Sergio Oscar Pérez Vega
Expediente 488/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 2 actuaciones registradas, la última del 1 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 488/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 01/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Sergio Oscar Pérez Vega
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, uno de junio de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, agréguese a los presentes autos para los efectos legales conducentes, el oficio del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, por medio del cual informa que aceptó la competencia planteada por este órgano jurisdiccional y se avocó al conocimiento de la demanda que dio origen al presente asunto, la cual registró con el número 633/2023, de su índice; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Ahora, dado el sentido del presente acuerdo, con fundamento en el artículo 3°, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE como definitivamente concluido. Con apoyo en el artículo 21 inciso j), del referido Acuerdo, se considera que el presente cuaderno de antecedentes es susceptible de destrucción, toda vez que este juzgado declinó competencia a diverso órgano jurisdiccional; asimismo, no es de relevancia documental, pues no se está en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General Conjunto en cita; hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente, para los efectos legales procedentes. Consecuentemente, una vez que transcurran TRES AÑOS, contados a partir de esta fecha en que se ordena el archivo del asunto, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del cuaderno de antecedentes, en términos de los artículos 21, penúltimo párrafo, 22, 23 y 24 del Acuerdo General señalado. Hágase las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de mayo de dos mil veintitrés. Recepción de la Demanda. Vista la demanda de amparo, promovida por Sergio Oscar Pérez Vega, por propio derecho, contra actos de la Directora General del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y municipios y otras autoridades; en consecuencia, regístrese bajo el número 488/2023 y háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); fórmese el expediente electrónico e impreso. Declinación de competencia al Juzgado de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal que es de orden público, previamente se debe considerar, si en el caso, la demanda de garantías promovida por Sergio Oscar Pérez Vega da motivo para que este Juzgado se avoque a su conocimiento, a fin de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados. De no hacerlo así, es inconcuso que se violarían las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías. Este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, estima carecer de competencia por cuestión de territorio para conocer de la demanda de garantías de que se trata, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley de Amparo vigente, en relación con el Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Ahora, hecho un análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado por la parte quejosa, consistente en la omisión de dar el trámite que legalmente corresponde a la solicitud de pensión por inhabilitación; omisión de resolver su solicitud de pensión por inhabilitación dentro del plazo legal y notificársela formalmente; y la omisión de iniciar el pago de la pensión a partir del día siguiente en que causó baja del servicio., actos que reclama a todas las autoridades responsables con sede en Estado de México; al manifestar bajo protesta de decir verdad que cotizó en el régimen obligatorio del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y municipios, ya que se desempeñó desde mil novecientos noventa y seis, como policía vial en el municipio de Tultitlán, Estado de México; que al cumplir los requisitos de ley, el quince de septiembre de dos mil veintidós, dicho instituto, a través de la Coordinación de Salud, emitió Dictamen Médico de Inhabilitación para Servidor Público, folio CCET/0088/DST/2022, SIN INHABILITACIÓN, con carácter DEFINITIVO; que los artículos 94, 95 y 96 de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios disponen que cuando un servidor público sufra una incapacidad física o mental, temporal o permanente que le impida desempeñar su trabajo, será acreedor de la pensión por inhabilitación. De igual forma, manifiesta que el dieciséis de febrero del año en curso, presentó solicitud de pensión ante el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y municipios, mediante los formatos autorizados y exhibiendo los requisitos exigidos por los artículos 68 y 73 del Reglamento de Prestaciones del ISSEMYM, no obstante ya transcurrió en exceso el término de treinta días hábiles que establece el artículo 75 del Reglamento de Prestaciones del ISSEMYM para que se le emita respuesta a su solicitud, mucho menos se ha programado el inicio de su pensión. Por tanto, conforme a lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley de Amparo, este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, carece de competencia legal, por cuestión de territorio, para conocer de este juicio de amparo. De este modo, se destaca que la competencia por territorio en materia de amparo constituye tema de orden público, no sólo por ser presupuesto procesal, sino además porque encuentra su origen en el contenido de la fracción VII, del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra establece: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia;." Por su parte, el artículo 37 de la Ley de Amparo previene que: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De la interpretación del dispositivo transcrito se advierten tres supuestos básicos para que los jueces de Distrito conozcan de un juicio de amparo: 1. Si el acto reclamado requiere ejecución material, será competente el juez que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. 2. Si el acto reclamado ha comenzado a ejecutarse en un distrito y continúa ejecutándose en otro, será competente el juez de Distrito de esas jurisdicciones que prevenga en el conocimiento del asunto, es decir, ante quien el gobernado presente la demanda. 3. Si el acto reclamado no requiere ejecución material, será competente el juez de Distrito ante quien se presente la demanda de amparo. Por otra parte, también se pueden distinguir tres rubros principales de competencia: por materia, por territorio, por cuantía. En el caso, se analizará la competencia por territorio, la cual se considera aplicable en este asunto, por lo siguiente: La competencia por territorio se refiere al ámbito espacial, en cuya esfera de acción pueden producirse los actos y sus efectos jurídicos, tomando en cuenta el problema que plantea la distribución territorial de la competencia entre diversos órganos de competencia; por lo que, se estima, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley de Amparo, para conocer de un juicio de amparo, es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; la ejecución a que se refiere dicho precepto es aquella que estuvo, está o puede estar a cargo de una autoridad, cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a través del juicio de amparo. En apoyo a lo anterior, se invoca la jurisprudencia 2a./J. 13/95, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en la página 107, del tomo I, Junio de 1995, Materia Común, que dice: "COMPETENCIA ENTRE JUECES DE DISTRITO. PARA DETERMINARLA DEBEN TOMARSE EN CUENTA LOS ACTOS DE EJECUCIÓN ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO A LOS PARTICULARES. De conformidad con el artículo 36 de la Ley de Amparo, para conocer de un juicio de garantías, es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, o se haya ejecutado el acto reclamado; la ejecución a que se refiere este precepto, es aquella que estuvo, está o puede estar a cargo de una autoridad, cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a través del juicio de garantías; por tanto, la conducta atribuida a particulares que pueden derivar o apoyarse en los actos reclamados, no puede servir de base para fijar la competencia de los jueces de Distrito, toda vez que los fallos de amparo solamente vinculan a las autoridades." Ahora bien, como ya se dijo, del análisis integral de la demanda de amparo, se desprende que los actos reclamados por Sergio Oscar Pérez Vega, lo constituye: la omisión de dar el trámite que legalmente corresponde a la solicitud de pensión por inhabilitación; omisión de resolver su solicitud de pensión por inhabilitación dentro del plazo legal y notificársela formalmente; y la omisión de iniciar el pago de la pensión a partir del día siguiente en que causó baja del servicio, actos que reclama a todas las autoridades responsables con sede en Estado de México; y, dichas autoridades señaladas como responsables no se ubican dentro de la jurisdicción de este Juzgado de Distrito. En ese sentido, los actos reclamados si lleva implícita ejecución material, que se traduce en que la Directora General del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y municipios, y otras autoridades con sede en dicha localidad, realicen el trámite correspondiente a la solicitud de pensión por inhabilitación del quejoso, lugar donde se tramitará el juicio y donde tiene su principal impacto y repercusión, los efectos de los actos reclamados por la parte promovente; y, donde tienen jurisdicción los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan, en turno, conforme al Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. En ese sentido, el acto reclamado si lleva implícita ejecución material, que se traduce en que la Directora General del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y municipios, realice el trámite correspondiente a la solicitud de pensión por inhabilitación del quejoso, lugar donde se tramitará el juicio y donde tienen jurisdicción los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan, en turno, conforme al Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. En las consideraciones apuntadas, con fundamento en el artículo 37 de la Ley de Amparo, se declina la competencia al Juzgado de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan, en turno, para lo cual remítase el escrito original de demanda de cuenta y las copias de la misma, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan, solicitándole el acuse de recibo correspondiente. Es aplicable el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 45, del Semanario Judicial de la Federación.Volumen 139-144, Tercera Parte, Materia Común, registro: 237830, de rubro y contenido siguientes: "COMPETENCIA. DEBE DECIDIRSE EN FAVOR DEL JUEZ EN CUYA JURISDICCION RESIDA LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO ORDENADORA CUANDO SE RECLAMAN OMISIONES. En términos del artículo 36, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, la competencia para conocer de un juicio de amparo, debe decidirse en favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad señalada como ordenadora, cuando se reclame una omisión y no sus consecuencias, por tratarse de un acto negativo carente de ejecución material, sin que importe el sentido del acuerdo que llegara a dictar la autoridad, el resultado del cual, frente a su omisión, constituye un acto completamente distinto que, por no existir, no puede ser materia del amparo cuyo conocimiento esté a discusión." Asimismo, el criterio de la Primera Sala del Más Alto Tribunal del País, localizable en la página 2846, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo CIII, Materia(s): Común, registro digital 300501, de rubro y contenido siguientes: "COMPETENCIA EN AMPARO. De acuerdo con lo establecido en el artículo 36 de la Ley de Amparo, no es el domicilio de los quejosos el que determina la competencia de los Jueces de Distrito, sino la residencia de la autoridad que dicta la resolución reclamada, cuando ésta no requiere ejecución material, o la de la autoridad que trata de ejecutar el acto que se reclama." De igual forma, es aplicable la tesis VI.2º.P.7 K (9ª.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, visible en la página 2319, del Tomo XXVII, Abril de 2008, Novena Época, registro 169928, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE LA VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. POR TRATARSE DE UN ACTO NEGATIVO CARENTE DE EJECUCIÓN MATERIAL, CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR EN QUE RESIDE LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO ORDENADORA." Máxime, que no pasa inadvertido, que con motivo de la declinatoria de competencia que, en su oportunidad realizó el Juzgado Décimo de Distrito en este Decimotercer Circuito, EL JUZGADO OCTAVO DE DISTRITO DEL SEGUNDO CIRCUITO ACEPTÓ DICHA COMPETENCIA, POR LO QUE SE AVOCÓ AL CONOCIMIENTO Y RADICÓ EL JUICIO DE AMPARO 1041/2021, donde el propio quejoso reclamó omisiones relativas a dictaminar su incapacidad y emitir su dictamen de inhabilitación, lo que se invoca como hecho notorio conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2°; es decir, un acto estrechamente vinculado con el que ahora impugna y que también gira en torno a la pretensión de otorgamiento de pensión del quejoso; de modo que, incluso, el órgano competente del Segundo Circuito al que se remita la demanda, eventualmente, podría verificar el aspecto relativo al conocimiento por razón de turno. Fórmese cuaderno de antecedentes con las constancias respectivas y hágase la anotación de rigor en el Sistema Integral de Seguimientos Expedientes. Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este Órgano Jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. Domicilio (notificaciones electrónicas). Como lo solicita, con fundamento en el artículo 3° y 30, fracción II, de la ley de la materia, se ordena que las notificaciones personales a dicha parte se realicen por vía electrónica, para efecto de recibir cualquier notificación al usuario Clopez; en el entendido que, ante cualquier eventualidad propia de los sistemas de información y comunicación que imposibilite las notificaciones solicitadas de esta forma, se continuará con las formas tradicionales de notificación, previstas en el artículo 26 y 29 de la ley de Amparo, en el domicilio que para tal efecto precisó en su demanda de amparo. Autorizados. Como lo solicita el promovente, se tiene como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a César López Ramos, Miguel Ángel Ramírez Salazar, Flavio Rodríguez Sanginés, Norma Patricia Herrera Martínez, Nelly Quiroz Tecpanecatl, Avisaí Iván Martínez Vázquez y Javier López Hernández, toda vez que sí tienen registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho y únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas restantes, por así haberlo solicitado expresamente. Consulta del Expediente Electrónico. Se autoriza al usuario Clopez, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, para consultar vía internet el expediente electrónico del juicio en que se actúa; en consecuencia, realícese la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para lo cual instrúyase al analista jurídico de dicho sistema adscrito a este Juzgado de Distrito, habilite los permisos correspondientes. Correo Electrónico y Número Telefónico. Con fundamento en el artículo 22, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se toma conocimiento del correo electrónico y número telefónico que proporciona, únicamente para entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se registrará, y en su caso, de ser necesario, se incorporará al expediente previa certificación correspondiente. Medios Electrónicos. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías y/o utilización de cualquier medio digital que resulte apto para copiar el contenido de las actuaciones que integren este asunto, por no existir inconveniente al respecto, como está establecido en la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En el entendido que queda bajo la absoluta responsabilidad de las partes y/o autorizados, la distribución y/o reproducción de dichas constancias por cualquier medio impreso y/o de comunicación y/o tecnológico y/o en las redes sociales, así como su uso y/o utilización de conformidad a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con las consecuencias legales que ello traiga aparejadas en los términos de las legislaciones aplicables. Transparencia. Con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar en este juicio, se testarán las palabras, frases, o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales. Gratuidad en el Servicio. Hágase saber a las partes que acorde con el artículo 17 de la Carta Magna, los servicios que presta este Juzgado de Distrito son gratuitos. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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