Sergio Omar Livera Chavarria

Expediente 682/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
682/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
15/06/2022

Partes del expediente

  • Sergio Omar Livera Chavarria

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a quince de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiese recurrido el auto de treinta de mayo de dos mil veintidós, dictado por este juzgado de Distrito, por medio del cual se desechó de plano la demanda de amparo de que se trata. En consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 24 y 31, de la ley antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho acuerdo ha quedado firme, para todos los efectos legales correspondientes. Atento a lo anterior, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte; y toda vez que se desechó de plano la demanda de amparo, se declara que este expediente es susceptible de destrucción. Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que, en términos del artículo 15, del citado Acuerdo General, no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes, no es un juicio relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, no fue generado por un Pleno de Circuito en el que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, tampoco fue utilizado para integrar jurisprudencia o tesis aislada de un Tribunal de Circuito, por lo que no es necesaria su conservación. De igual forma se precisa que este expediente no contiene información reservada, ni existen documentos originales exhibidos por las partes, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    SIENDO LAS NUEVE HORAS DEL TRES DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, SE TIENE POR NOTIFICADA DEL ACUERDO DE TREINTA DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS, DICTADA POR EL TITULAR DE MI ADSCRIPCIÓN, EN EL JUICIO DE AMPARO EN QUE SE ACTÚA, A LA PARTE QUEJOSA, POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS QUE SE FIJA EN LUGAR VISIBLE EN ESTE JUZGADO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO. Número de expediente: 682/2022 Acuerdo: Cuernavaca, Morelos, a treinta de mayo de dos mil veintidós. Téngase por recibida la demanda de amparo presentada por ***, quien promueve por propio derecho y ostentándose con el carácter de Presidente del Ayuntamiento de Totolapan, Morelos. Desechamiento de demanda. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo presentada por *****************, quien promueve por propio derecho y ostentándose con el carácter de Presidente del Ayuntamiento de Totolapan, Morelos, contra los actos que reclama del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, consistentes en los autos de quince y dieciséis de marzo de dos mil veintidós, dictados en el expediente laboral *******, mediante los cuales se apercibe que se impondrá a *****************, en su carácter de Presidente del Ayuntamiento de Totolapan, Morelos, la medida de apremio que dispone el artículo 148 de la Ley del Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, consistente en multa por la cantidad de mil pesos. Para arribar a la citada determinación, deben considerarse únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañan; así, por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible llegar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Asentado lo anterior, este juzgado de Distrito advierte que, en relación con los actos reclamados consistentes en los autos de quince y dieciséis de marzo de dos mil veintidós, dictados en el expediente laboral *******, mediante los cuales se apercibe que se impondrá a *****, en su carácter de Presidente del Ayuntamiento de Totolapan, Morelos, la medida de apremio que dispone el artículo 148 de la Ley del Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, consistente en multa por la cantidad de mil pesos, se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XII, en relación con los diversos 6 y 7, todos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; ." "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5 de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." "Artículo 7. La Federación, los Estados, el Distrito Federal, los municipios o cualquier persona moral pública podrán solicitar amparo por conducto de los servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables, cuando la norma general, un acto u omisión los afecten en su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares. Las personas morales oficiales estarán exentas de prestar las garantías que en esta Ley se exige a las partes." Del análisis de los preceptos de mérito, se colige que de acuerdo al principio de instancia o iniciativa de parte agraviada, la acción de promover el amparo, debe ser ejercida por la persona que ve afectado su interés legítimo o esfera jurídica con motivo de la emisión y/o ejecución de un acto de autoridad. Asimismo, para que una persona jurídica colectiva o particular pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, debe afectar sus derechos humanos el acto o ley que reclama; lo que tratándose de personas jurídicas colectivas oficiales de acuerdo a lo establecido en el artículo 7 de la Ley de Amparo, sólo podrá ocurrir en demanda, por conducto de los funcionarios o representantes que designen las leyes, cuando el acto o la ley que se reclame afecte directamente los intereses patrimoniales de aquélla, pero tratándose de relaciones jurídicas en las que se encuentre en un plano de igualdad con los particulares. La única excepción a esta regla general es la establecida en el artículo 7 de la Ley de Amparo, conforme a la cual, las personas jurídicas colectivas oficiales pueden promover dicho juicio constitucional cuando el acto o ley que reclamen afecte sus intereses patrimoniales; pero, se insiste, cuando haya actuado en un plano de igualdad con los particulares, no así, cuando hayan sido demandados en una contienda, precisamente, en su carácter de autoridad. La excepción de que se trata encuentra justificación en el hecho de que el Estado, por conducto de las personas jurídicas colectivas oficiales, puede obrar con un doble carácter, a saber, como entidad pública y como persona jurídica colectiva de derecho privado. En el primer caso su acción deriva del ejercicio de las facultades de que está investido como poder público, es decir, de las atribuciones que le permiten actuar desde una perspectiva de supra a subordinación con los particulares. En el segundo caso, obra en las mismas condiciones que estos, es decir, actúa desprovisto de imperio y, en consecuencia, contrae obligaciones y adquiere derechos de la misma manera en que lo hacen los individuos. Es precisamente esta equiparación lo que motivó al legislador a dotar al Estado de los mismos derechos tutelares que al individuo. De esta manera, los preceptos legales trascritos evidencian que la legitimación procesal para ocurrir al amparo la tienen la persona o personas, físicas o jurídicas colectivas, directamente agraviadas por la ley o acto que se estime violatorio de derechos humanos. Igualmente se aprecia que una persona jurídica colectiva oficial cuenta con legitimación para promover juicio de amparo en contra de normas generales o actos de autoridad, siempre y cuando la afectación a sus intereses patrimoniales sean derivados o tengan su origen en actos jurídicos que realiza como particular o gobernado, bajo un plano de igualdad en una relación de coordinación frente a otro gobernado; distinguiéndose así dicha actuación con la que realiza en despliegue de sus atribuciones propias de gobierno, porque en estas últimas, el organismo público crea, modifica o revoca, unilateralmente, una situación que afecta la esfera legal del particular. Así, el artículo 7 de la Ley de Amparo determina que la Federación, los Estados, el Distrito Federal, los municipios o cualquier persona moral pública podrán solicitar amparo por conducto de los servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables, cuando la norma general, un acto u omisión los afecten en su patrimonio respecto de las relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares; de manera que aun cuando una persona moral oficial se coloque en un plano de subordinación frente a una autoridad, la procedencia del juicio de amparo no se surte en contra de todos los actos que se emiten en el desarrollo de esa relación, ya que es necesario que se actualice una afectación a sus derechos patrimoniales. En el caso particular, ******************, en su carácter de Presidente del Ayuntamiento de Totolapan, Morelos, reclama como actos concretos los autos de quince y dieciséis de marzo de dos mil veintidós, dictados en el expediente laboral *******************, mediante los cuales se le apercibe en su carácter de Presidente del Ayuntamiento de Totolapan, Morelos, la medida de apremio que dispone el artículo 148 de la Ley del Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, consistente en multa por la cantidad de mil pesos. Ahora bien, en los apercibimientos para imponer la medida de apremio contenida en el artículo 148 de la Ley del Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, se entiende que ésta se aplica a la persona física o funcionario que en su actuar como autoridad incurrió en un desacato, y no a la dirección, dependencia u organismo descentralizado. En consecuencia, si la medida de apremio que contiene el artículo 148 de la Ley del Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, se dirige a la persona física que en su actuar como funcionario o autoridad incurre en un desacato, es susceptible de violar los derechos fundamentales de la persona física mencionada, afectando su esfera jurídica, por lo que tal persona, por derecho propio, es la única legitimada para promover el juicio de amparo; no así en su carácter de autoridad, pues no es al organismo público que representa al que se impuso la medida de apremio de arresto sino a su persona en su actuar como funcionario. Asimismo, sirve de apoyo por similitud de consideraciones, la jurisprudencia número 2a./J. 3/2001, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada a página 110, tomo XIII, Febrero 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto son: "AMPARO. LA PERSONA FÍSICA O TITULAR QUE ACTUANDO COMO AUTORIDAD FUE MULTADA POR EL TRIBUNA FISCAL DE LA FEDERACIÓN (ACTUALMENTE TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA), ESTÁ LEGITIMADA PARA PROMOVER EL JUICIO CORRESPONDIENTE. El artículo 239-B del Código Fiscal de la Federación, en sus fracciones III y V, establece que las Salas del Tribunal Fiscal de la Federación, al resolver el recurso de queja, si estiman que se incurrió en omisión total en el cumplimiento de la sentencia o en repetición de la resolución anulada, deberán imponer al funcionario responsable una multa equivalente a quince días de su salario. Por tanto, independientemente de que la Sala respectiva, al imponer la multa referida, lo haga mencionando el nombre del funcionario responsable de la omisión total o de la repetición aludidas, o bien, refiriéndose al titular de la dirección o dependencia del gobierno o del organismo descentralizado, se entiende que aquélla se impone a la persona física o funcionario que en su actuar como autoridad omite totalmente cumplir con la sentencia o repite la resolución anulada en la sentencia, y no a la dirección, dependencia u organismo descentralizado. Tan es así que esa multa se impone en el equivalente a quince días del salario del funcionario responsable, quien debe cubrirla con su peculio y no con el presupuesto de la dirección o dependencia del gobierno o con el patrimonio del organismo descentralizado. En consecuencia, como la multa así impuesta es susceptible de violar los derechos fundamentales de la persona física mencionada, afectando su esfera jurídica, se concluye que tal persona, por derecho propio, está legitimada para promover el juicio de amparo." Dadas las consideraciones de mérito, es dable concluir que *****************, ostentándose con el carácter de Presidente del Ayuntamiento de Totolapan, Morelos, carece de legitimación para promover el juicio de amparo indirecto que nos ocupa, pues los apercibimientos de imponerle la medida de apremio prevista por el artículo 148 de la Ley del Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, se realizó al servidor público que lo representa, es decir, a la persona física en su calidad de sujeto de derecho privado que ocupa dicho cargo. No obsta lo anterior, la circunstancia de que el promovente no haya acompañado a su demanda la copia certificada de la Constancia de Mayoría y Validez de la Elección para la Presidencia Municipal del Ayuntamiento de Totolapan, Morelos, expedida por el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, que aduce haber anexado, sin embargo, aun cuando ese constituye un motivo de prevención conforme lo establecido por el artículo 114, con relación al 108 de la Ley de Amparo, a ningún fin práctico conduciría realizar primero una prevención si posteriormente se tendría que desechar la demanda, pues desde este momento se advierte la causal de improcedencia indudable y manifiesta antes expuesta. Por otra parte, este juicio de amparo también es improcedente en relación a los actos reclamados consistentes en los autos de quince y dieciséis de marzo de dos mil veintidós, dictados en el expediente laboral *********************, mediante los cuales se apercibe que se impondrá a ***************, en su carácter de Presidente del Ayuntamiento de Totolapan, Morelos, la medida de apremio que dispone el artículo 148 de la Ley del Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, consistente en multa por la cantidad de mil pesos, reclamado por **********, por su propio derecho, porque los actos reclamados no tienen una afectación real y actual en la esfera jurídica de la parte quejosa, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, así como el 107, fracción I, aplicada en sentido contrario, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 de la presente ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. .". Del análisis de los preceptos transcritos, se infiere que la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada a que los actos u omisiones que se reclamen sean actos existentes que afecten de manera real y actual la esfera jurídica del quejoso, no probables, eventuales o futuros. En relación al tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que los actos futuros son aquellos de remota ejecución, sin que puedan considerarse como tales, aquellos en los que exista inminencia de su ejecución, como se advierte de la tesis número 16, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Quinta Época, Tomo VI, Jurisprudencia SCJN, Materia Común, página 15, con número de registro digital: 917550, de rubro y contenido siguientes: "ACTOS FUTUROS, NO LO SON LOS INMINENTES. Son futuros aquellos actos en que sea remota la ejecución de los hechos que se previenen, pues de otro modo se estimarían como no futuros sólo los que ya se han ejecutado. No pueden simplemente considerarse actos futuros aquellos en los que existe la inminencia de la ejecución del acto, desde luego, o mediante determinadas condiciones." De igual forma, el Máximo Tribunal del país destacó que los actos futuros que no motivan el amparo son los futuros e inciertos, pero no los que, aun cuando no se han ejecutado se tiene la certidumbre de que se ejecutarán, por así demostrarlo los actos previos. Lo anterior se desprende de la tesis aislada de la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo XCIV, materia común, página 1643, con número de registro 370994, que es del contenido siguiente: "ACTOS FUTUROS QUE PUEDEN REALIZARSE, PROCEDENCIA DEL AMPARO CONTRA LOS. Aunque no cabe conceder el amparo cuando la demanda se funda en actos futuros, no pueden estimarse como tales aquellos en los que existe la inminencia de la ejecución del acto, desde luego, o mediante determinadas condiciones, ya que sólo son futuros aquellos cuya ejecución es remota, pues de otro modo serían actos no futuros únicamente los que ya se han ejecutado; de suerte que la jurisprudencia de este Alto Tribunal, sobre los actos futuros no motivan el amparo, se refiere a los actos futuros e inciertos, mas no a los que, aun cuando no se han ejecutado, se tiene la certidumbre de que se ejecutarán, por demostrarlo así los actos previos, como en el caso en que es evidente la inminencia de los actos de aplicación del Reglamento de Higiene del Trabajo." En consecuencia, es válido concluir que la exigencia de una afectación real y actual implica un requisito de procedencia del juicio de amparo, que exige que con el acto reclamado se cause una afectación al interesado, en el aspecto más amplio de tutela de derechos fundamentales, el que puede haberse producido, estarse efectuando en el momento de la promoción del juicio, o ser inminente, no simplemente eventual, aleatorio o hipotético. Ahora bien, como ya se dijo, ******, por propio derecho, señaló como actos reclamados los autos de quince y dieciséis de marzo de dos mil veintidós, dictados en el expediente laboral ********, mediante los cuales se apercibe que se impondrá a *******, en su carácter de Presidente del Ayuntamiento de Totolapan, Morelos, la medida de apremio que dispone el artículo 148 de la Ley del Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, consistente en multa por la cantidad de mil pesos. De lo anterior se sigue que la aplicación de la medida de apremio que dispone el 148 de la Ley del Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado que reclama *********, por propio derecho, implica tres estadios; el primero, corresponde al requerimiento de cumplimiento de la determinación del Tribunal laboral; el segundo, a que la persona a quien se dirija el requerimiento no cumpla con la conducta o acto solicitado y; el tercero, en que la autoridad haga efectivo el apercibimiento y la imponga en caso de incumplimiento, lo anterior debido a que el simple apercibimiento no implica un perjuicio material, real y efectivo en contra del quejoso, por lo que el amparo promovido en contra de un apercibimiento es improcedente. La consideración que antecede tiene sustento en la tesis aislada publicada en el Informe 1937, materia común, con número de registro digital: 817375, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 19, Quinta Época, que dice. "APERCIBIMIENTO. Como el simple apercibimiento no implica un perjuicio material, real y efectivo, el amparo es improcedente contra él." Criterio que reiteró dicha Sala en la tesis sin número, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo LI, página 1304, con número de registro digital: 357998, de rubro y textos siguientes. "APERCIBIMIENTO, NO CAUSA PERJUICIO. El apercibimiento de imponer una nueva multa, en caso de que el multado reincida en el hecho que la motivó, no implica un perjuicio material, real y efectivo en sus bienes y, por tanto, el amparo que pida contra aquél, debe declararse improcedente." En ese sentido es posible establecer que el acto reclamado por ***********, por propio derecho, consistente en los autos de quince y dieciséis de marzo de dos mil veintidós, dictados en el expediente laboral ********, mediante los cuales se apercibe que se impondrá a *********, en su carácter de Presidente del Ayuntamiento de Totolapan, Morelos, la medida de apremio que dispone el artículo 148 de la Ley del Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, consistente en multa por la cantidad de mil pesos, hace evidente que se está en presencia de actos futuros e inciertos, pues como se evidenció, no sólo depende de la conducta que asuma la persona a quien se dirigieron los apercibimientos, ya que si cumple con lo ordenado, no se harán efectivos aquellos -apercibimientos-; sino también de que la autoridad decida, mediante la emisión de una resolución, hacer efectivos los apercibimientos e imponer las sanciones con las que se previno al gobernado. Por tanto, contrario a lo afirmado por la parte quejosa en el caso no se puede estimar que se está frente a actos de ejecución inminente, sino por el contrario, se trata de actos de realización futura e incierta, ya que no existe la certeza de que se vayan a aplicar las medidas de apremio; de ahí que, se insiste, los actos reclamados sean futuros e inciertos. Sustenta lo aquí considerado, por identidad de razón, la tesis de jurisprudencia 301, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación. Volumen 66, Tercera Parte, página 55, Séptima Época, Tomo III, Materia Administrativa, con número de registro digital: 238544, de rubro y texto siguientes. "MULTAS DE QUE SE APERCIBE AL POSIBLE INFRACTOR, QUE DEPENDE LA ACTIVIDAD DE ESTE. SON ACTOS FUTUROS E INCIERTOS QUE NO TIENEN CARACTER DE INMINENTES. El acto reclamado que se hace consistir en el apercibimiento de que se impondrán multas diarias al quejoso de seguir realizando una promoción de ventas, es un acto futuro e incierto, porque para su realización sería necesario que la persona apercibida continuara realizando la promoción de ventas sancionada y, además, que las autoridades constataran tal hecho y determinaran hacer efectivo el apercibimiento decretado, lo cual bien podría no acontecer. Como no hay certeza de que el acto se produzca y su posible existencia dependería, en todo caso, del modo de actuar del quejoso, por ello debe considerársele como futuro y de realización incierta; por lo tanto, respecto de dicho acto procede el sobreseimiento del juicio de amparo." En consecuencia, en el caso quedan actualizadas en forma manifiesta e indudable las causales de improcedencia previstas por el numeral 61, fracción XII, en relación con los diversos 6 y 7, todos de la Ley de Amparo y numeral 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, así como el 107, fracción I, aplicada en sentido contrario, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, SE DESECHA POR NOTORIA E INDUDABLEMENTE IMPROCEDENTE LA DEMANDA DE AMPARO de que se trata. Domicilio procesal y autorizados. En otro orden de ideas, con base en el arábigo 27, fracción I, de la Ley de la Materia, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su demanda de amparo. También, en atención a lo dispuesto en el artículo 12 del cuerpo normativo en cita, se tienen por autorizadas para oír notificaciones e imponerse de los autos y con facultades amplias a **********************, en razón de que tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a que se refieren los artículos 261 a 266 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales. Habilitación de días y horas inhábiles Tomando en cuenta la carga de trabajo de este tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, que deriva en la obligación de cuidar que los juicios de amparo no queden paralizados, con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se faculta a los actuarios judiciales de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario, se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de garantías, elevado a rango de garantía constitucional. Se exhorta a la parte quejosa. En ese sentido, de conformidad con lo establecido en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se conmina a la parte quejosa dentro del presente asunto para que, de ser posible y tomando en consideración la contingencia sanitaria, promuevan la tramitación del presente juicio mediante el esquema de "juicio de línea", consultable en el portal del propio Consejo de la Judicatura Federal www.cjf.gob.mx/, esto para que en lugar de presentar promociones en forma física o por escrito, lo haga electrónicamente desde el Portal de Servicios en Línea, mediante el uso de la firma electrónica que comprende la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL" y a la firma electrónica o "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), proporcionando el nombre del usuario. En la inteligencia que, quienes no tengan autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes legales, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico de este juicio de amparo y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Asimismo, de conformidad con el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General antes citado, se requiere para que proporcione un correo electrónico, para establecer contacto en los casos que se estimen necesarios. Notifíquese personalmente.

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