Sergio Peña Rodríguez

Expediente 1331/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1331/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
17/11/2023

Partes del expediente

  • Sergio Peña Rodríguez

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, se advierte que no fue recurrido el auto de trece de octubre de dos mil veintitrés, por el que se sobreseyó fuera de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo; en tales condiciones, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones en el libro de control de este Juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, el que a consideración del suscrito, será destruible una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo. Finalmente, devuélvase a la autoridad responsable Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 11, con sede en esta ciudad, las copias certificadas del juicio agrario 1400/2022 de su estadística -en un tomo-, por no ser necesaria su retención; sin necesidad de solicitar el acuse de recibo, toda vez que en la constancia de entrega respectiva se deberá hacer constar su entrega.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el oficio signado por la autoridad responsable Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 11, con sede en esta ciudad, por el cual rinde informe justificado y ofrece pruebas documentales. Téngase por rendido dicho informe justificado y por admitida y desahogada la probanza que remite la autoridad en cita; dese vista a las partes para que se impongan de su contenido, sin perjuicio de dar nueva cuenta en la audiencia constitucional. Ábrase cuaderno de pruebas en UN TOMO, con las documentales que anexa la referida autoridad, para mejor manejo del expediente, consistente en copia certificada del juicio agrario ***, de su estadística. Ahora, de las constancias remitidas se advierte que en el caso concreto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Bien, de la lectura de la demanda de amparo, se obtiene que la parte quejosa señaló como acto reclamado el siguiente: La omisión por parte del tribunal responsable en dictar sentencia en el juicio agrario ******************** de su índice. A fin de evidenciar que en el caso concreto opera la causa de improcedencia en cita, es conveniente precisar el normativo que contiene la hipótesis materia de estudio en este asunto. Efectivamente, la porción normativa de referencia prevé como causal de improcedencia de la acción constitucional, como ya se dijo, la de cesación de efectos, que se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Por lo que en términos de la fracción XXI del artículo 61 del ordenamiento legal en comento, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Ahora, es importante acotar que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de la garantía violada. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de sus efectos, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización de la actuación de la autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. De ahí que, sea posible colegir, a partir de una interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la ley de la materia, que la causal de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Precisado lo anterior, conviene recordar que la parte quejosa acude a solicitar el amparo y la protección de la Justicia Federal, a reclamar la omisión por parte del tribunal responsable en dictar sentencia en el juicio agrario ******************** de su índice. No obstante, de las constancias remitidas en esta fecha consistentes en el expediente agrario de origen, se desprende que el tribunal responsable el diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés, dictó la sentencia respectiva, notificándola al aquí quejoso ********************, el seis de octubre siguiente. Lo anterior conlleva a establecer que, en la especie, cesaron los efectos del acto reclamado, al haber desaparecido totalmente las consecuencias generadas por la detención que se tilda de inconstitucional. Es así, pues al haberse dictado la sentencia respectiva en el juicio agrario ********************, torna improcedente la acción constitucional al carecer de materia para analizar los actos motivo de reclamo, pues a ningún fin práctico conduciría ocuparse de su examen constitucional cuando sus efectos ya no están vigentes en la esfera jurídica del impetrante, ni lo estarán, precisamente por haberse materializado la pretensión final del justiciable -hacer cesar la omisión en dictar la sentencia respectiva en el procedimiento de origen-. Lo que entraña la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia del juicio de amparo, acorde con el artículo 77 de la ley de la materia, como es el restablecimiento de las cosas al estado que guardaban antes de la violación, por los motivos expuestos. En consecuencia, se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que amerita sobreseer en el juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por la fracción V del numeral 63 del mismo ordenamiento. Así pues, lo que se impone es decretar el SOBRESEIMIENTO en el presente juicio, fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que la causal de improcedencia invocada se configura de manera manifiesta e indudable y con ningún elemento de prueba podría desvirtuarse, resultando innecesario esperar la fecha de audiencia para decretar el sobreseimiento en el presente juicio. En consecuencia, se deja sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, fijada para las doce horas con treinta minutos del treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés.

  3. Principal

    Del estado de autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el término para que la autoridad responsable Magistrado Titular del Tribunal Agrario Unitario del Distrito 11, con sede en esta ciudad, rinda su informe justificado. En consecuencia, para dar margen a que transcurra el término concedido, la audiencia constitucional fijada para el día de hoy se difiere, y en su lugar se señalan las doce horas con treinta minutos del treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés.

  4. Principal

    RECEPCIÓN Y REGISTRO DE DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo. Regístrese en el libro de control de este Juzgado bajo el número que le corresponde 1331/2023-IV-A, y acorde a las disposiciones legales aplicables, fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Con fundamento en los artículos 6, 37, 107 y 115 de la Ley de Amparo, admítase a trámite la demanda de amparo; dese a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este tribunal la intervención que le compete. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Acorde con lo estatuido en el artículo 115 de la Ley de Amparo, cítese a las partes a la audiencia constitucional, la cual tendrá verificativo en el despacho de este juzgado a las once horas con treinta minutos del diez de octubre de dos mil veintitrés. NO GIRAR COMUNICACIÓN DE NUEVO SEÑALAMIENTO DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Sin que sea necesario girar oficio a la autoridad responsable a fin de notificar el señalamiento de nueva hora y fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, pues dicha determinación carece de trascendencia y por tanto, no amerita la notificación personal a la que equivale una comunicación mediante oficio, de ahí que, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la audiencia constitucional, la hora y fecha que nuevamente se señale para ese efecto, se podrá consultar en la página de internet http.//www.dgepj.cjf.gob.mx//internet/acuerdo/acue dini.asp. Se solicita rendición de informe justificado. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. No ha lugar a formar incidente de suspensión, en virtud de que su apertura no fue expresamente solicitada por la parte quejosa; sin que obste que en el tercer punto petitorio haya solicitado que se requieran los informes previos y justificados a las autoridades responsables, toda vez que dicha manifestación resulta insuficiente a efecto de evidenciar que realmente es su deseo que se apertura dicho incidente. TERCERO INTERESADO. Se reserva el emplazamiento de la parte tercero interesada hasta que obren las constancias que la autoridad responsable remita con su informe justificado. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. Con fundamento en el artículo 16 Constitucional, 2° párrafo, en relación con los diversos 66, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que las resoluciones que se emitan en el presente asunto están a disposición del público que lo consulte conforme al procedimiento de acceso a la información; así también el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, previa promoción en tal sentido.

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