Sergio Ocampo Sotelo
Expediente 1784/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1784/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 21/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Sergio Ocampo Sotelo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan este expediente, agréguense a estos autos para los efectos legales correspondientes los informes justificados rendidos por el Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación en Delito Comunes del Ministerio Público del Fueron Común de la Fiscalía General del Estado de Yucatán y Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, ambos con sede en esta ciudad, del cual se advierte la situación jurídica del directo quejoso Sergio Ocampo Sotelo, sin que sea el caso ponerlos a la vista de las partes en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, por las razones que a continuación se exponen. De los informes justificados de mérito se advierte que el nombrado quejoso se encontraba presente en el área de seguridad de la Fiscalía General del Estado, bajo resguardo de la Policía Estatal de Investigación, a disposición de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos Comunes del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado, en calidad de imputado de los hechos denunciados en la carpeta de investigación FGE/COMUN/UNADT7-1115/2023. Sin embargo, por acuerdo de dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés, dictado por el Fiscal Investigador de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos Comunes, dejó en inmediata libertad al aquí quejoso Sergio Ocampo Sotelo, por los motivos y fundamentos expuestos en el citado proveído, en la carpeta de investigación de origen. Lo anterior, se patentiza con copia certificada de las constancias correspondientes que fueron adjuntadas al informe justificado rendido por el Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos Comunes de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, documentales públicas que alcanzan eficacia probatoria plena, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°. De lo anterior, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia del juicio en que se actúa, prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que trae como consecuencia el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio, en términos del artículo 63, fracción V, del cuerpo legal antes invocado por los motivos que a continuación se exponen. En efecto, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que en lo conducente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)." El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa: dejar de hacer lo que se está haciendo y el término "efecto" significa: lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De las precisiones realizadas, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por lo que es patente que de la interpretación relacionada de los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se aprecia que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí alguna huella. Tiene aplicación precisa al caso, la jurisprudencia 103, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochenta y uno, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con registro 917637, que es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera, la diversa jurisprudencia J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página doscientos diez, del tomo VII, febrero de 1998, materia común, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 196820, cuyo rubro y texto establecen: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En el caso concreto, Jesús Antonio Alonzo Torrez, promovió demanda de amparo reclamando de las autoridades responsables la incomunicación y privación de la libertad del directo quejoso Sergio Ocampo Sotelo fuera de procedimiento (que refirió como ilegal detención). Sin embargo, de las constancias que el Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos Comunes de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, acompañó a su informe justificado, se advierte que por acuerdo de dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés, dejó en inmediata libertad al aquí quejoso Sergio Ocampo Sotelo, por los motivos y fundamentos expuestos en el citado proveído, en la carpeta de investigación FGE/COMUN/UNADT7-1115/2023. De lo anterior se advierte que indudablemente cesaron los efectos de los actos reclamados. En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio con apoyo en la fracción V, del artículo 63 de la citada ley. No es obstáculo a lo anterior, el hecho de que se esté resolviendo fuera de audiencia, toda vez que no se causa agravio alguno a la parte quejosa ni se le priva de defensa, en virtud de que la causa de improcedencia es notoria, manifiesta e indudable. Es aplicable a la anterior consideración, la Jurisprudencia 2ª./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en su página 386, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En mérito de lo anterior, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON NUEVE MINUTOS DEL VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos y lo de cuenta, se acuerda: se tiene por recibido del Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, su oficio 9581, con el que devuelve los autos en los que se actúa y su anexo, y remite el testimonio de la ejecutoria dictada el once de octubre de dos mil veintitrés, en el amparo en revisión ********************, formado con motivo del recurso de revisión interpuesto por el tercero interesado ********************, en contra de la sentencia constitucional dictada en estos autos, ejecutoria en la que aparece que la citada Superioridad resolvió: "PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************y ********************, todos de apellidos********************la última representada por su madre********************contra los actos y autoridades señalados en el considerando segundo de la sentencia recurrida, y para los efectos precisados en el considerando quinto de la misma." Con apoyo en el artículo 26 de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de las partes el sentido de dicha ejecutoria con copia del testimonio relativo y acúsese recibo de rigor. En consecuencia, con fundamento en lo previsto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, prevéngase a las autoridades responsables Juez Único de Paz de la Localidad y Municipio de Celestún, Yucatán, Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio y de la Directora del Catastro, ambas del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, para que cumplan con la ejecutoria de mérito, respetando el derecho fundamental violado, cumpliendo con lo que el mismo exige, como lo dispone el artículo 77, del propio ordenamiento legal, lo que deberán informar a este Juzgado dentro del plazo de tres días. Con el apercibimiento a dichas autoridades, que de no hacerlo así sin causa justificada, se les impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $10,374.00 (diez mil, trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 M.N), conforme a lo dispuesto en el artículo 258 de la Ley de Amparo, y en el párrafo sexto, del apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal; y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese personalmente.
- Principal
Mérida, Yucatán, dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, agréguense a los mismos, el oficio con número SSP/DJ/ME-54020/2023, signado por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública, ambos con sede en esta ciudad, respectivamente, que remiten en relación a la suspensión de plano concedida en estos autos. Por tanto, en términos de lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes y relaciónese en la audiencia constitucional. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, quince de noviembre de dos mil veintitrés. Vistas las constancias que integran estos autos, se advierte que el treinta y uno de octubre del año en curso, se dio vista de cumplimiento de la sentencia. Siendo que la última notificación que obra en este juicio, corresponde a la que se realizó personalmente a la parte quejosa el pasado tres de noviembre del presente año; sin embargo, no obra constancia de que dicho acuerdo hubiera sido notificado a la tercero interesada ********************. En consecuencia, a fin de no vulnerar sus derechos, se comisiona a los actuarios adscritos a este Juzgado, para que notifiquen el acuerdo de treinta y uno de octubre del año en curso a la parte tercero interesada. Notifíquese, personalmente a la nombrada tercero interesada este acuerdo y el diverso de treinta y uno de octubre del presente año, y cúmplase.
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