Sergio Omar Y/O Ángela Sofía Rivera Zárate

Expediente 703/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 8 actuaciones registradas, la última del 15 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
703/2022
Año
2022
Actuaciones
8
Última actuación
15/07/2022

Partes del expediente

  • Sergio Omar Y/O Ángela Sofía Rivera Zárate

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    ...CÚMPLASE...

  2. Principal

    ...NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA Y POR OFICIO AL DEFENSOR QUE LE FUE DESIGNADO...

  3. Principal

    ...VISTO EL ESTADO PROCESAL DE AUTOS...SE DECLARA QUE EL AUTO POR EL QUE SE DESECHÓ DE PLANO LA DEMANDA HA CAUSADO ESTADO...ARCHÍVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO CONCLUIDO...

  4. Principal

    ...Querétaro, Querétaro, a veinte de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado electrónicamente por la Secretaria del Juzgado Cuarto de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, a través del cual en atención a lo solicitado en auto diez de junio de dos mil veintidós, ese órgano jurisdiccional habilitó el acceso electrónico al juicio de amparo 591/2022-VIII de su índice promovido por la parte aquí quejosa, y lo vinculó al juicio en que se actúa, con la finalidad de obtener las constancias que este órgano jurisdiccional requirió en ese acuerdo. En ese sentido, se instruye a la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) de este Juzgado Federal, para que realice las gestiones necesarias, a fin de que habilite los campos correspondientes para que este órgano jurisdiccional pueda realizar la consulta electrónica del expediente 591/2022-VIII del Juzgado Cuarto de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, vinculado a este juicio. Hecho lo anterior, y teniendo a la vista el consabido expediente electrónico, se ordena imprimir y certificar copia de la demanda de amparo, auto de prevención, escrito por el que se aclaró la demanda, así como del acuerdo de dos de junio de dos mil veintidós, que desechó parcialmente la demanda respecto de algunos de los actos reclamados y la admitió respecto de otros, a fin de que se tengan a la vista al momento en que este Juzgado provea sobre la admisión de la demanda origen de este expediente, lo que se realizará más adelante. Por otra parte, se toma nota de que al momento de la notificación del último de los citados acuerdos la parte quejosa ratificó el contenido del escrito a través del que dio cumplimiento parcial a la prevención aludida. En otro orden de ideas, intégrese a los autos el escrito que signa Ángela Sofía Rivera Zárate (mujer trans), por su propio derecho, a través del que da cumplimiento a la prevención realizada en auto de seis de junio de dos mil veintidós, y reiterada en auto de diez de junio del año en curso. En ese sentido, dado que al atender a la demanda de amparo y su escrito aclaratorio se aprecia que los actos reclamados consisten en: La omisión, negativa, restricción o limitación de comida o dieta impuesta al interior del Centro Penitenciario CP1 Varonil de San José El Alto, Querétaro, con lo cual se le discrimina, y le causa actos de tortura psicológica, tormentos y daños a la salud, discriminación, así como al libre desarrollo de su personalidad, actos que atribuye al Comisionado del Sistema Estatal Penitenciario del Estado de Querétaro, al Titular, al Jefe de Seguridad y diverso personal del Centro Penitenciario CP1 Varonil de San José El Alto, Querétaro, así como a la Secretaria de Salud del Poder Ejecutivo del Estado. Actos respecto de los cuales, este órgano jurisdiccional advierte se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;" Esa causal de improcedencia, limita el juicio de amparo indirecto para aquellos actos que tienen carácter definitivo, entendiéndose por esto que previamente se hayan agotado, los recursos o medios de defensa ordinarios, a través de los que el acto reclamado, puede ser revocado, modificado, nulificado o quedar sin efectos. Luego entonces, si en la demanda se precisa que la directa quejosa está recluidos en el Centro Penitenciario CP1 Varonil de San José el Alto, Querétaro; es imperativo precisar que todo lo relativo a las condiciones de internamiento en dicho centro de reclusión, se rige conforme a la Ley Nacional de Ejecución Penal, al ser el ordenamiento aplicable a las personas privadas de su libertad, con motivo de la prisión preventiva o en cumplimiento de una sentencia, cuyo origen indistintamente provenga del sistema tradicional o mixto, o conforme al nuevo sistema penal acusatorio. Así, conforme al artículo tercero transitorio de la Ley Nacional de Ejecución Penal, los mecanismos de control jurisdiccional previstos en la ley deben aplicarse de acuerdo con el principio pro-persona, establecido en el artículo 1º constitucional, teniendo como base la reforma a los artículos 18 y 21 constitucionales, que involucra tanto al sistema tradicional, como al nuevo sistema penal acusatorio; lo cual, tiene congruencia con lo definido en la Jurisprudencia P./J.17/2012 (10a), del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la nación, de rubro: "PENAS. SU EJECUCIÓN ES COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL PODER JUDICIAL, A PARTIR DEL 19 DE JUNIO DE 2011". Esto, tiene como finalidad de que las personas privadas de la libertad hagan valer los procedimientos administrativos o jurisdiccionales que estuvieren a su alcance al momento de su ingreso a reclusión o aquellos que se generen con posterioridad mientras permanezcan internos, salvo aquellos que no se refieran a la aplicación de las sanciones y medidas penales impuestas. En relación con lo anterior, el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo es improcedente en aquellos casos en donde la ley del acto prevea un recurso o medio ordinario de defensa virtud del cual sea factible modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, esto es, cuando el quejoso puede obtener la satisfacción de sus intereses, a través de la tramitación del medio de defensa que la ley ordinaria prevea, en atención al principio de definitividad, salvo las excepciones correspondientes. Extremo este último cuya actualización no queda al arbitrio del interesado, quien por el solo hecho de señalar violaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y tratados internacionales no puede colocarse motu propio en el caso de excepción. Al respecto, del artículo 18, párrafo segundo, de la Ley Fundamental , así como de los artículos 1, 2, 4, tercer y cuarto párrafos, 9, 25, fracción I, 30, 107 al 116, 122 y 130 al 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal , se advierte la existencia de un procedimiento administrativo, relativo a las peticiones de las personas privadas de su libertad, atinente a la afectación de sus condiciones de vida digna y segura en reclusión. Al respecto, la citada Ley Nacional de Ejecución Penal, dispone que las peticiones referentes a la afectación de derechos en reclusión, deben efectuarse por escrito -respecto del cual no se exige formalidad alguna- ante el Director del Centro en que se encuentren recluidos, en el entendido de que en el escrito se podrá aportar información que se considere pertinente con el objeto de demostrar lo irregular de las condiciones de vida y seguridad en reclusión; incluso, la autoridad penitenciaria debe auxiliar a las personas privadas de la libertad -cuando se lo soliciten- a formular el escrito correspondiente en el que, además, el interno puede ofrecer pruebas; y, a su vez, la autoridad está obligada a recabar las necesarias para resolver la petición. Asimismo, la aludida ley establece la forma que deben sustanciarse las peticiones, esto es: 1. Una vez recibida la petición, la autoridad penitenciaria dentro de las veinticuatro horas siguientes, la admitirá e iniciará el trámite del procedimiento, o bien, prevendrá en caso de ser confusa; dicha determinación debe notificarse de forma personal al promovente; 2. En caso de prevención, el peticionario tendrá un plazo de setenta y dos horas a partir de su notificación para subsanarla. De no hacerlo, la autoridad penitenciaria citará al promovente para que de manera personal y verbal aclare su petición. Hecho lo anterior, se emitirá la resolución sobre el fondo de la cuestión planteada. En caso de no acudir a la citación, se tendrá por desechada la petición formulada. 3. Admitida la petición, el director del Centro tiene la obligación de allegarse por cualquier medio de la información necesaria, dentro del plazo señalado para resolver, considerando siempre la que, en su caso, hubiese aportado el peticionario, y con la finalidad de emitir una resolución que atienda de manera óptima la petición, en caso de que así procediera. 4. El Director del Centro estará obligado a resolver dentro de un plazo de cinco días, contados a partir de la admisión de la petición, y a notificar al peticionario en un plazo no mayor a veinticuatro horas, posteriores al dictado de la resolución. Procedimiento, que conforme a lo narrado en la demandada de amparo no fue agotado por los quejosos o su defensa, ya que no se advierte que existe petición ante la Titular del Centro Penitenciario CP1 Varonil de San José el Alto, Querétaro, referentes a las condiciones de internamiento de la quejosa, específicamente en torno al volumen, suficiencia de los alimentos de los que requiere la quejosa. Incluso, de haberla presentado y ser desfavorable la respuesta, la propia Ley Nacional de Ejecución Penal -a su vez-, prevé la posibilidad de impugnar las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria ante la autoridad jurisdiccional a disposición de la que se encuentre interna la quejosa ya sea Juez de Control o Juez de Ejecución, dado que el artículo 114 de la citada legislación dispone que si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste: I) Podrá formular controversia ante el Juez dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución; y, II) Si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el Juez de Control o Ejecución podrá plantearse en cualquier momento. Mientras que por su parte, el artículo 115 de la citada legislación prevé un procedimiento especial aplicable a las peticiones relativas a casos urgentes, dentro del cual, se previene que el juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva la petición en definitiva; e incluso tratándose de omisiones el Juez determinará las acciones a realizar por la autoridad penitenciaria. De igual manera, es de resaltarse que los artículos 116, fracción I, 117 y 122 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establecen la competencia de los jueces de control y en su caso de ejecución, para conocer de controversias que versen sobre condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas, en el que se contempla la suspensión de los actos impugnados. Por tanto, si en el caso concreto lo reclamado consiste en la omisión, negativa, restricción o limitación de comida o dieta impuesta a la quejosa al interior del Centro Penitenciario CP1 Varonil de San José El Alto, Querétaro; respecto a dicho acto, existe un procedimiento judicial previsto en los artículos 116 a 119, y 122 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, el cual debe agotarse previo a la promoción del juicio de amparo, pues éste es un medio extraordinario de defensa, el cual sólo es procedente cuando el acto reclamado además de irrogar un perjuicio irreparable a la parte quejosa, ha adquirido el carácter de definitivo. De los que se desprende que las personas legitimadas para formular las peticiones administrativas ante el centro penitenciario, a su vez también tienen acción judicial ante el juez de Control o de Ejecución, según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre los aspectos contemplados en el artículo 117 de la mencionada ley. En suma, este juzgador advierte que en el caso se actualiza la causal de improcedencia invocada, toda vez que la impetrante del amparo acude a la vía constitucional a solicitar el amparo y la protección de la justicia federal, contra la omisión, negativa, restricción o limitación de comida o dieta que le fue impuesta al interior del Centro Penitenciario CP1 Varonil de San José El Alto, Querétaro, dicho acto al ser inherente a las condiciones de internamiento de la quejosa, que indudablemente se refiere a cuestiones claramente reguladas en las disposiciones de la Ley Nacional de Ejecución Penal, y no de manera privativa o exclusiva en las disposiciones constitucionales o convencionales. De hecho, debe considerarse que dada la concurrencia del citado mecanismo de defensa, para que se actualizara alguna excepción al principio de definitividad, el derecho fundamental que se señalara como vulnerado, tendría que carecer de alguna regulación especial por parte de la Ley Nacional de Ejecución Penal, cuya existencia tampoco puede desconocer la parte amparista, so pretexto de argumentar alguna violación directa a la Constitución. Lo cual, obliga a la amparista a formular controversia en los términos previstos en los artículos 116, 117 o 122 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, según corresponda previo a acudir al juicio de amparo, y seguir el procedimiento establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal; sostener lo contrario, implicaría dejar quedaría a criterio del justiciable acudir directamente al juicio de amparo sin agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establece; extremo que resultaría contrario a la intención del legislador, pues previo a acudir a la vía constitucional, el acto reclamado debe adquirir la característica de definitividad. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada emitida en la Quinta Época por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 319898, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo CIII, Materia Administrativa, tesis [no se incluye en la publicación], página 1835, que indica: "ACTO RECLAMADO, DEFINITIVIDAD DEL. Para los efectos de la procedencia del amparo, el carácter de definitividad del acto reclamado, debe basarse en la posibilidad o imposibilidad de su impugnación, por medio de un recurso ordinario, pues de no existir ese recurso el acto reclamado es ya una molestia y también una afectación de los derechos de particulares, quienes no pueden dejar transcurrir el término señalado por la ley, ya que el acto queda firme e inatacable por medio del juicio de amparo. Ahora bien, la orden de cancelación de un permiso o autorización, dado que cancelar significa una acción definitiva, es un acto que contiene las características de definitividad, a que se refiere la fracción IX del artículo 107 constitucional, por no existir recurso alguno ordinario en contra de ella." Lo anterior es así, pues con motivo de la entrada en vigor de la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el diecinueve de junio de dos mil once [publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho], y de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se generó un cambio sustancial en el régimen penitenciario, al disponerse la intervención primaria de las autoridades administrativas en cuanto a la supervisión de los medios utilizados para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad, así como para conocer de primera mano de los pedimentos o solicitudes que generen los internos en relación con las condiciones de su internamiento, así como la intervención de los Jueces de Control o Ejecución en materia penal, tanto en el ámbito federal como local, para conocer de los eventos acontecidos durante el internamiento de los imputados y el cumplimiento de las sentencias a través de un mecanismo de defensa admisible frente a los actos unilaterales de la autoridad penitenciaria, frente a las determinaciones que estas adopten ante las solicitudes de los internos, y frente a las omisiones, prohibiciones o restricciones en que dichas autoridades carcelarias incurran en relación con dichos pedimentos, sea que se nieguen a recibirlos, o que recibiéndolos, se abstengan de darles respuesta. Por consiguiente, conforme al nuevo orden constitucional, los Jueces de Control o Ejecución deben asegurar el cumplimiento de la prisión preventiva, o las penas y controlar las diversas situaciones que puedan producirse, así como las decisiones que sobre dicha ejecución pueda adoptar la administración penitenciaria. Sumado a ello, se destaca que las reformas constitucional y legal sobre el sistema penitenciario, tuvieron como uno de sus propósitos esenciales involucrar al juez de ejecución como protector inmediato de los derechos humanos de los internos, conforme se refleja en el artículo 25, fracción I, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, anteriormente trascrito. En tales condiciones, las controversias sobre la situación de los internos, por regla general, deben ser del conocimiento del juez de ejecución, pues de otro modo no tendrían efecto útil las disposiciones de la ley en comento y serían obsoletas en tanto que se dejaría de cumplir con su objetivo, consistente en garantizar la protección de los derechos fundamentales de las personas privadas de su libertad en forma directa e inmediata. Además, se dejaría de observar que el ánimo de la reforma es garantizar con celeridad esa protección, ya que el procedimiento respectivo es breve, dado que el juez de ejecución tiene la obligación de resolver en un plazo máximo de setenta y dos horas, según se trate de un caso urgente a efecto que de ser procedente la acción, obligue a la autoridad penitenciaria tanto a recibir como a dar respuesta de fondo a la petición formulada. Es aplicable al caso concreto la Jurisprudencia emitida en la Décima Época por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 2001988, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 1, Materia Constitucional-Penal, tesis P./J. 17/2012 (10a.), página 18, del rubro y texto siguientes: "PENAS. SU EJECUCIÓN ES COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL PODER JUDICIAL, A PARTIR DEL 19 DE JUNIO DE 2011. Con la entrada en vigor el 19 de junio de 2011 de la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, se introdujo el modelo penitenciario de reinserción social y judicialización del régimen de modificación y duración de las penas, al ponerse de manifiesto que no sería posible transformar el sistema penitenciario del país si la ejecución de las penas seguía bajo el control absoluto del Poder Ejecutivo; de ahí que para lograr esa transformación se decidió reestructurar el sistema, circunscribiendo la facultad de administrar las prisiones al Poder Ejecutivo y confiriendo exclusivamente al Poder Judicial la de ejecutar lo juzgado, para lo cual se creó la figura de los "Jueces de ejecución de sentencias", que dependen del correspondiente Poder Judicial. Lo anterior pretende, por un lado, evitar el rompimiento de una secuencia derivada de la propia sentencia, pues será en definitiva el Poder Judicial, de donde emanó dicha resolución, el que vigile el estricto cumplimiento de la pena en la forma en que fue pronunciada en la ejecutoria y, por otro, acabar con la discrecionalidad de las autoridades administrativas en torno a la ejecución de dichas sanciones, de manera que todos los eventos de trascendencia jurídica que durante la ejecución de la pena puedan surgir a partir de la reforma constitucional, quedan bajo la supervisión de la autoridad judicial en materia penal, tales como la aplicación de penas alternativas a la de prisión, los problemas relacionados con el trato que reciben cotidianamente los sentenciados, la concesión o cancelación de beneficios, la determinación de los lugares donde debe cumplirse la pena y situaciones conexas." Ante esas condiciones, la negativa, omisión, restricción o dieta de alimentos que le fue impuesta a la quejosa , debe ser combatida ante el propio Titular del Centro Penitenciario CP1 Varonil de San José el Alto, Querétaro, y en su caso de ser desfavorable la impugnación de lo que éste determine, debe efectuarse ante el Juez de ejecución penal o ante el Juez de control, atendiendo si a la fecha la quejosa ha sido sentenciada o no, en términos de lo dispuesto por el artículo 122 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, esto es, por escrito ante la administración del juzgado, precisando el nombre de la promovente, datos de localización, el relato de su inconformidad, los medios de prueba en caso de contar con ellos, la solicitud de suspensión del acto cuando considere que se trata de caso urgente y la firma o huella digital. Lo anterior, ya que a su vez, el Juez competente, de acuerdo con la naturaleza de la pretensión, de oficio o a petición de parte, debe ordenar la suspensión del acto si lo considera pertinente, así como el desahogo de las pruebas que estime conducentes para resolver el conflicto; máxime cuando el acto reclamado implica una controversia con relación a las condiciones de internamiento de la quejosa, quien se encuentra en reclusión bajo la supervisión y responsabilidad de la propia autoridad responsable. Por tanto, si en la especie la parte quejosa se abstuvo de formular petición directamente ante la Titular del Centro de Penitenciario CP1 Varonil de San José el Alto, Querétaro, a fin de que previo al momento en que se presentó la demanda de amparo, se otorgará el alimento suficiente del que requiere la quejosa para su subsistencia, es evidente que, tampoco agoto el procedimiento previsto en los artículos 116, 117 o 122 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, según el caso, el juicio de amparo es improcedente al no haberse agotado el principio de defintividad, y dado que en la especie no se actualiza la excepción consistente en la violación directa a la Constitución Federal, en razón de que el quejoso no solo reclamó violaciones de tal carácter, sino que evidentemente también reclamó temas de legalidad. Es aplicable al caso concreto la Jurisprudencia emitida en la Séptima Época por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 237480, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 175-180, Tercera Parte, Materia Común, tesis [no la incluye la publicación], página 119, del rubro y texto siguientes: "RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO UNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCION. En principio un juicio de garantías es improcedente y debe ser sobreseído cuando la parte quejosa no hace valer, previamente a la promoción de dicho juicio, los recursos ordinarios que establezca la ley del acto, pues entre los principios fundamentales en que se sustenta el juicio constitucional se halla el de definitividad, según el cual este juicio, que es un medio extraordinario de defensa, sólo será procedente, salvo los casos de excepción que la misma Constitución y la Ley de Amparo precisan, y, con base en ambas, esta Suprema Corte en su jurisprudencia, cuando se hayan agotado previamente los recursos que la ley del acto haya instituido precisamente para la impugnación de éste. Como una de las excepciones de referencia, esta Suprema Corte ha establecido la que se actualiza cuando el acto reclamado carece de fundamentación y motivación, ya que no instituirla significaría dejar al quejoso en estado de indefensión, porque precisamente esas carencias (falta absoluta de fundamentación y motivación) le impedirían hacer valer el recurso idóneo para atacar dicho acto, pues el desconocimiento de los motivos y fundamentos de éste no le permitirían impugnarlo mediante un recurso ordinario. Empero, no hay razón para pretender que, por el hecho de que en la demanda de garantías se aduzca, al lado de violaciones a garantías de legalidad por estimar que se vulneraron preceptos de leyes secundarias, violación a la garantía de audiencia, no deba agotarse el recurso ordinario, puesto que, mediante éste, cuya interposición priva de definitividad el acto recurrido, el afectado puede ser oído con la amplitud que la garantía de audiencia persigue, ya que tiene la oportunidad de expresar sus defensas y de aportar las pruebas legalmente procedentes. En cambio, cuando únicamente se aduce la violación de la garantía de audiencia, no es obligatorio, para el afectado, hacer valer recurso alguno. El quejoso debe, pues, antes de promover el juicio de garantías, agotar el recurso establecido por la ley de la materia, pues la circunstancia de que en la demanda de amparo se haga referencia a violaciones de preceptos constitucionales no releva al afectado de la obligación de agotar, en los casos en que proceda, los recursos que estatuye la ley ordinaria que estima también infringida, pues de lo contrario imperaría el arbitrio del quejoso, quien, por el solo hecho de señalar violaciones a la Carta Magna, podría optar entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca." Resta decir, que no obsta a lo anterior, lo narrado por la quejosa en el sentido de que previo a la promoción de este juicio de amparo, inició una controversia contra el Titular del Centro Penitenciario CP1 Varonil de San José El Alto, Querétaro, para que al interior de ese centro en que está recluida se le proporcionaran alimentos en forma bastante o suficiente, y que se vio obligado a desistir de dicho medio de impugnación en virtud de que, a su consideración el Juez de Ejecución retardaba el procedimiento relativo de manera injustificada, dado que en su caso debió combatir esa omisión o paralización del procedimiento por parte del Juez a través de los medios de impugnación correspondientes. Asimismo, cabe precisar que al ser el acto que reclama (omisión o negativa de proporcionarle alimentos suficientes, o bien, restricción o dieta de éstas) de tracto sucecivo, es decir, que se actualiza de momento a momento, el haberse desistido de la controversia antes aludida, no le impide iniciar una nueva a fin de obtener su pretensión, esto es, que en lo subsecuente se le otorgue alimento suficiente al interior de esa penitenciaría. Por consiguiente, al actualizarse la causa de improcedencia previstas en el artículo 61 fracción XX (definitividad) de la Ley de Amparo, en torno al acto reclamado; con fundamento en el artículo 113 de la misma legislación, se DESECHA DE PLANO la demanda de amparo que promueve Ángela Sofía Rivera Zárate (mujer trans), por su propio derecho. En abundamiento cabe señalar que, el mismo criterio sostuvo este órgano jurisdiccional en auto de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, dictado en el juicio de amparo 656/2022 del índice de este órgano jurisdiccional, en el que desechó de plano la demanda promovida por la propia quejosa, en contra de similar acto reclamado y autoridades responsables, lo cual constituye un hecho notorio para este órgano jurisdiccional en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y el cual está firme al no haber sido impugnado por la quejosa, debiendo agregar a los autos copia certificada de las actuaciones de ese juicio. Asimismo, igual criterio sostuvo el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, en el juicio de amparo 591/2022, cuando en auto de dos de junio de dos mil veintidós, desechó parcialmente la demanda de amparo promovida por la aquí quejosa respecto de los actos que reclamó de diversa autoridades penitenciarias, consistentes en restricciones de tipo alimenticio (omisión de otorgarle alimento, ayuno o dieta prolongada) Sin que lo anterior, constituya cosa juzgada respecto de los actos reclamados en este juicio, pues se considera que la omisión de proporcionar alimentos se da momento a momento, sin embargo, dichos criterios son aptos para sostener que lo reclamado por la quejosa al estar referido a condiciones de internamiento exige que previo a la promoción del juicio de amparo, se agoten los medios de impugnación a que alude la Ley Nacional de Ejecución Penal. NOTIFÍQUESE, PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA Y POR OFICIO AL DEFENSOR QUE LE FUE DESIGNADO EN ESTE JUICIO DE AMPARO. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Juri Madrigal Paniagua, Juez Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, con residencia en la ciudad del mismo nombre, ante el Secretario licenciado Leonardo Daniel Anaya Arias, quien autoriza y da fe. Doy fe...

Quedan 4 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro · 9,611 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano