Sergio Omar Cano Zambrano
Expediente 85/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 19 actuaciones registradas, la última del 8 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 85/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 08/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Sergio Omar Cano Zambrano
- SERGIO OMAR CANO ZAMBRANO y Otros.
- Juez de Oralidad Penal Y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial Sede En Puebla (Enrique López Criollo)
- TERESA ZAMBRANO AGUAYO (PROMOVENTE) y Otros.
- Teresa Zambrano Aguayo (Promovente)
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, ocho de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia dictada el veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, la cual sobreseyó en el presente juicio; por lo que, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2°, se declara que dicha resolución ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, archívese el asunto como totalmente concluido. En ese sentido, al estar este expediente completamente concluido y en atención al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita, sería susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído; sin embargo, al haberse concedido la medida cautelar consistente en la suspensión de oficio y de plano en contra de los actos reclamados, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Se ordena indicar la anterior valoración en la carátula del presente expediente, con su correspondiente leyenda, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General.
- Incidental
San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de febrero de dos mil veintiuno. Agréguense a los presentes autos sin mayor proveído, los informes previos rendidos por las autoridades 14. Fiscal General del Estado de Puebla, por conducto de su representante, y 15. Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla; toda vez que el veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, se resolvió la suspensión definitiva en la presente incidencia, y los informes indicados no cambian el sentido de la misma. Cúmplase.
- Principal
V I S T O S; para resolver los autos del juicio de amparo número 85/2021-C, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por Teresa Zambrano Aguayo, a nombre de Sergio Omar Zambrano Aguayo (nombre correcto); y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de Amparo. Por escrito recibido el ocho de febrero de dos mil veintiuno, por la secretaria de guardia adscrita a este juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla; Teresa Zambrano Aguayo, a nombre de Sergio Omar Cano Zambrano o Sergio Omar Cano Sambrano, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y actos siguientes: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES. En su calidad de ORDENADORAS: CC. ABOGADOS: ADRIANA DE LOURDES MARTÍNEZ JIMÉNEZ, ENRIQUE LÓPEZ CRIOLLO, CARLOS GUILLERMO RAMÍREZ RODRÍGUEZ, AARÓN HERNÁNDEZ CHINO, ROSALVA HELENA ZÁRATE HERRERA, JAVIER VÁZQUEZ FERNÁNDEZ, IDALIA ARCINIEGA ARIAS, ROSA AURORA ESPEJEL PRADO, MARÍA GUADALUPE MUÑOZ PÉREZ, MIRIAM HUERTA LECHUGA, MAGALLY ESCAMILLA RODRÍGUEZ, JUECES DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCION DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO, CON SEDE EN PUEBLA, PUEBLA (.) CC. ABOGADOS DAVID RODRÍGUEZ GONZÁLEZ y FERNANDO MARTÍNEZ ESPINOSA, JUECES DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO-PONIENTE, CON SEE EN CHOLULA, PUEBLA (.) EN SU CALIDAD DE EJECUTORAS: EL FISCALGENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA (.) EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO (.) EL DIRECTOR DE LA POLICÍA ESTATAL DEL ESTADO DE PUEBLA (.) IV.- ACTO RECLAMADO.- La ORDEN DE PRESENTACIÓN, COMPARECENCIA Y/O DE APREHENSIÓN librada en contra de mi hijo SERGIO OMAR CANO ZAMBRANO, SU DETENCION, LA INCOMUNICACION Y PROBABLE TORTURA y todos los actos que sean consecuencias mediata o inmediata de la misma. La parte quejosa, bajo protesta de decir verdad, narró los antecedentes del caso; formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales y garantías violados los contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 22, Constitucionales. SEGUNDO. Radicación y suspensión de plano. En acuerdo de ocho de febrero de dos mil veintiuno, se registró la demanda de amparo con el número 85/2021-C; se le dio trámite; se dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se decretó de oficio y de plano la suspensión de los actos reclamados consistentes en la incomunicación, tortura y detención fuera de procedimiento judicial, en favor del quejoso directo, y se ordenó su ratificación. En diligencia de esa misma fecha, llevada a cabo por la actuaria de la adscripción, el quejoso directo precisó que su nombre correcto es Sergio Omar Zambrano Aguayo, que no había sido golpeado ni torturado; que en la Casa de Justicia fue asistido por el defensor de oficio, pero que no se había podido comunicar con su familia porque no se sabe de memoria ningún número telefónico para poder comunicarse con algún familiar u otra persona; además, ratificó el escrito inicial en los siguientes términos: ".Que sí ratifica la demanda ya que la persona que la presentó es su mamá, que él se cambió el nombre pues en facebook se hace llamar Sergio Omar Cano Zambrano.". (Foja 17). TERCERO. Admisión de la demanda de amparo. En tales condiciones, al haber cesado la urgencia del asunto, por acuerdo de nueve de febrero de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo, con incidente de suspensión; y, se requirió a las autoridades responsables su informe justificado. CUARTO.- Cita para audiencia. En auto de diecinueve de febrero del actual, se citó a las partes a la audiencia constitucional, la cual, en sus fases de pruebas y alegatos, consta en los términos del acta que antecede y culmina con el dictado de la presente sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de garantías, por razón de materia y territorio, pues se reclaman actos de esa naturaleza, atribuidos a autoridades con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar los actos reclamados que se advierten del análisis integral de la demanda de amparo, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, de conformidad con el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, del contenido integral de la demanda de amparo, como de la revisión de los informes justificados, se advierte que la parte quejosa reclama: ? La detención fuera de procedimiento, incomunicación y tortura. ? La orden de presentación, comparecencia y/o de aprehensión librada en su contra. TERCERO. Existencia o inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método, en toda sentencia de amparo, primeramente, se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan y, por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que señala en su rubro: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO." La parte quejosa atribuye los actos reclamados - que quedaron precisados en el considerando segundo- a las autoridades responsables siguientes: No. de orden Autoridad responsable Sentido del informe fojas 1 Adriana de Lourdes Martínez Jiménez, Jueza de Oralidad y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en la Ciudad de Puebla, por conducto del Juez de Control José Álvaro Sarmiento Márquez. Niega 18 2 Enrique López Criollo, Juez de Oralidad y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en la Ciudad de Puebla, por conducto del Juez de Control José Álvaro Sarmiento Márquez. Niega 18 3 Carlos Guillermo Ramírez Rodríguez, Juez de Oralidad y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en la Ciudad de Puebla, por conducto del Juez de Control José Álvaro Sarmiento Márquez. Niega 18 4 Aarón Hernández Chino, Juez de Oralidad y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en la Ciudad de Puebla, por conducto del Juez de Control José Álvaro Sarmiento Márquez. Niega 18 5 José Álvaro Sarmiento Márquez, Juez de Oralidad y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en la Ciudad de Puebla, por incapacidad de la jueza de control Rosalva Elena Zárate Herrera, Niega 18 6 Javier Vázquez Fernández, Juez de Oralidad y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en la Ciudad de Puebla, por conducto del Juez de Control José Álvaro Sarmiento Márquez. Niega 18 7 Idalia Arciniega Arias, Jueza de Oralidad y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en la Ciudad de Puebla, por conducto del Juez de Control José Álvaro Sarmiento Márquez. Niega 18 8 Rosa Aurora Espejel Prado, Jueza de Oralidad y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en la Ciudad de Puebla, por conducto del Juez de Control José Álvaro Sarmiento Márquez. Niega 18 9 María Guadalupe Muñoz Pérez, Jueza de Oralidad y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en la Ciudad de Puebla, por conducto del Juez de Control José Álvaro Sarmiento Márquez. Niega 18 10 Mirian Huerta Lechuga Jueza de Oralidad y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en la Ciudad de Puebla, por conducto del Juez de Control José Álvaro Sarmiento Márquez. Niega 18 11 Magally Escamilla Rodríguez, Jueza de Oralidad y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en la Ciudad de Puebla, por conducto del Juez de Control José Álvaro Sarmiento Márquez. Niega 18 12 David Rodríguez González, Juez de Oralidad y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en San Andrés, Cholula, Puebla (fojas 32 y 34). Niega 32 y 34 13 Karla Patricia Ambrocio Vargas, Jueza de Oralidad y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en San Andrés, Cholula, Puebla, en sustitución del juez de control Fernando Martínez Espinosa. Niega 23 y 35 14 Coordinador General de Asuntos Jurídicos, en representación del Fiscal General del Estado de Puebla. Niega 22 y 31 15 Directora de Operación, por ausencia del Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla (denominación correcta). Niega 33 16 Comisario Jefe, Director General de la Policía Estatal Preventiva (denominación correcta). Niega 41 Las autoridades responsables señaladas, al rendir su informe justificado, negaron la existencia de los actos antes precisados, sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna para desvirtuar tales negativas. Es así, pues de acuerdo con lo manifestado por el Fiscal General del Estado de Puebla, el cinco de febrero de dos mil veintiuno, elementos de la Policía Municipal de Huejotzingo, Puebla, detuvieron al aquí quejoso poniéndolo a disposición del agente del Ministerio Publico adscrito a la Unidad de Delitos de Alta Incidencia, dando inicio a la carpeta de investigación FGEP/CDI/FEIDAI/FLAGRANCIA-1/001867/2021, de su índice, por su probable participación en la comisión del hecho con apariencia del delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo con fines de suministro del narcótico denominado cristal y marihuana, y éste, a su vez, el siete de febrero siguiente, ordenó el egreso y traslado del área de seguridad del Complejo Metropolitano de Seguridad Pública, al área de seguridad del Centro de Justicia Penal de San Andrés, Cholula, Puebla, a disposición del juez de control. Lo cual se corrobora con la copia certificada de las constancias de la propia carpeta de investigación, remitidas por el fiscal general responsable (fojas 38 a 40 y 86 a 89), así como las enviadas por 12. David Rodríguez González, Juez de Oralidad y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en San Andrés, Cholula, Puebla, a solicitud de este juzgado de Distrito, y que son la copia autorizada de las constancias que integran la carpeta judicial administrativa número 64/2021/CHOLULA, de su índice (fojas 48 a 63), a las cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, de las cuales se advierte que, efectivamente, el solicitante de amparo fue trasladado por orden del representante social al área de seguridad del Centro de Justicia Penal de San Andrés, Cholula, Puebla, para el desahogo de la audiencia inicial en la que se examinaría la legalidad de la detención de la cual fue objeto. Cobra aplicabilidad a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y tenor siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Es decir, quienes efectuaron el aseguramiento del quejoso fueron elementos de la Policía Municipal de Huejotzingo, Puebla, y quien lo tuvo retenido, hasta que fue trasladado ante el Juez de Control en turno de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en San Andrés, Cholula, Puebla -para el desahogo de la audiencia inicial-, fue el agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Delitos de Alta Incidencia, de la Fiscalía General del Estado de Puebla. De manera que no se encuentra justificado con medio de prueba alguno, que las autoridades responsables antes señaladas intervinieran en la comisión de los actos de detención que se les atribuyen; por tanto, son inexistentes. Por otra parte, tocante a los actos de incomunicación y tortura también reclamados, consta en autos de este juicio de amparo, la diligencia efectuada a las veintidós horas con treinta y seis minutos del ocho de febrero de dos mil veintiuno, por Alina Domínguez Jiménez, Actuaria Judicial adscrita a este órgano jurisdiccional (en el Centro de Reinserción Social de San Pedro Cholula, Puebla), quien asentó lo expresado por el solicitante de amparo en el siguiente sentido: ".A continuación, procedo a dar fe de las condiciones físicas en que se encuentra el quejoso, de lo que se observa lo siguiente: Que no tiene ninguna lesión o golpe, rasguño, pues además refiere que no ha sido golpeado. Que de las condiciones del lugar en que se encuentra detenido doy fe de lo siguiente: Que en el lugar que se encuentra está en condiciones normales de higiene. También le pregunto si se le ha permitido comunicarse con su defensor, familiares o persona de su confianza, lo que manifestó: Que en la casa de justicia fue asistido por el defensor de oficio, pero que no se ha podido comunicar con su familia y además no se sabe de memoria ningún número para poder comunicarse con algún familiar u otra persona. Igualmente, en este acto le pregunto si sabe el motivo por el cual se encuentra detenido, a lo que dijo: Que por supuesto delito de posesión drogas. De igual manera que diga si ha sufrido alguno de los actos previstos por el artículo 22 constitucional, a lo que contestó: Ninguno de los actos del numeral 22 constitucional, de ningún tipo, salvo refiere que no le han proporcionado comida ni tampoco cobijas.". (Foja 17 frente y vuelta). La mencionada diligencia, adquiere valor probatorio pleno al tenor del artículo 129, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, toda vez que dicha actuación la realizó una funcionaria judicial dotado de fe pública, de manera que los datos asentados en la diligencia ordenada por este órgano jurisdiccional de amparo entendida con el directo agraviado, se estiman ciertos por no haber prueba que acredite lo contrario. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia cuyos rubro y texto, a continuación se citan: "NOTIFICACIONES. LEGALIDAD DE LAS. EL ACTUARIO TIENE FE PUBLICA POR ACTUAR COMO AUTORIDAD EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. Este funcionario al llevar a cabo las diligencias de notificación, tiene, por disposición de la ley, la calidad de una autoridad en ejercicio de sus funciones, razón por la que está investido de fe pública; de manera que si asienta que entendió una diligencia de notificación con la persona a quien va dirigida, debe estimarse cierto ese hecho, si no hay prueba que acredite lo contrario." Lo anterior pone de manifiesto que el multicitado peticionario de amparo, no estuvo incomunicado; y, que no presentó huellas de tortura, maltrato o lesiones. Por otra parte, las autoridades responsables: 1. Adriana de Lourdes Martínez Jiménez, Jueza de Oralidad y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en la Ciudad de Puebla, 2. Enrique López Criollo, Juez de Oralidad y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en la Ciudad de Puebla, 3. Carlos Guillermo Ramírez Rodríguez, Juez de Oralidad y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en la Ciudad de Puebla, 4. Aarón Hernández Chino, Juez de Oralidad y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en la Ciudad de Puebla, 5. José Álvaro Sarmiento Márquez, Juez de Oralidad y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en la Ciudad de Puebla, por incapacidad de la jueza de control Rosalva Elena Zárate Herrera, 6. Javier Vázquez Fernández, Juez de Oralidad y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en la Ciudad de Puebla, 7. Idalia Arciniega Arias, Jueza de Oralidad y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en la Ciudad de Puebla, 8. Rosa Aurora Espejel Prado, Jueza de Oralidad y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en la Ciudad de Puebla, 9. María Guadalupe Muñoz Pérez, Jueza de Oralidad y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en la Ciudad de Puebla, 10. Mirian Huerta Lechuga Jueza de Oralidad y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en la Ciudad de Puebla, 11. Magally Escamilla Rodríguez, Jueza de Oralidad y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en la Ciudad de Puebla (visibles a foja 96); 12. David Rodríguez González, Juez de Oralidad y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en San Andrés, Cholula, Puebla (foja 92), 13. Karla Patricia Ambrocio Vargas, Jueza de Oralidad y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en San Andrés, Cholula, Puebla, en sustitución del juez de control Fernando Martínez Espinosa (foja 97), al rendir sus respectivos informes justificados, negaron la existencia de los actos relativos a las órdenes de presentación, comparecencia y/o de aprehensión, sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna para desvirtuar tales negativas. Sin que sea obstáculo a lo anterior, el hecho que las autoridades responsables: 14. Coordinador General de Asuntos Jurídicos, en representación del Fiscal General del Estado de Puebla (foja 85), 15. Directora de Operación, por ausencia del Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla (denominación correcta) [foja 93]; y, 16. Comisario Jefe, Director General de la Policía Estatal Preventiva (denominación correcta) [foja 70], en sus informes justificados, omitieran pronunciarse expresamente con relación a dichas órdenes de captura, pues al tener el carácter de ejecutoras, no podrían llevar a cabo órdenes inexistentes. De igual forma, no se soslaya que 12. David Rodríguez González, Juez de Oralidad y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en San Andrés, Cholula, Puebla, al rendir su informe justificado haya manifestado que el aquí quejoso se encuentra a su disposición dentro de la carpeta judicial administrativa 64/2021/CHOLULA, en la que el ocho de febrero del año en curso, se celebró la audiencia inicial en la que se calificó de legal su detención y se ratificó su retención; el fiscal formuló imputación en su contra por el hecho que la ley señala como delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo con fines de suministro de los narcóticos denominados cristal y marihuana; y, se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Luego, en la continuación de la audiencia inicial, el diez de febrero de dos mil veintiuno, le dictó auto de vinculación a proceso por su probable intervención como autor en la comisión del hecho que la ley señala como delito contra la salud en su modalidad de posesión del narcótico denominado metanfetamina con fines de suministro -respecto del cual declinó competencia a la autoridad federal correspondiente-; y, por su probable intervención como autor en la comisión del hecho que la ley señala como delito contra la salud en su modalidad de posesión del narcótico denominado marihuana con fines de suministro. No obstante lo anterior, dicho juez responsable también precisó que no ha decretado alguna de las órdenes de captura reclamadas por la parte quejosa; por tanto, dichas negativas deben subsistir. En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER en este juicio. Tiene aplicación al caso, en lo conducente, la jurisprudencia VI.2º J/20, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos o desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." CUARTO. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 63, fracción IV, 74 y 75, de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por Sergio Omar Zambrano Aguayo, contra los actos reclamados y las autoridades responsables precisados en los considerandos segundo y tercero de esta resolución. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de este fallo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa en su lugar de reclusión (Centro de Reinserción Social de San Pedro, Cholula, Puebla); y, por oficio a las autoridades responsables y, al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.
- Incidental
(SE PUBLICA POR LISTA CITATORIO) SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: I N T E R L O C U T O R I A V I S T O S; para resolver los autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo indirecto 85/2021, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por Sergio Omar Zambrano Aguayo; y, R E S U L T A N D O: ÚNICO. Demanda y trámite del incidente de suspensión. Mediante proveído de nueve de febrero de dos mil veintiuno, en cumplimiento a lo ordenado en el cuaderno principal, se tramitó el incidente de suspensión propuesto por Sergio Omar Zambrano Aguayo, se requirió el informe previo a las autoridades responsables, se proveyó lo relativo a la suspensión provisional solicitada, y el pasado dieciocho de febrero, se fijó día y hora para la celebración de la audiencia incidental, cuyas dos primeras etapas se desarrollaron al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión a que se refiere el expediente, en función de que este órgano jurisdiccional está conociendo el juicio de amparo indirecto del que deriva el mismo, aunado a que la ejecución de los actos reclamados son atribuidos a autoridades con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 146, fracción I de la Ley de Amparo, se precisa que, atendiendo a la naturaleza de las autoridades señaladas como responsables, los actos reclamados en el presente asunto son: I) La incomunicación y tortura, así como la detención fuera de procedimiento del directo quejoso; y, II) Las órdenes de presentación, comparecencia o aprehensión giradas en contra del quejoso. Cabe precisar que respecto a los actos reclamados identificados como I), el pasado ocho de febrero se proveyó lo conducente, al concederse al directo quejoso la suspensión de oficio y de plano solicitada, y los efectos de la suspensión de plano concedida, abarcan aquellos que en su caso se decretarían con el trámite de la presente medida cautelar provisional. Por tanto, la presente incidencia únicamente se tramitará por los actos reclamados que consisten en: Las órdenes de presentación, comparecencia o aprehensión giradas en contra del quejoso. TERCERO. Existencia o inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método, en la interlocutoria de la suspensión del acto reclamado, primeramente se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, analizar si resulta procedente conceder a la parte quejosa la medida cautelar solicitada. Ahora bien, la parte quejosa atribuye los actos reclamados - que quedaron precisados en el considerando segundo- a las autoridades responsables siguientes: No. Orden Autoridad responsable Sentido del informe Previo 1 José Álvaro Sarmiento Márquez, Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en la ciudad de Puebla, en contestación a los informes requeridos a los Jueces de Control 1. Adriana de Lourdes Martínez Jiménez, 2. Enrique López Criollo, 3. Carlos Guillermo Ramírez Rodríguez, 4. Aarón Hernández Chino, 5. Rosalva Elena Zarate Herrera, 6. Javier Vázquez Fernández, 7. Idalia Arciniega Arias, 8. Rosa Aurora Espejel Prado, 9. María Guadalupe Muñoz Pérez, 10. Miriam Huerta Lechuga y 11. Magally Escamilla Rodríguez Negó 2 12. David Rodríguez González, Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro- Poniente, con sede en Cholula, Puebla Negó 3 Karla Patricia Ambrocio Vargas, Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, en contestación al informe requerido al Juez de Control 13. Fernando Martínez Espinosa Negó 4 16. Director General de la Policía Estatal Preventiva Negó CUARTO. Improcedencia de la medida cautelar. Las citadas autoridades responsables, al rendir su respectivo informe previo, negaron la existencia de los actos que se les reclaman, sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna para desvirtuar tales negativas. Por otra parte, las autoridades 14. Fiscal General del Estado de Puebla y 15. Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla, no han rendido su respectivo informe previo; sin embargo, tomando en consideración que las autoridades responsables ordenadoras negaron la existencia de los actos reclamados, dichas autoridades en su calidad de ejecutoras, se encuentran imposibilitadas de cumplimentar una orden inexistente; de ahí que deba prevalecer la inexistencia del acto que a éstas se les reclama en el presente asunto. En tales condiciones, ante la inexistencia de los aludidos actos reclamados a las mencionadas autoridades responsables, lo procedente es negar la suspensión definitiva solicitada. Al respecto, el artículo 139 de la Ley de Amparo, señala que la suspensión se decretará cuando sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen a la parte agraviada con la ejecución del acto reclamado. De lo anterior se sigue, que al no existir los actos reclamados a las referidas autoridades responsables, no pueden existir daños o perjuicios de difícil reparación para la parte quejosa, por consiguiente al no encontrarse satisfecho el requisito a que se refiere el artículo antes citado; lo procedente es negar la suspensión definitiva solicitada ante la inexistencia de los actos reclamados a las citadas autoridades responsables. Resulta aplicable al respecto, la jurisprudencia emitida por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyos datos de localización, rubro y texto a continuación se detallan: "INFORME PREVIO DEBE TENERSE COMO CIERTO SI NO EXISTEN PRUEBAS EN CONTRARIO. El informe previo debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario." NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. Ahora bien, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, comisiónese al actuario de la adscripción para que notifique personalmente al quejoso, por conducto de su autorizado, la presente resolución en el domicilio designado para tal efecto, para lo cual, el funcionario deberá ceñirse a lo dispuesto en los artículos 2, fracción III, y 23 del Acuerdo General 21/2020. No ha lugar a ordenar la diligencia de notificación en el lugar en donde el quejoso se encuentra privado de su libertad (Centro de Reinserción Social de San Pedro Cholula, Puebla), pues en el proemio de la demanda de amparo se solicitó expresamente que las notificaciones se realizaran en el domicilio señalado para tal efecto, sin que ello implique que se le deje en estado de indefensión, pues se entiende que el personal autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, en cumplimiento al cargo conferido, vigilará las notificaciones dirigidas al quejoso. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada III.2o.P.21 K (10a.) del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, de rubro y texto siguientes: "NOTIFICACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO A LOS QUEJOSOS PRIVADOS DE SU LIBERTAD EN UN CENTRO DE RECLUSIÓN. DEBEN EFECTUARSE EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA TAL EFECTO, CON LOS AUTORIZADOS PARA RECIBIRLAS, AUN LAS DE CARÁCTER PERSONAL. De los artículos 26, fracción I, incisos a) y c) y 27, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, se advierte que si el juzgador de amparo ordena que una notificación se realice personalmente al quejoso privado de su libertad en un centro de reclusión, y éste señaló domicilio para oír y recibir notificaciones, y designó autorizados para tal efecto, la actuación relativa deberá hacerse en dicho domicilio procesal; lo anterior porque es evidente que su voluntad es que las notificaciones, aun las de carácter personal, se entiendan con sus autorizados en el domicilio señalado por él, por así haberlo solicitado expresamente; sin que ello implique que se le deje en estado de indefensión, pues se entiende que serán estos últimos los que, en cumplimiento al cargo conferido, vigilarán las notificaciones dirigidas al quejoso. (Época: Décima Época, Registro: 2020992, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 72, Noviembre de 2019, Tomo III, Materia(s): Común, Tesis: III.2o.P.21 K (10a.), Página: 2436)." Así también, tiene aplicación -en lo conducente- la tesis VI.2o.P.40 P sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, de rubro y texto siguientes: "RECURSO DE REVISIÓN. SI EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD SEÑALA AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES, Y SOLICITA QUE SE REALICEN A TRAVÉS DE LA LISTA FIJADA Y PUBLICADA EN EL LOCAL DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL, EL PLAZO DE DIEZ DÍAS PARA INTERPONERLO DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN POR LISTA PRACTICADA A AQUÉLLOS, SIN QUE ESTO IMPLIQUE DEJARLO EN ESTADO DE INDEFENSIÓN. El plazo de diez días otorgado por el artículo 86 de la Ley de Amparo para interponer el recurso de revisión, por conducto del órgano jurisdiccional que haya dictado la resolución recurrida, atento al diverso numeral 22, debe computarse por días hábiles, y a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación -lo que sucede, según el artículo 31, fracción II, de la misma ley, desde el día siguiente de la notificación personal o al de la fijación y publicación de la lista- y se incluirá en él el del vencimiento. Luego, si el quejoso privado de la libertad señala autorizados para oír y recibir notificaciones, y solicita que se realicen a través de la lista fijada y publicada en el local del órgano jurisdiccional, es inconcuso que dicho plazo debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación por lista practicada a aquéllos, pues con fundamento en los artículos 12, 24, 26, 27 y 29 de la propia ley, incluso las notificaciones personales, deben entenderse con sus autorizados y mediante lista, por así haberlo solicitado expresamente; sin que ello implique que se le deje en estado de indefensión, pues se entiende que serán estos últimos los que, en cumplimiento al cargo conferido, vigilarán las notificaciones por lista dirigidas al quejoso. (Época: Décima Época, Registro: 2014483, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 43, Junio de 2017, Tomo IV, Materia(s): Común, Penal, Tesis: VI.2o.P.40 P (10a.), Página: 2986)." Por lo expuesto, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por Sergio Omar Zambrano Aguayo, en términos del considerando cuarto de esta interlocutoria y por las autoridades citadas en el considerando tercero. Notifíquese personalmente a la parte quejosa a través de su autorizado en el domicilio convencional señalado para tal efecto; y, mediante oficio a las autoridades responsables, así como al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción.
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