Sergio Peralta Delgado
Expediente 203/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 17 actuaciones registradas, la última del 6 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 203/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 06/06/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Sergio Peralta Delgado
- Luz María Ochoa Leyva
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Acapulco, Guerrero; seis de junio de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso d), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió el acuerdo por el cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, aplicado en sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previa las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción lI, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; hágase constar lo anterior en su caratula. Notifíquese.
- Principal
Acapulco, Guerrero; veinte de mayo de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que mediante proveído de diez de abril del año en curso, se ordenó la notificación del inicio del presente juicio de amparo a la tercera interesada Luz María Ochoa Leyva, por medio de edictos a costa de la parte quejosa, otorgándosele a esta última, un plazo de veinte días para recogerlos y acreditar la efectiva publicación de los mismos, o en su caso, manifestara el impedimento material o legal para hacerlo, sin que a la fecha lo haya hecho así; en tales condiciones, dado que en el referido acuerdo se le apercibió que de no hacerlo así, se procedería a decretar el sobreseimiento en el juicio en que se actúa, se hace efectivo el apercibimiento y se procede a acordar al respecto. Sobre el particular, se advierte que se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 217, ambos de la Ley de Amparo, que textualmente disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna." En efecto, la última fracción del artículo 61, establece una causal genérica de improcedencia, que se actualiza cuando se vincula con algún otro precepto de la propia Ley de Amparo; en este supuesto queda comprendida la conocida como improcedencia jurisprudencial que emana de la aplicación del artículo 217, cuando los tribunales facultados para emitirlo sostienen una causa distinta a las enumeradas en los primeras veintidós fracciones del artículo 61, que impide estudiar el fondo del asunto. La causal de improcedencia jurisprudencial que se invoca, en este caso, tiene su razón de ser en la contumacia en que incurre la parte quejosa al no comparecer a recoger el edicto ordenado para notificar la radicación del juicio a la tercera interesada, o en su caso, manifestar el impedimento material o legal para hacerlo y, por consecuencia, no acredita las gestiones tendentes a su efectiva realización, lo que impide cumplir con un presupuesto procesal que se erige como formalidad esencial del procedimiento que hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional. En efecto, el artículo 27, fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo, dispone que si se desconoce el domicilio del tercero interesado, el juzgador de amparo debe dictar las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue aquél y si a pesar de la investigación se desconoce el domicilio, impone al peticionario de amparo la obligación de solventar los gastos necesarios para realizar su notificación por edictos. En torno a la consecuencia jurídica de no recoger los edictos para su publicación, durante la vigencia de la Ley de Amparo abrogada, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la jurisprudencia número 2a./J. 64/2002, en la cual determinó que lo procedente es el sobreseimiento en el juicio. La tesis se publicó en la página 211, del tomo XVI, Julio de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado se hará mediante notificación personal, siempre que se conozca o se logre investigar su domicilio, o por medio de edictos a costa del quejoso, si a pesar de la investigación se ignora aquél. Ahora bien, del análisis sistemático de lo previsto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 30, fracción II y 5o., fracción III, del propio ordenamiento, así como en el numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que si una vez agotada la investigación a que alude el referido artículo 30, fracción II, y ordenado el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado por medio de edictos a costa del quejoso, éste no los recoge, paga su publicación y exhibe ésta, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, toda vez que incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; por ende, se actualiza una causa de improcedencia, pues con la no publicación de los edictos ordenados queda paralizado el juicio de garantías al arbitrio del quejoso, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, puesto que se entorpece la administración de justicia, por retardarse la solución del conflicto, ya que ello no es atribuible al órgano jurisdiccional, sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso del quejoso." Esta jurisprudencia se mantiene vigente en el punto específico mencionado, pues de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, la jurisprudencia emitida durante la vigencia de la Ley abrogada mantiene su obligatoriedad mientras no se oponga al texto vigente, y en este caso, el contenido de los preceptos de la Ley de Amparo abrogada interpretados en esa jurisprudencia, esencialmente se trasladó a la Ley de Amparo vigente, inclusive, en el artículo 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo, se incorporó expresamente que la omisión de publicar los edictos imputable al quejoso genera el sobreseimiento. En esas condiciones, al actualizarse de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 217, ambos de la Ley de Amparo y la jurisprudencia que se cita, lo procedente es sobreseer el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia, dejando sin efectos la hora y fecha fijadas para la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.Así lo proveyó y firma el Maestro Lino Román Quiroz, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido por César Israel Santes Quevedo, Secretario adscrito al propio juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
RAZÓN DE NOTIFICACIÓN PERSONAL POR ESTRADOS: SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, EL CONTENIDO DEL ACUERDO DE FECHA VEINTE DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Acapulco, Guerrero; veinte de mayo de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que mediante proveído de diez de abril del año en curso, se ordenó la notificación del inicio del presente juicio de amparo a la tercera interesada Luz María Ochoa Leyva, por medio de edictos a costa de la parte quejosa, otorgándosele a esta última, un plazo de veinte días para recogerlos y acreditar la efectiva publicación de los mismos, o en su caso, manifestara el impedimento material o legal para hacerlo, sin que a la fecha lo haya hecho así; en tales condiciones, dado que en el referido acuerdo se le apercibió que de no hacerlo así, se procedería a decretar el sobreseimiento en el juicio en que se actúa, se hace efectivo el apercibimiento y se procede a acordar al respecto. Sobre el particular, se advierte que se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 217, ambos de la Ley de Amparo, que textualmente disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna." En efecto, la última fracción del artículo 61, establece una causal genérica de improcedencia, que se actualiza cuando se vincula con algún otro precepto de la propia Ley de Amparo; en este supuesto queda comprendida la conocida como improcedencia jurisprudencial que emana de la aplicación del artículo 217, cuando los tribunales facultados para emitirlo sostienen una causa distinta a las enumeradas en los primeras veintidós fracciones del artículo 61, que impide estudiar el fondo del asunto. La causal de improcedencia jurisprudencial que se invoca, en este caso, tiene su razón de ser en la contumacia en que incurre la parte quejosa al no comparecer a recoger el edicto ordenado para notificar la radicación del juicio a la tercera interesada, o en su caso, manifestar el impedimento material o legal para hacerlo y, por consecuencia, no acredita las gestiones tendentes a su efectiva realización, lo que impide cumplir con un presupuesto procesal que se erige como formalidad esencial del procedimiento que hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional. En efecto, el artículo 27, fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo, dispone que si se desconoce el domicilio del tercero interesado, el juzgador de amparo debe dictar las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue aquél y si a pesar de la investigación se desconoce el domicilio, impone al peticionario de amparo la obligación de solventar los gastos necesarios para realizar su notificación por edictos. En torno a la consecuencia jurídica de no recoger los edictos para su publicación, durante la vigencia de la Ley de Amparo abrogada, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la jurisprudencia número 2a./J. 64/2002, en la cual determinó que lo procedente es el sobreseimiento en el juicio. La tesis se publicó en la página 211, del tomo XVI, Julio de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado se hará mediante notificación personal, siempre que se conozca o se logre investigar su domicilio, o por medio de edictos a costa del quejoso, si a pesar de la investigación se ignora aquél. Ahora bien, del análisis sistemático de lo previsto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 30, fracción II y 5o., fracción III, del propio ordenamiento, así como en el numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que si una vez agotada la investigación a que alude el referido artículo 30, fracción II, y ordenado el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado por medio de edictos a costa del quejoso, éste no los recoge, paga su publicación y exhibe ésta, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, toda vez que incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; por ende, se actualiza una causa de improcedencia, pues con la no publicación de los edictos ordenados queda paralizado el juicio de garantías al arbitrio del quejoso, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, puesto que se entorpece la administración de justicia, por retardarse la solución del conflicto, ya que ello no es atribuible al órgano jurisdiccional, sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso del quejoso." Esta jurisprudencia se mantiene vigente en el punto específico mencionado, pues de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, la jurisprudencia emitida durante la vigencia de la Ley abrogada mantiene su obligatoriedad mientras no se oponga al texto vigente, y en este caso, el contenido de los preceptos de la Ley de Amparo abrogada interpretados en esa jurisprudencia, esencialmente se trasladó a la Ley de Amparo vigente, inclusive, en el artículo 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo, se incorporó expresamente que la omisión de publicar los edictos imputable al quejoso genera el sobreseimiento. En esas condiciones, al actualizarse de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 217, ambos de la Ley de Amparo y la jurisprudencia que se cita, lo procedente es sobreseer el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia, dejando sin efectos la hora y fecha fijadas para la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.Así lo proveyó y firma el Maestro Lino Román Quiroz, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido por César Israel Santes Quevedo, Secretario adscrito al propio juzgado que autoriza y da fe..... LO QUE SE NOTIFICA POR ESTA VÍA PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES Y EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO DE FECHA VEINTIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE...
- Principal
Acapulco, Guerrero; a treinta de abril de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que se encuentra señalada para el día de hoy la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo, no se está en aptitud de llevarla a cabo, en virtud de que se encuentra transcurriendo el término otorgado a la parte quejosa en proveído de diez de abril del año en curso, para recoger los edictos y exhibir los ejemplares de los periódicos en los que conste su publicación y acredite ante este juzgado que efectuó las gestiones tendientes para tal efecto; para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia de mérito para las DIEZ HORAS DEL TREINTA DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE.
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