Sergio Peñuelas Romo

Expediente 72/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California. 103 actuaciones registradas, la última del 2 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
72/2017
Año
2017
Actuaciones
103
Última actuación
02/02/2023

Partes del expediente

  • Sergio Peñuelas Romo
  • Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Baja California

Actuaciones

Las 4 más recientes de 103.

  1. Principal

    Mexicali, Baja California, dos de febrero de dos mil veintitrés.********************Agréguese a los autos el oficio ******************** y anexos remitidos por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en esta ciudad, al que anexa copia certificada de la ejecutoria pronunciada en sesión ordinaria de dieciocho de enero de dos mil veintitrés, dentro del recurso de inconformidad 62/2022 de su registro.********************El punto resolutivo de la citada ejecutoria es del tenor literal siguiente: ********************"ÚNICO. Se declara infundado el recurso de inconformidad interpuesto por ********************"********************

  2. Principal

    Mexicali, Baja California, diecisiete de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta que remite vía electrónica el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que se admitió a trámite el recurso de inconformidad interpuesto por la parte quejosa en el presente juicio de amparo, registrado con el número 62/2022 de la estadística de la superioridad, mismo que fue turnado a la ponencia de la Magistrada Graciela M. Landa Durán; se toma nota de lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  3. Principal

    Mexicali, Baja California, veintinueve de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a los presentes autos para que obre como legalmente corresponda, el escrito de cuenta signado por el quejoso Sergio Peñuelas Romo, mediante el cual interpone recurso de inconformidad contra el auto dictado el cinco de agosto de dos mil veintidós, a través del cual se declaró cumplido el fallo protector dentro del presente juicio de amparo; por lo tanto, con fundamento en lo previsto en los artículos 201 y 203 de la Ley de Amparo, así como en lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 5/2001, resulta procedente remitir el presente juicio de amparo 72/2017-5, sus tomos y original del escrito de agravios, al Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito en tuno, para los efectos del precepto 107, fracción XVI, de la Constitución Federal; lo anterior, para su conocimiento y resolución, debiéndose formar cuaderno de antecedentes que quede en sustitución del presente asunto. Para el cumplimiento al presente proveído, se instruye a la Actuaria judicial realice las acciones necesarias a fin de entregar el oficio correspondiente. Notifíquese.

  4. Principal

    Mexicali, Baja California, cinco de agosto de dos mil veintidós. Agréguense a los presentes autos el oficio y anexo de cuenta que remite el Director de la Unidad Jurídica y Asesoría Interna del Poder Judicial del Estado de Baja California y Delegado autorizado por la autoridad responsable, con sede en esta ciudad, a través del cual, en cumplimiento al requerimiento efectuado por este juzgado en el sumario, remite copia certificada de documentos de los cuales se desprenden los pagos por concepto de haber de retiro realizados al quejoso Sergio Peñuelas Romo, correspondiente al mes de junio de dos mil veintidós. Por otra parte, vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término concedido a la parte quejosa mediante proveído de diecisiete de junio del año en curso, en el que se le dio vista para que manifestara lo que a su interés legal conviniera, respecto al oficio y anexo enviados por la Delegada de la autoridad responsable de la Unidad Jurídica del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad; con el apercibimiento que de no hacer declaración alguna, este órgano jurisdiccional resolvería de oficio respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo concedida en el presente juicio, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad. Por consiguiente, al haber transcurrido el plazo concedido sin que realizara manifestación alguna al respecto, se procede a resolver de oficio, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra cumplido o no. Se cita al respecto, la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, visible en la página 243, del tomo XI, marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." - Efectos del fallo protector - Al respecto, debe decirse que el doce de septiembre de dos mil diecisiete, se sobreseyó en el presente juicio de amparo. Mediante ejecutoria dictada por el Segundo Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en esta ciudad, en el amparo en revisión 425/2017, se revocó la sentencia emitida por este juzgado en doce de septiembre de dos mil diecisiete, y se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a favor del quejoso Sergio Peñuelas Romo, para el efecto siguiente: ".Las autoridades responsables realicen las gestiones necesarias tendentes a obtener la viabilidad presupuestal de las prestaciones que reclama el quejoso, prescindiendo de la consideración que no existen normas constitucionales legales o reglamentarias que lo regulen..." Por lo que en proveído de tres de abril de dos mil dieciocho, se requirió a la autoridad responsable por el cumplimiento respectivo. -Análisis de los actos en cumplimiento a la sentencia- De las constancias que obran en autos se advierte, lo siguiente: Se realizaron diversos requerimientos para que dieran cumplimiento a la ejecutoria de amparo, mediante la emisión de las normas correspondientes al haber de retiro de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California. El Segundo Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en esta ciudad, conoció del incidente de inejecución 7/2018, en el que ordenó reponer el procedimiento al no existir imposibilidad jurídica para cumplir la ejecutoria de amparo; así como del recurso de inconformidad 28/2019, en el que se declaró fundado el medio de impugnación al no encontrarse cumplido el fallo protector. Por lo que, en atención a diversos requerimientos, el Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la XXIII Legislatura del Estado, presentó ante este juzgado el dieciséis de octubre de dos mil diecinueve, copias certificadas con las que acreditó que dicho Congreso local emitió las normas correspondientes al haber de retiro de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la entidad, dado que expidió el Decreto 334 mediante el cual se aprobó la reforma al artículo 168, fracción II, así como la adición del Título Decimoséptimo denominado "Del haber de retiro" que contiene el artículo 293, ambos preceptos de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja California, para quedar como sigue: A través del diverso oficio suscrito por Ignacio Avilés Bustillos, en su carácter de apoderado legal de Banco Nacional de México Integrante de Grupo Financiero Banamex, adjuntó copia certificada del Primer Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso Irrevocable Número 140898-2, para la creación del fondo judicial de retiro para pago de haber de retiro para magistrados numerarios del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California. Asimismo, mediante comunicado presentado en este juzgado el diez de enero de dos mil veinte, el Delegado de las autoridades responsables y Director de la Unidad Jurídica del Poder Judicial del Estado, acompañó copia certificada del Acuerdo 2.01 del acta de sesión extraordinaria de quince de noviembre de dos mil diecinueve, del Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Baja California, determinó en primer punto que a Magistrados Numerarios les fue asignado el pago de Haber de Retiro, así como el quantum de dicha percepción, basados en los estudios actuariales contables, considerando el tope máximo que por ley ese Consejo puede otorgar y el plazo para ello; así como que al quejoso le fue asignado, un pago mensual de haber de retiro, hasta por la cantidad similar a un Juez de Primera Instancia del Poder Judicial del Estado de Baja California. Que a los Jueces de Primera Instancia se les concede por concepto de percepciones que le son propios del desarrollo del trabajo en actividades oficiales hasta por una cantidad de $61,847.00 (sesenta y un mil ochocientos cuarenta y siete pesos, moneda nacional) de forma mensual, que al quejoso de una suma total, con la salvedad de circunstancias de actualización o factores excepcionales, ejemplo sobrevenir cuestiones de incapacidad de Magistrados que no se contemplen, que alteren sustancialmente la programación de pago, que incidan en el fondo de haber de retiro, aproximadamente se le adeuda: $8,905,968.00 (ocho millones novecientos cinco mil novecientos sesenta y ocho pesos moneda nacional); lo anterior, atendiendo a que el pago del quantum es por doce años, y cada año, tiene 12 meses, dando 144 meses, que multiplicado por la cantidad de $61,847.00 (sesenta y un mil ochocientos cuarenta y siete pesos, moneda nacional) da como resultado a la suma señalada. Así también, que se han realizado pagos periódicos al quejoso, desde el uno de noviembre de dos mil diecinueve al treinta de junio de dos mil veintidós, relativos al fondo de haber de retiro. Ahora, dado que en ejecutoria dictada en el amparo en revisión 425/2017 del índice del Segundo Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, se concedió la protección constitucional solicitada por el quejoso al advertir que, existía una omisión legislativa absoluta derivada de que en la legislación local no se contaba con norma alguna que regulara el haber de retiro, pese a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya lo había considerado como un componente esencial de las garantías constitucionales de la función judicial de los Magistrados del Poder Judicial del Estado de Baja California. Por lo que, para subsanar dicha omisión se decretó que el Congreso del Estado de Baja California debía emitir las normas correspondientes que regularan lo atinente al haber de retiro y se efectuara el pago respectivo al peticionario del amparo. Así, tomando en consideración lo expuesto y con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, la suscrita juzgadora considera que se restituyó al quejoso los derechos humanos por cuya infracción la Justicia de la Unión lo amparó y protegió, ya que, se realizó lo siguiente: a) La XXIII Legislatura del Estado de Baja California emitió el Decreto 334, mediante el cual se aprobó la reforma al artículo 168, fracción II, así como la adición del Título Decimoséptimo denominado "Del haber de retiro" que contiene el artículo 293, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja California, publicado el doce de abril de dos mil diecinueve, en el Periódico Oficial del Estado de Baja California; b) En acuerdo 2.01 del acta de sesión extraordinaria de quince de noviembre de dos mil diecinueve, del Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Baja California, se ordenó al Comité Técnico de Fideicomiso el haber de retiro del Consejo de la Judicatura del Estado de Baja California, realizara los cálculos relativos al pago por concepto de haber de retiro para Magistrados Numerarios del Tribunal Superior de Justicia, entre otros, del aquí quejoso Magistrado en retiro Sergio Peñuelas Romo; c) El Director de la Unidad Jurídica y Asesoría Interna del Poder Judicial del Estado de Baja California y delegado autorizado, remitió, en forma continua y periódica, comprobantes de pago de haber del retiro de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de Baja California, realizados desde el uno de noviembre de dos mil diecinueve al treinta de junio de dos mil veintidós. En razón de lo anterior, se concluye que ha quedado cumplido el fallo protector emitido en ejecutoria dictada en el amparo en revisión 425/2017 del índice del Segundo Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, restableciéndose las cosas al estado que guardaban antes de cometerse la violación reclamada; en términos de lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo. Sin que pasen inadvertidos por esta Juzgadora los escritos presentados el veinte de enero, doce de febrero y veinticuatro de febrero de dos mil veinte, presentados por el quejoso mediante los cuales manifiesta que la autoridad responsable fue omisa en cubrirle todas las prestaciones que reclamó las cuales refiere deben ser tomadas en cuenta desde el veintisiete de marzo de dos mil doce. Sin embargo, los efectos de la ejecutoria emitida por el tribunal de alzada tienen el alcance de verificar si la autoridad responsable subsanó la omisión legislativa advertida y se realizaron los pagos respectivos al quejoso -sin que esta juzgadora deba verificar la conclusión de los pagos-; de lo que válidamente se colige que sólo hasta ese punto llega el ámbito de protección conferida al quejoso, en términos del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, el cual establece que los efectos de la concesión del amparo serán, cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija; pues con ello se obligaba a la responsable a respetar y cumplir lo que dispone el precepto 116, fracción III, de la Carta Magna respecto a la estabilidad en el cargo de los funcionarios judiciales y el deber de asegurar la independencia judicial Por lo que, tales efectos no incluyen lineamiento alguno en el sentido de impedir al Congreso estatal la delegación de facultades a una diversa autoridad para emitir la normatividad reglamentaria del haber de retiro. Lo anterior es relevante dado que, en observancia a tales lineamientos, el Congreso estatal publicó el Decreto 334 de veintiocho de marzo de dos mil diecinueve mediante el cual aprobó la reforma al artículo 168, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja California, y adicionó el título Décimo Quinto, capítulo único, denominado "Haber de Retiro", en el cual se encuentra el artículo 293 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. Asimismo, en dicho artículo 293 se estableció: ".El Consejo de la Judicatura, expedirá el Reglamento del haber de retiro, donde se determine el esquema, cuantía, temporalidad y condiciones para su entrega, el cual deberá ser aprobado por las dos terceras partes de sus integrantes." y por ello mediante el citado Decreto el Congreso local delegó en el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial estatal la facultad de expedir el Reglamento del Haber de Retiro donde se determine el esquema, cuantía, temporalidad y condiciones para su entrega. Esto es así, toda vez que el legislador local, en ejercicio de su libertad configurativa -y atendiendo a que la ejecutoria de amparo no lo imposibilitaba-, estableció en la reforma al artículo 168, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, la facultad y la forma o condiciones en que el Consejo de la Judicatura del Estado de Baja California debe normar el haber de retiro, junto con las restantes facultades reglamentarias para emitir las normas interiores en materia administrativa, de carrera judicial, de escalafón, régimen disciplinario y todos aquellos acuerdos generales que fueren necesarios para el adecuado ejercicio de sus atribuciones en términos del artículo 65 de la Constitución local; lo que invariablemente escapa a la tutela constitucional conferida al quejoso en la ejecutoria de amparo. De esa forma, los requisitos referentes al esquema, cuantía, temporalidad y condiciones que regulan el haber de retiro en favor del impetrante no formaron parte de la concesión, por lo que ello son cuestiones que necesariamente tendrán que dilucidarse mediante los medios de impugnación correspondientes, donde se controviertan los vicios propios de la norma que subsanó el vacío legal que motivó la concesión del amparo en la ejecutoria 425/2017, pues, se reitera, los efectos de tal concesión únicamente atendieron a la falta de norma que regulara el haber de retiro y su pago respectivo; sin que formara parte del análisis de la autoridad la temporalidad de los pagos que por concepto de haber de retiro corresponden al quejoso, Magistrado en retiro Sergio Peñuelas Romo, así como las condiciones en que debe entregarse o cubrirse dicho haber de retiro al quejoso, menos aún se estableció como efecto protector que se otorgara a éste diversa prestación de jubilación junto con la de haber de retiro. Luego, el esquema, temporalidad y condiciones que regulan el haber de retiro constituyen, en todo caso, una consecuencia generada indirectamente por el cumplimiento de la ejecutoria, que no fue objeto de análisis en el amparo. Habida cuenta que, los efectos de la concesión se limitaban a subsanar la omisión legislativa y se hicieran los pagos respectivos al quejoso; máxime que el quejoso manifestó que éstos ya se le han realizado, sólo que no está de acuerdo con la temporalidad desde la cual se realizan los pagos, ya que refiere se omitieron los pagos del veintisiete de marzo de dos mil doce al treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, y para ello solicitó se hicieran determinadas gestiones, mismas que en la ejecutoria no se estableció la forma en que ello debía normarse. De ahí que, los actos encaminados a esto último, esto es, al esquema, temporalidad y condiciones que regulan el haber de retiro, se insiste, el quejoso se encuentra en aptitud de impugnar, conforme a derecho proceda, ya no el vacío legislativo sino la norma o actos emitidos al subsanarlo, por lo que quedan a salvo sus derechos para que los haga valer conforme a las disposiciones legales aplicables, dado que la calificación de cumplimiento debe atender al límite señalado en la ejecutoria en la que se otorgó el amparo, sin excesos ni defectos, y no a la legalidad de las normas emitidas tanto por la autoridad responsable como por la autoridad vinculada en aspectos novedosos que no fueron analizados en el fallo protector. Es aplicable, la jurisprudencia 2ª./J. 60/2014 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Tomo II, Materia Común, página 741, Mayo de 2014, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "INCONFORMIDAD. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ASEGURARSE QUE SE MATERIALICEN LOS DEBERES IMPUESTOS A LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN LA SENTENCIA PROTECTORA. Conforme al sistema previsto en los artículos 196, 201 y 203 de la Ley de Amparo, el órgano que conozca del juicio debe asegurarse que los deberes impuestos a las autoridades responsables por la sentencia protectora, se materialicen en sus términos, y no solamente que se realicen actos preliminares para su consumación, pues al no existir, además del recurso de inconformidad, otro medio de defensa para garantizar la efectividad de esas ejecutorias o corregir los posibles excesos o defectos en su observancia, corresponde al juzgador vigilar, a través de este medio de impugnación, la satisfacción de esas obligaciones, dejando a salvo del estudio únicamente las consecuencias derivadas del propio cumplimiento para que, en su caso, se examinen en un nuevo juicio." En consecuencia, es evidente que con ello se colman los lineamientos de la ejecutoria en la que se concedió la protección constitucional, por lo cual debe concluirse que el fallo protector ha quedado cumplido. Hágase del conocimiento de la parte quejosa y tercera interesada el presente proveído, para los efectos del precepto 202 de la Ley de Amparo. Para el cumplimiento al presente proveído, se instruye al actuario judicial realice las acciones conducentes conforme a la ley aplicable con los oficios correspondientes. Notifíquese y personalmente a las partes quejosa y tercera interesada.

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