conocimientos que serán evaluados a través de concursos, cultura y capacidad intelectual, así como por sus particulares requisitos de amplia moralidad y agudo escrúpulo en el cumplimiento de sus deberes, para que sean las que aparezcan como las más aptas y apropiadas para el adecuado funcionamiento de las tareas que les encomienda la alta investidura judicial. Sin embargo, en ocasiones las funciones atribuidas a los servidores públicos sufren limitaciones que por razones particulares, no sólo no pueden ejercerlas, sino que se les impone por las normas procesales la obligación precisa de no cumplirlas o de no ejercer las facultades para las que fueron propuestos, dado que, independientemente de la titularidad que se confiere a los órganos jurisdiccionales, también son personas físicas que, como tales, viven dentro de un conglomerado social y son, por consiguiente, sujetos de derecho, de intereses, con relaciones humanas, sociales y familiares, titulares de bienes propios, situaciones de vida personal, etc., abstracción hecha de la calidad que asumen como órganos del Estado, por lo que aun cuando su designación como funcionarios judiciales esté rodeada de una serie de garantías, de modo que asegure su máxima idoneidad para el cumplimiento de sus actividades, puede ocurrir, por circunstancias particulares que revisten situaciones de excepción, que quien desempeña la función de impartir justicia no sea la persona más idónea en relación con una litis determinada, no por incapacidad del órgano o del oficio, sino por una incapacidad propia y personal de los sujetos que asumen la calidad de órgano que desempeña la función judicial. En consecuencia, el ejercicio de dicha función, por lo que a la persona del juzgador se refiere, se ve limitado subjetivamente por todas esas relaciones personales que permiten presumir parcialidad, si tuviera que juzgar a ciertas personas o situaciones con las que le unen vínculos de afecto o relaciones de dependencia o antagonismo, lo que da lugar a un conflicto de intereses, en pugna con el interés público que conlleva el ejercicio de la función jurisdiccional, con el interés personal de quien debe ejercerla en un caso concreto, como esas situaciones dan lugar a una figura jurídica denominada impedimento, cuyo fundamento está plasmado en el artículo 17 constitucional que establece, entre otras cuestiones, que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia de manera pronta e imparcial y el artículo 66 de la Ley de Amparo prevé que quienes estén impedidos para conocer de los juicios en que intervengan deberán manifestarlo, ya sea porque exista amistad estrecha o enemistad manifiesta con alguna de las partes o sus abogados o representantes, al darse tales circunstancias, resulta forzosa la excusa del funcionario, ya que la ley establece una función de pleno derecho con el fin de asegurar la garantía de neutralidad en el proceso, por lo que el legislador le niega taxativamente idoneidad al juzgador y da por hecho que no existe independencia para que conozca de determinado negocio en los casos previstos en el último precepto en comento, lo que implica una declaración formal que deja intocada la respetabilidad personal, probidad, buena opinión y fama del juzgador, evitándose así una situación subjetiva que pudiera dañar la imagen personal de aquél y una afectación al justiciable." Así como la tesis I.11o.C.24 K (10a.), emitida por Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada el viernes 04 de marzo de 2016 10:15 h, en el Semanario Judicial de la Federación, bajo el registro electrónico 2011198, que dice: "IMPEDIMENTO EN EL AMPARO. LA SITUACIÓN DE RIESGO DE PÉRDIDA DE IMPARCIALIDAD, DEBE SER REAL Y ACTUAL (ALCANCES DEL ARTÍCULO 51, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE LA MATERIA). Las fracciones de la I a la VII del artículo en mención, prevén la existencia de elementos objetivos que afectan de forma directa e inmediata la imparcialidad en que debe conducirse el juzgador, cuando tiene el carácter de cónyuge o pariente de alguna de las partes o de sus abogados; si tiene interés personal en el asunto o lo tiene su cónyuge o parientes; si ha intervenido en el asunto en diverso carácter o intervino como asesor; si forma parte de diverso juicio de amparo semejante al de su conocimiento; y si tiene una amistad o enemistad con alguna de las partes o sus representantes. Por otro lado, en la fracción VIII, el legislador estableció que pueden presentarse situaciones diversas a las especificadas, que impliquen, desde luego, elementos que pongan en riesgo la imparcialidad del juzgador. A diferencia de las fracciones I a VII, que señalan específicamente las circunstancias que afectan directamente la imparcialidad del juzgador, la fracción VIII no exige que el elemento objetivo la afecte directamente, pues establece como mínimo que exista un riesgo, término que significa una contingencia o proximidad de un daño que está expuesto a perderse o a no verificarse. Así, el elemento objetivo que exige la fracción VIII debe tener la característica de que el juzgador no se encuentre en una situación de riesgo que comprometa su imparcialidad o, que a los ojos de la sociedad o de un observador razonable pueda advertir que existe motivo para pensarlo así; esto es, que existan situaciones que puedan llevar a considerar que se advierten conflictos de intereses y, por ello, se pierda la distinción de honorabilidad, la buena imagen y el decoro de los que goza el juzgador, así como el órgano jurisdiccional del que forma parte; decoro judicial que funciona como una herramienta de unidad y equilibrio para la exteriorización de las conductas judiciales, atendiendo con razonabilidad a determinado escenario de conducta exigido como desarrollo de un mejor escenario de justicia, lo que fortalece la respetabilidad y confianza en los justiciables, la probidad, buena opinión e imagen. Así, para que se actualice la hipótesis prevista en la invocada fracción VIII debe presentarse lo siguiente: que el juzgador se encuentre en una situación diversa a las previstas en las fracciones I a VII; que esa situación constituya un elemento real y actual; y, que éste ponga en riesgo la pérdida de imparcialidad, como puede ser la afectación al decoro judicial." Conforme con lo anterior, se estima que en el caso se actualiza la referida causa de impedimento. Por tanto, con fundamento en los artículos 51, fracción VIII, 52, 53, y 54, fracción III, inciso c), de la Ley de la Materia, comuníquese lo anterior al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito, a fin de que proceda a calificar el impedimento de referencia para lo cual deberá remitírsele los autos originales del presente juicio. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Notifíquese personalmente.
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