Sergio Pastelin Islas

Expediente 3527/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 10 actuaciones registradas, la última del 7 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
3527/2019
Año
2019
Actuaciones
10
Última actuación
07/10/2021

Partes del expediente

  • Sergio Pastelin Islas
  • SERGIO PASTELIN ISLAS y Otros.
  • Jordy Santos Ávila
  • Jefe del Servicio de Administración Tributaria

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Ciudad de México; siete de octubre de dos mil veintiuno. Declaración de estado Visto el estado procesal de autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que a la fecha las partes hayan interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, en la cual se determinó sobreseer y negar el amparo a la parte quejosa. En consecuencia, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales a que haya lugar. Fundamento: Artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro electrónico que para registro tiene este juzgado y comuníquese lo anterior a las partes. Archivo del asunto. En otro orden de ideas, del mismo estado de autos, se advierte que el juicio en que se actúa se encuentra debidamente integrado; por tal razón, ARCHÍVESE EL ASUNTO COMO CONCLUIDO. Fundamento: Artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario. Valoración del expediente, anotación en el libro electrónico y colocación de los sellos en la carátula. Por otra parte, se valora que el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, háganse las anotaciones en el libro electrónico que para registro lleva este juzgado de distrito. Fundamento: Artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General de diecisiete de marzo de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En lo que toca al cuaderno original relativo al incidente de suspensión, es susceptible de depuración Fundamento: Artículo 18, fracción I, inciso a) del Acuerdo General en cita. Asimismo, el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, una vez que transcurra el plazo de seis meses, contados a partir de la emisión de la resolución interlocutoria respectiva. Fundamento: Artículo 20, fracción II, inciso a) del Acuerdo General. Atento a lo anterior, colóquese el sello de fecha de archivo y destino final en la carátula de cada uno de ellos. Devolución de documentos Ahora bien, en virtud de que la quejosa exhibió documentos originales, pónganse a su disposición para que dentro del plazo de noventa días, se presente a recogerlos, en el entendido que la persona que lo haga, deberá exhibir su identificación oficial vigente y copia simple de la misma, para debida constancia legal; apercibida que en caso de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente. Asimismo, se hace del conocimiento de las partes que podrán transitar al esquema de actuación electrónico desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx, el cual es un sitio web a través del cual las partes, sus representantes y, según sea el caso, sus autorizados, podrán acceder electrónicamente a las Oficinas de Correspondencia Común y a los órganos jurisdiccionales para presentar solicitudes, demandas, recursos y promociones en general, así como para acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en éstos. Además, se hace saber a la parte quejosa que a efecto de que se puedan entablar comunicaciones no procesales con las partes, cuyo contenido debe quedar registrado y, de ser necesario, incorporado al expediente previa certificación, se le brindan los siguientes correos institucionales: marisol.soto.perez@correo.cjf.gob.mx y antonio.vargas.bustamante@correo.cjf.gob.mx. Fundamento: Artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, Artículos 3, y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo; 14, 18, 21, 35, 36 y 55 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, así como los artículos 5 y 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los óranos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID 19. Notifíquese.

  2. Incidental

    Ciudad de México, nueve de abril de dos mil veintiuno. Vista la tercera certificación de cuenta, de conformidad con el inciso II, numeral 16 de la Circular SECNO 10/2021, en relación con los artículos 1 y 2, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se reanuda el procedimiento y se levanta la suspensión de términos procesales a que aluden los acuerdos y circulares enumeradas en la primera certificación; a lo que se provee: Ténganse por recibidos los oficios del Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, a través de los cuales, remite los autos del cuaderno original del incidente de suspensión 3527/2019, del índice de este juzgado en cinco tomos y copia certificada del testimonio de la resolución de la sesión de diecinueve de noviembre de dos mil veinte, dictada en el incidente en revisión R.I.- 337/2020 de su índice, del cual se desprende que el citado Tribunal Colegiado, resolvió lo siguiente: "ÚNICO. Se DESECHAN los recursos de revisión." Por tanto, acúsese el recibo correspondiente y glósese a los autos del cuaderno original, el cuaderno de antecedentes. Háganse del conocimiento a las partes y realícense las anotaciones correspondientes en el libro electrónico que para registro se lleva en este Juzgado Federal. Fundamento: Artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia. Asimismo, se hace del conocimiento de las partes que podrán transitar al esquema de actuación electrónico desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx, el cual es un sitio web a través del cual las partes, sus representantes y, según sea el caso, sus autorizados, podrán acceder electrónicamente a las Oficinas de Correspondencia Común y a los órganos jurisdiccionales para presentar solicitudes, demandas, recursos y promociones en general, así como para acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en éstos. Además, se hace saber a la parte quejosa que a efecto de que se puedan entablar comunicaciones no procesales con las partes, cuyo contenido debe quedar registrado y, de ser necesario, incorporado al expediente previa certificación, se le brindan los siguientes correos institucionales: marisol.soto.perez@correo.cjf.gob.mx y antonio.vargas.bustamante@correo.cjf.gob.mx. Fundamento: Artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, Artículos 3, y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo; 14, 18, 21, 35, 36 y 55 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, así como los artículos 5 y 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID 19. Notifíquese.

  3. Principal

    VISTOS; para resolver, los autos del juicio de amparo 3527/2019, promovido por Sergio Pastelin Islas, Jordy Santos Ávila, Juan Overath Roque Cruz, Anabel Yajaira Soto Lara, Amalia Montserrat Saldaña Escobedo, Omar Álvarez López y Gonzalo Alberto Novelo Pérez, por propio derecho, contra actos del Congreso de la Unión y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Presentación. Por escrito presentado por Sergio Pastelin Islas, Jordy Santos Ávila, Juan Overath Roque Cruz, Anabel Yajaira Soto Lara, Amalia Montserrat Saldaña Escobedo, Omar Álvarez López y Gonzalo Alberto Novelo Pérez, por propio derecho, solicitaron el amparo y protección de la justicia federal contra las autoridades y actos que se precisarán en esta sentencia. SEGUNDO. Turno al juzgado. La demanda fue turnada al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, quien por auto de trece de noviembre de dos mil dieciocho, se declaró legalmente impedido para conocerla, ordenando su envío al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativas de Décimo Cuarto Circuito. TERCERO. Mediante sesión de diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve, Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativas de Décimo Cuarto Circuito, declaró sin materia el impedimento planteado, ordenando su devolución al juzgado de origen. El veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, remitió lo autos a la Oficina de Correspondencia Común que presta servicio a los Juzgados Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. CUARTO. Turno y radicación en este juzgado de Distrito. Por razón de turno, la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General 4/2019 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, remitió los autos a este órgano jurisdiccional, en donde por auto de trece de diciembre de dos mil diecinueve, avocó al conocimiento del asunto, registrándolo con el número de expediente 3527/2019; y por lo que no fue materia de desechamiento, se admitió a trámite el mismo, se notificó a las partes; se dio intervención al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción (hoy Fiscal Ejecutivo Titular); y se señalaron hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para resolver el juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en el numeral Primero del Acuerdo General 4/2019 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al trámite, resolución y cumplimiento de los juicios de amparo en los que se reclaman, entre otros actos, la discusión, aprobación, expedición y publicación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Decreto de reformas a esas disposiciones contenido en el Diario Oficial de la Federación del 12 de abril de 2019, el Presupuesto de Egresos de la Federación en la parte respectiva a remuneraciones de los servidores públicos, así como manuales, circulares y diversas disposiciones normativas que regulen las remuneraciones y prestaciones en general de los Servidores Públicos de la Federación, por parte de los Juzgados Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. SEGUNDO. Criterios aplicables. Los criterios que se invocarán en esta sentencia son aplicables aún y cuando se refieran a la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con lo dispuesto por el artículo sexto transitorio del Decreto por el que se expidió la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. TERCERO. Precisión de actos. Los actos reclamados materia de litis son los siguientes: La discusión, aprobación, promulgación y expedición, del Decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adiciona el Código Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de noviembre de dos mil dieciocho, en relación con los artículos señalados en la demanda. La discusión, aprobación, promulgación y expedición del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Código Penal Federal y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de abril de dos mil diecinueve. (únicamente respecto a Sergio Pastelin Islas, Jordy Santos Ávila, Juan Overath Roque Cruz, Anabel Yajaira Soto Lara) La discusión, aprobación y promulgación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho. La ejecución de los ordenamientos legales precisados, así como sus efectos y consecuencias. Cabe señalar que, las normas generales se reclamaron, según se apreció en la demanda, como parte de un sistema normativo complejo que regula las remuneraciones de los servidores públicos federales, el cual incidió en los derechos de la parte quejosa desde su entrada en vigor; es decir, las impugnó en su carácter de autoaplicativas porque estimó encontrarse sujeta a las obligaciones, prohibiciones o sanciones establecidas por dicho régimen jurídico especial, dado que se trata de servidores públicos de la Federación. Es aplicable a la precisión de actos antes realizada, la jurisprudencia 2a./J. 55/98, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS." CUARTO. Actos inexistentes. No es cierto el acto reclamado al Jefe del Servicio de Administración Tributaria, Director General de Recursos Humanos y Secretario Ejecutivo de Finanzas y Servicios Personales, ambos del Consejo de la Judicatura Federal que se hizo consistir en la ejecución y aplicación de las normas impugnadas, puesto que así lo manifestaron al rendir su informe justificado y dicha negativa no fue desvirtuada; máxime que no se demostró que se haya emitido algún acto de aplicación por parte de dichas autoridades. Es aplicable la tesis con número de registro 265030, de rubro: "INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA CONTENIDA EN EL. ES PRECISO DESVIRTUARLA CON PRUEBAS IDÓNEAS, SIN QUE BASTEN SIMPLES OBJECIONES DE FALSEDAD." Como fue señalado, la parte quejosa no exhibió prueba alguna de las permitidas por ley para acreditar la existencia de tales actos y correspondía a ella la carga de la prueba al tratarse de actos positivos, en términos de lo dispuesto por el artículo 81 del código supletorio que prescribe que quien afirma debe probar su dicho. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 1/93, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS DE CARÁCTER POSITIVO. LOS VICIOS DE CARÁCTER NEGATIVO QUE SE ATRIBUYAN NO RELEVAN AL QUEJOSO DE LA OBLIGACIÓN DE DEMOSTRAR LA EXISTENCIA DE TALES ACTOS." Ante la falta de evidencia probatoria atribuible a la parte quejosa, al tratarse de actos positivos en términos de lo dispuesto por el artículo 81 del código supletorio que prescribe que quien afirma debe probar su dicho, procede sobreseer en términos del artículo 63, fracción IV, de la ley de la materia. QUINTO. Actos ciertos. Son ciertos los actos legislativos reclamados a las autoridades responsables Cámara de Senadores y Cámara de Diputados, ambas del Congreso de la Unión y Presidente de la República; que se hicieron consistir, en el respectivo ámbito de sus atribuciones, en los siguientes: La discusión, aprobación, promulgación y expedición, del Decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adiciona el Código Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de noviembre de dos mil dieciocho, en relación con los artículos señalados en la demanda. La discusión, aprobación, promulgación y expedición del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Código Penal Federal y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de abril de dos mil diecinueve. La discusión, aprobación y promulgación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho. Es importante mencionar que, el tener o no como ciertas las conductas atribuidas a las autoridades legislativas o administrativas no depende únicamente de lo manifestado en los informes justificados rendidos por las autoridades responsables o en las omisiones en que éstas hayan incurrido, ya que corresponde al juzgador pronunciarse al respecto y cerciorarse de su existencia, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba y el artículo 88 del código supletorio. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J.65/2000 de rubro: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN." Por otro lado, se debe señalar que si bien de la publicación del Decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adiciona el Código Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de noviembre de dos mil dieciocho, no se desprende que tanto su aprobación como su promulgación fuera realizada, de manera expresa, por el Presidente de la República, tal circunstancia es insuficiente para estimar que dicha autoridad no participó en el proceso legislativo del que el citado ordenamiento emanó. Para explicar la decisión que se asume, es útil tener presente que el artículo 72, apartados A y B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos indican: "Artículo 72. Todo proyecto de ley o decreto, cuya resolución no sea exclusiva de alguna de las Cámaras, se discutirá sucesivamente en ambas, observándose la Ley del Congreso y sus reglamentos respectivos, sobre la forma, intervalos y modo de proceder en las discusiones y votaciones: A. Aprobado un proyecto en la Cámara de su origen, pasará para su discusión a la otra. Si ésta lo aprobare, se remitirá al Ejecutivo, quien, si no tuviere observaciones que hacer, lo publicará inmediatamente. B. Se reputará aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto con observaciones a la Cámara de su origen dentro de los treinta días naturales siguientes a su recepción; vencido este plazo el Ejecutivo dispondrá de diez días naturales para promulgar y publicar la ley o decreto. Transcurrido este segundo plazo, la ley o decreto será considerado promulgado y el Presidente de la Cámara de origen ordenará dentro de los diez días naturales siguientes su publicación en el Diario Oficial de la Federación, sin que se requiera refrendo. Los plazos a que se refiere esta fracción no se interrumpirán si el Congreso cierra o suspende sus sesiones, en cuyo caso la devolución deberá hacerse a la Comisión Permanente. (...)" De la transcripción que antecede se desprende que, durante el proceso de creación de leyes, una vez aprobado un proyecto en la cámara de origen, pasará para su discusión a la revisora, la que, de aprobarlo, lo remitirá al Ejecutivo Federal, quien, si no tuviera observaciones qué hacer, lo publicará inmediatamente. En estrecha vinculación con lo anterior, el apartado B del citado precepto constitucional dispone que se reputará aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto de ley no devuelto con observaciones a la cámara de origen dentro de los treinta días naturales siguientes a su recepción, al término del cual, aquella autoridad dispondrá de un diverso plazo de diez días naturales para promulgar y publicar la ley o decreto. Finalmente, en el propio apartado B del artículo 72 constitucional reproducido se señala que, transcurrido el segundo plazo, es decir, el previsto para la promulgación y publicación de la ley o decreto, de que se trate se considerará promulgado, y el presidente de la cámara de origen ordenará, dentro de los diez días naturales siguientes, su publicación en el Diario Oficial de la Federación, sin que se requiera refrendo. Expuestos tales aspectos, es menester hacer mención del caso concreto, en que, del proceso legislativo respectivo, se obtiene que por oficio con folio DGPL-1P3A.-2074, de ocho de noviembre de dos mil once, el Vicepresidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión remitió a su colegisladora, para los efectos constitucionales, el proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adiciona el Código Penal Federal. Seguido el procedimiento correspondiente en la Cámara de Diputados, en su calidad de revisora, se aprobó, en lo general y en lo particular, el proyecto en cita, tal como se observa del diario de los debates de ese órgano, de trece de septiembre de dos mil dieciocho. Como consecuencia del acuerdo alcanzado en ese último cuerpo colegiado se ordenó remitir el proyecto al Ejecutivo Federal, para sus efectos constitucionales, el que, dentro del plazo de treinta días naturales siguientes, no realizó alguna observación y tampoco lo promulgó ni ordenó su publicación al cabo de los diez días naturales posteriores al término del primer plazo indicado. De ahí que, acorde con lo previsto en el artículo 72, apartado B, de la Constitución, se debe entender que el Presidente de la República aprobó en sus términos, si bien mediante una ficción, el proyecto que le fue remitido, el que, a su vez, por disposición del propio precepto en cita, se consideró promulgado, prueba de lo cual es la determinación adoptada por el Presidente de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión de ordenar la publicación de la ley cuestionada en el Diario Oficial de la Federación, una vez finalizados los plazos de los que el Ejecutivo Federal disponía para ejercer las facultades que la Constitución le otorga dentro del proceso de creación de leyes. En concordancia con ese razonamiento, se concluye que el Presidente de la República sí tuvo una participación tácita en el proceso legislativo del cual emana el ordenamiento reclamado, en concreto en su promulgación; de ahí que el acto reclamado es cierto. SEXTO. Improcedencia del juicio de amparo. El artículo 62 de la Ley de Amparo, impone la obligación de analizar oficiosamente las causas de improcedencia en el juicio por ser una cuestión de orden público y preferente al análisis del fondo del asunto. En razón de ello, se procede al estudio de las causas de improcedencia que, de oficio, se advierten actualizadas en este juicio de amparo en relación con los actos reclamados. Por razón de técnica jurídica, se analizarán primero las causas atinentes al Decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adiciona el Código Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de noviembre de dos mil dieciocho; y posteriormente, las relativas al Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Código Penal Federal y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicado el doce de abril de dos mil diecinueve, de manera estrecha con las inherentes al Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho, a fin de verificar si se actualizan, o en su caso, si ha lugar a proceder al estudio del fondo del asunto. En este sentido, aun y cuando no hayan conceptos de violación sobre todas y cada una de las disposiciones que integran los Decretos reclamados, se analizarán todas ellas dada su estrecha vinculación, tomando en cuenta que el reclamo se hace como sistema normativo. Causas de improcedencia atinentes al Decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adiciona el Código Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de noviembre de dos mil dieciocho 1. Artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo (cesación de efectos) El juicio de amparo es improcedente en relación con los actos reclamados que se hicieron consistir en la discusión, aprobación, promulgación y expedición de los artículos 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, párrafos primero y segundo, 13, 14, 15, 16, 17 del Decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adiciona el Código Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de noviembre de dos mil dieciocho, así como en relación con los numerales 217 Bis y 217 Ter del último ordenamiento, porque cesaron los efectos de las citadas disposiciones normativas. La cesación de efectos radica en el hecho de que el doce de abril de dos mil diecinueve, se publicó el diverso Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Código Penal Federal y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas -el cual no es materia de litis-, el cual destruyó de forma total los efectos que pudieron haber derivado de los artículos impugnados, puesto que se combaten como autoaplicativos y no se acreditó en autos que se hayan materializado sus efectos en la esfera de derechos de la parte quejosa. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, señala lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" El precepto establece la improcedencia del juicio si cesaron los efectos del acto reclamado. Al respecto, se destaca que el juicio de amparo es un medio de defensa extraordinario cuyo objeto es proteger a las personas respecto de normas generales, actos u omisiones que violen derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección en la Constitución y en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, de conformidad con el artículo 103, fracción I, constitucional y 1, fracción I, de la Ley de Amparo. Así, en términos generales, en caso de otorgarse el amparo el efecto será: i) si el acto es positivo se restituiría al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y ii) si el acto es negativo o implica una omisión, se obligaría a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir con lo que el mismo exija. Lo anterior, de acuerdo con lo establecido en el numeral 77, fracciones I y II, de la ley de la materia. Asimismo, si se declara la inconstitucionalidad de una norma general los efectos se extienden a aquellas normas o actos cuya validez dependa de la norma invalidada. Lo anterior se desprende del artículo 78 de la Ley de Amparo. Bajo esa lógica, se previó la imposibilidad de ejercer la acción constitucional vía amparo contra actos, omisiones y normas generales que hayan destruido todos sus efectos en la esfera jurídica de los particulares, ya que sería ocioso su estudio si las cosas volvieron al estado en que se encontraban o la autoridad ya actúa como debía hacerlo, pues precisamente esa es la pretensión de los quejosos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, realizó diversos pronunciamientos respecto de la Ley de Amparo abrogada, ya que la causa de improcedencia estaba contenida en el artículo 73, fracción XVI. También, se pronunció respecto al numeral vigente, por lo que a continuación se analizarán algunos de tales pronunciamientos. El Pleno y la Segunda Sala de la Suprema Corte al interpretar la causa de improcedencia determinaron que no es suficiente que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino además, resulta indispensable que sus efectos queden destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiese otorgado el amparo, es decir, como si se hubiese restituido a la parte quejosa en el pleno goce del derecho fundamental violado, de tal manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la trasgresión constitucional. Lo anterior quedó desarrollado en las jurisprudencias 2a./J. 9/98 y 2a./J. 59/99 además en la tesis aislada P. CL/97, de registros y rubros: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO" "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL." Por su parte, el Pleno de la Suprema Corte en la contradicción de tesis 18/94, identificó los elementos que actualizan la cesación del acto reclamado, los cuales son: a) Un acto de autoridad que se estime lesivo de derechos fundamentales y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra. b) Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; c) O bien, una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la promoción de la demanda de garantías. d) Una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. Del asunto referido, surgió la jurisprudencia P./J. 36/97, de registro 198408 y rubro: "MÁQUINAS REGISTRADORAS DE COMPROBACIÓN FISCAL. EL SOLO HECHO DE NO PRESENTARSE EN LA FECHA SEÑALADA EN EL OFICIO MEDIANTE EL CUAL LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO REQUIERE A LOS CONTRIBUYENTES PARA QUE ACUDAN A LAS OFICINAS A ADQUIRIR DICHAS MÁQUINAS, NO PROVOCA QUE CESEN LOS EFECTOS DE LOS ACTOS RECLAMADOS CONSISTENTES EN LOS ARTÍCULOS QUE OBLIGAN A LOS PARTICULARES A ADQUIRIRLAS, Y EN EL OFICIO MEDIANTE EL CUAL SE CITA A LOS CONTRIBUYENTES PARA LLEVAR A CABO LA ASIGNACIÓN." La Segunda Sala también ha explicado las diferencias entre la causa de improcedencia consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado y la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. Se señaló que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario; mientras que la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, ello puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad. Lo anterior se encuentra en la tesis aislada 2a. XLVIII/98, de registro 196442 y rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD." Ahora bien, atendiendo a que en el caso se reclama una norma general con motivo de su sola entrada en vigor, a continuación se analizarán los pronunciamientos de la Suprema Corte relativos a la cesación de efectos cuando se reclaman ordenamientos de carácter general y, posteriormente, se explicarán los precedentes atinentes a normas autoaplicativas. Normas generales De manera general, el Pleno de la Suprema Corte al resolver la controversia constitucional 6/97, diferenció entre la cesación de efectos en materia de amparo y en controversia constitucional. Estableció que para la actualización de la primera, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que sus efectos deben quedar destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo. Por su parte, en controversia constitucional se actualiza simplemente con que dejen de producirse los efectos de la norma general o del acto que la motivaron, en tanto que la declaración de invalidez de las sentencias que en dichos juicios se pronuncie no tiene efectos retroactivos, salvo en materia penal, de conformidad con la Constitución Federal. Ese razonamiento se plasmó en la jurisprudencia P./J. 54/2001, de registro 190021 y rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN MATERIAS DE AMPARO Y DE CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SUS DIFERENCIAS." Normas autoaplicativas El Pleno de la Suprema Corte al emitir la jurisprudencia P./J. 53/97, determinó que si se impugna una norma autoaplicativa, que no entrañe una prohibición sino una obligación de hacer o permitir que se haga; su derogación no implica la liberación a los sujetos a la que va dirigida de las consecuencias por el periodo que estuvieron vigentes, pues por regla general la derogación sólo tiene efectos hacia el futuro. Bajo esa lógica, se concluyó que no se actualiza la causa de improcedencia analizada, mientras subsistan los efectos de la ley durante el periodo que rigió. Dicha jurisprudencia tiene el registro 198407 y rubro: "LEYES AUTOAPLICATIVAS. CUANDO ESTABLECEN HIPÓTESIS NORMATIVAS DE NATURALEZA POSITIVA SU DEROGACIÓN NO IMPLICA, GENERALMENTE, LA CESACIÓN DE SUS EFECTOS." Por su parte, la Segunda Sala al resolver varios amparos en revisión, matizó el anterior criterio y determinó que se actualizaba la causa de improcedencia relativa a cesación de efectos del acto reclamado, cuando se reclamaba como autoaplicativa una ley o norma general prohibitiva o la que establece una obligación y durante la tramitación del juicio se reforman o deroga, eliminando la obligación o la prohibición, destruyendo total e incondicionalmente sus efectos, siempre que no se demostrara que la que generó obligación hubiere producido durante su vigencia una consecuencia material en perjuicio de la quejosa. El criterio referido se encuentra en la jurisprudencia 2a./J. 6/2013 (10a.), de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. SE ACTUALIZA ESTA CAUSA SI DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO EN EL QUE SE RECLAMA COMO AUTOAPLICATIVA UNA LEY, ÉSTA ES REFORMADA O DEROGADA." De los criterios enunciados se pueden desprender las siguientes reglas que, en términos generales, ha establecido la Suprema Corte al analizar la causa de improcedencia relativa a la cesación de los efectos del acto reclamado: Si una norma general establece una prohibición, su derogación, por regla general, actualiza la causa de improcedencia, lo que no sucede si tal norma prevé una obligación de hacer o permitir que se haga; ya que ese actuar no implica la liberación a los sujetos a la que va dirigida de las consecuencias por el periodo que estuvieron vigentes. La declaratoria de invalidez de una norma general en una acción de inconstitucionalidad, no actualiza la causa de improcedencia analizada, si ésta establece obligaciones. No obstante, si la norma general autoaplicativa que establece obligaciones a sus destinatarios, es derogada y se comprueba que durante su vigencia no generó una consecuencia material en perjuicio de la quejosa, se actualizará la causa de improcedencia. De los criterios reseñados se observa que, debe atenderse al tipo de acto que se reclama, es decir, si se trata de una norma general, acto u omisión, y a partir de ahí, analizar si su revocación o derogación trae como consecuencia que sus efectos se destruyan de manera total e incondicional, como si se hubiese restituido a la parte quejosa en el pleno goce del derecho fundamental violado. De lo contrario, no se estará en la hipótesis de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Una vez expuestas las anteriores consideraciones, procede analizar si han cesado de forma total los efectos de los artículos 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, párrafos primero y segundo, 13, 14, 15, 16, 17 del Decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adiciona el Código Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de noviembre de dos mil dieciocho, así como en relación con los numerales 217 Bis y 217 Ter del citado código punitivo, atendiendo a que el reclamo se hace con motivo de su sola entrada en vigor. Para ello, es necesario hacer una comparativa de los artículos que integran ambos decretos a fin de establecer, si con la sola vigencia de los artículos señalados, se generaron obligaciones, prohibiciones o sanciones que hayan dejado alguna consecuencia material en perjuicio de la parte quejosa durante el tiempo en que estuvieron vigentes. La comparativa puede observarse en el siguiente cuadro: LEY FEDERAL DE REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 75 Y 127 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Capítulo I Disposiciones Generales Artículo 1. La presente Ley es reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tiene por objeto regular las remuneraciones que perciben los servidores públicos de los poderes de la Unión y todos los demás entes públicos federales incluidos aquellos dotados de autonomía constitucional. LEY FEDERAL DE REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 75 Y 127 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Capítulo I Disposiciones Generales (REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 12 DE ABRIL DE 2019) Artículo 1. La presente Ley es reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tiene por objeto regular las remuneraciones que perciben los servidores públicos de la Federación, sus entidades y dependencias, así como de sus administraciones paraestatales, fideicomisos públicos, instituciones y organismos dotados de autonomía, las empresas productivas del Estado y cualquier otro ente público federal. (ADICIONADO, D.O.F. 12 DE ABRIL DE 2019) La interpretación de esta Ley, para efectos administrativos, estará a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Secretaría de la Función Pública, en el ámbito de sus respectivas atribuciones. Artículo 2. Para los efectos del presente ordenamiento, es servidor público de la Federación toda persona que de manera temporal o permanente desempeña una función, empleo, cargo o comisión en los órganos, unidades y demás áreas en que se organizan: I. El Poder Legislativo Federal; II. El Poder Judicial de la Federación; III. Los demás entes públicos federales incluidos aquellos a los que la propia Constitución reconoce autonomía o independencia; IV. Los tribunales administrativos de la Federación; V. La Procuraduría General de la República; VI. La Presidencia de la República; VII. Las dependencias federales, y VIII. Los organismos, empresas y fideicomisos del sector paraestatal federal y aquellos entes no sujetos al régimen paraestatal cuando la remuneración respectiva esté afecta directa o indirectamente al presupuesto federal. Artículo 2. Para los efectos del presente ordenamiento, se considera servidor público toda persona que desempeña un empleo, cargo o comisión en los entes públicos en el ámbito federal, conforme a lo dispuesto en el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, incluyendo a las instituciones dotadas de autonomía y las empresas productivas del Estado. (ADICIONADO, D.O.F. 12 DE ABRIL DE 2019) No se cubrirán con cargo a recursos federales remuneraciones a personas distintas a los servidores públicos federales, salvo los casos previstos expresamente en la ley o en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Artículo 3. Todo servidor público debe recibir una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que es proporcional a sus responsabilidades. No podrá cubrirse ninguna remuneración mediante el ejercicio de partidas cuyo objeto sea diferente en el presupuesto correspondiente, salvo el caso de que las transferencias se encuentren autorizadas en el propio presupuesto o en la ley aplicable. En todo caso la remuneración se sujeta a los principios rectores siguientes: I. Anualidad: La remuneración es determinada para cada ejercicio fiscal y los sueldos y salarios no se disminuyen durante el mismo; II. Reconocimiento del desempeño: La remuneración reconoce el cumplimiento eficaz de las obligaciones inherentes al puesto y el logro de resultados sobresalientes; III. Equidad: La remuneración es proporcional a la responsabilidad del puesto; IV. Fiscalización: La remuneración es objeto de vigilancia, control y revisión por las autoridades competentes; V. Igualdad: La remuneración compensa en igualdad de condiciones a puestos iguales en funciones, responsabilidad, jornada laboral y condición de eficiencia, sin perjuicio de los derechos adquiridos; VI. Legalidad: La remuneración es irrenunciable y se ajusta estrictamente a las disposiciones de la Constitución, esta Ley, el Presupuesto de Egresos, los tabuladores y el manual de remuneraciones correspondiente, y VII. Transparencia y rendición de cuentas: La remuneración es pública y toda autoridad está obligada a informar y a rendir cuentas con veracidad y oportunidad, privilegiando el principio de máxima publicidad. Artículo 3. Todo servidor público debe recibir una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que es proporcional a sus responsabilidades. (REFORMADO, D.O.F. 12 DE ABRIL DE 2019) No podrá cubrirse ninguna remuneración mediante el ejercicio de partidas cuyo objeto sea diferente en el presupuesto correspondiente. En todo caso la remuneración se sujeta a los principios rectores siguientes: I. Anualidad: La remuneración es determinada para cada ejercicio fiscal y los sueldos y salarios no se disminuyen durante el mismo; II. Reconocimiento del desempeño: La remuneración reconoce el cumplimiento eficaz de las obligaciones inherentes al puesto y el logro de resultados sobresalientes; (REFORMADA, D.O.F. 12 DE ABRIL DE 2019) III. Proporcionalidad: La remuneración es proporcional a la responsabilidad del puesto; IV. Fiscalización: La remuneración es objeto de vigilancia, control y revisión por las autoridades competentes; (REFORMADA, D.O.F. 12 DE ABRIL DE 2019) V. Igualdad laboral: La remuneración compensa en igualdad de condiciones a puestos iguales en funciones, responsabilidad, jornada laboral y condición de eficiencia, sin perjuicio de los derechos adquiridos; VI. Legalidad: La remuneración es irrenunciable y se ajusta estrictamente a las disposiciones de la Constitución, esta Ley, el Presupuesto de Egresos, los tabuladores y el manual de remuneraciones correspondiente, y (REFORMADA, D.O.F. 12 DE ABRIL DE 2019) VII. Transparencia y rendición de cuentas: La remuneración es pública y toda autoridad estará obligada a informar y a rendir cuentas con veracidad y oportunidad, privilegiando el principio de máxima publicidad, conforme a la ley, y (ADICIONADA, D.O.F. 12 DE ABRIL DE 2019) VIII. No discriminación: La remuneración de los servidores públicos se determinará sin distinción motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana. Artículo 4. Se considera remuneración o retribución toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, con excepción de los apoyos y gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales. No forman parte de la remuneración los recursos que perciban los servidores públicos, en términos de ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo, relacionados con jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, liquidaciones por servicios prestados, préstamos o créditos, ni los servicios de seguridad que requieran los servidores públicos por razón del cargo desempeñado. Artículo 4. Se considera remuneración o retribución toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, con excepción de los apoyos y gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales. No forman parte de la remuneración los recursos que perciban los servidores públicos, en términos de ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo, relacionados con jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, liquidaciones por servicios prestados, préstamos o créditos, ni los servicios de seguridad que requieran los servidores públicos por razón del cargo desempeñado. Artículo 5. Los servidores públicos están obligados a reportar a su superior jerárquico, dentro de los siguientes 30 días naturales, cualquier pago en demasía respecto de lo que le corresponda según las disposiciones vigentes. Los titulares de los entes públicos deberán presentar el reporte a la unidad administrativa responsable de la demasía. Se exceptúa de esta obligación al personal de base y supernumerario de las entidades públicas que no tenga puesto de mando medio o superior, así como al personal de tropa y clases de las fuerzas armadas. (REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 12 DE ABRIL DE 2019) Artículo 5. Los servidores públicos estarán obligados a reportar a la unidad administrativa responsable de efectuar el pago de las remuneraciones, dentro de los siguientes 30 días naturales, cualquier pago en demasía o por un concepto de remuneración que no les corresponda según las disposiciones vigentes. La unidad administrativa responsable deberá dar vista al órgano interno de control que corresponde a su adscripción. Se exceptúa de esta obligación al personal de base y supernumerario de las entidades públicas que no tenga puesto de mando medio o superior, así como al personal de tropa y clases de las fuerzas armadas. Capítulo II De la determinación de las remuneraciones Artículo 6. Para la determinación de la remuneración de los servidores públicos se consideran las siguientes bases: I. Ningún servidor público recibe una remuneración o retribución por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a la establecida para el Presidente de la República en el Presupuesto de Egresos de la Federación. II. Ningún servidor público puede tener una remuneración igual o mayor que su superior jerárquico, salvo que el excedente sea consecuencia de: a) El desempeño de varios puestos, siempre que el servidor público cuente con el dictamen de compatibilidad correspondiente con antelación al desempeño del segundo o subsecuentes puestos, ya sean federales o locales; b) El contrato colectivo o las condiciones generales de trabajo; c) Un trabajo técnico calificado, considerado así cuando su desempeño exige una preparación, formación y conocimiento resultado de los avances de la ciencia o la tecnología o porque corresponde en lo específico a determinadas herramientas tecnológicas, instrumentos, técnicas o aptitud física y requiere para su ejecución o realización de una certificación, habilitación o aptitud jurídica otorgada por un ente calificado, institución técnica, profesional o autoridad competente, o d) Un trabajo de alta especialización, determinado así cuando las funciones conferidas resultan de determinadas facultades previstas en un ordenamiento jurídico y exige para su desempeño de una experiencia determinada, de la acreditación de competencias o de capacidades específicas o de cumplir con un determinado perfil y, cuando corresponda, de satisfacer evaluaciones dentro de un procedimiento de selección o promoción en el marco de un sistema de carrera establecido por ley. Bajo las anteriores excepciones, la suma de las retribuciones no excede la mitad de la remuneración establecida para el Presidente de la República en el Presupuesto de Egresos de la Federación. III. En ningún caso se cubre una remuneración con efectos retroactivos a la fecha de su autorización, salvo resolución jurisdiccional. Las contribuciones causadas por concepto de las remuneraciones a cargo de los servidores públicos se retienen y enteran a las autoridades fiscales respectivas de conformidad con la legislación aplicable y no son pagadas por los órganos públicos en calidad de prestación, percepción extraordinaria u otro concepto. IV. Las unidades de administración de los órganos públicos a que se refiere el artículo 2 de esta Ley, dictaminan la compatibilidad entre funciones, empleos, cargos o comisiones conforme a lo siguiente: a) Toda persona, previo a su contratación en un ente público, manifiesta por escrito y bajo protesta de decir verdad que no recibe remuneración alguna por parte de otro ente público, con cargo a recursos federales, sea nivel federal, estatal, del Distrito Federal o municipal. Si la recibe, formula solicitud de compatibilidad al propio ente en la que señala la función, empleo, cargo o comisión que pretende le sea conferido, así como la que desempeña en otros entes públicos; las remuneraciones que percibe y las jornadas laborales. La compatibilidad se determina incluso cuando involucra la formalización de un contrato por honorarios para la realización de actividades y funciones equivalentes a las que desempeñe el personal contratado en plazas presupuestarias, o cuando la persona por contratar lo ha formalizado previamente en diverso ente público; b) Dictaminada la incompatibilidad, el servidor público opta por el puesto que convenga a sus intereses, y c) El dictamen de compatibilidad de puestos es dado a conocer al área de administración del ente público en que el interesado presta servicios, para los efectos a que haya lugar. Cuando se acredita que un servidor público declaró con falsedad respecto de la información a que se refiere este artículo para obtener un dictamen de compatibilidad favorable a sus intereses, queda sin efectos el nombramiento o vínculo laboral conforme a las disposiciones aplicables. Lo anterior, sin perjuicio de las acciones legales correspondientes. La falta de dictamen se subsana mediante el mismo procedimiento descrito, incluyendo la necesidad de optar por uno u otro cargo cuando se determina la incompatibilidad. Capítulo II De la determinación de las remuneraciones Artículo 6. Para la determinación de la remuneración de los servidores públicos se consideran las siguientes bases: (REFORMADA, D.O.F. 12 DE ABRIL DE 2019) I. Ningún servidor público obligado por la presente ley recibirá una remuneración o retribución por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a la establecida para el Presidente de la República en el Presupuesto de Egresos de la Federación. II. Ningún servidor público puede tener una remuneración igual o mayor que su superior jerárquico, salvo que el excedente sea consecuencia de: a) El desempeño de varios puestos, siempre que el servidor público cuente con el dictamen de compatibilidad correspondiente con antelación al desempeño del segundo o subsecuentes puestos, ya sean federales o locales; b) El contrato colectivo o las condiciones generales de trabajo; c) Un trabajo técnico calificado, considerado así cuando su desempeño exige una preparación, formación y conocimiento resultado de los avances de la ciencia o la tecnología o porque corresponde en lo específico a determinadas herramientas tecnológicas, instrumentos, técnicas o aptitud física y requiere para su ejecución o realización de una certificación, habilitación o aptitud jurídica otorgada por un ente calificado, institución técnica, profesional o autoridad competente, o d) Un trabajo de alta especialización, determinado así cuando las funciones conferidas resultan de determinadas facultades previstas en un ordenamiento jurídico y exige para su desempeño de una experiencia determinada, de la acreditación de competencias o de capacidades específicas o de cumplir con un determinado perfil y, cuando corresponda, de satisfacer evaluaciones dentro de un procedimiento de selección o promoción en el marco de un sistema de carrera establecido por ley. Bajo las anteriores excepciones, la suma de las retribuciones no excede la mitad de la remuneración establecida para el Presidente de la República en el Presupuesto de Egresos de la Federación. III. En ningún caso se cubre una remuneración con efectos retroactivos a la fecha de su autorización, salvo resolución jurisdiccional. Las contribuciones causadas por concepto de las remuneraciones a cargo de los servidores públicos se retienen y enteran a las autoridades fiscales respectivas de conformidad con la legislación aplicable y no son pagadas por los órganos públicos en calidad de prestación, percepción extraordinaria u otro concepto. IV. Las unidades de administración de los órganos públicos a que se refiere el artículo 2 de esta Ley, dictaminan la compatibilidad entre funciones, empleos, cargos o comisiones conforme a lo siguiente: (REFORMADO [N. DE E. ESTE PÁRRAFO], D.O.F. 12 DE ABRIL DE 2019) a) Toda persona, previo a su contratación en un ente público, manifestará por escrito y bajo protesta de decir verdad que no recibe remuneración alguna por parte de otro ente público. Si la recibe, formulará solicitud de compatibilidad en la que señalará la función, empleo, cargo o comisión que pretende le sea conferido, así como la que desempeña en otros entes públicos, las remuneraciones que percibe y las jornadas laborales. (ADICIONADO, D.O.F. 12 DE ABRIL DE 2019) La solicitud de compatibilidad observará las determinaciones generales de la Secretaría de la Función Pública, conforme lo dispuesto por la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. La compatibilidad se determina incluso cuando involucra la formalización de un contrato por honorarios para la realización de actividades y funciones equivalentes a las que desempeñe el personal contratado en plazas presupuestarias, o cuando la persona por contratar lo ha formalizado previamente en diverso ente público; b) Dictaminada la incompatibilidad, el servidor público opta por el puesto que convenga a sus intereses, y c) El dictamen de compatibilidad de puestos es dado a conocer al área de administración del ente público en que el interesado presta servicios, para los efectos a que haya lugar. (REFORMADO, D.O.F. 12 DE ABRIL DE 2019) Cuando se acredita que un servidor público declaró con falsedad respecto de la información requerida para obtener un dictamen de compatibilidad favorable a sus intereses, queda sin efectos el nombramiento o vínculo laboral conforme a las disposiciones aplicables. Lo anterior, sin perjuicio de las acciones legales correspondientes. La falta de dictamen se subsana mediante el mismo procedimiento descrito, incluyendo la necesidad de optar por uno u otro cargo cuando se determina la incompatibilidad. Capítulo III De la presupuestación de las remuneraciones Artículo 7. La remuneración de los servidores públicos se determina anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación o, para el caso de los entes públicos federales que no ejerzan recursos aprobados en éste, en el presupuesto que corresponda conforme a la ley aplicable, mismos que contendrán: I. Los tabuladores de remuneraciones mensuales, conforme a lo siguiente: a) Los límites mínimos y máximos de percepciones ordinarias netas mensuales para los servidores públicos, las cuales incluyen la suma de la totalidad de pagos fijos, en efectivo y en especie, comprendiendo los conceptos que a continuación se señalan con sus respectivos montos, una vez realizada la retención de contribuciones correspondiente: i. Los montos correspondientes a sueldos y salarios, y ii. Los montos correspondientes a las prestaciones. Los montos así presentados no consideran los incrementos salariales que, en su caso, se autoricen para el personal operativo, de base y confianza, y categorías, para el ejercicio fiscal respectivo ni las repercusiones que se deriven de la aplicación de las disposiciones de carácter fiscal, y b) Los límites mínimos y máximos de percepciones extraordinarias netas mensuales que perciban los servidores públicos que, conforme a las disposiciones aplicables, tengan derecho a percibirlas. II. La remuneración total anual del Presidente de la República para el ejercicio fiscal correspondiente, desglosada por cada concepto que la comprenda. III. La remuneración total anual de los titulares de los entes públicos que a continuación se indican y los tabuladores correspondientes a las percepciones ordinarias y extraordinarias de los servidores públicos de éstos, conforme a lo dispuesto en la fracción I de este artículo: a) Cámara de Senadores; b) Cámara de Diputados; c) Auditoría Superior de la Federación; d) Suprema Corte de Justicia de la Nación; e) Consejo de la Judicatura Federal; f) Banco de México; g) Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; h) Instituto Federal Electoral; i) Comisión Nacional de los Derechos Humanos; j) Instituto Nacional de Estadística y Geografía; k) Los organismos públicos descentralizados de la Federación; l) Las instituciones de educación superior de la federación, de carácter autónomo, y m) Cualquier otro ente público, de carácter federal, descentralizado, autónomo o independiente de los poderes de la Unión. IV. La remuneración total anual de los titulares de las instituciones financieras del Estado y de los fidecomisos públicos o afectos al Presupuesto de Egresos de la Federación, y los tabuladores correspondientes a las percepciones ordinarias y extraordinarias de los servidores públicos de tales ejecutores de gasto, conforme a lo dispuesto en la fracción I de este artículo. Capítulo III De la presupuestación de las remuneraciones Artículo 7. La remuneración de los servidores públicos se determina anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación o, para el caso de los entes públicos federales que no ejerzan recursos aprobados en éste, en el presupuesto que corresponda conforme a la ley aplicable, mismos que contendrán: I. Los tabuladores de remuneraciones mensuales, conforme a lo siguiente: a) Los límites mínimos y máximos de percepciones ordinarias netas mensuales para los servidores públicos, las cuales incluyen la suma de la totalidad de pagos fijos, en efectivo y en especie, comprendiendo los conceptos que a continuación se señalan con sus respectivos montos, una vez realizada la retención de contribuciones correspondiente: i. Los montos correspondientes a sueldos y salarios, y ii. Los montos correspondientes a las prestaciones. Los montos así presentados no consideran los incrementos salariales que, en su caso, se autoricen para el personal operativo, de base y confianza, y categorías, para el ejercicio fiscal respectivo ni las repercusiones que se deriven de la aplicación de las disposiciones de carácter fiscal, y (REFORMADO, D.O.F. 12 DE ABRIL DE 2019) b) Los límites mínimos y máximos de percepciones extraordinarias netas que perciban los servidores públicos que, conforme a las disposiciones aplicables, tengan derecho a percibirlas. II. La remuneración total anual del Presidente de la República para el ejercicio fiscal correspondiente, desglosada por cada concepto que la comprenda. III. La remuneración total anual de los titulares de los entes públicos que a continuación se indican y los tabuladores correspondientes a las percepciones ordinarias y extraordinarias de los servidores públicos de éstos, conforme a lo dispuesto en la fracción I de este artículo: a) Cámara de Senadores; b) Cámara de Diputados; c) Auditoría Superior de la Federación; d) Suprema Corte de Justicia de la Nación; e) Consejo de la Judicatura Federal; f) Banco de México; g) Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; (REFORMADO [N. DE E. ADICIONADO], D.O.F. 12 DE ABRIL DE 2019) h) Tribunales administrativos de la Federación; (REFORMADO, D.O.F. 12 DE ABRIL DE 2019) i) Instituto Nacional Electoral; (REFORMADO [N. DE E. REUBICADO], D.O.F. 12 DE ABRIL DE 2019) j) Comisión Nacional de los Derechos Humanos; (REFORMADO [N. DE E. REUBICADO], D.O.F. 12 DE ABRIL DE 2019) k) Instituto Nacional de Estadística y Geografía; (REFORMADO [N. DE E. ADICIONADO], D.O.F. 12 DE ABRIL DE 2019) l) Comisión Federal de Competencia Económica; (REFORMADO [N. DE E. ADICIONADO], D.O.F. 12 DE ABRIL DE 2019) m) Instituto Federal de Telecomunicaciones; (ADICIONADO, D.O.F. 12 DE ABRIL DE 2019) n) Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación; (ADICIONADO, D.O.F. 12 DE ABRIL DE 2019) o) Comisión Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social; (ADICIONADO, D.O.F. 12 DE ABRIL DE 2019) p) Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; (ADICIONADO, D.O.F. 12 DE ABRIL DE 2019) q) Fiscalía General de la República; (ADICIONADO, D.O.F. 12 DE ABRIL DE 2019) r) Organismos de la administración pública paraestatal; (ADICIONADO [N. DE E. REFORMADO], D.O.F. 12 DE ABRIL DE 2019) s) Instituciones de educación superior de la federación, de carácter autónomo; (ADICIONADO, D.O.F. 12 DE ABRIL DE 2019) t) Empresas Productivas del Estado; (ADICIONADO, D.O.F. 12 DE ABRIL DE 2019) u) Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, (ADICIONADO [N. DE E. REFORMADO], D.O.F. 12 DE ABRIL DE 2019) v) Cualquier otro ente público de carácter federal paraestatal, autónomo o independiente de los poderes de la Unión. (ADICIONADO, D.O.F. 12 DE ABRIL DE 2019) Para la determinación de la remuneración de los servidores públicos indicados en esta fracción, sin perjuicio de la naturaleza y atribuciones que correspondan a los entes públicos respectivos, a falta de superior jerárquico, se considerará como equivalente al Presidente de la República. IV. La remuneración total anual de los titulares de las instituciones financieras del Estado y de los fidecomisos públicos o afectos al Presupuesto de Egresos de la Federación, y los tabuladores correspondientes a las percepciones ordinarias y extraordinarias de los servidores públicos de tales ejecutores de gasto, conforme a lo dispuesto en la fracción I de este artículo. (ADICIONADO, D.O.F. 12 DE ABRIL DE 2019) En la definición de las remuneraciones se implementará una política de perspectiva de género, igualdad y no discriminación, a fin de que en igualdad de condiciones, los sueldos sean los mismos entre mujeres y hombres. (ADICIONADO, D.O.F. 12 DE ABRIL DE 2019) Artículo 7 Bis. El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados será responsable de emitir una opinión anual sobre los montos mínimos y máximos de las remuneraciones de los servidores públicos, y sobre los trabajos técnicos calificados o por especialización en su función a que hace referencia el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para la elaboración de la opinión referida en el párrafo anterior, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, solicitará y tomará en cuenta las consideraciones y propuestas que al efecto emitan por lo menos tres instituciones académicas de educación superior a nivel nacional o centros de investigación nacionales de reconocido prestigio. Dicha opinión será remitida a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, cinco días después de que la Cámara de Diputados haya recibido del Ejecutivo Federal la iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. Artículo 8. Durante el procedimiento de programación y presupuestación establecido en el Capítulo I del Título Segundo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, los poderes federales Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como los entes con autonomía o independencia reconocida por la Constitución, deben incluir dentro de sus proyectos de presupuesto los tabuladores de las remuneraciones que se propone perciban los servidores públicos que prestan sus servicios en cada ejecutor de gasto, de conformidad con el manual de percepciones de los servidores públicos que emiten la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Función Pública, en el ámbito de sus respectivas competencias, así como los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos, por conducto de sus respectivas unidades de administración u órganos de gobierno. Las reglas establecidas en los manuales a que se refiere el artículo anterior, así como los tabuladores contenidos en los proyectos de presupuesto de cada ente, se apegan estrictamente a las disposiciones de esta Ley. Las remuneraciones siempre deben estar desglosadas en las percepciones ordinarias y, en su caso, las extraordinarias por cada concepto en que éstas sean otorgadas, considerando que: a) Las percepciones ordinarias incluyen la totalidad de los elementos fijos de la remuneración. b) Las percepciones extraordinarias consideran los elementos variables de dicha remuneración, la cual sólo podrá cubrirse conforme a los requisitos y con la periodicidad establecidos en las disposiciones aplicables. c) Las contribuciones a cargo de los servidores públicos que se causan por las percepciones señaladas en los dos incisos anteriores, forman parte de su remuneración. Los entes públicos federales que no erogan recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación observan, en lo conducente, las mismas reglas contenidas en el presente artículo en la elaboración de sus respectivos presupuestos. Artículo 8. Durante el procedimiento de programación y presupuestación establecido en el Capítulo I del Título Segundo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, los poderes federales Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como los entes con autonomía o independencia reconocida por la Constitución, deberán incluir dentro de sus proyectos de presupuesto los tabuladores de las remuneraciones que se propone perciban los servidores públicos que prestan sus servicios en cada ejecutor de gasto. El manual de remuneraciones de los servidores públicos que emiten la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Función Pública, en el ámbito de sus respectivas competencias, así como los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos, por conducto de sus respectivas unidades de administración u órganos de gobierno, se apegarán estrictamente a lo aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Las reglas establecidas en los manuales a que se refiere el párrafo anterior, así como los tabuladores contenidos en los proyectos de presupuesto de cada ente, se apegarán estrictamente a las disposiciones de esta Ley. Artículo 9. Las remuneraciones y sus tabuladores son públicos, por lo que no pueden clasificarse como información reservada o confidencial, y especifican la totalidad de los elementos fijos y variables, tanto en efectivo como en especie. Para los efectos del párrafo anterior, los ejecutores de gasto público federal y demás entes públicos federales publicarán en sus respectivas páginas de Internet, de manera permanente, las remuneraciones y sus tabuladores. Las contribuciones que generan las remuneraciones se desglosan en los tabuladores a efecto de permitir el cálculo de la cantidad neta que conforma la percepción. Artículo 9. Las remuneraciones y sus tabuladores son públicos, por lo que no pueden clasificarse como información reservada o confidencial, y especifican la totalidad de los elementos fijos y variables, tanto en efectivo como en especie. Para los efectos del párrafo anterior, los ejecutores de gasto público federal y demás entes públicos federales publicarán en sus respectivas páginas de Internet, de manera permanente, las remuneraciones y sus tabuladores. Las contribuciones que generan las remuneraciones se desglosan en los tabuladores a efecto de permitir el cálculo de la cantidad neta que conforma la percepción. Capítulo IV De las percepciones por retiro y otras prestaciones Artículo 10. No se concederán ni cubrirán jubilaciones, pensiones o haberes de retiro sin que éstas se encuentren asignadas por la ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo. El Presupuesto de Egresos de la Federación deberá establecer, bajo las mismas bases señaladas en el artículo 8 de esta Ley respecto a las remuneraciones y sus tabuladores, en lo que resulte aplicable, las jubilaciones, pensiones, compensaciones, haberes y demás prestaciones por retiro otorgadas a quienes han desempeñado cargos en el servicio público o a quienes en términos de las disposiciones aplicables sean beneficiarios. Lo mismo es aplicable a todo ente público no sujeto a control presupuestal directo. Capítulo IV De las percepciones por retiro y otras prestaciones (REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 12 DE ABRIL DE 2019) Artículo 10. No se concederán ni cubrirán jubilaciones, pensiones, haberes de retiro o pagos de semejante naturaleza por servicios prestados en el desempeño de la función pública sin que éstas se encuentren asignadas por la ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo. (REFORMADO, D.O.F. 12 DE ABRIL DE 2019) El Presupuesto de Egresos de la Federación deberá establecer, en su caso y bajo las mismas bases señaladas en el artículo 6 de esta Ley respecto a las remuneraciones y sus tabuladores, en lo que resulte aplicable, las jubilaciones, pensiones, compensaciones, haberes y demás prestaciones por retiro, distintas a las contenidas en las leyes de seguridad social, otorgadas a quienes han desempeñado cargos en el servicio público o a quienes en términos de las disposiciones aplicables sean beneficiarios. Lo mismo es aplicable a todo ente público no sujeto a control presupuestal directo. (ADICIONADO, D.O.F. 12 DE ABRIL DE 2019) Las jubilaciones, pensiones, compensaciones como haberes y demás prestaciones por retiro, a que se refieren (sic) el párrafo anterior, deberán ser reportadas en el Informe sobre la situación económica de las finanzas públicas y la deuda pública, así como en la Cuenta Pública. Artículo 11. Únicamente podrán concederse y cubrirse pagos por servicios prestados en el desempeño de la función pública, tales como pensiones, jubilaciones, compensaciones o cualquiera otra de semejante naturaleza, cuando tales prestaciones se encuentren expresamente asignadas por una ley o decreto legislativo o cuando estén señaladas en contrato colectivo o condiciones generales de trabajo. Las liquidaciones al término de la relación de trabajo en el servicio público sólo serán las que establezca la ley o decreto legislativo, el contrato colectivo de trabajo o las condiciones generales de trabajo y no podrán concederse por el solo acuerdo de los titulares de los entes públicos ni de sus órganos de gobierno. Los servidores públicos de elección popular no tienen derecho a liquidación o compensación alguna por el término de su mandato. Los recursos efectivamente erogados por los conceptos definidos en los dos párrafos anteriores se hacen públicos con expreso señalamiento de las disposiciones legales, contractuales o laborales que les dan fundamento. (REFORMADO, D.O.F. 12 DE ABRIL DE 2019) Artículo 11. Las liquidaciones al término de la relación de trabajo en el servicio público sólo serán las que establezca la ley o decreto legislativo, el contrato colectivo de trabajo o las condiciones generales de trabajo y no podrán concederse por el solo acuerdo de los titulares de los entes públicos ni de sus órganos de gobierno. Los servidores públicos de elección popular no tienen derecho a liquidación o compensación alguna por el término de su mandato. Los recursos efectivamente erogados por los conceptos definidos en el párrafo anterior se harán públicos con expreso señalamiento de las disposiciones legales, contractuales o laborales que les dan fundamento. Artículo 12. Los créditos, préstamos y anticipos de remuneraciones sólo podrán concederse cuando una ley o decreto, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo así lo permitan. Los recursos erogados por estos conceptos se informan en la cuenta pública, haciendo expreso señalamiento de las disposiciones legales, contractuales o laborales que les dan fundamento. Los conceptos descritos en el párrafo precedente no se hacen extensivos a favor de los servidores públicos que ocupen puestos de los niveles de enlace, mando medio o superior o sus equivalentes a los de la Administración Pública Federal. Las remuneraciones, incluyendo prestaciones o beneficios económicos, establecidas en contratos colectivos de trabajo, contratos ley o condiciones generales de trabajo que por mandato de la ley que regula la relación jurídico laboral se otorgan a los servidores públicos que ocupan puestos de los niveles descritos en el párrafo anterior se fijan en un capítulo específico de dichos instrumentos y se incluyen en los tabuladores respectivos. Tales remuneraciones sólo se mantienen en la medida en que la remuneración total del servidor público no excede los límites máximos previstos en la Constitución y el Presupuesto de Egresos. (REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 12 DE ABRIL DE 2019) Artículo 12. Los créditos y préstamos sólo podrán concederse cuando una ley o decreto, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo así lo permiten. Los recursos erogados por estos conceptos se informan en la Cuenta Pública, haciendo expreso señalamiento de las disposiciones legales, contractuales o laborales que les dan fundamento. (REFORMADO, D.O.F. 12 DE ABRIL DE 2019) Los conceptos descritos en el párrafo precedente no se hacen extensivos a favor de los servidores públicos que ocupen puestos de los niveles de enlace, mando medio o superior o sus equivalentes a los de la Administración Pública Federal, salvo en los casos en que así lo dispone expresamente la legislación de seguridad social y laboral aplicable. Las remuneraciones, incluyendo prestaciones o beneficios económicos, establecidas en contratos colectivos de trabajo, contratos ley o condiciones generales de trabajo que por mandato de la ley que regula la relación jurídico laboral se otorgan a los servidores públicos que ocupan puestos de los niveles descritos en el párrafo anterior se fijan en un capítulo específico de dichos instrumentos y se incluyen en los tabuladores respectivos. Tales remuneraciones sólo se mantienen en la medida en que la remuneración total del servidor público no excede los límites máximos previstos en la Constitución y el Presupuesto de Egresos. Capítulo V Del control, las responsabilidades y las sanciones Artículo 13. Cualquier persona puede formular denuncia ante la instancia interna de control o disciplina de los entes definidos por el artículo 2 de esta Ley respecto de las conductas de los servidores públicos que sean consideradas contrarias a las disposiciones contenidas en la misma, para el efecto de que se inicie el procedimiento de responsabilidad correspondiente. Cuando la denuncia se refiera a servidores públicos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, puede presentarse también ante la Secretaría de la Función Pública. Cuando la denuncia se refiera a alguno de los servidores públicos definidos en el artículo 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, podrá presentarse también ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para efecto de iniciar el procedimiento del juicio político. Capítulo V Del control, las responsabilidades y las sanciones (REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 12 DE ABRIL DE 2019) Artículo 13. Cualquier persona puede formular denuncia ante el sistema de denuncias públicas de faltas administrativas y hechos de corrupción o ante el órgano de control interno de los entes definidos por el artículo 2 de esta Ley respecto de las conductas de los servidores públicos que sean consideradas contrarias a las disposiciones contenidas en la misma, para el efecto de que se inicie el procedimiento de responsabilidad correspondiente, en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Cuando la denuncia se refiera a servidores públicos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, puede presentarse también ante la Secretaría de la Función Pública. Cuando la denuncia se refiera a alguno de los servidores públicos definidos en el artículo 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, podrá presentarse también ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para efecto de iniciar el procedimiento del juicio político. Artículo 14. Cuando los órganos a que se refieren los párrafos primero y segundo del artículo anterior advierten la ejecución de una conducta contraria a esta Ley dan inicio inmediato a la investigación o al procedimiento correspondiente. Artículo 14. Cuando los órganos a que se refieren los párrafos primero y segundo del artículo anterior advierten la ejecución de una conducta contraria a esta Ley dan inicio inmediato a la investigación o al procedimiento correspondiente. Artículo 15. La Auditoría Superior de la Federación, de conformidad con sus propias atribuciones, con relación a actos u omisiones que implican alguna irregularidad o conducta ilícita en cuanto al cumplimiento de esta Ley: I. Realiza observaciones a los entes revisados o fiscalizados para los efectos correspondientes; II. Inicia procedimientos para el fincamiento de responsabilidad administrativa sancionatoria y la imposición de las sanciones respectivas; III. Determina los daños y perjuicios que afectan la Hacienda Pública Federal o, en su caso, al patrimonio de los entes públicos federales o de las entidades paraestatales federales, y finca directamente las responsabilidades resarcitorias; IV. Promueve denuncias de hechos ante el Ministerio Público o denuncias de juicio político, cuando proceden, y V. Ejerce las demás atribuciones que le confiere la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, para procurar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en esta Ley y sancionar su infracción. (REFORMADO, D.O.F. 12 DE ABRIL DE 2019) Artículo 15. La Auditoría Superior de la Federación, ejercerá las atribuciones que le confiere la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, para procurar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en esta Ley y sancionar su infracción, por lo que es competente para investigar y substanciar el procedimiento por las faltas administrativas graves por actos u omisiones derivadas de la aplicación de esta Ley. En caso de que la Auditoría Superior detecte posibles faltas administrativas no graves por actos u omisiones derivadas de la aplicación de esta Ley, dará cuenta de ello a los Órganos internos de control, según corresponda, para que éstos continúen la investigación respectiva y promuevan las acciones que procedan. En los casos de presunta comisión de delitos, la Auditoría Superior presentará las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público competente. Artículo 16. La investigación, tramitación, sustanciación y resolución de los procedimientos no penales que se siguen de oficio o derivan de denuncias, así como la aplicación de las sanciones que corresponden, se desarrollan de conformidad con las leyes federales de responsabilidades de los servidores públicos, las leyes relativas al servicio profesional de carrera y la normatividad administrativa que para efectos de control emitan las dependencias competentes, así como en los ordenamientos que regulan la responsabilidad y disciplina en los poderes federales, incluyendo la administración pública descentralizada, y en los entes autónomos. (REFORMADO, D.O.F. 12 DE ABRIL DE 2019) Artículo 16. La investigación, tramitación, sustanciación y resolución de los procedimientos no penales que se siguen de oficio o derivan de denuncias, así como la aplicación de las sanciones que corresponden, se desarrollarán de conformidad con la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Artículo 17. Si el beneficio obtenido u otorgado en contradicción con las disposiciones de esta Ley no excede del equivalente de mil veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal, se impondrá destitución e inhabilitación de seis meses a cuatro años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos. Y si excede del equivalente a la cantidad antes señalada se impondrá destitución e inhabilitación de cuatro a catorce años. Siempre procederá el resarcimiento del daño o perjuicio causado a la Hacienda Pública Federal, aplicado de conformidad con las disposiciones conducentes en cada caso. Las sanciones administrativas se impondrán independientemente de la sanción penal que especifica esta Ley. (REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 12 DE ABRIL DE 2019) Artículo 17. Si el beneficio obtenido u otorgado en contradicción con las disposiciones de esta Ley no excede del equivalente de mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, se impondrá destitución e inhabilitación de seis meses a cuatro años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos. Y si excede del equivalente a la cantidad antes señalada se impondrá destitución e inhabilitación de cuatro a catorce años. Siempre procederá el resarcimiento del daño o perjuicio causado a la Hacienda Pública Federal, aplicado de conformidad con las disposiciones conducentes en cada caso. (ADICIONADO, D.O.F. 12 DE ABRIL DE 2019) La omisión a que se refiere el párrafo primero del artículo 5 de esta Ley se considera falta administrativa grave, para efectos de lo dispuesto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y se sancionará en términos de lo dispuesto por este artículo. (ADICIONADO, D.O.F. 12 DE ABRIL DE 2019) Cuando la falta se produce de manera culposa o negligente, no hay reincidencia y el monto del pago indebido mensual no excede de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización la falta administrativa es considerada no grave. En tal caso, si el daño producido a la Hacienda Pública es resarcido la autoridad resolutora puede abstenerse de imponer la sanción correspondiente. (REFORMADO, D.O.F. 12 DE ABRIL DE 2019) Las sanciones administrativas se impondrán independientemente de aquéllas civiles o penales a que haya lugar. En el cuadro comparativo puede advertirse que catorce de los diecisiete artículos del ordenamiento publicado el cinco de noviembre de dos mil dieciocho, fueron modificados sustancialmente por el decreto publicado el doce de abril de dos mil diecinueve, esto es, solamente tres artículos no fueron reformados, a saber, el 4°, 9° y 14, y se adicionó el artículo 7 Bis. La modificación fue sustantiva porque alteró el sistema normativo previsto en el primer decreto en varios aspectos que enseguida se enumeran: En cuanto a los sujetos obligados, la reforma amplía el concepto de servidor público e incluye a los organismos, empresas productivas del Estado y cualquier otro ente público federal. Asimismo, se introdujo que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Función Pública serán las encargadas de interpretar la ley, en el ámbito de sus respectivas competencias. Se agregaron tres nuevos principios que, al ser interdependientes con los demás, obligan a entender los previstos originalmente de una manera distinta (proporcionalidad, igualdad laboral y no discriminación). Cambió la forma en que se determinan las remuneraciones. Se introdujo que el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados debe emitir una opinión con base en la cual se fijan los montos mínimos y máximos para las remuneraciones de los servidores públicos. En el texto original, eran las entidades y dependencias las que fiscalizaban el cumplimiento de la ley, mientras que en la reforma se estableció esa facultada a la Secretaría de la Función Pública, aunque en ambos casos interviene la Auditoría Superior de la Federación. El sistema de responsabilidades también se modificó radicalmente. Se reformaron los tipos penales previstos y se cambiaron tanto los supuestos como los procedimientos para imponer responsabilidades administrativas. Con base en lo anterior, es posible concluir que la reforma publicada el doce de abril de dos mil diecinueve, alteró sustancialmente el sistema normativo previsto en el primer decreto publicado el cinco de noviembre de dos mil dieciocho. Ahora bien, como fue señalado, el decreto se reclamó en este juicio de amparo como parte de un sistema normativo que generó un perjuicio o agravio a la parte quejosa por su sola entrada en vigor, por lo que, por razones de técnica, es preciso analizar, en lo particular, las disposiciones que integran el decreto. El objeto de esta metodología, es verificar la naturaleza de cada una de las disposiciones normativas, es decir, si son positivas porque imponen una obligación de hacer o no hacer, o bien, si son prohibitivas porque limiten el actuar de la parte quejosa. Una vez precisada la naturaleza de las porciones reclamadas, procederá verificar si alguna de ellas surtió algún efecto sobre los derechos de la parte promovente, que pudiera subsistir aún con la publicación del decreto de reformas de doce de abril de dos mil diecinueve, por el periodo en que el primer decreto estuvo vigente, en tanto este estudio es necesario cuando la impugnación de las normas se hace con motivo de su sola entrada en vigor (normas autoaplicativas). Naturaleza de las porciones normativas reclamadas La clasificación de la naturaleza de las porciones normativas reclamadas, en función del tipo de obligaciones o prohibiciones que impusieron a la parte quejosa desde su entrada en vigor, puede advertirse en el esquema siguiente: LEY FEDERAL DE REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 75 Y 127 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (Decreto publicado el cinco de noviembre de dos mil dieciocho) Tipología de la norma Positiva Prohibitiva Declarativa Artículo 1. La presente Ley es reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tiene por objeto regular las remuneraciones que perciben los servidores públicos de los poderes de la Unión y todos los demás entes públicos federales incluidos aquellos dotados de autonomía constitucional. x Artículo 2. Para los efectos del presente ordenamiento, es servidor público de la Federación toda persona que de manera temporal o permanente desempeña una función, empleo, cargo o comisión en los órganos, unidades y demás áreas en que se organizan: I. El Poder Legislativo Federal; II. El Poder Judicial de la Federación; III. Los demás entes públicos federales incluidos aquellos a los que la propia Constitución reconoce autonomía o independencia; IV. Los tribunales administrativos de la Federación; V. La Procuraduría General de la República; VI. La Presidencia de la República; VII. Las dependencias federales, y VIII. Los organismos, empresas y fideicomisos del sector paraestatal federal y aquellos entes no sujetos al régimen paraestatal cuando la remuneración respectiva esté afecta directa o indirectamente al presupuesto federal. x Artículo 3. Todo servidor público debe recibir una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que es proporcional a sus responsabilidades. No podrá cubrirse ninguna remuneración mediante el ejercicio de partidas cuyo objeto sea diferente en el presupuesto correspondiente, salvo el caso de que las transferencias se encuentren autorizadas en el propio presupuesto o en la ley aplicable. En todo caso la remuneración se sujeta a los principios rectores siguientes: I. Anualidad: La remuneración es determinada para cada ejercicio fiscal y los sueldos y salarios no se disminuyen durante el mismo; II. Reconocimiento del desempeño: La remuneración reconoce el cumplimiento eficaz de las obligaciones inherentes al puesto y el logro de resultados sobresalientes; III. Equidad: La remuneración es proporcional a la responsabilidad del puesto; IV. Fiscalización: La remuneración es objeto de vigilancia, control y revisión por las autoridades competentes; V. Igualdad: La remuneración compensa en igualdad de condiciones a puestos iguales en funciones, responsabilidad, jornada laboral y condición de eficiencia, sin perjuicio de los derechos adquiridos; VI. Legalidad: La remuneración es irrenunciable y se ajusta estrictamente a las disposiciones de la Constitución, esta Ley, el Presupuesto de Egresos, los tabuladores y el manual de remuneraciones correspondiente, y VII. Transparencia y rendición de cuentas: La remuneración es pública y toda autoridad está obligada a informar y a rendir cuentas con veracidad y oportunidad, privilegiando el principio de máxima publicidad. x x Artículo 5. Los servidores públicos están obligados a reportar a su superior jerárquico, dentro de los siguientes 30 días naturales, cualquier pago en demasía respecto de lo que le corresponda según las disposiciones vigentes. Los titulares de los entes públicos deberán presentar el reporte a la unidad administrativa responsable de la demasía. Se exceptúa de esta obligación al personal de base y supernumerario de las entidades públicas que no tenga puesto de mando medio o superior, así como al personal de tropa y clases de las fuerzas armadas. x Artículo 6. Para la determinación de la remuneración de los servidores públicos se consideran las siguientes bases: I. Ningún servidor público recibe una remuneración o retribución por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a la establecida para el Presidente de la República en el Presupuesto de Egresos de la Federación. II. Ningún servidor público puede tener una remuneración igual o mayor que su superior jerárquico, salvo que el excedente sea consecuencia de: a) El desempeño de varios puestos, siempre que el servidor público cuente con el dictamen de compatibilidad correspondiente con antelación al desempeño del segundo o subsecuentes puestos, ya sean federales o locales; b) El contrato colectivo o las condiciones generales de trabajo; c) Un trabajo técnico calificado, considerado así cuando su desempeño exige una preparación, formación y conocimiento resultado de los avances de la ciencia o la tecnología o porque corresponde en lo específico a determinadas herramientas tecnológicas, instrumentos, técnicas o aptitud física y requiere para su ejecución o realización de una certificación, habilitación o aptitud jurídica otorgada por un ente calificado, institución técnica, profesional o autoridad competente, o d) Un trabajo de alta especialización, determinado así cuando las funciones conferidas resultan de determinadas facultades previstas en un ordenamiento jurídico y exige para su desempeño de una experiencia determinada, de la acreditación de competencias o de capacidades específicas o de cumplir con un determinado perfil y, cuando corresponda, de satisfacer evaluaciones dentro de un procedimiento de selección o promoción en el marco de un sistema de carrera establecido por ley. Bajo las anteriores excepciones, la suma de las retribuciones no excede la mitad de la remuneración establecida para el Presidente de la República en el Presupuesto de Egresos de la Federación. III. En ningún caso se cubre una remuneración con efectos retroactivos a la fecha de su autorización, salvo resolución jurisdiccional. Las contribuciones causadas por concepto de las remuneraciones a cargo de los servidores públicos se retienen y enteran a las autoridades fiscales respectivas de conformidad con la legislación aplicable y no son pagadas por los órganos públicos en calidad de prestación, percepción extraordinaria u otro concepto. IV. Las unidades de administración de los órganos públicos a que se refiere el artículo 2 de esta Ley, dictaminan la compatibilidad entre funciones, empleos, cargos o comisiones conforme a lo siguiente: a) Toda persona, previo a su contratación en un ente público, manifiesta por escrito y bajo protesta de decir verdad que no recibe remuneración alguna por parte de otro ente público, con cargo a recursos federales, sea nivel federal, estatal, del Distrito Federal o municipal. Si la recibe, formula solicitud de compatibilidad al propio ente en la que señala la función, empleo, cargo o comisión que pretende le sea conferido, así como la que desempeña en otros entes públicos; las remuneraciones que percibe y las jornadas laborales. La compatibilidad se determina incluso cuando involucra la formalización de un contrato por honorarios para la realización de actividades y funciones equivalentes a las que desempeñe el personal contratado en plazas presupuestarias, o cuando la persona por contratar lo ha formalizado previamente en diverso ente público; b) Dictaminada la incompatibilidad, el servidor público opta por el puesto que convenga a sus intereses, y c) El dictamen de compatibilidad de puestos es dado a conocer al área de administración del ente público en que el interesado presta servicios, para los efectos a que haya lugar. Cuando se acredita que un servidor público declaró con falsedad respecto de la información a que se refiere este artículo para obtener un dictamen de compatibilidad favorable a sus intereses, queda sin efectos el nombramiento o vínculo laboral conforme a las disposiciones aplicables. Lo anterior, sin perjuicio de las acciones legales correspondientes. La falta de dictamen se subsana mediante el mismo procedimiento descrito, incluyendo la necesidad de optar por uno u otro cargo cuando se determina la incompatibilidad. x x x Artículo 7. La remuneración de los servidores públicos se determina anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación o, para el caso de los entes públicos federales que no ejerzan recursos aprobados en éste, en el presupuesto que corresponda conforme a la ley aplicable, mismos que contendrán: I. Los tabuladores de remuneraciones mensuales, conforme a lo siguiente: a) Los límites mínimos y máximos de percepciones ordinarias netas mensuales para los servidores públicos, las cuales incluyen la suma de la totalidad de pagos fijos, en efectivo y en especie, comprendiendo los conceptos que a continuación se señalan con sus respectivos montos, una vez realizada la retención de contribuciones correspondiente: i. Los montos correspondientes a sueldos y salarios, y ii. Los montos correspondientes a las prestaciones. Los montos así presentados no consideran los incrementos salariales que, en su caso, se autoricen para el personal operativo, de base y confianza, y categorías, para el ejercicio fiscal respectivo ni las repercusiones que se deriven de la aplicación de las disposiciones de carácter fiscal, y b) Los límites mínimos y máximos de percepciones extraordinarias netas mensuales que perciban los servidores públicos que, conforme a las disposiciones aplicables, tengan derecho a percibirlas. II. La remuneración total anual del Presidente de la República para el ejercicio fiscal correspondiente, desglosada por cada concepto que la comprenda. III. La remuneración total anual de los titulares de los entes públicos que a continuación se indican y los tabuladores correspondientes a las percepciones ordinarias y extraordinarias de los servidores públicos de éstos, conforme a lo dispuesto en la fracción I de este artículo: a) Cámara de Senadores; b) Cámara de Diputados; c) Auditoría Superior de la Federación; d) Suprema Corte de Justicia de la Nación; e) Consejo de la Judicatura Federal; f) Banco de México; g) Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; h) Instituto Federal Electoral; i) Comisión Nacional de los Derechos Humanos; j) Instituto Nacional de Estadística y Geografía; k) Los organismos públicos descentralizados de la Federación; l) Las instituciones de educación superior de la federación, de carácter autónomo, y m) Cualquier otro ente público, de carácter federal, descentralizado, autónomo o independiente de los poderes de la Unión. IV. La remuneración total anual de los titulares de las instituciones financieras del Estado y de los fidecomisos públicos o afectos al Presupuesto de Egresos de la Federación, y los tabuladores correspondientes a las percepciones ordinarias y extraordinarias de los servidores públicos de tales ejecutores de gasto, conforme a lo dispuesto en la fracción I de este artículo. x x Artículo 8. Durante el procedimiento de programación y presupuestación establecido en el Capítulo I del Título Segundo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, los poderes federales Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como los entes con autonomía o independencia reconocida por la Constitución, deben incluir dentro de sus proyectos de presupuesto los tabuladores de las remuneraciones que se propone perciban los servidores públicos que prestan sus servicios en cada ejecutor de gasto, de conformidad con el manual de percepciones de los servidores públicos que emiten la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Función Pública, en el ámbito de sus respectivas competencias, así como los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos, por conducto de sus respectivas unidades de administración u órganos de gobierno. Las reglas establecidas en los manuales a que se refiere el artículo anterior, así como los tabuladores contenidos en los proyectos de presupuesto de cada ente, se apegan estrictamente a las disposiciones de esta Ley. Las remuneraciones siempre deben estar desglosadas en las percepciones ordinarias y, en su caso, las extraordinarias por cada concepto en que éstas sean otorgadas, considerando que: a) Las percepciones ordinarias incluyen la totalidad de los elementos fijos de la remuneración. b) Las percepciones extraordinarias consideran los elementos variables de dicha remuneración, la cual sólo podrá cubrirse conforme a los requisitos y con la periodicidad establecidos en las disposiciones aplicables. c) Las contribuciones a cargo de los servidores públicos que se causan por las percepciones señaladas en los dos incisos anteriores, forman parte de su remuneración. Los entes públicos federales que no erogan recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación observan, en lo conducente, las mismas reglas contenidas en el presente artículo en la elaboración de sus respectivos presupuestos. x Artículo 10. No se concederán ni cubrirán jubilaciones, pensiones o haberes de retiro sin que éstas se encuentren asignadas por la ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo. El Presupuesto de Egresos de la Federación deberá establecer, bajo las mismas bases señaladas en el artículo 8 de esta Ley respecto a las remuneraciones y sus tabuladores, en lo que resulte aplicable, las jubilaciones, pensiones, compensaciones, haberes y demás prestaciones por retiro otorgadas a quienes han desempeñado cargos en el servicio público o a quienes en términos de las disposiciones aplicables sean beneficiarios. Lo mismo es aplicable a todo ente público no sujeto a control presupuestal directo. x Artículo 11. Únicamente podrán concederse y cubrirse pagos por servicios prestados en el desempeño de la función pública, tales como pensiones, jubilaciones, compensaciones o cualquiera otra de semejante naturaleza, cuando tales prestaciones se encuentren expresamente asignadas por una ley o decreto legislativo o cuando estén señaladas en contrato colectivo o condiciones generales de trabajo. Las liquidaciones al término de la relación de trabajo en el servicio público sólo serán las que establezca la ley o decreto legislativo, el contrato colectivo de trabajo o las condiciones generales de trabajo y no podrán concederse por el solo acuerdo de los titulares de los entes públicos ni de sus órganos de gobierno. Los servidores públicos de elección popular no tienen derecho a liquidación o compensación alguna por el término de su mandato. Los recursos efectivamente erogados por los conceptos definidos en los dos párrafos anteriores se hacen públicos con expreso señalamiento de las disposiciones legales, contractuales o laborales que les dan fundamento. x Artículo 12. Los créditos, préstamos y anticipos de remuneraciones sólo podrán concederse cuando una ley o decreto, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo así lo permitan. Los recursos erogados por estos conceptos se informan en la cuenta pública, haciendo expreso señalamiento de las disposiciones legales, contractuales o laborales que les dan fundamento. Los conceptos descritos en el párrafo precedente no se hacen extensivos a favor de los servidores públicos que ocupen puestos de los niveles de enlace, mando medio o superior o sus equivalentes a los de la Administración Pública Federal. Las remuneraciones, incluyendo prestaciones o beneficios económicos, establecidas en contratos colectivos de trabajo, contratos ley o condiciones generales de trabajo que por mandato de la ley que regula la relación jurídico laboral se otorgan a los servidores públicos que ocupan puestos de los niveles descritos en el párrafo anterior se fijan en un capítulo específico de dichos instrumentos y se incluyen en los tabuladores respectivos. Tales remuneraciones sólo se mantienen en la medida en que la remuneración total del servidor público no excede los límites máximos previstos en la Constitución y el Presupuesto de Egresos. x Artículo 13. Cualquier persona puede formular denuncia ante la instancia interna de control o disciplina de los entes definidos por el artículo 2 de esta Ley respecto de las conductas de los servidores públicos que sean consideradas contrarias a las disposiciones contenidas en la misma, para el efecto de que se inicie el procedimiento de responsabilidad correspondiente. Cuando la denuncia se refiera a servidores públicos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, puede presentarse también ante la Secretaría de la Función Pública. Cuando la denuncia se refiera a alguno de los servidores públicos definidos en el artículo 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, podrá presentarse también ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para efecto de iniciar el procedimiento del juicio político. x Artículo 14. Cuando los órganos a que se refieren los párrafos primero y segundo del artículo anterior advierten la ejecución de una conducta contraria a esta Ley dan inicio inmediato a la investigación o al procedimiento correspondiente. x Artículo 15. La Auditoría Superior de la Federación, de conformidad con sus propias atribuciones, con relación a actos u omisiones que implican alguna irregularidad o conducta ilícita en cuanto al cumplimiento de esta Ley: I. Realiza observaciones a los entes revisados o fiscalizados para los efectos correspondientes; II. Inicia procedimientos para el fincamiento de responsabilidad administrativa sancionatoria y la imposición de las sanciones respectivas; III. Determina los daños y perjuicios que afectan la Hacienda Pública Federal o, en su caso, al patrimonio de los entes públicos federales o de las entidades paraestatales federales, y finca directamente las responsabilidades resarcitorias; IV. Promueve denuncias de hechos ante el Ministerio Público o denuncias de juicio político, cuando proceden, y V. Ejerce las demás atribuciones que le confiere la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, para procurar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en esta Ley y sancionar su infracción. x Artículo 16. La investigación, tramitación, sustanciación y resolución de los procedimientos no penales que se siguen de oficio o derivan de denuncias, así como la aplicación de las sanciones que corresponden, se desarrollan de conformidad con las leyes federales de responsabilidades de los servidores públicos, las leyes relativas al servicio profesional de carrera y la normatividad administrativa que para efectos de control emitan las dependencias competentes, así como en los ordenamientos que regulan la responsabilidad y disciplina en los poderes federales, incluyendo la administración pública descentralizada, y en los entes autónomos. x Artículo 17. Si el beneficio obtenido u otorgado en contradicción con las disposiciones de esta Ley no excede del equivalente de mil veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal, se impondrá destitución e inhabilitación de seis meses a cuatro años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos. Y si excede del equivalente a la cantidad antes señalada se impondrá destitución e inhabilitación de cuatro a catorce años. Siempre procederá el resarcimiento del daño o perjuicio causado a la Hacienda Pública Federal, aplicado de conformidad con las disposiciones conducentes en cada caso. Las sanciones administrativas se impondrán independientemente de la sanción penal que especifica esta Ley. x CÓDIGO PENAL FEDERAL TÍTULO DÉCIMO Delitos Cometidos por Servidores Públicos CAPÍTULO V BIS Del pago y recibo indebido de remuneracionesde los servidores públicos Positiva Prohibitiva Declarativa Artículo 217 Bis. Además de las responsabilidades administrativa y política, incurre en el delito de remuneración ilícita: I. El servidor público que apruebe o refrende el pago, o que suscriba el comprobante, cheque, nómina u orden de pago, de una remuneración, retribución, jubilación, pensión, haber de retiro, liquidación por servicios prestados, préstamo o crédito, no autorizado de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley; II. Quien reciba un pago indebido en los términos de la fracción anterior sin realizar el reporte dentro del plazo señalado en el artículo 5 de la presente Ley, excepto quien forme parte del personal de base y supernumerario de las entidades públicas que no tenga puesto de mando medio o superior, así como el personal de tropa y clases de las fuerzas armadas. x x Artículo 217 Ter. Por la comisión del delito señalado en el artículo precedente se impondrán las siguientes penas: I. Si el beneficio otorgado u obtenido en contravención de las disposiciones de esta Ley no excede del equivalente de quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, se impondrán de tres meses a dos años de prisión y multa de treinta a trescientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momentode cometerse el delito; II. Si el beneficio otorgado u obtenido en contravención de las disposiciones de esta Ley excedeel equivalente de quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federalen el momento de cometerse el delito pero no es mayor que el equivalente a mil veces dicha unidad, se impondrán de seis meses a tres años de prisión y multa de treinta a trescientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito; III. Si el beneficio otorgado u obtenido en contravención de las disposiciones de esta Ley excede el equivalente a mil veces pero no es mayor que el equivalente a tres mil veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, se impondrán de tres a cinco años de prisión y multa de trescientas a mil veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, y IV. Si el beneficio otorgado u obtenido en contravención de las disposiciones de esta Ley excede el equivalente a tres mil veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, se impondrán de cinco a catorce años de prisión y multa de quinientas a tres mil veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito. Se impondrá también la destitución y la inhabilitación para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos de seis meses a catorce años. x x Conforme al recuadro anterior, los artículos 1, 2, 3, párrafos primero y tercero, así como las fracciones I a VII, 8, 10, 11, 12, párrafos primero y segundo, 13, 14, 15, 16 y 17, no establecieron prohibiciones a la parte quejosa durante su vigencia, sino que, por su naturaleza, son normas declarativas que configuraron el sistema regulatorio de las remuneraciones de los servidores públicos federales y crearon las competencias de las autoridades correspondientes para el despliegue de sus funciones. En otras palabras, no dispusieron prohibiciones ni obligaciones que, ante una eventual concesión de amparo, pudieran quedar sin efectos, dado que el reclamo del decreto se hizo con motivo de su sola entrada en vigor, es decir, como norma autoaplicativa. En esa línea argumentativa, los preceptos legales y sus porciones normativas referidas están comprendidas en el supuesto de cesación de efectos previsto en las jurisprudencias P./J. 53/97 y 2a./J. 6/2013 (10a.) explicadas con antelación y, por ende, es obligatorio concluir que, durante el tiempo en que estuvieron vigentes, dichos dispositivos no dejaron efecto material alguno en la esfera jurídica de la parte quejosa que pudiera ser reparado a través de una sentencia de amparo, por lo que han cesado sus efectos. En cambio, los artículos 3, párrafo segundo, 5, 6 y 7 de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los Artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 217 Bis y 217 Ter del Código Penal Federal, imponen restricciones, instituyen obligaciones, o en su caso, establecen prohibiciones que, por la naturaleza de las funciones que presta la parte quejosa -como servidor público federal-, procede verificar si dejaron algún efecto reparable en el supuesto de una sentencia concesoria. Es importante resaltar que, para estimar actualizada la causa de improcedencia que se analiza, no debe existir efecto o consecuencia legal alguna que pudiere haber dejado su impronta en la esfera jurídica de la justiciable. En otras palabras, debe existir constancia plena de que no hay aspecto alguno que haya trascendido en perjuicio de la gobernada por la sola entrada en vigor del ordenamiento legal impugnado durante el tiempo en que se encontró vigente, y que pudiera desaparecer ante una eventual concesión de amparo. Para dilucidar tal cuestión, es necesario imponerse de las constancias que obran en el expediente, de acuerdo con las reglas en materia probatoria contenidas en los artículos 129, 130, 200, 202, 203 y 210-A, y las que resulten aplicables del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En términos de tales preceptos legales, se reconoce a las documentales glosadas en autos valor probatorio pleno. La evidencia probatoria permite concluir que no está acreditado que los preceptos legales cuestionados en el juicio de amparo, como normas autoaplicativas vigentes durante el periodo comprendido del seis de noviembre de dos mil dieciocho al doce de abril de dos mil diecinueve, hubiesen producido consecuencias materiales, es decir, que hayan sido aplicados a la parte quejosa derivado del incumplimiento de las obligaciones y/o prohibiciones que establecieron durante el periodo que estuvieron vigentes, por lo que, en el caso, una eventual concesión del amparo en contra de esos preceptos carecería de efectos. La parte quejosa son servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, en donde ocupan el cargo de Secretarios de Juzgado, Secretaria particular, Coordinador Técnico Administrativo y Actuaria Judicial, lo cual se encuentra plenamente acreditado con las pruebas que acompañaron a la demanda; sin embargo, la evidencia aportada no demostró que las normas reclamadas fueron aplicadas en su perjuicio. Además, es un hecho notorio en términos del artículo 88 de la ley adjetiva, que en la acción de inconstitucionalidad 105/2018 y su acumulada 108/2018 del índice de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se concedió la suspensión sobre los efectos y consecuencias de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adiciona el Código Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de noviembre de dos mil dieciocho, por lo que, los efectos de la norma, no se aplicaron a la parte quejosa. La suspensión dictada por el Ministro Pérez Dayán, se otorgó en los términos y para los efectos siguientes: "[.] con el fin de preservar la materia del juicio y evitar que se cause un daño irreparable, procede conceder la suspensión solicitada para el efecto de que las remuneraciones que perciban los servidores públicos de los Poderes de la Unión y de todos los demás entes públicos para el Ejercicio de 2019, no sean fijadas en términos de la Ley reclamada, hasta en tanto se resuelva el fondo de la controversia, sino exclusivamente por lo dispuesto en los artículos 75, 94 y 127 de la Constitución Federal, así como tercero transitorio del Decreto de reforma constitucional publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticuatro de agosto de dos mil diecinueve [.]" Cabe señalar que, en la acción de inconstitucionalidad 105/2018 y su acumulada 108/2018, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció sobre la cesación de los efectos del Decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adiciona el Código Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de noviembre de dos mil dieciocho, con motivo de la posterior publicación del diverso decreto de reformas de doce de abril de dos mil diecinueve. De lo resuelto en esa acción de inconstitucionalidad, según se observa en las versiones taquigráficas de las sesiones de trece y catorce de mayo de dos mil diecinueve, los votos de los Ministros pueden agruparse en cuatro grupos distintos: 1) Los Ministros que sostuvieron un criterio formal en la cesación de efectos y votaron por sobreseer por la totalidad de la norma. Número Ministras (os) Cesación formal Votación sobre el proyecto 1 Arturo Zaldívar Lelo de Larrea x En contra 2 Yasmín Esquivel Mossa x En contra 3 Norma Lucía Piña Hernández x En contra 4 Juan Luis González Alcántara Carrancá x En contra 2) Los Ministros que adoptaron un criterio formal en la cesación de efectos y votaron por sobreseer sólo respecto de los artículos que fueron modificados. Número Ministras (os) Cesación formal Votación sobre el proyecto 5 Jorge Mario Pardo Rebolledo x A favor, con consideraciones 6 Luis María Aguilar Morales x A favor, con consideraciones 3) Los Ministros que sostuvieron un criterio material en la cesación de efectos y votaron por sobreseer sólo respecto de los artículos que fueron modificados sustancialmente. Número Ministras (os) Cesación material Votación sobre el proyecto 7 José Fernando Franco González Salas x A favor, con consideraciones 8 Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena x A favor, con reservas 9 Alberto Gelacio Pérez Dayán (ponente) x A favor 4) Los Ministros que consideraron que la causa de improcedencia estaba vinculada con el fondo del asunto y debía desestimarse. Número Ministras (os) Cesación material Votación sobre el proyecto 10 Eduardo Medina Mora x A favor, con consideraciones 11 Javier Laynez Potisek x En contra Como se advierte, el criterio mayoritario de seis Ministros es que se actualizó la cesación de efectos respecto de todos los artículos que fueron modificados por el decreto publicado el doce de abril de dos mil diecinueve, hecha la salvedad del Ministro Pardo Rebolledo en el sentido de que sobre los artículos 217 Bis y 217 Ter del Código Penal Federal, no procedía el sobreseimiento porque en materia penal la declaración de invalidez en una acción de inconstitucionalidad tiene efectos retroactivos. El resultado de la votación fue el siguiente: Se decretó el sobreseimiento respecto a los artículos: 1, 2, 3, párrafo segundo y fracciones III, V y VII, 5, 6, fracciones I y IV, inciso a) y párrafo penúltimo, 7, fracciones I, inciso b), y III, 8, 10, 11, 12, párrafos primero y segundo, 13, 15, 16 y 17 de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los Artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación de cinco de noviembre de dos mil dieciocho y, en vía de consecuencia, respecto del artículo 14 de dicha ley impugnada. Se reconoció la validez únicamente del artículo 12, párrafo tercero, de la norma. Y, se declaró la invalidez de los artículos siguientes: 6, párrafo primero, fracciones II, III y IV, incisos b) y c), así como párrafo último y 7, párrafo primero, fracciones I, inciso a), II y IV, de la norma, así como la de los artículos 217 Bis y 217 Ter del Código Penal Federal, estos últimos con los efectos retroactivos precisados en el considerando décimo segundo del fallo. La Suprema Corte condenó al Congreso de la Unión a que en el siguiente periodo ordinario de sesiones legisle respecto de los vicios advertidos en relación con los artículos sobre los que recayó la invalidez, siendo que la declaratoria de invalidez surtió efectos a partir del veinte de mayo de dos mil diecinueve, en que se notificó la sentencia conforme al considerando DÉCIMO TERCERO de la resolución dictada en la acción de inconstitucionalidad referida. La exposición anterior resulta relevante como marco referencial de lo que se resuelve en esta sentencia, como a continuación se explica. La actual integración del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se encuentra mayoritariamente adherida al criterio de que la causa de improcedencia de cesación de efectos se actualiza con la sola modificación del texto legal, cuando es producto de una nueva deliberación legislativa. Seis Ministros votaron a favor de un 'criterio formal' en la cesación de efectos. La votación, sin embargo, se dividió entre quienes optaron por el sobreseimiento de la totalidad del decreto y quienes decidieron analizar el supuesto normativo concreto de cada una de las disposiciones reclamadas, es decir, por una cuestión de método. El Ministro Aguilar Morales formuló su objeción en relación con el sobreseimiento total de la norma, sobre la base de que el decreto de reformas no sustituía al primer decreto, únicamente lo modificaba sin destruir su existencia. El Ministro Pardo Rebolledo estuvo a favor de sobreseer todos los artículos que se vieron modificados con motivo del decreto de reformas, excepción hecha de los preceptos legales en materia penal. Las consideraciones de la Suprema Corte fueron argumentadas en una acción de inconstitucionalidad, cuya naturaleza y procedencia de la cesación de efectos son distintas a la de la acción de amparo. En esta última, el parámetro que rige a la cesación de efectos en el juicio de amparo exige mayores requisitos a los establecidos en la acción de inconstitucionalidad para que se actualice esa causa de improcedencia. Esto, porque el juicio de amparo tiene como finalidad restituir a la parte quejosa en el goce del derecho humano violado, mientras que en una acción de inconstitucionalidad no se pueden imprimir efectos retroactivos a la declaratoria de invalidez, salvo en materia penal. Con todo, son ilustrativas las razones precisadas en lo que a este juicio de amparo corresponde, porque permite advertir que el decreto de reformas publicado el doce de abril de dos mil diecinueve, debe ser analizado como un nuevo acto legislativo que modificó sustancialmente diversas disposiciones del decreto publicado el cinco de noviembre de dos mil dieciocho. En esa medida, atendiendo a las reglas y principios que rigen en el juicio de amparo, es obligatorio concluir que también cesaron los efectos de los artículos 3, párrafo segundo, 5, 6 y 7 de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los Artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 217 Bis y 217 Ter del Código Penal Federal, reclamados como autoaplicativos, debido a las razones siguientes: El Decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adiciona el Código Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de noviembre de dos mil dieciocho, fue modificado sustancialmente por el diverso decreto de reformas publicado el doce de abril de dos mil diecinueve -las reformas fueron sustantivas porque modificaron diversos elementos normativos que obligan a entender los previstos originalmente de una manera distinta, entre otras razones-. La norma no produjo efectos y consecuencias sobre la parte quejosa durante el tiempo en que estuvo vigente, es decir, la derogación de la norma reclamada solo tiene efectos hacia el futuro. En razón de lo anterior, una eventual concesión del amparo en contra de los preceptos reclamados carecería de efectos, porque dejaron de tener vigencia con motivo del decreto de reformas publicado el doce de abril de dos mil diecinueve -el efecto del amparo sería para que no se le aplique en lo futuro una norma, ahora inexistente, sustituida por una diversa que no fue impugnada y que no es materia de litis en este juicio-. Es ilustrativa por el criterio que la informa, la tesis del Tribunal Pleno de la Suprema Corte con registro 232917, de rubro: "ACTO RECLAMADO, SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL, CUANDO SE DEROGA LA LEY COMBATIDA, AUN SI EXISTEN COMPROBADOS ACTOS DE APLICACIÓN, POR NO HABER RENDIDO INFORME AUTORIDADES RESPONSABLES, Y SI SE COMBATIÓ LA LEY POR SER AUTOAPLICATIVA." Conforme a lo señalado, puede concluirse, sin lugar a dudas, que el juicio de amparo es improcedente en relación con los citados preceptos legales, por la causa de cesación de efectos. Ahora bien, al margen de la improcedencia del reclamo en relación con los artículos que fueron señalados, se estima procedente hacer una declaratoria de improcedencia, en lo particular y por la misma causa de cesación de efectos, en relación con los artículos 6, párrafo primero, fracciones II, III y IV, incisos b) y c), así como párrafo último y 7, párrafo primero, fracciones I, inciso a), II y IV, del Decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adiciona el Código Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de noviembre de dos mil dieciocho, así como por los artículos 217 Bis y 217 Ter del Código Penal Federal; improcedencia que deriva de la declaratoria general de invalidez emitida por la Suprema Corte en la acción de inconstitucionalidad 105/2018 y su acumulada 108/2018, en la cual se condenó al Congreso de la Unión a modificar los citados artículos, por ser contrarios a diversas disposiciones constitucionales. En otras palabras, con motivo de la declaratoria general de invalidez, cesaron los efectos de los artículos mencionados, habida cuenta que, desde el momento de la notificación al Congreso de la Unión de los puntos resolutivos de la sentencia dictada en la referida acción de inconstitucionalidad y su acumulada (veinte de mayo de dos mil diecinueve), quedaron proscritos del orden jurídico y, como consta en el expediente, no se aportó evidencia alguna de que las porciones normativas reclamadas con motivo de su entrada en vigor, fueron aplicadas en perjuicio de la parte quejosa durante el tiempo en que se encontraron vigentes. En efecto, la declaratoria de invalidez en la acción de inconstitucionalidad 105/2018 y su acumulada 108/2018 comportó la derogación de los artículos 6, párrafo primero, fracciones II, III y IV, incisos b) y c), así como párrafo último y 7, párrafo primero, fracciones I, inciso a), II y IV, del Decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adiciona el Código Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de noviembre de dos mil dieciocho, así como de los artículos 217 Bis y 217 Ter del Código Penal Federal; invalidación que surtió efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos de la sentencia al Congreso de la Unión (veinte de mayo de dos mil diecinueve), puesto que, aun cuando se haya constreñido a esta última a legislar hasta el siguiente periodo ordinario de sesiones comprendido del uno de septiembre al quince de diciembre de dos mil diecinueve, los supuestos jurídicos previstos en las porciones normativas señaladas en este párrafo perdieron su vigencia desde la notificación del fallo; máxime que respecto a los artículos 217 Bis y 217 Ter del Código Penal Federal, se declaró la invalidez con efectos retroactivos al seis de diciembre de dos mil dieciocho, fecha en que entró en vigor el decreto combatido, por lo que ha lugar a decretar el sobreseimiento por cesación de efectos en relación con los artículos analizados. Son aplicables las jurisprudencias P./J. 51/97 y 2ª./J. 72/2005, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS. APLICACIÓN DE LA TESIS JURISPRUDENCIAL QUE LLEVA POR RUBRO "LEY DEROGADA. ESTUDIO IMPROCEDENTE DE SU CONSTITUCIONALIDAD, SIN ACTO CONCRETO DE APLICACIÓN." (PUBLICADA CON EL NÚMERO 192 EN EL APÉNDICE AL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 1917-1995, TOMO I, MATERIA CONSTITUCIONAL, PÁGINA 189)." "CESACIÓN DE EFECTOS DE LOS ACTOS DE APLICACIÓN RECLAMADOS. LA DECLARATORIA DE INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 109, FRACCIÓN XI, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, EFECTUADA EN LA RESOLUCIÓN DE LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 9/2003, NO ACTUALIZA DICHA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA EN LOS JUICIOS DE AMPARO." Sobreseimiento que procede hacer extensivo a los actos reclamados que se hicieron consistir en la discusión, aprobación, promulgación y expedición de los artículos 4, 9 y 14 del Decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adiciona el Código Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de noviembre de dos mil dieciocho, porque la parte quejosa no los reclamó de manera aislada sino como parte del sistema normativo que regula las remuneraciones de los servidores públicos federales, por lo que, dada su estrecha relación, su estudio, en vía de amparo, no puede desvincularse. En efecto, si bien es cierto que los artículos 4, 9 y 14 no sufrieron modificación alguna en el decreto publicado el doce de abril de dos mil diecinueve, no menos cierto es que, conforme a la técnica del juicio de amparo contra leyes autoaplicativas, deben ser analizados a la luz de los conceptos de violación formulados en la demanda de amparo, en la que se advierte que la parte quejosa no los reclamó de forma aislada, sino como parte integrante de lo que alega ser un sistema normativo complejo que, de forma global, le causa un perjuicio desde su entrada en vigor, habida cuenta que acudió al amparo señalando que las normas, como parte del sistema, tienen el carácter de autoaplicativas. En razón de ello, dada la forma en que fue planteada la demanda, la improcedencia del juicio por cesación de efectos también acarrea la improcedencia del juicio respecto a los artículos 4, 9 y 14 del decreto reclamado, puesto que una eventual concesión de amparo carecería de efectos prácticos debido a que fue modificado sustancialmente el sistema normativo de remuneraciones para los servidores públicos federales, a través del nuevo proceso deliberativo que dio lugar a la reforma publicada el doce de abril de dos mil diecinueve. Por todo lo anterior, el juicio es improcedente por la causa de cesación de efectos de los artículos mencionados. 2. Artículo 61, fracción VIII, última parte, de la Ley de Amparo (en términos de lo dispuesto por la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos) Aunado a la improcedencia del juicio por la cesación de los efectos de los artículos 6, párrafo primero, fracciones II, III y IV, incisos b) y c), así como párrafo último y 7, párrafo primero, fracciones I, inciso a), II y IV, del Decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adiciona el Código Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de noviembre de dos mil dieciocho, así como de los artículos 217 Bis y 217 Ter del Código Penal Federal, también se actualiza la diversa contenida en la última parte de la fracción VIII del artículo 61 de la ley de la materia, sobre dichos preceptos legales. Lo anterior es así, habida cuenta que la declaratoria de invalidez decretada por la Suprema Corte en la acción de inconstitucionalidad 105/2018 y su acumulada 108/2018, en relación con los artículos señalados en el párrafo anterior, es vinculante para este órgano jurisdiccional en términos de lo dispuesto por el artículo 43 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que no procede someterlos a un nuevo examen constitucional en vía de amparo. En tales circunstancias, ha lugar a decretar el sobreseimiento sobre el particular. 3. Artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo (normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia) Además de las razones apuntadas, es preciso señalar que, aun y cuando no se reclaman de manera aislada los artículos 217 Bis y 217 Ter del Código Penal Federal, sino como parte del sistema normativo que regula las remuneraciones de los servidores públicos federales, se hará pronunciamiento específico en relación con la naturaleza jurídica de esos dispositivos, porque se considera que, contrario a lo señalado por la parte quejosa, su naturaleza no es autoaplicativa, puesto que requieren de un acto concreto de aplicación para que su reclamo sea procedente en vía de amparo. El artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." Del precepto legal transcrito, se desprenden las siguientes hipótesis de improcedencia del juicio de amparo: Contra actos que no afecten los intereses jurídicos del quejoso; Contra actos que no afecten los intereses legítimos del quejoso; y, Contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. En el caso interesa el supuesto descrito en el inciso c), por lo que se procede a su estudio. Para explicar esta causal de improcedencia, resulta necesario hacer referencia al contenido de los artículos 103 y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales establecen: "Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; II. Por normas generales o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la autonomía de la Ciudad de México, y III. Por normas generales o actos de las autoridades de las entidades federativas que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal." "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;" De los preceptos constitucionales transcritos, se desprende que el juicio de amparo es procedente contra normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos en la Norma Fundamental y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte; así como aquéllos que vulneren o restrinjan la esfera de competencia de alguno de los órdenes de gobierno establecidos en la Constitución Federal. Asimismo, uno de los principios rectores del juicio de amparo, en términos de la fracción I del artículo 107 constitucional, es que dicha acción únicamente procede a instancia de "parte agraviada", lo que se traduce en la exigencia de que la norma o el acto reclamado debe generar una afectación a un interés jurídico o legítimo del quejoso. Tratándose del amparo contra leyes, este requisito de afectación puede generarse en dos posibles momentos, a saber: a) por su sola entrada en vigor y b) con motivo de su primer acto de aplicación. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia ha establecido los conceptos de normas autoaplicativas y normas heteroaplicativas, con el propósito de clasificar e identificar los escenarios en que una norma puede generar una afectación a los particulares y la oportunidad para impugnarla en amparo. Conforme a dicha clasificación, las normas autoaplicativas son aquéllas que con su sola entrada en vigor causan una afectación al particular. Por otro lado, las normas heteroaplicativas son aquéllas que no generan un perjuicio sino hasta que se suscita un acto concreto de aplicación de la norma. Asimismo, el Máximo Tribunal de nuestro país adoptó un concepto para diferenciar dichas normas: el de "individualización incondicionada". Sobre lo anterior, el citado órgano estableció que dicho principio es consubstancial a las normas autoaplicativas, es decir, las que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, dado que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, generan perjuicio al gobernado desde el inicio de su vigencia, en razón a que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. En ese sentido, señaló que el principio de individualización incondicionada permite determinar con mayor objetividad la procedencia del amparo contra leyes, puesto que habilita al juzgador a conocer, en cada caso, si los efectos de la disposición legal reclamada ocurren en forma condicionada o incondicionada, siendo dicha condición la realización de un acto necesario para que la ley adquiera individualización. Lo anterior, de acuerdo con la jurisprudencia P./J. 55/97 (9ª) y la tesis aislada 2a. XIX/96 (9ª) (registros 198200 y 200627), cuyos rubros son: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA." "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS (DISTINCION BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACION INCONDICIONADA)." En esa tesitura, cuando las obligaciones derivadas de la ley nazcan con ella misma, al margen de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada. En cambio, cuando las obligaciones que impone el mandato legal no surjan en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiera para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se estará en presencia de una ley heteroaplicativa o de individualización condicionada. Cabe destacar que, tratándose de las normas heteroaplicativas, el acto concreto de aplicación de las mismas puede efectuarse de las siguientes formas: a) de manera directa por una autoridad, b) por parte de un particular que actúe por mandato expreso de la ley, como sucede, por ejemplo, en el caso de los retenedores de las contribuciones; o bien, c) cuando el agraviado se coloque por sí mismo en el supuesto previsto por la ley, sin necesidad de un acto específico de una autoridad, como ocurre, por ejemplo, con la autodeterminación o autoliquidación en materia tributaria. Lo anterior se corrobora en las tesis jurisprudenciales y aisladas 2ª./J. 36/2008 (9ª), 2ª./J. 153/2007 (9ª), 2a./J. 128/2002 (9ª), 2ª. XCII/2002 (9ª) y s/n (7ª) (registro 232151), de rubros: "RENTA. LA RETENCIÓN DEL IMPUESTO RELATIVO NO CONDUCE A TENER POR CIERTOS LOS ACTOS DE APLICACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA LEY ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES HACENDARIAS, PERO SÍ ES APTA PARA PROMOVER AMPARO CONTRA DICHA LEY." "AMPARO CONTRA LEYES. LA AUTOLIQUIDACIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN NO ES UN ACTO IMPUTABLE A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS, AUNQUE SÍ CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY A PARTIR DEL CUAL EMPIEZA A CORRER EL PLAZO PARA PROMOVER EL AMPARO." "AMPARO CONTRA LEYES HETEROAPLICATIVAS. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE LAS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO RESPONSABLES EJECUTORAS NO HUBIEREN APLICADO LA NORMA COMBATIDA, NO ES MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA PARA DESECHAR LA DEMANDA INTERPUESTA EN CONTRA DE LOS ACTOS DE EJECUCIÓN QUE SE LES IMPUTEN." "AMPARO CONTRA LEYES. LA AUTOLIQUIDACIÓN DE UN TRIBUTO NO ES ACTO DE APLICACIÓN IMPUTABLE A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS." "LEYES HETEROAPLICATIVAS, AMPARO CONTRA. PROCEDE POR ACTOS PROVENIENTES DE UN PARTICULAR QUE ACTUA POR MANDATO EXPRESO DE LA LEY." Además, debe precisarse que no cualquier acto de aplicación de una ley heteroaplicativa puede dar pauta para impugnar su inconstitucionalidad en amparo, es decir, debe tratarse del primer acto de aplicación que afecte al gobernado en su interés jurídico, ya que, de lo contrario, se vulneraría el principio de 'instancia de parte agraviada', contenido en la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, al entrar al análisis de una ley que no ha causado ningún perjuicio al promovente. Sirve de apoyo la tesis aislada P. XCVII/95 (9ª) (registro 200276), de rubro: "LEYES HETEROAPLICATIVAS. PARA QUE SEA PROCEDENTE SU IMPUGNACIÓN, EL ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY DEBE AFECTAR AL GOBERNADO EN SU INTERES JURIDICO." Cabe señalar que, el Alto Tribunal ha sentado el criterio de que el acto de aplicación de una ley heteroaplicativa debe ser, necesariamente, real y actual, es decir, no deben tratarse de actos futuros e inminentes, dado que ello implicaría analizar en abstracto la constitucionalidad de una norma que no causa perjuicio con su sola iniciación de vigencia, situación técnicamente inadecuada dentro del juicio de amparo. Informa lo anterior, las jurisprudencias 2a./J. 77/97 (9ª) (registro 196954) y 2a./J. 76/97 (9ª) (registro 196955), de rubros: "LEYES HETEROAPLICATIVAS. SI SE RECLAMAN POR ACTOS INMINENTES Y NO POR ACTOS CONCRETOS YA REALIZADOS, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO." "LEYES HETEROAPLICATIVAS, IMPUGNACIÓN DE LAS. ES NECESARIO QUE EL ACTO DE SU APLICACIÓN SEA ACTUAL, NO INMINENTE." Asimismo, la tesis aislada 2a. XVI/94 (9ª) (registro 206323) y la tesis s/n (registro 232029), cuyos rubros son: "ACTOS INMINENTES. LEYES HETEROAPLICATIVAS. AMPARO IMPROCEDENTE." "LEYES HETEROAPLICATIVAS, IMPUGNACIÓN DE LAS. ES NECESARIO QUE EL ACTO DE SU APLICACIÓN SEA ACTUAL, NO INMINENTE." Establecido lo anterior, se debe retomar que la parte quejosa reclamó los artículos 217 Bis y 217 Ter del Código Penal Federal, que prescriben el tipo penal para el delito de remuneración ilícita y las penas correspondientes. Al respecto, es necesario destacar que las normas penales que tipifican conductas ilícitas, cuando contienen obligaciones de hacer o no hacer, están condicionadas a la realización de la conducta contemplada en la misma, la cual, una vez consumada, da base a la aplicación de la sanción respectiva. En ese sentido, si las normas reclamadas definen y sancionan el delito de remuneración ilícita de los servidores públicos, es posible concluir que su sola vigencia no causa perjuicio alguno a la parte quejosa, tornándose necesaria la existencia de un acto posterior de aplicación que produzca el agravio personal y directo que haga factible la procedencia del juicio de amparo en su contra. Lo anterior se considera así, en tanto que dichas normas establecen presupuestos conductuales y de hecho vinculados con una consecuencia que no es inmediata, al no contener disposiciones que vinculen al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia y, por lo mismo, con la entrada en vigor de dichos dispositivos no se transforman o extinguen situaciones concretas de derecho, y las obligaciones de éstos tampoco nacen o surgen desde su entrada en vigor, con independencia de que con posterioridad se realice un acto. En otras palabras, el legislador no creó en los citados numerales, ex profeso, infracciones administrativas o penales dirigidas a sancionar la conducta de alguna persona, sino que se emitió el supuesto jurídico cuyas sanciones no se aplican automáticamente con la entrada en vigor de la ley, sino en tanto exista un acto posterior de aplicación que vincule el supuesto jurídico en el hecho hipotético. Por tanto, si en el caso concreto, la parte quejosa combate los preceptos reclamados como 'autoaplicativos' y de sus propias manifestaciones se desprende que no existía un acto de aplicación al momento de la presentación de la demanda, ni durante su tramitación o bien, durante el tiempo en que estuvo vigente la norma reclamada, se estima que el juicio de amparo es improcedente respecto a dichos artículos. Lo anterior, debido a que las leyes penales únicamente sancionan conductas mediante actos concretos de aplicación, por lo cual, es innecesario realizar un pronunciamiento sobre el fondo del asunto, dado que es notoria su naturaleza heteroaplicativa y no hubo aplicación. Son aplicables las jurisprudencias 2a./J. 162/2015 (10a.) y P./J. 72/2009, de rubros: "CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. NO SE ACTUALIZA CON MOTIVO DE LA NATURALEZA DEL SISTEMA NORMATIVO CONFORMADO POR LA LEY FEDERAL DE REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y LOS ARTÍCULOS 217 BIS Y 217 TER DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL." "SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PARA MENORES. LOS PÁRRAFOS CUARTO, QUINTO Y SEXTO DEL ARTÍCULO 18 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO Y ADICIONADOS, RESPECTIVAMENTE, MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 12 DE DICIEMBRE DE 2005, SON DE NATURALEZA HETEROAPLICATIVA." Causas de improcedencia atinentes al Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Código Penal Federal y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de abril de dos mil diecinueve, únicamente respecto a Sergio Pastelin Islas, Jordy Santos Ávila, Juan Overath Roque Cruz y Anabel Yajaira Soto Lara, así como al Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2019. A continuación, se analiza la causa que provoca la improcedencia del juicio de amparo por cuanto hace al Decreto en mención, así como al Presupuesto de Egresos publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho, pues dichos dispositivos se encuentran íntimamente relacionados en cuanto a su naturaleza y fines, aunado a que se reclamaron como parte de un sistema normativo complejo. 5. Artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo (interés jurídico) El juicio de amparo es improcedente en relación con los actos reclamados que se hicieron consistir en la discusión, aprobación, promulgación y expedición del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Código Penal Federal y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de abril de dos mil diecinueve, concretamente la reforma a los artículos 1, primer párrafo; 2, primer párrafo; 3, segundo párrafo y fracciones III, V y VII; 5, primer párrafo; 6, fracciones I, IV, inciso a) y segundo párrafo; 7, fracción I, inciso b) y III, incisos h) a m); 8; 10, primer y segundo párrafos; 11; 12, párrafos primero y segundo; 13, párrafo primero; 15; 16, y 17 párrafos primero y actual tercero; la adición de los artículos 1, con un segundo párrafo; 2, con un segundo párrafo; 3, con una fracción VIII; 6, con un párrafo segundo al inciso a) de la fracción IV; 7, con los incisos n) a v) y un segundo párrafo a la fracción III, un último párrafo; un artículo 7 Bis; 10, con un tercer párrafo; 17, con un tercer y cuarto párrafos, recorriéndose el actual tercero para pasar a ser quinto, pues dicho decreto no le deparó perjuicio alguno, como a continuación se explica. La parte quejosa refiere que con la sola entrada en vigor de las disposiciones reclamadas, la vinculan a su cumplimiento, en razón de que se crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho pues se incorporan obligaciones a todo servidor público como la prohibición de recibir una remuneración o retribución por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a la establecida para el Presidente de la República; esto es, considera que con su sola entrada en vigor, la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos vulnera sus derechos por el solo hecho de ser servidor público de la Federación. Sin embargo, con la sola entrada en vigor de dicho Decreto, no se afectaron los intereses jurídicos de la parte quejosa. Así es, la afectación que pudiera resentir la parte quejosa en todo caso, podrá darse al momento de ser aplicadas las disposiciones de dicho ordenamiento, tomando en cuenta que por sí mismas no contienen un principio de ejecución que se realice por su propia existencia, sino que es necesario que haya actos posteriores de aplicación concreta de aquellos para que puedan afectarse los intereses jurídicos de quienes se encuentran en las condiciones previstas por él, porque se considera que su naturaleza no es autoaplicativa. Por otra parte, el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2019, dispone: Como se advierte en la imagen preinserta, los ANEXOS 23.6.1 y 23.6.2 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2019 (dirigidos a los trabajadores servidores públicos del Consejo de la Judicatura Federal, como es el caso de la parte quejosa en este juicio de amparo), establecen dos supuestos regulatorios distintos y diferenciados: Las personas que ocupen el cargo de Consejero del Consejo de la Judicatura Federal, Magistrado de Circuito y Juez de Distrito, con inicio en el ejercicio presupuestal de dos mil diecinueve, recibirán una retribución no mayor a la cantidad total anual neta de $1, 663,050.00 (un millón seiscientos sesenta y tres mil cincuenta pesos 00/100 moneda nacional) durante el propio ejercicio fiscal, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 127 de la Constitución Federal. Las remuneraciones de los servidores públicos del Consejo de la Judicatura Federal, excepción hecha de los servidores públicos señalados en el párrafo anterior, serán determinadas por el órgano de gobierno, el órgano de dirección o la instancia correspondiente, las cuales serán siempre inferiores a la fijada para el cargo de Presidente de la República durante el ejercicio fiscal de dos mil diecinueve. Esta situación corrobora la inexistencia de una afectación a la esfera de derechos de la parte quejosa con la sola entrada en vigor del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Código Penal Federal y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de abril de dos mil diecinueve, pues fue en el propio Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2019, donde se fijó el tope salarial que por concepto de remuneraciones percibirán los Consejeros del Consejo de la Judicatura Federal, los Magistrados de Circuito y los Jueces de Distrito, con inicio en el ejercicio presupuestal de dos mil diecinueve, el cual no podrá será mayor a $1, 663,050.00 (un millón seiscientos sesenta y tres mil cincuenta pesos 00/100 moneda nacional). Sin embargo, no se precisó el tope máximo que podrán percibir por concepto de remuneraciones los demás servidores públicos del Consejo de la Judicatura Federal, sino que estableció una remisión a los órganos de gobierno, órganos de dirección o instancias administrativas del citado Consejo para que ellos determinen el monto que comprenderá la remuneración de los restantes servidores públicos, la cual ciertamente no podrá ser mayor a la fijada para el cargo de Presidente de la República durante el ejercicio fiscal de dos mil diecinueve. Con base en lo anterior, es posible concluir que, en relación con aquellos servidores públicos del Consejo de la Judicatura Federal, que no ocupen las categorías de Consejero, Magistrados de Circuito o bien, de Jueces de Distrito con inicio en el ejercicio presupuestal de dos mil diecinueve, el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2019 por su naturaleza jurídica constituye una 'norma de remisión' a las áreas administrativas correspondientes del citado Consejo de las facultades para determinar el monto de las remuneraciones de los servidores públicos referidos. Sobre la forma en que operan las normas de remisión, resulta ilustrativa la tesis 2a. CXXVI/2016 (10a.), de rubro: "TIPICIDAD. LAS NORMAS DE REMISIÓN NO VULNERAN DICHO PRINCIPIO, CUANDO EL SUPUESTO DE INFRACCIÓN QUE CONTIENEN SE COMPLEMENTA CON LO PREVISTO POR EL PROPIO ORDENAMIENTO O POR SUS DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS." En otras palabras, conforme a lo señalado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2019, corresponde a los órganos administrativos del Consejo de la Judicatura Federal establecer la forma en que se integrarán las remuneraciones de los servidores públicos a través de los acuerdos, manuales o disposiciones reglamentarias que, con base en sus facultades legales, puede emitir con el objeto de dar operatividad financiera a lo señalado en el presupuesto. En este sentido, el Consejo de la Judicatura Federal emitió el ACUERDO por el que se autoriza la publicación del Manual que regula las remuneraciones de los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, en el que se advierte que: Secretarios de Juzgado (Sergio Pastelin Islas, Jordy Santos Ávila, Juan Overath Roque Cruz, Anabel Yajaira Soto Lara,) percibieron un salario neto mensual cada uno de $70,906.00 (setenta mil novecientos seis pesos 00/100 moneda nacional), un pago por aguinaldo y prima vacacional de $137,900.00 (ciento treinta y siete mil novecientos pesos 00/100 moneda nacional) y asignaciones adicionales por el monto de $187,666.00 (ciento ochenta y siete mil seiscientos sesenta y seis pesos 00/100 moneda nacional). Actuario judicial (Gonzalo Alberto Novelo Pérez) percibió un salario neto mensual de $45,638.00 (cuarenta y cinco mil seiscientos treinta y ocho pesos 00/100 moneda nacional), un pago por aguinaldo y prima vacacional de $82,426.00 (ochenta y dos mil cuatrocientos veintiséis pesos 00/100 moneda nacional) y asignaciones adicionales por el monto de $118,353.00 (ciento dieciocho mil trecientos cincuenta y tres pesos 00/100 moneda nacional) durante el ejercicio fiscal de dos mil diecinueve. Coordinador Técnico Administrativo (Omar Álvarez López), percibió un salario máximo neto mensual de $31,701 (treinta y un mil setecientos un pesos 00/100 moneda nacional), un pago por aguinaldo y prima vacacional máximo de $53,619 (cincuenta y tres mil seiscientos diecinueve pesos 00/100 moneda nacional), y asignaciones adicionales por el monto de $80,820 (ochenta mil ochocientos veinte pesos 00/100 moneda nacional), Y Secretaria particular (Amalia Montserrat Saldaña Escobedo,) percibió un salario neto mensual de $36,261.00 (treinta y seis mil doscientos sesenta y un pesos 00/100 moneda nacional), un pago por aguinaldo y prima vacacional de $62,020.00 (sesenta y dos mil veinte pesos 00/100 moneda nacional) y asignaciones adicionales por el monto de $92,806.00 (noventa y dos mil ochocientos seis pesos 00/100 moneda nacional) durante el ejercicio fiscal de dos mil diecinueve. Sumados tales montos, dan un total neto anual de $1, 176,438.00 (un millón ciento setenta y seis mil cuatrocientos treinta y ocho pesos 00/100 moneda nacional); $748,435, (setecientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos treinta y cinco pesos 00/100 moneda nacional), $514,851 (quinientos catorce mil ochocientos cincuenta y un pesos 00/100 moneda nacional) y $589,958 (quinientos ochenta y nueve mil novecientos cincuenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional); cantidades que son menores a la fijada para el Presidente de la República, la cual asciende a la cantidad neta anual de $1, 663,050.00 (un millón seiscientos sesenta y tres mil cincuenta pesos 00/100 moneda nacional) como se señaló previamente. Además, en comparativa con lo establecido por el diverso ACUERDO por el que se autoriza la publicación del Manual que regula las remuneraciones de los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, publicado el veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, se advierte que los servidores públicos en el cargo de secretarios de Juzgado, secretarios particulares, coordinadores técnicos administrativos y actuarios judiciales percibieron un monto menor al establecido para el ejercicio fiscal de dos mil diecinueve. Sobre la base de lo explicado, es obligatorio concluir que tanto el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Código Penal Federal y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de abril de dos mil diecinueve, como el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2019, no generaron un perjuicio a la parte quejosa por las siguientes razones: (1) porque el justiciable ocupa un cargo de secretarios de Juzgado, secretarios particulares, coordinadores técnicos administrativos y actuarios judiciales -equiparado a mando medio- cuyo tope salarial no se fijó en si en la Ley reclamada ni en el presupuesto; (2) porque se demostró que incluso este año percibieron un ingreso mayor al fijado para el ejercicio fiscal anterior; y, además, (3) porque no percibe un ingreso mayor al del Presidente de la República por concepto de remuneraciones del servicio público. Es conveniente reiterar que, en el caso, se combatió como autoaplicativo el sistema remuneratorio establecido por la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el cinco de noviembre de dos mil dieciocho y en ampliación de demanda las reformas publicadas el doce de abril de dos mil diecinueve que modificaron sustancialmente dicho sistema, dejando sin efectos las disposiciones del primer decreto; por lo que, al haberse sobreseído respecto a la ley reglamentaria de ese sistema normativo, la misma suerte debe correr el Presupuesto de Egresos de la Federación, habida cuenta que no se demostró que por sí solo le haya generado perjuicio alguno con motivo de su entrada en vigor, situación que tampoco ocurre con el Decreto de reformas y adiciones de doce de abril en comento. Son ilustrativas las tesis con los números de registro 323468, 372444 y 206527, de rubros: "LEY DE EGRESOS Y PLAN DE ARBITRIOS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES PARA 1943, NO ES DE INMEDIATA EJECUCIÓN." "PERJUICIOS, BASE DEL AMPARO." "LEY AUTOAPLICATIVA, INTERÉS JURÍDICO EN AMPARO CONTRA." Como corolario de todo lo anterior, se tiene que el juicio de amparo resultó improcedente por las causas que fueron analizadas en relación con los actos y dispositivos legales precisados; por tanto, procede sobreseer en el juicio de amparo conforme al artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. SÉPTIMO. Procedencia del juicio. En cambio, el juicio de amparo resultó procedente únicamente respecto a la porción normativa contenida en el párrafo tercero del artículo 12 de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos Federales, publicada el cinco de noviembre de dos mil dieciocho y que quedó intocada por el diverso decreto de reformas y adiciones de doce de abril de dos mil diecinueve, porque la parte quejosa acreditó ser destinataria de la citada porción normativa y no se actualizó alguna causa de improcedencia sobre tal disposición. El artículo 12, párrafo tercero, dispone lo siguiente: "Artículo 12. Los créditos, préstamos y anticipos de remuneraciones sólo podrán concederse cuando una ley o decreto, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo así lo permitan. Los recursos erogados por estos conceptos se informan en la cuenta pública, haciendo expreso señalamiento de las disposiciones legales, contractuales o laborales que les dan fundamento. Los conceptos descritos en el párrafo precedente no se hacen extensivos a favor de los servidores públicos que ocupen puestos de los niveles de enlace, mando medio o superior o sus equivalentes a los de la Administración Pública Federal. Las remuneraciones, incluyendo prestaciones o beneficios económicos, establecidas en contratos colectivos de trabajo, contratos ley o condiciones generales de trabajo que por mandato de la ley que regula la relación jurídico laboral se otorgan a los servidores públicos que ocupan puestos de los niveles descritos en el párrafo anterior se fijan en un capítulo específico de dichos instrumentos y se incluyen en los tabuladores respectivos. Tales remuneraciones sólo se mantienen en la medida en que la remuneración total del servidor público no excede los límites máximos previstos en la Constitución y el Presupuesto de Egresos." La porción normativa transcrita prescribe que las remuneraciones, incluyendo prestaciones o beneficios económicos, establecidas en contratos colectivos de trabajo, contratos ley o condiciones generales de trabajo que por mandato de la ley que regula la relación jurídico laboral se otorgan a los servidores públicos que ocupan puestos de los niveles de enlace, mando medio o superior o sus equivalentes a los de la Administración Pública Federal, se fijan en un capítulo específico de dichos instrumentos y se incluyen en los tabuladores respectivos. Tales remuneraciones sólo se mantienen en la medida en que la remuneración total del servidor público no excede los límites máximos previstos en la Constitución y el Presupuesto de Egresos. Como se observa, la disposición se encuentra dirigida a aquellos servidores públicos que ocupen puestos de los niveles de enlace, mando medio o superior o sus equivalentes a los de la Administración Pública Federal. De manera que, para que pudiera existir interés jurídico para combatir la citada porción normativa es necesario que la parte quejosa acredite dos cosas: (1) que se ubica en el supuesto contemplado por la norma jurídica, es decir, que tiene el carácter de enlace, mando medio o superior o sus equivalentes, y (2) que la porción normativa generó algún perjuicio en su contra. Cabe destacar que si bien el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Código Penal Federal y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de abril de dos mil diecinueve, contempla la reforma de los párrafos primero y segundo del numeral 12, lo cierto es que los destinatarios de la porción normativa en análisis son los mismos que se contemplaban en el texto original de la norma. La parte justiciable, como se señaló previamente, son secretarios de Juzgado, secretarios particulares, coordinadores técnicos administrativos y actuarios judiciales, cargos que de acuerdo con el Manual General de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal están homologados a mando medio, por lo que se ubican en la hipótesis prevista en la porción combatida, de ahí que sólo restaría verificar si el artículo 12, párrafo tercero, les deparó el perjuicio que haría procedente el reclamo. Al respecto, se estima que la porción normativa combatida sí otorga a las personas referidas el interés jurídico suficiente para acudir al juicio de amparo, en razón de que establece una restricción o prohibición en el sentido de que las remuneraciones (incluyendo prestaciones o beneficios económicos) sólo se mantienen en la medida en que la remuneración total del servidor público no excede los límites máximos previstos en la Constitución y el Presupuesto de Egresos, por lo que se debe decidir si tal porción se ajusta o no a lo establecido en la Constitución, lo cual solamente puede examinarse en el fondo del asunto. En efecto, el juicio de amparo es procedente respecto al artículo 12, párrafo tercero, de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, si se considera que dicha porción no fue reformada en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de abril de dos mil diecinueve, por lo que no puede entenderse que han cesado sus efectos si es que, por un lado, no sufrió modificación alguna y, por otro lado, como fue señalado, estableció una prohibición que aún persiste sobre las quejosas en cuanto a que las remuneraciones (incluyendo prestaciones o beneficios económicos) sólo se mantienen en la medida en que la remuneración total del servidor público no exceda los límites máximos previstos en la Constitución y el Presupuesto de Egresos. Por estas razones, se declara procedente el juicio en relación con la porción normativa contenida en el artículo 12, párrafo tercero, de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos. Cabe señalar que, para la procedencia del juicio respecto a la citada disposición normativa, no constituyen obstáculo las diversas causas de improcedencia alegadas por las partes porque las razones en las que se fundaron no guardan relación alguna con la porción normativa sobre la cual se hará el estudio del fondo del asunto, dado que fueron planteadas de manera genérica en relación con la totalidad del decreto reclamado; aunado a que su planteamiento, en todo caso, estaría íntimamente relacionado con el fondo del asunto, por lo que procede desestimarlas, tomando en consideración que no son claras ni inobjetables. Es aplicable por identidad de razón, la jurisprudencia P./J. 135/2001, de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE." Además, de la lectura de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables Cámara de Diputados, Cámara de Senadores y Presidente de la República, no se advierte que hayan formulado argumento alguno en justificación de su aserto, no obstante que para su ponderación se requiere del estudio de mayores razonamientos tendientes a acreditar que, en efecto, sobre la porción normativa contenida en el párrafo tercero del artículo 12 de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos Federales, se actualiza alguna causa que haga improcedente el juicio. Es ilustrativa la jurisprudencia 2a./J. 137/2006, de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE INVOCA COMO CAUSAL ALGUNA DE LAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, SIN EXPRESAR LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN SU ACTUALIZACIÓN, EL JUZGADOR DEBERÁ ANALIZARLA SÓLO CUANDO SEA DE OBVIA Y OBJETIVA CONSTATACIÓN." Se debe hacer hincapié en el hecho de que las causales de improcedencia del juicio de amparo deben interpretarse de manera estricta, a fin de que la tutela del orden constitucional a través de dicho proceso sea efectiva; de ahí que, ante la pluralidad de significados jurídicos que pudieran dar lugar a diversas alternativas de interpretación sobre las disposiciones en que las autoridades responsables fundaron la improcedencia del juicio, es obligatorio desestimarlas. Es aplicable la tesis 2a. CLVII/2009, de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSALES QUE LA PREVÉN DEBEN INTERPRETARSE DE MANERA ESTRICTA, A FIN DE EVITAR OBSTACULIZAR INJUSTIFICADAMENTE EL ACCESO DE LOS INDIVIDUOS A DICHO MEDIO DE DEFENSA." Al no existir causas de improcedencia pendientes de analizar, se procede al estudio del fondo del asunto. OCTAVO. Estudio de fondo. No se transcriben los conceptos de violación porque no existe dispositivo legal que obligue a este órgano jurisdiccional a proceder de esa forma. Sin que tal decisión genere un perjuicio a la parte quejosa, dado que será estudiada la cuestión efectivamente planteada en términos de lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." Conceptos de violación encaminados a demostrar vicios en el procedimiento legislativo y omisiones legislativas relativas. La parte quejosa formuló en su demanda y ampliación de ésta diversos conceptos de violación encaminados a demostrar vicios en el procedimiento legislativo que dio origen al Decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adiciona el Código Penal Federal, así como al decreto de reformas y adiciones, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cinco de noviembre de dos mil dieciocho y doce de abril de dos mil diecinueve, respectivamente, así como diversas omisiones legislativas relativas, que resultan de orden público y de estudio preferente a cualquier otra violación que se haya planteado en la demanda. Al respecto, es importante señalar que tales agravios fueron materia de estudio en la acción de inconstitucionalidad 105/2018 y 108/2018, en la que fueron desestimados por el Alto Tribunal. En este sentido, deben declararse inoperantes los conceptos de violación encaminados a controvertir tales aspectos por haber sido materia de pronunciamiento en la acción de inconstitucionalidad referida; cuestión que no es factible desconocer, puesto que tiene el efecto de cosa juzgada al haber sido materia de análisis por el órgano jurisdiccional de mayor jerarquía en la República Mexicana, en un medio de control constitucional que facultó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a realizar el análisis en abstracto. En efecto, el estudio se hizo sobre el mismo decreto reclamado y en una acción que facultó a la Suprema Corte a practicar el control constitucional de la norma 'en abstracto', esto es, valorando todas las variables jurídicas y fácticas que pudieran haber incidido en la validez del decreto cuestionado, concluyendo por mayoría de votos que, en relación con dichas violaciones y omisiones, el decreto es válido; determinación que resulta de observancia obligatoria para este juzgado de Distrito, al ser una determinación del Tribunal Constitucional mexicano. Dada la inoperancia de tales cuestionamientos, se procede al estudio de los restantes formulados en la demanda de amparo. Conceptos de violación encaminados a controvertir el artículo 12, párrafo tercero, de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos. Como se señaló, la materia de estudio de fondo que subsiste es la porción normativa contenida en el párrafo tercero del artículo 12 de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, publicada el cinco de noviembre de dos mil dieciocho (la cual quedó intocada por el diverso decreto publicado el doce de abril de este año), que establece las reglas sobre préstamos y créditos otorgados a servidores públicos federales. Los conceptos de violación planteados en vía de sistema contra el artículo 12, párrafo tercero, son inoperantes, dado que, en criterio obligatorio para este órgano jurisdiccional, la Suprema Corte declaró la validez del dispositivo cuestionado y, por ende, no procede someterlo a un nuevo control constitucional. Estimar lo contrario implicaría contrariar la naturaleza de sus resoluciones como 'definitivas e inatacables', lo que resultaría adverso al orden constitucional. En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como máximo órgano de control de la regularidad constitucional y convencional de los actos emitidos por las autoridades en el ejercicio de sus atribuciones y, como garante primordial del texto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no es susceptible de sujetarse a control constitucional por un órgano de menor jerarquía; desconocer lo anterior significaría ejercitar un medio de control de regularidad sobre otro más, esto es, si a través de un juicio de amparo o de un recurso de revisión se plantea la inconstitucionalidad de una jurisprudencia (o criterio obligatorio como es el caso) emitida por el Alto Tribunal, ello implicaría un contrasentido, ya que con el pretexto de analizar su supuesta inconstitucionalidad lo que en realidad se haría es modificar una decisión ejecutoriada, la cual goza además de las características de ser definitiva e inatacable. Es aplicable la jurisprudencia P./J. 64/2014 (10a.), de rubro: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. NO ES SUSCEPTIBLE DE SOMETERSE A CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y/O CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO POR ÓRGANOS JURISDICCIONALES DE MENOR JERARQUÍA." En efecto, en la acción de inconstitucionalidad 105/2018 y su acumulada 108/2018, la Suprema Corte analizó la porción normativa que se analiza y precisó que debía entenderse de la siguiente forma: "Precisado lo anterior, esta Suprema Corte resuelve que ha lugar a formular una interpretación conforme del tercer párrafo del artículo 12 de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, esto es, que la frase "Tales remuneraciones" debe interpretarse en el sentido de que los créditos y préstamos que puede recibir un servidor público no forman parte de su remuneración, en virtud de que la fracción IV del artículo 127 de la Constitución Federal es clara en establecer que los préstamos o créditos (entre otros conceptos) no forman parte de la remuneración que reciben los servidores públicos por el cargo desempeñado y por la naturaleza de esas figuras que equivalen a una obligación de pago. Lo antedicho aun y cuando el párrafo cuestionado exprese: "Tales remuneraciones sólo se mantienen en la medida en que la remuneración total del servidor público no excede los límites máximos previstos en la Constitución y el Presupuesto de Egresos.", toda vez que una remuneración es la percepción en efectivo o en especie que recibe un servidor público por los servicios o trabajos desempeñados; en cambio, los créditos o préstamos implican una obligación de pago, esto es, de devolución a futuro de dinero, en un plazo específico. Lo que guarda sentido con la definición que contiene la fracción I del artículo 127 constitucional y el segundo párrafo del diverso 4 de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que prevé, este último, que no forman parte de la remuneración los recursos que perciban los servidores públicos, en términos de ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo, relacionados con jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, liquidaciones por servicios prestados, préstamos o créditos. En otras palabras, los conceptos créditos y préstamos no pueden entenderse como parte de las remuneraciones y, mucho menos, tampoco son conceptos que deban tomarse en cuenta para los límites que fija el artículo 127 constitucional, primero, porque ese precepto ordena que esas figuras no forman parte de las retribuciones ahí reguladas, aunado a que se debe atender a la naturaleza que le es propia. Por las mismas razones debe decirse que la disposición debe interpretarse conforme a la Constitución, a fin de entender que si los créditos y préstamos no forman parte de las remuneraciones, tampoco se encuentran sujetos a los límites máximos que prevé la Constitución Federal para el monto de las retribuciones. Máxime que, como se aduce en la demanda, la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en su artículo 4 reconoce distintas prestaciones crediticias en beneficio de los servidores públicos, a saber, préstamos hipotecarios y financiamiento en general para vivienda, así como préstamos personales, lo que refuerza la conclusión a la que ahora se llega, pues esta disposición confirma que por la naturaleza de los créditos o préstamos es que el Constituyente Permanente los excluyó de la integración de remuneraciones. En consecuencia, el párrafo tercero del artículo 12 del ordenamiento cuestionado debe interpretarse conforme a lo dispuesto en el precepto de la Constitución Federal indicado, pues la frase "Tales remuneraciones" debe leerse en el contexto constitucional y legal que le es propio y en el que rige la exigencia consistente en que los créditos o préstamos no forman parte de la remuneración que recibe el servidor público." Como se advierte, la Suprema Corte declaró la validez del artículo 12, párrafo tercero, sobre la base de una interpretación conforme con el artículo 127, fracción IV, de la Constitución Federal. Precisó que el numeral debe entenderse en el sentido de que los créditos y préstamos que puedan recibir los servidores públicos no forman parte de su remuneración, pues en esos términos lo dispone la Carta Magna. En esa tesitura, si la disposición reclamada debe entenderse de acuerdo a lo que establece un precepto constitucional, no es factible que en vía de amparo se pueda someter a un nuevo control la interpretación constitucional del Alto Tribunal sobre el precepto cuestionado. En razón a lo anterior, procede declarar inoperantes los conceptos de violación encaminados a controvertir la porción normativa, al existir criterio obligatorio que da respuesta en forma integral al tema de fondo planteado. Es aplicable, por identidad de razón, la jurisprudencia 1a./J. 14/97, de rubro: "AGRAVIOS INOPERANTES. INNECESARIO SU ANÁLISIS CUANDO EXISTE JURISPRUDENCIA." Sin que en el caso se actualice alguno de los supuestos previstos en el artículo 79 de la ley de la materia, para suplir la deficiencia de la queja, habida cuenta que el artículo 12, párrafo tercero, de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, a partir de un análisis de control constitucional realizado en abstracto, fue declarado válido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad 105/2018 y su acumulada 108/2018; de ahí que, aún y cuando la parte quejosa acreditó su carácter de servidora pública trabajadora, resulta improcedente suplir la deficiencia en los agravios dado que la porción normativa, bajo una interpretación conforme, es compatible con el orden constitucional según criterio de observancia obligatoria para este juzgado. Máxime que, como fue señalado en el considerando anterior, la suplencia de la queja deficiente no puede darse en el amparo contra leyes autoaplicativas, por no derivar el acto reclamado de un procedimiento jurisdiccional sino del proceso legislativo en el cual no tuvo participación el particular, por lo que resultaría inadmisible considerar que se presentó en su contra una violación manifiesta de la ley que le provocó indefensión. Es aplicable el criterio contenido en la tesis P. XIV/92, de rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA. NO TIENE APLICACIÓN EN EL AMPARO CONTRA LEYES DE NATURALEZA AUTOAPLICATIVA." Por lo expuesto y fundado, se impone negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados por la parte quejosa y, en consecuencia, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido respecto de los actos y autoridades a que se refiere en el considerando CUARTO, por las razones señaladas en el mismo, así como en el considerando SEXTO de esta sentencia. SEGUNDO. La justicia de la Unión no ampara ni protege a Sergio Pastelin Islas, Jordy Santos Ávila, Juan Overath Roque Cruz, Anabel Yajaira Soto Lara, Amalia Montserrat Saldaña Escobedo, Omar Álvarez López y Gonzalo Alberto Novelo Pérez, por los actos y autoridades responsables señalados en el considerando QUINTO de esta sentencia, en atención a las razones expresadas en el ÚLTIMO considerando de este fallo. Notifíquese.

  4. Principal

    Ciudad de México; veintidós de febrero de dos mil veintiuno. Vista la segunda certificacio´n de cuenta, de conformidad con el inciso II, numeral 16 de la Circular SECNO 10/2021, en relación con los artículos 1 y 2, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se reanuda el procedimiento y se levanta la suspensión de términos procesales a que aluden los acuerdos y circulares enumeradas en la primera certificación; a lo que se provee: Declaración de ejecutoria. Visto el estado procesal que guardan los autos, así como la certificación de cuenta, se desprende que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que a la fecha las partes hayan interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el expediente en que se actúa, en la cual se determinó sobreseer el juicio de amparo en el presente asunto. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, como lo indica su numeral 2°, se declara que la referida resolución HA CAUSADO EJECUTORIA. Háganse las anotaciones respectivas en el libro electrónico que para registro tiene este juzgado y comuníquese lo anterior a las partes. Archivo del asunto. En otro orden de ideas, al no existir diligencia pendiente por realizar, ni acuerdo por emitir en el presente juicio, ARCHÍVESE EL ASUNTO COMO CONCLUIDO. Fundamento: Artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario. Valoración del expediente, anotación en el Libro Electrónico y colocación de los sellos en la carátula. En consecuencia, para dar cumplimiento al ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se estima que el juicio de amparo en que se actúa, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en virtud de que se ubica en el supuesto descrito en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo en mención. Previo a calificar el destino de los cuadernos incidentales, cabe precisar que deberán archivarse por separado respecto del expediente principal, dado que no siempre existirá coincidencia entre la valoración que a cada uno corresponda (depuración, destrucción, etcétera), ni las reglas fijadas para la preservación de actuaciones, además de que los plazos de conservación del expediente son diversas. En lo que toca al cuaderno original relativo al incidente de suspensión, con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del propio acuerdo invocado, es susceptible de depuración. Asimismo, el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, conforme a lo previsto en el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General ya mencionado, una vez que transcurra el plazo de seis meses, contados a partir de la emisión de la resolución interlocutoria respectiva. Por tanto, colóquese el sello de fecha de archivo y destino final en la carátula del expediente en que se actúa y en los cuadernos incidentales, asimismo, háganse las anotaciones en el libro electrónico que para registro lleva este juzgado de distrito. Demás Providencias. Asimismo, se hace del conocimiento de las partes que podrán transitar al esquema de actuación electrónico desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx. el cual es un sitio web a través del cual las partes, sus representantes y, según sea el caso, sus autorizados, podrán acceder electrónicamente a las Oficinas de Correspondencia Común y a los órganos jurisdiccionales para presentar solicitudes, demandas, recursos y promociones en general, así como para acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en éstos. Además, se hace saber a la parte quejosa que a efecto de que se puedan entablar comunicaciones no procesales con las partes, cuyo contenido debe quedar registrado y, de ser necesario, incorporado al expediente previa certificación, se le brindan los siguientes correos institucionales: yessenia.arevalo.jimenez@correo.cjf.gob.mx y armando.gonzalez@correo.cjf.gob.mx. Fundamento: Articulo 14, 18, 21, 35, 35, y 56 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, así como el artículo 22, fracciones I y II del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Notifíquese.

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