Sergio Oswaldo Sánchez Ramírez
Expediente 887/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 16 actuaciones registradas, la última del 10 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 887/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 10/09/2018
Partes del expediente
- Sergio Oswaldo Sánchez Ramírez
- Juez Mixto del Distrito Judicial Venustiano Carranza, Chiapas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Incidental
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, diez de septiembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta, de la que se desprende que en esta propia fecha dentro del juicio de amparo del cual deriva este incidente de suspensión, se ordenó el archivo como asunto totalmente concluido.En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo sobreseído que carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Se dejan sin efecto las medidas cautelares decretadas en el cuaderno original del incidente de suspensión derivado de este juicio de amparo, y en su momento se ordena depurar éste, ya que se actualiza la hipótesis del párrafo segundo, de la fracción III del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al haberse negado y concedido la medida cautelar de los actos reclamados. 3. Transferir el expediente principal y el cuaderno original del incidente de sspensión, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.Así lo proveyó y firma el Juez José Antonio Lozano Batarse, titular del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistido de la secretaria que autoriza, Laura Elena Romero Luna, quien certifica que este acuerdo se encuentra debidamente incorporado al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
Conste. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, diez de septiembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los autos, con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que la resolución en la cual se sobreseyó en este juicio de amparo ha causado ejecutoria, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión en su contra. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo sobreseído que carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Se dejan sin efecto las medidas cautelares decretadas en el cuaderno original del incidente de suspensión derivado de este juicio de amparo, y en su momento se ordena depurar éste, ya que se actualiza la hipótesis del párrafo segundo, de la fracción III del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al haberse negado y concedido la medida cautelar de los actos reclamados. 3. Transferir el expediente principal y el cuaderno original del incidente de suspensión, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. 4. Devuélvase a la autoridad responsable Juez Mixto del Distrito Judicial de Venustiano Carranza, Chiapas, la documental que remitió, consistente en copias certificadas de la causa penal ***** (dos tomos). Notifíquese.
- Principal
Visto, para resolver el juicio de amparo número 887/2018-II, promovido por ***; y, RESULTANDO: PRIMERO. Mediante escrito presentado el once de julio de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparos y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, turnado en esa propia data, a este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, ***, por su propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia, Director de Seguridad Pública Municipal, y Alcaide de la Cárcel Distrital, todos con residencia en Venustiano Carranza, Chiapas; Subsecretario de Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad, con residencia en esta ciudad; Director del Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados Número Catorce "El Amate", y Alcaide de Cárceles del Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados Número Catorce "El Amate", ambos con domicilio en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, que hizo consistir literalmente en: "6.- ACTO RECLAMADO: EL ILEGAL TRASLADO realizado con fecha 05 de julio del presente año, dentro de la causa penal número *** del juzgado mixto de primera instancia de Venustiano carranza, Chiapas; de la cárcel distrital de Venustiano Carranza, Chiapas al Cereso número 14 "El amate" ubicado en el municipio de Cintalapa de Figueroa, Chiapas". Actos que el promovente estimó violatorios de los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de las garantías para su protección, contenidas en los artículos 14, 16 y 18 de la citada legislación. SEGUNDO. Mediante proveído de once de julio de dos mil dieciocho (fojas 9-12), se admitió la demanda de que se trata y se solicitó de las autoridades responsables su informe justificado; se dio la intervención correspondiente a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, y se señaló día y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo en los términos que constan en el acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas; es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo que disponen los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, fracción I y 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo; así como los numerales 48 y 51, fracción I, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación Acuerdos Generales 3/2013 y 16/2016, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el primero relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, el segundo en relación a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito de este vigésimo circuito; por tratarse de una demanda de amparo en materia penal contra actos atribuidos a autoridades que tienen su domicilio en la circunscripción territorial en que este juzgado de distrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. FIJACIÓN DE LA LITIS. Antes de establecer lo relativo a la certeza de los actos de autoridad reclamados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar en qué consisten aquéllos, atendiendo a la integridad de la demanda a efecto de determinar con exactitud la intención del promovente y precisar los actos materia de la litis. Sirve de sustento a lo expuesto, la tesis jurisprudencial número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XI, abril de 2000, página 32, número de registro electrónico 192097, cuyo contenido es: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Del análisis integral de la demanda de amparo y de los elementos que obran en este sumario, se puede llegar al convencimiento de que el quejoso reclama por esta vía constitucional, el traslado ejecutado el cinco de julio de dos mil dieciocho, de la Cárcel Distrital de Venustiano Carranza, Chiapas, al Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados Número Catorce "El Amate", con residencia en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, con motivo a lo ordenado en el considerando séptimo de la sentencia de doce de junio de dos mil dieciocho dictada dentro de la causa penal ****, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia, con residencia en Venustiano Carranza, Chiapas. TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Son ciertos los actos reclamados al Juez Mixto de Primera Instancia; Alcaide Municipal Cárcel Distrital; y Director de Seguridad Pública Municipal, todos con domicilio en Venustiano Carranza, Chiapas; Director y Alcaide del Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados Número Catorce "El Amate", residentes en Cintalapa de Figueroa, Chiapas; como lo manifestaron al rendir su informe justificado (fojas 25, 30, 71, 113 y 116). Es aplicable en la especie la tesis de jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 231, Tomo VI - Materia Común, sección: jurisprudencia SCJN, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917 - 2000, que señala: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". También es cierto el acto que se atribuye a la autoridad responsable Subsecretario de Ejecución de Sanciones Penal y Medidas de Seguridad, con sede en esta ciudad, pues si bien al rendir su informe con justificación negó la existencia del mismo, posteriormente realizó diversas manifestaciones que evidencian su certeza, pues manifestó que el traslado derivó de una orden emitida por el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Venustiano Carranza, Chiapas (foja 17). Se invoca en apoyo a lo expuesto, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito , de contenido siguiente: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe". Lo que se corrobora con las constancias que acompañaron a su informe justificado las autoridades responsables, de las cuales se deduce su existencia. Documentales que tienen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Es aplicable la tesis de jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, que es del tenor literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". CUARTO. PROCEDENCIA. Previamente al estudio de los conceptos de violación expuestos en la demanda de amparo, es pertinente examinar la procedencia del juicio constitucional, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente. Lo anterior con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo y con apoyo en la tesis jurisprudencial 163/2005, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XXIII, enero de 2006, página 319, registro electrónico 176291, que expresa lo siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. ANTE LA EXISTENCIA DE ALGÚN INDICIO DE UNA CAUSAL DE ESA NATURALEZA, EL JUZGADOR DEBE INDAGAR O RECABAR DE OFICIO LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA ASÍ ESTAR EN POSIBILIDAD DE DETERMINAR FEHACIENTEMENTE SI OPERA O NO ESA CAUSAL. Conforme al último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, el examen de las causales de improcedencia del juicio de garantías es oficioso, esto es, deben estudiarse por el juzgador aunque no las hagan valer las partes, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto. Asimismo, esta regla de estudio oficioso debe hacerse extensiva a la probable actualización de dichas causales cuando éstas se adviertan mediante un indicio, sea que una de las partes las haya invocado u ofrecido o que el juzgador las hubiese advertido de oficio, pues con independencia de cuál sea la vía por la que se conocieron esos indicios, el juzgador de amparo los tiene frente a sí, y la problemática que se presenta no se refiere a la carga de la prueba, sino a una cuestión de orden público; por consiguiente, si de las constancias de autos el juzgador de amparo advierte un indicio sobre la posible existencia de una causal que haría improcedente el juicio constitucional, oficiosamente debe indagar y en todo caso allegarse de las pruebas necesarias para resolver si aquélla se actualiza o no y así, probada fehacientemente, sobresea en el juicio o bien en caso contrario, aborde el fondo del asunto". En el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, en virtud de que la parte quejosa, interpuso un medio de impugnación contra la sentencia de doce de junio de dos mil dieciocho dictada dentro de la causa penal ****, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia, con residencia en Venustiano Carranza, Chiapas, de donde deriva el acto reclamado, que se hace consistir en el traslado ejecutado el cinco de julio de dos mil dieciocho, de la Cárcel Distrital de Venustiano Carranza, Chiapas, al Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados Número Catorce "El Amate", con residencia en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, con motivo a lo ordenado en el considerando séptimo de la sentencia de referencia. Al respecto, es conveniente precisar que en su escrito de agravios, concretamente en el punto tercero, expuso las razones por las cuales no estaba de acuerdo con la orden de traslado que se determinó en el considerando séptimo de la sentencia de doce de junio de dos mil dieciocho dictada dentro de la causa penal ****, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia, con residencia en Venustiano Carranza, Chiapas, por lo que solicitó se revocara la misma (fojas 202-203 del tomo 2 anexo). El precepto citado de la Ley de Amparo, establece: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado; (.)" Del numeral y fracción invocados, se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra los actos reclamados respecto de los cuales se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado; de la cual se desprenden los siguientes elementos: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de amparo; y, c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Apoya lo anterior la jurisprudencia 144/2000 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en página quince, tomo XII, diciembre de dos mil, Novena Época, la que continua vigente al no oponerse a la Ley de Amparo en vigor, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO REQUIERE QUE EL RECURSO O DEFENSA LEGAL PROPUESTO SE HUBIERA ADMITIDO, SE ESTÉ TRAMITANDO AL RESOLVERSE EL AMPARO Y SEA EL IDÓNEO PARA OBTENER LA REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo se actualiza cuando concurran las siguientes circunstancias: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de garantías; y, c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Esa interpretación se justifica, por un lado, porque el precepto de referencia exige que el recurso o medio de defensa pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad que sea materia del juicio constitucional, resultado que podrá obtenerse si el instrumento jurídico de defensa utilizado es el apropiado, esto es, que esté instituido expresamente por la ley y regido por un procedimiento para su tramitación, oponible frente a una resolución que lesione los intereses de la parte que se dice afectada y mediante el que se pueda lograr la invalidación o la modificación de la resolución impugnada; y, por otro, porque de acuerdo con el principio del contradictorio, el tribunal debe otorgar a las partes la oportunidad de ser oídas en defensa de sus derechos, esto es, debe atender si el agraviado está en posibilidad de ser oído en el recurso o medio de defensa que hubiera propuesto ante la autoridad responsable o su superior jerárquico, para lo cual es indispensable que esté demostrada fehacientemente la admisión del recurso, pues la simple presentación del escrito respectivo no implica que se le dé la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus derechos. En este orden de ideas, la causal de improcedencia en mención, únicamente puede considerarse actualizada cuando la parte interesada acredite que el recurso o medio de defensa hecho valer en contra del acto reclamado se esté tramitando simultáneamente con el juicio de garantías, correspondiendo al juzgador de amparo determinar si el medio legal de defensa que esté tramitándose simultáneamente al juicio de amparo, constituye o no la vía idónea de impugnación que pudiera tener como resultado la revocación, modificación o anulación del mismo acto contra el cual se solicita amparo". En ese contexto, es dable decir que en la especie concurren los elementos anteriores, en razón de que por lo que hace a los incisos a) y b), consistente en que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso, el cual haya sido admitido y se esté tramitando, ello se advierte de la propia manifestación del promovente del juicio constitucional, ya que en el escrito inicial de demanda en el punto III del capítulo de antecedentes, menciona que presentó recurso de apelación, el cual se encuentra en trámite (foja 4). Tal manifestación, constituye una confesión expresa de su parte, de conformidad con lo previsto en los artículos 95, 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa en su numeral 2, segundo párrafo. Aunado a lo anterior, de las constancias remitidas por el juez responsable se advierte que la citada autoridad tuvo por interpuesto y admitido el recurso de apelación el veinte de junio del año en curso (foja 214 del tomo 2 anexo), mismo que remitió a la Segunda Sala Regional Colegiada en Materia Penal, Zona 01, Tuxtla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, a quien por razón de turno correspondió conocer del citado recurso, la cual mediante acuerdo de once de julio de dos mil dieciocho lo registró con el número de toca penal **** y se reservó proveer respecto a su admisión, hasta en tanto el juzgado responsable subsane las irregularidades precisadas en el citado auto (fojas 146-147). En consecuencia, el multicitado recurso a la fecha de la presentación de la demanda no ha sido resuelto, se encuentra en trámite y pendiente de resolver. No obsta a lo anterior, que el tribunal de alzada a la fecha no se haya pronunciado sobre la procedencia del recurso de apelación de referencia, pues basta con que el juez responsable se haya pronunciado sobre la admisión de dicho recurso para determinar que está en trámite un medio ordinario de defensa, ya que de lo contrario, los juicios de garantías quedarían paralizados mientras no existiera pronunciamiento del tribunal de alzada y su resolución estaría condicionada a lo que se determinara en éste. Es aplicable a lo anterior, en lo conducente del texto, por identidad jurídica, la jurisprudencia 3/2010 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en página doscientos noventa y dos, tomo XXXI, abril de dos mil diez, Novena Época, la que continua vigente al no oponerse a la presente ley de amparo, de rubro y texto siguientes: "RECURSO DE APELACIÓN EN MATERIA MERCANTIL. BASTA CON QUE EL JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA SE HAYA PRONUNCIADO SOBRE SU ADMISIÓN PARA QUE SE ACTUALICE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XIV, DE LA LEY DE AMPARO. Para que se actualice el supuesto a que se refiere el artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo, resulta necesario que se esté tramitando un medio ordinario de defensa interpuesto por el quejoso y que pueda tener por objeto revocar, modificar o anular el acto reclamado. Ahora bien, la legislación mercantil prevé la interposición del recurso de apelación, que será resuelto por el tribunal superior, quien confirmará, reformará o revocará las resoluciones dictadas por el juez de primera instancia. Por tanto, basta con que éste se haya pronunciado sobre la admisión de dicho recurso para determinar que está en trámite un medio ordinario de defensa y, por ende, que se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere el indicado precepto, independientemente de que el tribunal de alzada deba pronunciarse en definitiva sobre su procedencia y, en su caso, respecto de las cuestiones de fondo planteadas, pues de lo contrario, los juicios de garantías quedarían paralizados mientras no existiera pronunciamiento del tribunal de alzada y su resolución estaría condicionada a lo que se determinara en éste". (Lo subrayado es de este juzgado) Finalmente, respecto al inciso c), atinente a que el recurso constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo; este se satisface plenamente, puesto que conforme a lo establecidos en los artículos 382 y 386, fracción I del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chiapas, el recurso de apelación es el medio de impugnación idóneo para combatir las sentencias definitivas, cuyo objeto es revocar o modificar tal resolución, como se ve a continuación: Artículo 382. La apelación tiene por objeto que en la segunda instancia se confirme, revoque o modifique la resolución en contra de la cual se haya interpuesto el recurso. Artículo 386. Son apelables: I. Las sentencias definitivas; (.) Luego, se insiste, si la parte quejosa interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia de doce de junio de dos mil dieciocho dictada dentro de la causa penal ****, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia, con residencia en Venustiano Carranza, Chiapas, de donde deriva el acto reclamado, que se hace consistir en el traslado ejecutado el cinco de julio de dos mil dieciocho, de la Cárcel Distrital de Venustiano Carranza, Chiapas, al Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados Número Catorce "El Amate", con residencia en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, con motivo a lo ordenado en el considerando séptimo de la sentencia de referencia; recurso que se encuentra en trámite y pendiente de resolver; el que además, constituye la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en este juicio de amparo. Motivo por el cual, es dable decir que en la especie se da la concurrencia de los elementos descritos en los incisos a), b) y c), referidos en la jurisprudencia en comento; contexto del cual se advierte la hipótesis de improcedencia establecida en el precitado artículo 61 fracción XIX de la Ley de Amparo, la cual opera cuando se haya interpuesto un recurso contra el acto que se reclama por la vía constitucional, antes de la presentación de la demanda de amparo, mediante el cual pueda ser modificado, revocado o nulificado. Luego, al actualizarse de forma manifiesta e indudable la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, que por su aplicación relacionada con la fracción V del numeral 63 del mismo ordenamiento, SE SOBRESEE EN ESTE JUICIO DE AMPARO. El sobreseimiento anterior se hace extensivo a los actos de ejecución reclamados al Director de Seguridad Pública Municipal, y Alcaide de la Cárcel Distrital, ambos con residencia en Venustiano Carranza, Chiapas; Director del Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados Número Catorce "El Amate", y Alcaide de Cárceles del Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados Número Catorce "El Amate", ambos con domicilio en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, ya que los mismos no se impugnan por vicios propios, sino que se hacen derivar del acto reclamado a las autoridades ordenadoras, debiendo seguir por tanto la misma suerte, atento a lo que dispone la jurisprudencia número 647, localizable en la página 434, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD EJECUTORA. SOBRESEIMIENTO. LE ES EXTENSIVO EL RELATIVO A LA ORDENADORA. Si en un juicio de garantías se sobresee respecto de la autoridad ordenadora del acto reclamado, en el mismo sentido debe de fallarse en lo que toca a la señalada como ejecutora, cuando a ésta no se atribuyen vicios propios de ejecución, porque debiendo sobreseerse en cuanto al acto emanado de la primera, es inconcuso que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución". Finalmente, es de señalarse que este Juzgador Federal se encuentra impedido para analizar el fondo del asunto, dado el sobreseimiento que en este caso se decretó. Sustenta lo expuesto, la tesis de jurisprudencia 509, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 335, del Tomo VI, Parte SCJN, Apéndice de 1995: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." QUINTO. PUBLICACIÓN DE LA SENTENCIA. Conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011, emitida por la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos personales del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. SEXTO. CAPTURA DE SENTENCIA. Con fundamento en el Acuerdo General 29/2007 , del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 61, 63, 73, 74, 75, 77, 124 y 217 de la Ley de Amparo se resuelve: PRIMERO. SE SOBRESEE EN EL JUICIO DE AMPARO, PROMOVIDO POR ¨¨****, contra los actos reclamados del Juez Mixto de Primera Instancia; Alcaide Municipal Cárcel Distrital; y Director de Seguridad Pública Municipal, todos con domicilio en Venustiano Carranza, Chiapas; Director y Alcaide del Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados Número Catorce "El Amate", residentes en Cintalapa de Figueroa, Chiapas; y Subsecretario de Ejecución de Sanciones Penal y Medidas de Seguridad, con sede en esta ciudad, en términos del considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Publíquese esta determinación en el Sistema Integral de Seguimiento del Expediente (SISE), acorde con lo ordenado en los dos últimos considerandos de esta resolución. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintiuno de agosto de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio signado por la Secretaria General de Acuerdos de la Segunda Sala Regional Colegiada en Materia Penal, Zona 01, Tuxtla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas, residente en esta ciudad, por el cual desahoga el requerimiento formulado en auto de catorce de agosto del año en curso (foja 149), informando que aún no han recibido las constancias en las cuales el juez de origen haya subsanado las irregularidades señaladas en el auto de once de julio del año en curso, dictado dentro del toca penal ***, del índice de la autoridad de cuenta. Notifíquese.
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