Sergio Oscar Pérez Vega

Expediente 1094/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1094/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
04/11/2021

Partes del expediente

  • Sergio Oscar Pérez Vega

Actuaciones

  1. Principal

    PRAL.1094/2021.MESA-1 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de noviembre de dos mil veintiuno. 1. Acepta competencia. Agréguese el oficio firmado por el secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México, residente en Naucalpan de Juárez, mediante el cual comunica que por acuerdo de fecha veinticinco de octubre del año en curso, dictado en el juicio de amparo 1041/2021, de su índice se aceptó la competencia declinada por este órgano de control constitucional para conocer de la demanda de amparo promovida por Sergio Oscar Pérez Vega, lo anterior, para los efectos legales procedentes. En esas condiciones, toda vez que no se remitieron las demandas de amparo con sello de recepción, remítase, a través de oficio dichos documentos. 2. Archivo del cuaderno de antecedentes. Ante lo cual, y como en este expediente y en la caja de valores de este Juzgado no existen documentos originales exhibidos por las partes, como tampoco asunto pendiente por diligenciar; con fundamento en el artículo 21, inciso j), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte, este expediente es destruible, por lo cual, transcurridos tres años a partir de la fecha en que se ordenó el archivo como asunto concluido, procédase a su destrucción dentro de los treinta días siguientes, y remítase en su momento el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente consten las leyendas referidas en los apartados que anteceden (relevancia documental, conservable, depurable o destruible, según corresponda). 3. Instrucción (certificación). Se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente para que verifique que, previo al archivo del mismo, haga la revisión y verifique que, como se precisó en el auto inicial, tanto en el expediente electrónico generado con la firel como en el impreso se haya incorporada (o) cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. 4. Anotaciones. Hágase la anotación en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el sistema integral de seguimiento de expedientes. Notifíquese por lista a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    PRAL 1094/2021-1 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de octubre de dos mil veintiuno. 1. Demanda de amparo y registro. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Sergio Oscar Pérez Vega, contra actos del director de la Clínica de Consulta Externa Tlalnepantla del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y municipios y de otra autoridad, depositada el trece de octubre del año en curso en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio, y turnada el catorce de octubre siguiente a este órgano jurisdiccional; fórmese el expediente relativo, mismo que deberá quedar registrado con el número 1094/2021. 2. Integración del expediente (instrucción al (a la) secretario (a). Se instruye al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que lleva el trámite de este expediente, para que, en su oportunidad, haga la revisión en el sistema integral de seguimiento de expedientes (sise) y verifique que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan y, una vez concluido el asunto, realice la certificación correspondiente; lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. 3. Incompetencia. Por ser un presupuesto procesal que trasciende al orden público, se analiza, en primer término, el relativo a la competencia. El artículo 37 de la Ley de Amparo establece las reglas de competencia de los jueces de Distrito para conocer de un juicio constitucional, que son: 1º Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclama deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. 2º Si el acto reclamado puede tener ejecución puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. 3º Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda Así, conforme a la primera hipótesis: ? Cuando el acto reclamado tiene efectos ejecutivos, la competencia por razón de territorio se fija en atención a cuatro supuestos que giran en torno al espacio o lugar territorial donde: a) Deba tener ejecución, b) trate de ejecutarse, c) se esté ejecutando o d) se haya ejecutado el acto reclamado. Ello determina la competencia territorial de los jueces de Distrito conforme a razones de índole funcional que permitan realizar la actividad jurisdiccional de forma eficaz, eligiendo factores que deben considerarse preferentes para fijar esa competencia en materia de amparo, entre varias opciones, criterios relacionados con la ejecución del acto, atendiendo a razones de práctica, vinculadas con la eficacia y prontitud en el despacho de los asuntos. Ahora, para determinar la competencia de un juez de Distrito en el conocimiento de un juicio de amparo donde se reclamen actos decisorios y actos ejecutivos, debe atenderse, en este último caso, al lugar donde éstos se realicen o traten de realizarse o se hubieren ejecutado. En el caso, la parte quejosa, en su demanda de amparo, señala como actos reclamados: a) La negativa verbal de agendar en forma rápida y expedita, cita médica en la Clínica de Consulta Externa Tlalnepantla, para ser valorado por Salud en el Trabajo. b) La omisión de calificar riesgo de trabajo y dictaminar su incapacidad permanente total. c) La omisión de emitir dictamen de inhabilitación. Que atribuye al: 1º Director de la Clínica de Consulta Externa Tlalnepantla del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y municipios; y, 2º Doctor Cuautémoc Arturo Bernal Bravo, adscrito al consultorio siete vespertino de dicha clínica. Con residencia en Tlalnepantla de Baz, Estado de México. En el capítulo relativo a los hechos y abstenciones que constituyen esos actos, se afirmó, bajo protesta de decir verdad, que: El quejoso es una persona con discapacidad sensorial a consecuencia de un riesgo de trabajo. Actualmente se encuentra habitando en la ciudad de Oaxaca bajo el cuidado de una persona de apoyo. Cotiza bajo el régimen obligatorio del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, ya que desde mil novecientos ochenta y ocho se desempeñó como oficial de tránsito y a partir del año mil novecientos noventa y siete fue adscrito al municipio de Tultitlán, Estado de México. El diez de mayo de dos mil dieciocho, mientras se encontraba laborando, tuvo un accidente y se golpeó con la puerta de la patrulla en la frente y ojo izquierdo. El treinta de enero de dos mil veintiuno, cuando se encontraba laborando, en el cubículo de radio operador c-2 de Tultitlán, chocó con una puerta de cristal, por lo que perdió casi la totalidad de visibilidad de ambos ojos y le fueron otorgadas incapacidades desde el uno de febrero de dos mil veintiuno. El artículo 94 de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, dispone que cuando un servidor público sufra una incapacitación física o mental, temporal o permanente, que le impida desempeñar su trabajo, será acreedor a la pensión por inhabilitación; en tanto que, el diverso numeral 133 de la Ley del trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios del Estado Libre y Soberano de México, dispone que si a los tres meses de haberse producido la incapacidad por riesgo de trabajo, el servidor público no está en aptitud de reincorporarse a sus labores, él mismo o la institución pública o dependencia en la que presta sus servicios, deberán solicitar al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, que resuelva sobre el grado de su incapacidad. Con motivo de ello, previa hoja de evolución y tratamiento que se le practicó el veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno en el hospital regional de Tlalnepantla del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, fue referido a medicina del trabajo para calificación de riesgo de trabajo. En esa misma fecha, veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, se presentó en el departamento de Salud en el Trabajo y solicitó cita para valoración en la clínica de consulta externa Tlalnepantla; sin embargo, el doctor que señala como autoridad responsable, le exigió, para agendar cita con el objeto de valorar su estado de incapacidad para el trabajo, exhibiera credencial de elector que coincidiera con el domicilio en el que labora, esto es, en Tultitlán, Estado de México. Al no contar con dicho requisito, ya que su credencial para votar tiene domicilio de la ciudad de Oaxaca, le fue negada cita para valoración clínica de su estado de incapacidad. Que, a la fecha, no ha logrado ser atendido por medicina del trabajo del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, para que se califique como riesgo de trabajo, se dictamine su incapacidad para el trabajo y se inicie el trámite para obtener la pensión por inhabilitación a que tiene derecho. ? Así, se aprecia que, por cuanto al acto reclamado consistente en: a) La negativa verbal de agendar en forma rápida y expedita, cita médica en la Clínica de Consulta Externa Tlalnepantla, para ser valorado por Salud en el Trabajo. Tuvo su ejecución en Tlalnepantla de Baz, Estado de México, ya que ahí se ubica la clínica de consulta externa, en la que se le negó agendar cita médica para valorar su estado de incapacidad para el trabajo, pues se le exigió, para ello, exhibiera credencial con domicilio en ese Estado. ? Y en relación con los diversos actos relativos a: b) La omisión de calificar riesgo de trabajo y dictaminar su incapacidad permanente total. c) La omisión de emitir dictamen de inhabilitación. Se estima que tienen la naturaleza de omisivos, que se caracterizan porque la autoridad se abstiene o se rehúsa a realizar determinada conducta, como lo sostuvo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia de datos de localización, rubro y texto siguientes: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2016418 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Común Tesis: 1a. XVII/2018 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 52, Marzo de 2018, Tomo I, página 1092 Tipo: Aislada CONCEPTO DE OMISIÓN COMO ACTOS DE AUTORIDAD. Desde un punto de vista conceptual, la simple inactividad no equivale a una omisión. En el ámbito jurídico, para que se configure una omisión es imprescindible que exista el deber de realizar una conducta y que alguien haya incumplido con esa obligación. En este sentido, las autoridades no sólo pueden afectar a los ciudadanos a partir de la realización de actos positivos, sino también a través de actos negativos u omisiones. Los artículos 94 y 96 de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios disponen lo siguiente: "Artículo 94. Cuando el servidor público sufra una incapacitación física o mental, temporal o permanente, que le impida desempeñar su trabajo, será acreedor a la pensión por inhabilitación. El servidor público inhabilitado por causa del servicio tendrá derecho al pago de una pensión cuyo monto será equivalente al sueldo sujeto a cotización del sistema solidario de reparto que percibía al quedar inhabilitado. El servidor público inhabilitado por causas ajenas al servicio tendrá derecho al pago de una pensión cuyo monto se calculará con base en el sueldo de referencia, de acuerdo con las tasas de reemplazo señalados en la tabla siguiente: .". "Artículo 96. Para el otorgamiento de la pensión por inhabilitación se deberá contar con el dictamen médico emitido por el Instituto en el que se certifique el estado de incapacidad y en su caso, con las copias certificadas de las respectivas diligencias judiciales o administrativas que se hubieren realizado sobre el caso. -- - - .". Por su parte, los numerales 133 y 134 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios determinan: "Artículo 133. Los riesgos de trabajo que sufran los servidores públicos se regularán en forma supletoria por las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. Si a los tres meses de haberse producido la incapacidad por riesgo de trabajo el servidor público no está en aptitud de reincorporarse a sus labores, él mismo o la institución pública o dependencia en la que presta sus servicios, deberán solicitar al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios que resuelva sobre el grado de su incapacidad. En caso de que dicho Instituto no dictamine su incapacidad permanente, el servidor público deberá someterse a revisión cada tres meses en un período máximo de un año, término en el que el Instituto deberá emitir dictamen sobre el grado de la incapacidad y, en su caso, la institución pública o dependencia deberá proceder a darlo de baja para que pueda gozar de la pensión por inhabilitación que le corresponda, independientemente del pago de la indemnización a que tenga derecho por el riesgo de trabajo sufrido. Las licencias que con este motivo se concedan serán con goce de sueldo íntegro, mientras subsista la imposibilidad de trabajar, hasta que se dictamine la inhabilitación del servidor público. "Artículo 134.- Al ocurrir un accidente de trabajo, la institución pública o dependencia deberá proporcionar de inmediato la atención médica que requiere el servidor público y dar aviso al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios y a la Secretaría del Trabajo. - -- - .". De acuerdo con esos preceptos legales, existe obligación por parte del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y municipios de emitir dictamen médico en el que se certifique el estado de incapacidad del trabajador; y si transcurrido un término de tres meses de haberse producido la incapacidad por riesgo de trabajo, el servidor público no está en aptitud de reincorporarse a sus labores, este último o la institución o dependencia en que presta sus servicios, deberán solicitud a dicho Instituto, que resuelva sobre el grado de su incapacidad. Entonces, las omisiones que reclama el quejoso, como son las de a) calificar riesgo de trabajo y dictaminar su incapacidad permanente total, así como b) emitir dictamen de inhabilitación, constituyen actos negativos con efectos positivos, pues se erige en actos de tal naturaleza capaz de producir, en el mundo fáctico o real, una consecuencia material, a saber, emitir dictamen respecto de incapacidad e inhabilitación para continuar laborando en Tultitlán, Estado de México, donde tiene su adscripción y sufrió las lesiones que le impiden tener visión completa. De ahí que si uno de los actos reclamados ya se ejecutó, en tanto las omisiones son ejecutables materialmente, en Tlalnepantla de Baz, Estado de México, donde se encuentra la autoridad a la que se le pidió emita el dictamen de incapacidad e inhabilitación, entonces, este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca no es legalmente competente, para conocer de la demanda de amparo, sino que lo es el Juzgado de Distrito en el Estado de México, residente en Naucalpan, en turno, que ejerce jurisdicción sobre ese lugar de Tlalnepantla de Baz, como lo establecen los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo y los Acuerdos Generales 45/2016, 3/2013, este último reformado mediante diverso 3/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Sin que el hecho de que el quejoso manifieste que tiene su domicilio en Ánimas Trujano, Oaxaca, le dé competencia a este órgano jurisdiccional para conocer de la demanda de amparo, ya que, en este caso, no es el domicilio el que finca tal aspecto, sino el lugar en el que se encuentran las autoridades que ejecutan los actos reclamados. Por lo anterior, se ordena remitirle la demanda de amparo y copia de los mismos, y se solicita atentamente a dicho Juzgado comunique si acepta o no la competencia declinada. Se ordena formar cuaderno de antecedentes y realizar las anotaciones respectivas. Suspensión de plano. Por otra parte, el quejoso solicita la suspensión de oficio de los actos reclamados, para el efecto de que las autoridades responsables: 1º Director de la Clínica de Consulta Externa Tlalnepantla del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y municipios; y, 2º Doctor Cuautémoc Arturo Bernal Bravo, adscrito al consultorio siete vespertino de dicha clínica. Con residencia en Tlalnepantla de Baz, Estado de México. Venzan su abstención y cumplan con la obligación que la ley les ordena, esto es, lo valoren para que se califique el riesgo de trabajo mediante la emisión del dictamen correspondiente. Lo anterior, dice, porque la negativa tiene relación con el incumplimiento de las obligaciones de respetar, proteger y garantizar que impone a las autoridades el artículo 1º constitucional; aunado a que con la hoja de evolución y tratamiento de veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, así como de la nota de referencia de veinte de ese mes de septiembre, en el que se le envía al servicio de consulta medicina del trabajo para trámite de inhabilitación, acredita que el trámite subsiguiente corresponde a medicina del trabajo para inhabilitación. Con ello, dice, se asegurará que la persona con discapacidad pueda continuar su trámite y acceder a las prestaciones que le correspondan, si resultara procedente. Así planteado tal aspecto, resulta improcedente conceder la suspensión de oficio y de plano, ya que los actos reclamados no pueden ser objeto de paralización en esos términos, por no satisfacerse el supuesto previsto por el artículo 126 de la Ley de Amparo, ya que no se trata de aquellos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, ni se refiere a la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. Usuario para acceso expediente electrónico. Con apoyo en los artículos 3 de la Ley de Amparo, 39 y 55 del acuerdo general 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expedientes electrónicos y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza a dicha parte quejosa para que tenga el acceso al expediente electrónico 1094/2021 a través del usuario Clopez. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  3. Principal

    NOTIFICACIÓN PARTE QUEJOSA (AVISO) Número de expediente: 1094/2021 Acuerdo: PRAL 1094/2021-1 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de octubre de dos mil veintiuno. 1. Demanda de amparo y registro. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Sergio Oscar Pérez Vega, contra actos del director de la Clínica de Consulta Externa Tlalnepantla del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y municipios y de otra autoridad, depositada el trece de octubre del año en curso en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio, y turnada el catorce de octubre siguiente a este órgano jurisdiccional; fórmese el expediente relativo, mismo que deberá quedar registrado con el número 1094/2021. 2. Integración del expediente (instrucción al (a la) secretario (a). Se instruye al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que lleva el trámite de este expediente, para que, en su oportunidad, haga la revisión en el sistema integral de seguimiento de expedientes (sise) y verifique que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan y, una vez concluido el asunto, realice la certificación correspondiente; lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. 3. Incompetencia. Por ser un presupuesto procesal que trasciende al orden público, se analiza, en primer término, el relativo a la competencia. El artículo 37 de la Ley de Amparo establece las reglas de competencia de los jueces de Distrito para conocer de un juicio constitucional, que son: 1º Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclama deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. 2º Si el acto reclamado puede tener ejecución puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. 3º Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda Así, conforme a la primera hipótesis: ? Cuando el acto reclamado tiene efectos ejecutivos, la competencia por razón de territorio se fija en atención a cuatro supuestos que giran en torno al espacio o lugar territorial donde: a) Deba tener ejecución, b) trate de ejecutarse, c) se esté ejecutando o d) se haya ejecutado el acto reclamado. Ello determina la competencia territorial de los jueces de Distrito conforme a razones de índole funcional que permitan realizar la actividad jurisdiccional de forma eficaz, eligiendo factores que deben considerarse preferentes para fijar esa competencia en materia de amparo, entre varias opciones, criterios relacionados con la ejecución del acto, atendiendo a razones de práctica, vinculadas con la eficacia y prontitud en el despacho de los asuntos. Ahora, para determinar la competencia de un juez de Distrito en el conocimiento de un juicio de amparo donde se reclamen actos decisorios y actos ejecutivos, debe atenderse, en este último caso, al lugar donde éstos se realicen o traten de realizarse o se hubieren ejecutado. En el caso, la parte quejosa, en su demanda de amparo, señala como actos reclamados: a) La negativa verbal de agendar en forma rápida y expedita, cita médica en la Clínica de Consulta Externa Tlalnepantla, para ser valorado por Salud en el Trabajo. b) La omisión de calificar riesgo de trabajo y dictaminar su incapacidad permanente total. c) La omisión de emitir dictamen de inhabilitación. Que atribuye al: 1º Director de la Clínica de Consulta Externa Tlalnepantla del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y municipios; y, 2º Doctor Cuautémoc Arturo Bernal Bravo, adscrito al consultorio siete vespertino de dicha clínica. Con residencia en Tlalnepantla de Baz, Estado de México. En el capítulo relativo a los hechos y abstenciones que constituyen esos actos, se afirmó, bajo protesta de decir verdad, que: El quejoso es una persona con discapacidad sensorial a consecuencia de un riesgo de trabajo. Actualmente se encuentra habitando en la ciudad de Oaxaca bajo el cuidado de una persona de apoyo. Cotiza bajo el régimen obligatorio del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, ya que desde mil novecientos ochenta y ocho se desempeñó como oficial de tránsito y a partir del año mil novecientos noventa y siete fue adscrito al municipio de Tultitlán, Estado de México. El diez de mayo de dos mil dieciocho, mientras se encontraba laborando, tuvo un accidente y se golpeó con la puerta de la patrulla en la frente y ojo izquierdo. El treinta de enero de dos mil veintiuno, cuando se encontraba laborando, en el cubículo de radio operador c-2 de Tultitlán, chocó con una puerta de cristal, por lo que perdió casi la totalidad de visibilidad de ambos ojos y le fueron otorgadas incapacidades desde el uno de febrero de dos mil veintiuno. El artículo 94 de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, dispone que cuando un servidor público sufra una incapacitación física o mental, temporal o permanente, que le impida desempeñar su trabajo, será acreedor a la pensión por inhabilitación; en tanto que, el diverso numeral 133 de la Ley del trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios del Estado Libre y Soberano de México, dispone que si a los tres meses de haberse producido la incapacidad por riesgo de trabajo, el servidor público no está en aptitud de reincorporarse a sus labores, él mismo o la institución pública o dependencia en la que presta sus servicios, deberán solicitar al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, que resuelva sobre el grado de su incapacidad. Con motivo de ello, previa hoja de evolución y tratamiento que se le practicó el veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno en el hospital regional de Tlalnepantla del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, fue referido a medicina del trabajo para calificación de riesgo de trabajo. En esa misma fecha, veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, se presentó en el departamento de Salud en el Trabajo y solicitó cita para valoración en la clínica de consulta externa Tlalnepantla; sin embargo, el doctor que señala como autoridad responsable, le exigió, para agendar cita con el objeto de valorar su estado de incapacidad para el trabajo, exhibiera credencial de elector que coincidiera con el domicilio en el que labora, esto es, en Tultitlán, Estado de México. Al no contar con dicho requisito, ya que su credencial para votar tiene domicilio de la ciudad de Oaxaca, le fue negada cita para valoración clínica de su estado de incapacidad. Que, a la fecha, no ha logrado ser atendido por medicina del trabajo del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, para que se califique como riesgo de trabajo, se dictamine su incapacidad para el trabajo y se inicie el trámite para obtener la pensión por inhabilitación a que tiene derecho. ? Así, se aprecia que, por cuanto al acto reclamado consistente en: a) La negativa verbal de agendar en forma rápida y expedita, cita médica en la Clínica de Consulta Externa Tlalnepantla, para ser valorado por Salud en el Trabajo. Tuvo su ejecución en Tlalnepantla de Baz, Estado de México, ya que ahí se ubica la clínica de consulta externa, en la que se le negó agendar cita médica para valorar su estado de incapacidad para el trabajo, pues se le exigió, para ello, exhibiera credencial con domicilio en ese Estado. ? Y en relación con los diversos actos relativos a: b) La omisión de calificar riesgo de trabajo y dictaminar su incapacidad permanente total. c) La omisión de emitir dictamen de inhabilitación. Se estima que tienen la naturaleza de omisivos, que se caracterizan porque la autoridad se abstiene o se rehúsa a realizar determinada conducta, como lo sostuvo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia de datos de localización, rubro y texto siguientes: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2016418 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Común Tesis: 1a. XVII/2018 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 52, Marzo de 2018, Tomo I, página 1092 Tipo: Aislada CONCEPTO DE OMISIÓN COMO ACTOS DE AUTORIDAD. Desde un punto de vista conceptual, la simple inactividad no equivale a una omisión. En el ámbito jurídico, para que se configure una omisión es imprescindible que exista el deber de realizar una conducta y que alguien haya incumplido con esa obligación. En este sentido, las autoridades no sólo pueden afectar a los ciudadanos a partir de la realización de actos positivos, sino también a través de actos negativos u omisiones. Los artículos 94 y 96 de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios disponen lo siguiente: "Artículo 94. Cuando el servidor público sufra una incapacitación física o mental, temporal o permanente, que le impida desempeñar su trabajo, será acreedor a la pensión por inhabilitación. El servidor público inhabilitado por causa del servicio tendrá derecho al pago de una pensión cuyo monto será equivalente al sueldo sujeto a cotización del sistema solidario de reparto que percibía al quedar inhabilitado. El servidor público inhabilitado por causas ajenas al servicio tendrá derecho al pago de una pensión cuyo monto se calculará con base en el sueldo de referencia, de acuerdo con las tasas de reemplazo señalados en la tabla siguiente: .". "Artículo 96. Para el otorgamiento de la pensión por inhabilitación se deberá contar con el dictamen médico emitido por el Instituto en el que se certifique el estado de incapacidad y en su caso, con las copias certificadas de las respectivas diligencias judiciales o administrativas que se hubieren realizado sobre el caso. -- - - .". Por su parte, los numerales 133 y 134 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios determinan: "Artículo 133. Los riesgos de trabajo que sufran los servidores públicos se regularán en forma supletoria por las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. Si a los tres meses de haberse producido la incapacidad por riesgo de trabajo el servidor público no está en aptitud de reincorporarse a sus labores, él mismo o la institución pública o dependencia en la que presta sus servicios, deberán solicitar al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios que resuelva sobre el grado de su incapacidad. En caso de que dicho Instituto no dictamine su incapacidad permanente, el servidor público deberá someterse a revisión cada tres meses en un período máximo de un año, término en el que el Instituto deberá emitir dictamen sobre el grado de la incapacidad y, en su caso, la institución pública o dependencia deberá proceder a darlo de baja para que pueda gozar de la pensión por inhabilitación que le corresponda, independientemente del pago de la indemnización a que tenga derecho por el riesgo de trabajo sufrido. Las licencias que con este motivo se concedan serán con goce de sueldo íntegro, mientras subsista la imposibilidad de trabajar, hasta que se dictamine la inhabilitación del servidor público. "Artículo 134.- Al ocurrir un accidente de trabajo, la institución pública o dependencia deberá proporcionar de inmediato la atención médica que requiere el servidor público y dar aviso al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios y a la Secretaría del Trabajo. - -- - .". De acuerdo con esos preceptos legales, existe obligación por parte del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y municipios de emitir dictamen médico en el que se certifique el estado de incapacidad del trabajador; y si transcurrido un término de tres meses de haberse producido la incapacidad por riesgo de trabajo, el servidor público no está en aptitud de reincorporarse a sus labores, este último o la institución o dependencia en que presta sus servicios, deberán solicitud a dicho Instituto, que resuelva sobre el grado de su incapacidad. Entonces, las omisiones que reclama el quejoso, como son las de a) calificar riesgo de trabajo y dictaminar su incapacidad permanente total, así como b) emitir dictamen de inhabilitación, constituyen actos negativos con efectos positivos, pues se erige en actos de tal naturaleza capaz de producir, en el mundo fáctico o real, una consecuencia material, a saber, emitir dictamen respecto de incapacidad e inhabilitación para continuar laborando en Tultitlán, Estado de México, donde tiene su adscripción y sufrió las lesiones que le impiden tener visión completa. De ahí que si uno de los actos reclamados ya se ejecutó, en tanto las omisiones son ejecutables materialmente, en Tlalnepantla de Baz, Estado de México, donde se encuentra la autoridad a la que se le pidió emita el dictamen de incapacidad e inhabilitación, entonces, este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca no es legalmente competente, para conocer de la demanda de amparo, sino que lo es el Juzgado de Distrito en el Estado de México, residente en Naucalpan, en turno, que ejerce jurisdicción sobre ese lugar de Tlalnepantla de Baz, como lo establecen los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo y los Acuerdos Generales 45/2016, 3/2013, este último reformado mediante diverso 3/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Sin que el hecho de que el quejoso manifieste que tiene su domicilio en Ánimas Trujano, Oaxaca, le dé competencia a este órgano jurisdiccional para conocer de la demanda de amparo, ya que, en este caso, no es el domicilio el que finca tal aspecto, sino el lugar en el que se encuentran las autoridades que ejecutan los actos reclamados. Por lo anterior, se ordena remitirle la demanda de amparo y copia de los mismos, y se solicita atentamente a dicho Juzgado comunique si acepta o no la competencia declinada. Se ordena formar cuaderno de antecedentes y realizar las anotaciones respectivas. Suspensión de plano. Por otra parte, el quejoso solicita la suspensión de oficio de los actos reclamados, para el efecto de que las autoridades responsables: 1º Director de la Clínica de Consulta Externa Tlalnepantla del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y municipios; y, 2º Doctor Cuautémoc Arturo Bernal Bravo, adscrito al consultorio siete vespertino de dicha clínica. Con residencia en Tlalnepantla de Baz, Estado de México. Venzan su abstención y cumplan con la obligación que la ley les ordena, esto es, lo valoren para que se califique el riesgo de trabajo mediante la emisión del dictamen correspondiente. Lo anterior, dice, porque la negativa tiene relación con el incumplimiento de las obligaciones de respetar, proteger y garantizar que impone a las autoridades el artículo 1º constitucional; aunado a que con la hoja de evolución y tratamiento de veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, así como de la nota de referencia de veinte de ese mes de septiembre, en el que se le envía al servicio de consulta medicina del trabajo para trámite de inhabilitación, acredita que el trámite subsiguiente corresponde a medicina del trabajo para inhabilitación. Con ello, dice, se asegurará que la persona con discapacidad pueda continuar su trámite y acceder a las prestaciones que le correspondan, si resultara procedente. Así planteado tal aspecto, resulta improcedente conceder la suspensión de oficio y de plano, ya que los actos reclamados no pueden ser objeto de paralización en esos términos, por no satisfacerse el supuesto previsto por el artículo 126 de la Ley de Amparo, ya que no se trata de aquellos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, ni se refiere a la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. Usuario para acceso expediente electrónico. Con apoyo en los artículos 3 de la Ley de Amparo, 39 y 55 del acuerdo general 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expedientes electrónicos y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza a dicha parte quejosa para que tenga el acceso al expediente electrónico 1094/2021 a través del usuario Clopez. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

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