Sergio Omar Campos Parra

Expediente 613/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 27 actuaciones registradas, la última del 13 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
613/2021
Año
2021
Actuaciones
27
Última actuación
13/06/2022

Partes del expediente

  • Sergio Omar Campos Parra

Actuaciones

Las 4 más recientes de 27.

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal de los autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202, en relación con el diverso 201, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa interpusiera recurso de inconformidad contra el acuerdo de doce de mayo de dos mil veintidós, mediante el cual, se tuvo por cumplida la sentencia de amparo dictada en el presente juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo una vez notificado del presente acuerdo, sin necesidad de nuevo auto, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. En ese sentido, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se precisa que este asunto es susceptible de depuración, dado que en resolución de veintiocho de enero de dos mil veintidós, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo judicial por tratarse de un asunto similar al indicado en la fracción I del artículo octavo, de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General Conjunto. Por otra parte, de conformidad con el numeral 18, fracción I, inciso a) del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que de manera provisional y definitiva respecto a la ampliación de demanda se concedió la suspensión, en ese sentido, agréguese al presente expediente únicamente el original del incidente de suspensión, el cual es susceptible de depuración, por lo cual deberá conservarse la demanda de amparo y la resolución interlocutoria inherentes al incidente de suspensión y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción; no así el duplicado, en virtud de que el artículo 20, fracción II, inciso a) del Acuerdo General reseñado dispone que el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la interlocutoria respectiva. Asimismo, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente de relevancia documental, puesto que no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, así como tampoco se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, ni tampoco generados por los Plenos de Circuito, que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativo a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, dentro de los siguientes noventa días, este juzgado depurará el presente expediente, con apoyo en el artículo 18, penúltimo y último párrafos, del Acuerdo General citado, y terminado el proceso de depuración, se solicitará la transferencia del presente expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Finalmente, resulta jurídicamente innecesario seguir conservando en la caja de valores de este juzgado los billetes de depósito número N 911272 y N 911296 valiosos por la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional), y por no encontrarse en el supuesto del artículo 156 de la Ley de Amparo, devuélvanse dichos numerarios que el quejoso Sergio Omar Campos Parra exhibió para que surtiera efectos la suspensión provisional y definitiva respecto a la ampliación de demanda que le fue concedida por este Juzgado; devuélvase y entréguese previa razón que por su recibo se deje en autos al depositante, quien deberá comparecer a este Órgano Jurisdiccional en compañía del mismo, debidamente identificados con credencial vigente, para la entrega de los documentos señalados, únicamente los días miércoles de cada semana, en horario de nueve a doce horas; en el entendido que a partir de la legal notificación de este proveído tiene el término de dos años para tal efecto, con el apercibimiento que de no hacerlo en el lapso indicado, la suma que ampara el mismo se hará efectiva en favor del Fisco Federal, atento a lo dispuesto en el artículo 50 de la Tesorería de la Federación.

  2. Principal

    En doce de mayo de dos mil veintidós, se da cuenta al Juez con el estado procesal de los autos, con la certificación secretarial que antecede y con un oficio registrado en el libro de correspondencia con el número 4709. Conste. Los Mochis, Sinaloa, doce de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta con anexos, signado por el apoderado legal del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, mediante el cual informa que el crédito 2508062968, a nombre del quejoso Sergio Omar Campos Parra, ya se encuentra activo en los sistemas de dicho instituto, pudiendo el peticionario hacer los pagos correspondientes a la amortización; adjuntando captura de pantalla del sistema interno de su representada para acreditar lo anterior. Ahora bien, del estado procesal de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la parte quejosa no desahogó la vista personal ordenada mediante acuerdo de veinticinco de abril del actual, en relación con el oficio y documentales allegadas por las autoridades responsables Delegado Regional del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores Delegación IV Sinaloa, y por el delegado de las responsables Ayuntamiento, Presidente Municipal, Tesorero, Director de Ingresos, Ejecutor Fiscal adscrito a la Tesorería Municipal y Ejecutor Fiscal adscrito a la Dirección de Ingresos, todos del Municipio de Ahome, Sinaloa, inherentes al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, no obstante que tal determinación se le notificó a la quejosa el pasado diecisiete de los corrientes; por tanto, procede analizar si se otorgó el debido cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por las citadas autoridades. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, del tenor siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". En ese sentido, se precisa que por resolución de veintiocho de enero de dos mil veintidós, se concedió al quejoso Sergio Omar Campos Parra, la protección constitucional contra el acto reclamado a las autoridades Delegado Regional del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores Delegación IV Sinaloa, Tesorero y Director de Ingresos, del Municipio de Ahome, Sinaloa, consistente en dejar sin efectos todo lo actuado dentro del procedimiento administrativo de ejecución DI/PAE/688/2011 y reactivar a favor del peticionario, el crédito relativo al inmueble controvertido, al estimarse que dicho acto omisivo transgredía el derecho humano de molestia, reconocidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Resolución que causó ejecutoria el dieciocho de abril de dos mil veintidós, al no ser recurrida por las partes. En el entendido de que la concesión de la protección constitucional se realizó para el efecto de que: 1. El Delegado del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores con sede en Culiacán, Sinaloa de respuesta congruente y completa a la petición que le planteó el quejoso a través de escrito que le presentó el uno de octubre de dos mil veintiuno. 2. El Director de Ingresos del Municipio de Ahome, Sinaloa, deje sin efecto todo lo actuado en el procedimiento administrativo de ejecución (PAE), del cual derivó el acto de adjudicación reclamado, referente al inmueble que se aludió y que defiende el quejoso Sergio Omar Campos Parra ubicado en calle Acacias número 2083, del Fraccionamiento Jardines del Bosque, de esta ciudad, identificado con clave catastral 003-000-015-282-006-001. Lo anterior, sin perjuicio de que, en caso de que lo considere procedente, lo inicie de nueva cuenta, pero cumpliendo con todas las formalidades del procedimiento que al efecto establece la ley; y, 3. Efectuado lo anterior, el propio Director de Ingresos del Municipio de Ahome, Sinaloa, deberá realizar los actos conducentes ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a fin de que dicho instituto quede en aptitud de reactivar a favor del quejoso, el crédito relativo al inmueble controvertido. Lo anterior, al haberse dejado sin efecto todo lo actuado en el procedimiento administrativo de ejecución (PAE), del que derivó la adjudicación del inmueble en comento a favor del INFONAVIT, siempre y cuando no exista una razón distinta al procedimiento administrativo incoado ante la autoridad responsable ordenadora que lo impida; por tanto, el Delegado del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, queda obligado a reactivar el crédito respectivo una vez que tenga conocimiento de la cancelación del procedimiento administrativo debiendo notificar tal circunstancia al quejoso. Por su parte, mediante oficios presentados el veintidós y veinticinco, ambos de abril del presente año y con el que se da cuenta, el representante legal del Delegado Regional del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores Delegación IV Sinaloa, y el delegado de las responsables Ayuntamiento, Presidente Municipal, Tesorero, Director de Ingresos, Ejecutor Fiscal adscrito a la Tesorería Municipal y Ejecutor Fiscal adscrito a la Dirección de Ingresos, todos del Municipio de Ahome, Sinaloa, informaron que se dejó sin efectos todo lo actuado dentro del citado procedimiento administrativo de ejecución, respecto a la finca ubicada en calle Acacias número 2083, fraccionamiento Jardines del Bosque de esta ciudad, además, el apoderado legal del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, refiere que el crédito 2508062968, a nombre del quejoso Sergio Omar Campos Parra, ya se encuentra activo en los sistemas de dicho instituto, pudiendo el peticionario hacer los pagos correspondientes a la amortización; atendiendo con ello la solicitud de la promovente del amparo. Por tanto, mediante auto de veinticinco de abril de dos mil veintidós, se dio vista al quejoso con los oficios y documentales allegadas por las responsables, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera; en el entendido de que, el amparista no se pronunció al respecto, aun cuando fue debidamente notificado. En consecuencia, si la concesión del amparo se hizo para el efecto de que las autoridades responsables dieran respuesta congruente y completa a la petición que le planteó el quejoso a través de escrito que le presentó el uno de octubre de dos mil veintiuno, dejaran sin efectos todo lo actuado dentro del procedimiento administrativo de ejecución DI/PAE/688/2011, respecto a la finca ubicada en calle Acacias número 2083, fraccionamiento Jardines del Bosque de esta ciudad y queden en aptitud de reactivar a favor del peticionario, el crédito relativo al inmueble controvertido, lo cual ya aconteció (lo segundo y tercero señalado); por ende es claro que el núcleo de la ejecutoria de amparo ya se cumplió y se ha restituido al quejoso en el pleno goce de sus derechos humanos violados, en términos de los numerales 77 y 196, ambos de la Ley de Amparo, sin haber incurrido la autoridad responsable en exceso o defectos, declarándose, por tanto, cumplida esa ejecutoria.

  3. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, veinticinco de abril de dos mil veintidós. Agréguese a los presentes autos los oficios de cuenta con anexos, signados por la representante legal del Delegado Regional del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores Delegación IV Sinaloa, y por el delegado de las responsables Ayuntamiento, Presidente Municipal, Tesorero, Director de Ingresos, Ejecutor Fiscal adscrito a la Tesorería Municipal y Ejecutor Fiscal adscrito a la Dirección de Ingresos, todos del Municipio de Ahome, Sinaloa, mediante los cuales dicen dar cumplimiento a la ejecutoria del presente juicio de amparo, adjunta diversas constancias, y la señalada en primer término designa delegados y señala domicilio para oír y recibir notificaciones. En ese contexto, conforme a lo dispuesto por el artículo 196, de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con el oficio de cuenta, y anexos, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, manifieste lo que a su interés legal convenga; con el apercibimiento que de no hacerlo en el plazo conferido, este Juzgado Federal resolverá acerca del cumplimiento otorgado a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la citada autoridad responsable. De igual modo, con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, téngase como delegados de la autoridad responsable citada en primer término a los profesionistas indicados y por señalado domicilio para oír y recibir notificaciones.

  4. Principal

    En dieciocho de abril de dos mil veintidós, se da cuenta al Juez con la certificación secretarial que antecede, y con el estado procesal de los autos. Conste. Los Mochis, Sinaloa, dieciocho de abril de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal de los autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de diez días previsto en el artículo 86, en relación con el diverso 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, a fin de que las partes en este juicio interpusieran recurso de revisión contra la sentencia de veintiocho de enero de dos mil veintidós, mediante la cual, por una parte se sobreseyó, y por la otra se concedió la protección constitucional a Sergio Omar Campos Parra, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en los artículos 2 y 86 de la Ley de Amparo, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que la aludida sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. En ese contexto, con apoyo en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables Director de Ingresos de la Tesorería Municipal de Ahome, Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, o, en su caso, la que legalmente sea la competente para ello, a fin de que otorguen el debido cumplimiento a la ejecutoria de amparo y remita las constancias certificadas respectivas o, en su caso, manifieste el impedimento legal o material que para ello tuviere. En el entendido de que la concesión de la protección constitucional se realizó para el efecto de que: 1. El Delegado del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores con sede en Culiacán, Sinaloa de respuesta congruente y completa a la petición que le planteó el quejoso a través de escrito que le presentó el uno de octubre de dos mil veintiuno. 2. El Director de Ingresos del Municipio de Ahome, Sinaloa, deje sin efecto todo lo actuado en el procedimiento administrativo de ejecución (PAE), del cual derivó el acto de adjudicación reclamado, referente al inmueble que se aludió y que defiende el quejoso Sergio Omar Campos Parra ubicado en calle Acacias número 2083, del Fraccionamiento Jardines del Bosque, de esta ciudad, identificado con clave catastral 003-000-015-282-006-001. Lo anterior, sin perjuicio de que, en caso de que lo considere procedente, lo inicie de nueva cuenta, pero cumpliendo con todas las formalidades del procedimiento que al efecto establece la ley; y, 3. Efectuado lo anterior, el propio Director de Ingresos del Municipio de Ahome, Sinaloa, deberá realizar los actos conducentes ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a fin de que dicho instituto quede en aptitud de reactivar a favor del quejoso, el crédito relativo al inmueble controvertido. Lo anterior, al haberse dejado sin efecto todo lo actuado en el procedimiento administrativo de ejecución (PAE), del que derivó la adjudicación del inmueble en comento a favor del INFONAVIT, siempre y cuando no exista una razón distinta al procedimiento administrativo incoado ante la autoridad responsable ordenadora que lo impida; por tanto, el Delegado del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, queda obligado a reactivar el crédito respectivo una vez que tenga conocimiento de la cancelación del procedimiento administrativo debiendo notificar tal circunstancia al quejoso. En consecuencia, se apercibe a las citadas autoridades responsables, que de no otorgar cumplimiento a la ejecutoria dentro del plazo indicado, se les impondrá una multa por el equivalente de cien valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización (la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), en términos de los numerales 192, 238 y 258 de la Ley de Amparo, en relación con lo establecido por los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, publicado el veintisiete siguiente en el Diario Oficial de la Federación, que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo; y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación.

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