Sergio Noel Gutiérrez Barajas

Expediente 801/2017 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 14 actuaciones registradas, la última del 28 de diciembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
801/2017
Año
2017
Actuaciones
14
Última actuación
28/12/2017

Partes del expediente

  • Sergio Noel Gutiérrez Barajas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Cúmplase

  2. Principal

    Ciudad de México, a veintiséis de diciembre de dos mil diecisiete. Vistas la constancia y certificación que anteceden, se advierte que no se recurrió la sentencia que sobreseyó en el juicio y negó el amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 86 de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con fundamento en el precepto 214 de la ley reglamentaria, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, toda vez que por una parte, se sobreseyó en el juicio, y por otra, se negó el amparo, y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con los puntos cuarto y décimo del acuerdo general en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia de que es susceptible de depuración por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción IV, del punto vigésimo primero del referido acuerdo, con excepción de los documentos a que se refiere dicha disposición, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente. Asimismo, toda vez que en el incidente derivado de la presente controversia constitucional se negó la suspensión provisional y definitiva respecto de los actos reclamados, el cuaderno original de este expediente es susceptible de destrucción, en términos del párrafo primero de la fracción III, del numeral vigésimo primero de la disposición en consulta. En tanto que se cuenta con el expediente original del incidente de suspensión, el duplicado del mismo es susceptible de destrucción por este órgano jurisdiccional, en los seis meses posteriores al dictado de este acuerdo, por lo que se señala como fecha probable para ello el veintinueve de junio de dos mil dieciocho. Con la finalidad de facilitar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el acuerdo general conjunto citado, elabórese el presente proveído por triplicado para que se integre en el incidente de suspensión. Ahora, toda vez que no es necesaria la retención de los tomos y disco compacto remitidos por la sala responsable, devuélvansele, sin que se solicite el acuse de recibo debido a que es suficiente con la constancia de notificación respectiva. Por lo que hace al sobre que se encuentra en resguardo en la caja de seguridad de este órgano de control constitucional (25/2017), en el que constan diversos documentos que contienen información confidencial respecto de la parte tercera interesada, al no ser necesaria tal información, extráigase el sobre de referencia del seguro del juzgado, y previa certificación que se realice, procédase a su destrucción. Finalmente, toda vez que la parte quejosa adjuntó a la demanda de amparo una documental, se le apercibe que de no recogerla en el término de noventa días, contados a partir del siguiente a aquél en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, continuará glosada en el expediente en que se actúa, y se procederá a depurarla con el mismo.

  3. Principal

    Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 801/2017 promovido por Sergio Noel Gutiérrez Barajas, contra actos de la Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, y otra autoridad; y R E S U L T A N D O: I. Por escrito presentado el dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta ciudad, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado, el promovente del juicio solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos de las autoridades que se precisarán en el considerando segundo de esta resolución. II. El solicitante de amparo narró los antecedentes de los actos reclamados, formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes, e indicó que se violaron en su perjuicio, los derechos públicos subjetivos contenidos en los artículos 1°, 14, 16, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. III. Por auto del veintiséis siguiente se admitió la demanda bajo el orden 801/2017; se solicitó informe justificado a las autoridades responsables; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete; se corrió traslado a la representación social adscrita al órgano jurisdiccional que emitió el acto reclamado; y se señalaron fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional. IV. Glosado a los autos el informe justificado solicitado a la sala responsable, se ordenó llamar a juicio a quien se consideró le recaía el carácter de tercero interesado, por lo que una vez que se llevó a cabo el emplazamiento correspondiente, el dieciséis de noviembre último se desahogó la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este juzgado es legalmente competente para conocer y resolver este juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, constitucionales, 37 y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, 51, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de la naturaleza de los actos reclamados. SEGUNDO. Conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia que bajo el orden 169 aparece publicada en la página 207 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo I, Materia Constitucional, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que enseguida se invoca, debe en principio hacerse la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Dicho criterio es del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". En ese contexto, del análisis de todos los elementos de la demanda, así como de las constancias del expediente, se aprecia y se precisa que los actos reclamados en este controvertido son: a) De la Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, la resolución de veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete emitida en el proceso oral 36/2017, relativa a la confirmación de la vinculación a proceso de Sergio Noel Gutiérrez Barajas, por haberse acreditado un hecho que la ley señala como delito de robo calificado, y estimar probable que intervino en su comisión. b) Del director del Reclusorio Preventivo Varonil Norte de esta ciudad, la ejecución de la determinación precisada en el inciso anterior. TERCERO. Al rendir informe justificado (foja 40), la autoridad señalada con el carácter de ejecutora negó la existencia del acto que le fue atribuido, sin que se hubiese aportado material de prueba alguno que desvirtuara esa afirmación. Subsiste el sentido de la comunicación de referencia, en razón de que la prisión preventiva del quejoso no deriva del auto de vinculación a proceso impugnado, sino de la medida cautelar decretada en su contra. En esas condiciones, es claro que no existe el acto de ejecución atribuido; por tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio. Al respecto, por las razones que la integran, es aplicable la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito con Residencia en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, visible en la página 2940 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 34, septiembre de 2016, Tomo IV, que en su rubro dice "RATIFICACIÓN DE LA DETENCIÓN. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO SE RECLAMA COMO ÚNICO ACTO, POR HABERSE CONSUMADO CON MOTIVO DE LA MEDIDA CAUTELAR QUE PARA ESE MOMENTO RIGE SU SITUACIÓN JURÍDICA". CUARTO. Es cierto el acto reclamado de la sala responsable, pues así lo manifestó al rendir informe justificado (foja 42), lo que se corrobora con las constancias que acompañó a dicho comunicado; documental que tiene valor probatorio pleno al tenor del artículo 129, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. QUINTO. En atención a que no advierte este juzgado que se actualice alguna causal de improcedencia, ni que las partes la hicieran valer, procede el análisis de los conceptos de violación contenidos en la demanda, que el promovente del juicio formuló contra el acto reclamado. Así, para brindar seguridad jurídica al justiciable, y con ello satisfacer lo previsto en la fracción II, del artículo 74, de la ley de la materia, procede sintetizar los motivos de disenso hechos valer, a efecto de que en el considerando siguiente se haga el análisis sistemático de los mismos. En principio, es pertinente destacar que en forma genérica se han invocado como preceptos que contienen los derechos humanos y garantías cuya violación se alega, los artículos 1°, 14, 16, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y en lo específico, se precisó que se ha transgredido en perjuicio del inconforme sus derechos públicos subjetivos de legalidad y seguridad jurídica, al confirmar el auto de vinculación a proceso dictado en su contra por un hecho delictivo que no cometió. Al efecto, se alega insuficiente motivación del acto reclamado. Lo anterior, en razón de que para su dictado deben existir datos bastantes o suficientes que establezcan la materialidad del hecho delictivo -robo calificado-, y estimen probable que el quejoso hubiese intervenido en su comisión; aspectos que se considera, no acontecen en la especie. En congruencia con lo mencionado, se hace referencia a que el acto reclamado se sustentó únicamente en las manifestaciones de los testigos, las cuales no se corroboraron con prueba alguna que les prestara apoyo. Ejemplo de ello, lo expuesto por Obed Samuel Martínez Arredondo, en el sentido de que no existe prueba fehaciente de que las bebidas respectivas no las hubiese pagado el amparista, que por el contrario sí las pagó, pero que el ticket fue entregado a los policías remitentes. Por otra parte, como una cuestión que agrava el justiciable en grado predominante, se destaca el hecho de que no se hubiesen incorporado las videograbaciones del circuito cerrado con que cuenta la moral ofendida en la tienda en que se desarrollaron los hechos que se le imputan, en específico, por el argumento de que podrán incorporarse en la etapa de investigación complementaria. Por último, se alega que la responsable no entró al estudio de los agravios hechos valer contra la vinculación a proceso impugnada, ni suplió la deficiencia de los mismos; argumentos que fueron transcritos en la demanda de amparo. SEXTO. Son infundados los conceptos de violación formulados por el promovente del juicio, sin que se aprecie materia para suplir su deficiencia, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, por lo que procede negar el amparo y protección que de la Justicia Federal solicita. En principio, como el acto reclamado en este juicio deriva de la impugnación del auto de vinculación a proceso dictado contra el demandante del amparo, al haberse establecido que se cometió un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que intervino en su comisión, es pertinente precisar que de conformidad con el artículo 458 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se prevé que las partes sólo podrán impugnar las decisiones judiciales que pudieran causarles agravio, siempre y cuando no hayan contribuido a provocarlo. Presupuesto que se actualiza en la especie, en tanto que el hecho de que a una persona se le vincule a proceso penal implica una afectación a su libertad, al menos parcial e indirectamente, en la medida en que su prosecución requiere de su ineludible presencia como presupuesto de continuidad, pues se le obliga a comparecer en los plazos o fechas indicados las veces que resulte necesario para garantizar el seguimiento del proceso penal. Así, aun cuando dicha determinación no lo priva, en sí misma y directamente de su libertad personal, sí puede considerarse un acto que indirectamente lo hace, pues constituye una condición para someterlo formal y materialmente a proceso. Conclusión que se retoma de la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 534 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVIII, marzo de 2013, Tomo 1, que en su rubro dice "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. AL AFECTAR TEMPORALMENTE LA LIBERTAD DEL INCULPADO SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD Y, POR TANTO, EN SU CONTRA PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO". Estimación que en modo alguno implica un contrasentido con lo expuesto en la tercera consideración de este fallo, en cuanto a la inexistencia de la ejecución atribuida al director del Reclusorio Preventivo Varonil Norte de esta ciudad, en tanto que esta se hizo consistir en la afectación material y directa a la libertad personal del quejoso, y no a la formal o indirecta a que se hace referencia en la jurisprudencia reseñada, que además, se estableció bajo el supuesto de que el imputado no se encuentre recluido en algún centro preventivo. Aunado a lo anterior, también conviene establecer que la impugnación respectiva debe sustentarse en la afectación que causa el acto recurrido, así como en los motivos que originaron ese agravio. Al respecto, el demandante del amparo argumentó ante esta autoridad de amparo, como concepto de violación, que la responsable fue omisa en dar respuesta a los agravios expuestos, que en esencia, parten de la premisa de que en el caso se incurrió en una inexacta aplicación del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, derivado de que no existen datos de prueba idóneos ni suficientes para vincularlo a proceso, además de que no se incorporaron las videograbaciones del establecimiento mercantil de la moral ofendida. En ese sentido, y en congruencia con el anterior señalamiento, expuso: - Que quienes declararon difieren en la hora que se dice sucedieron los hechos que se le atribuyen, en tanto está demostrada una hora distinta con las videograbaciones remitidas por la Secretaría de Seguridad Pública; lo que a su consideración evidencia que existió un acuerdo entre las partes para preparar el hecho en su perjuicio. - Cuando procedieron a realizarle una revisión los elementos remitentes, no se le encontró objeto peligroso relacionado con los hechos. - Como un obstáculo que le impidió probar su inocencia, señaló que la agente del Ministerio Público no incorporó las videograbaciones del citado establecimiento, sobre todo, porque como lo indicó en su entrevista y reiteró en su declaración ante el juez de control, negó haber cometido el evento que se consideró delictivo. - Finalmente, refirió que el juez de control ponderó indebidamente los datos de prueba, e incluso se excedió al decir que el taxista tuvo una visión de cuarenta grados que le posibilitó apreciar cuando se apoderó de los cilindros y bebidas en los términos que se le atribuye. Es así que con base en tales argumentos satisfizo una de las exigencias relativas al trámite del asunto, en directa constatación con lo que dispone el referido ordenamiento procesal, en su artículo 471, el cual señala que los agravios deberán expresarse en el mismo escrito de interposición del recurso, y que podrá manifestarse el deseo de exponer oralmente alegatos aclaratorios sobre dichos agravios ante el Tribunal de alzada. Siguiendo los lineamientos descritos en la norma procesal aplicable, una vez que se recibieron los registros correspondientes del recurso de apelación interpuesto por el amparista, la responsable se pronunció de plano sobre su admisión, cumpliendo con lo establecido en el dispositivo legal 475 del referido código, sin que en el caso estimara pertinente señalar lugar y fecha para la celebración de la audiencia relativa a efecto de escuchar a alguno de los interesados, sobre todo, porque como lo señaló adecuadamente, ninguna de las partes manifestó su deseo de exponer oralmente alegatos aclaratorios sobre los agravios expuestos, agotando con ello, lo dispuesto en el numeral 476 del código de referencia. Asentado lo anterior, se hace notar que el diverso numeral 461 del código en cita, dispone que el órgano jurisdiccional competente que deba resolver el medio de impugnación de que se trata, en este caso la sala responsable, sólo podrá pronunciarse sobre los agravios expresados por el recurrente, quedando prohibido extender el examen de la decisión recurrida a cuestiones no planteadas en ellos o más allá de los límites del recurso, a menos que se trate de un acto violatorio de derechos fundamentales del imputado, en que podrá aplicar la suplencia de los agravios. Al efecto, y contrario a lo argumentado por el quejoso en sus conceptos de violación, la autoridad responsable sí se pronunció sobre los agravios expuestos; en el entendido que como también lo precisó, y este órgano de control constitucional estima adecuado, no se advierte violación a los derechos fundamentales del quejoso que ameritaran un pronunciamiento oficioso sobre el particular. La afirmación de la responsable en ese sentido, se sustentó por una parte, en la ponderación del asunto relacionado con el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento, y por otra, en el análisis del razonamiento justificativo a través del cual se pudo establecer que el juez de control había expuesto su decisión sobre bases racionales idóneas para hacerla aceptable. Decisión que aunque no se hubiese precisado así, válidamente se puede concluir que fue sustentada en un ejercicio de ponderación relacionado con el numeral 20, apartado B, de la propia Ley Fundamental, y artículos aplicables del Código Nacional de Procedimientos Penales, que prevén y regulan la forma en que debe desarrollarse la audiencia inicial. En ese contexto, de constancias se advierte que la responsable se cercioró de que se le hubiese informado al imputado respecto de sus derechos constitucionales y legales, en función de lo cual había designado a un defensor particular, quien aceptó y protestó el cargo conferido, y estuvo presente en el desarrollo de la diligencia; se realizó el control de legalidad de su detención; se formuló la imputación correspondiente -teniéndose por reproducidos los hechos y clasificación jurídica que se planteó al solicitar la calificación de la detención-; se le concedió la oportunidad de declarar -optó por hacerlo en ese momento-; y finalmente, se resolvió sobre las solicitudes de vinculación a proceso y medida cautelar, definiéndose el plazo para el cierre de la investigación. Con mayor precisión, se puntualiza que después de que el juez responsable calificara de legal la detención del quejoso, la agente del Ministerio Público formuló la imputación respectiva -entendida como la comunicación que efectúa al imputado en presencia del juez de control, de que desarrolla una investigación en su contra respecto de uno o más hechos que la ley señala como delito-, acto seguido, previa declaración del justiciable respecto de los hechos que se le atribuyeron, decidió que su situación jurídica se resolviera en ciento cuarenta y cuatro horas; de ahí que se proveyera respecto de la medida cautelar solicitada, imponiéndole prisión preventiva justificada. Al continuar la audiencia, la defensa del amparista solicitó que se postergara la misma para el día siguiente, en razón de que aún no se habían impuesto del contenido de las videograbaciones remitidas por la Secretaría de Seguridad Pública de esta ciudad, y no se habían recibido las que correspondían a la moral ofendida, respecto de las cámaras ubicadas en el local del establecimiento. Al respecto, una vez ofrecida la palabra al agente del Ministerio Público, dada la solicitud de vincular a proceso al amparista, expuso con claridad el hecho que se le atribuyó al mismo, la calificación jurídica preliminar, la fecha, lugar y modo de su comisión, la forma de intervención que tuvo en el mismo, así como el nombre de quienes lo acusaban; de igual forma expuso los datos de prueba con los que consideró se establece un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió. Con base en esa exposición, el juez de control otorgó la oportunidad a la defensa para que contestara la solicitud. Hecho lo cual, y previo desahogo de la prueba ofrecida e incorporación de los datos que derivaron de la misma, se resolvió sobre la vinculación a proceso del quejoso en ese momento, cuya impugnación dio origen a la resolución que constituye el acto reclamado en este controvertido. Por las razones expuestas se concluye y coincide con la autoridad responsable, que se respetaron las formalidades esenciales del procedimiento pertinentes para la etapa de investigación inicial; de ahí que evidentemente estuviese justificado que no supliera la deficiencia de los agravios formulados; en esas condiciones, procede declarar infundado el concepto de violación hecho valer al respecto. Asentado lo anterior, y a efecto de continuar con el análisis del asunto puesto a consideración de este órgano de control constitucional -en congruencia con la manera en que la responsable abordó el estudio-, sobre todo en relación con el agravio de inexacta aplicación del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es preciso puntualizar que los requisitos de forma y fondo para el dictado de un auto de vinculación a proceso, se obtienen de los artículos 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en lo conducente se reproducen a continuación: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. .". "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. .". En consonancia con ello, los artículos 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen lo siguiente: "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente". "Artículo 317. Contenido del auto de vinculación a proceso El auto de vinculación a proceso deberá contener: I. Los datos personales del imputado; II. Los fundamentos y motivos por los cuales se estiman satisfechos los requisitos mencionados en el artículo anterior, y III. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se imputa". De los preceptos transcritos se concluye que para vincular a proceso al imputado, en principio, deben converger los siguientes elementos o requisitos de forma: a) Se haya formulado imputación, según el caso, esto es, que exista el comunicado del Ministerio Público en presencia del Juez, en el sentido de que desarrolla una investigación en contra del imputado respecto de uno o más hechos determinados; b) El imputado haya rendido su declaración inicial o manifestado su deseo de no declarar; c) Únicamente podrá dictarse por los hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación; y d) Se establecerá el lugar, el tiempo y la circunstancia de ejecución de tales hechos. En cuanto a los elementos o requisitos de fondo, se puntualizan los siguientes: e) Que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión; y f) No se encuentre demostrada una causa de extinción de la acción penal o una excluyente del delito, es decir, que no existan elementos objetivos perceptibles y verificables, dentro de la carpeta de investigación, que demuestren alguno de esos extremos. Así, respecto de los requisitos o elementos de forma ya se ha constatado al entrar al análisis de las formalidades esenciales del procedimiento, que se han satisfecho los mencionados en los incisos a) y b), y por lo que hace a las demás exigencias formales señaladas en los incisos c) y d), desde ahora se puede establecer, sin que ello implique adelantar un pronunciamiento relacionado con el fondo del asunto, y así lo ponderó la responsable, que el auto de vinculación a proceso se dictó en congruencia con los hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, estableciéndose además el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho respectivo. Bajo esas condiciones es indudable que la resolución reclamada, contrario a lo expuesto por el inconforme, se encuentra adecuada y suficientemente fundada y motivada. Lo anterior, porque además de que la autoridad judicial responsable apoyó su decisión en los artículos constitucionales, procesales y sustantivos que estimó aplicables, se advierte que a partir de la revisión de la racionalidad de los argumentos expresados por el juez de control, lo que en modo alguno implica transgresión al principio de inmediación, constató que se hubiese observado en forma estricta el diverso principio de contradicción contenido en la fracción V, del apartado A, del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que evidentemente posibilitó el equilibrio entre las partes, que condujo a un pleno análisis judicial de la contienda. Además de que expuso las razones particulares que tuvo para arribar a la conclusión a la cual llegó, el explicar la forma en que más allá de cualquier duda razonable, los datos de prueba en su conjunto, como lo había determinado el juez de control, permitían tener acreditado el hecho que la ley señala como delito de robo calificado, así como la probabilidad de que el quejoso intervino en su comisión; con lo cual se habían adecuado los hechos materia de la imputación al supuesto típico sujeto a comprobación, satisfaciendo así las exigencias de fondo descritas en los incisos e) y f) precitados. En ese orden de ideas, esto es, en cuanto al análisis de fondo del asunto, la Primera Sala del Máximo Tribunal de Justicia del país, ha establecido que la emisión de un auto como el que fue confirmado por la responsable, no requiere de una previa tarea investigadora reforzada, pues sólo debe contener elementos suficientes para justificar, racionalmente, que el imputado hubiese sido presentado ante el juez de control; en otras palabras, no exige la comprobación del cuerpo del delito ni la justificación de la probable responsabilidad, pues sólo habrá de justificarse la existencia de un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad en la comisión o participación del activo, a fin de fijar la materia de la investigación complementaria y el eventual juicio. De ahí que si en el caso existe alguna imprecisión en el evento que se estimó demostrado, como aquella de la hora en que se suscitaron los hechos, es incuestionable que en modo alguno implica transgresión a los derechos fundamentales del quejoso que amerite conceder la protección constitucional que solicita, pues la forma en que ha sido precisado el hecho en el acto reclamado, constituye precisamente la materia de la investigación complementaria que tendrá que demostrarse bajo un estándar de prueba menos flexible; por tanto, justificado el hecho de que se hubiese confirmado la vinculación a proceso del quejoso; aspecto que como se dijo, constituyó un agravio formulado por el recurrente, que sí obtuvo respuesta por parte de la responsable, al exponer que no lo agraviaba esa imprecisión, en tanto se hablaba de una hora aproximada. Argumentos sustentados en la tesis visible en la página 168 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 8, julio de 2014, Tomo I, que en su rubro dice "SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL. SUS DIFERENCIAS CON EL PROCESO PENAL MIXTO EN LA FASE DE INVESTIGACIÓN." Pues bien, este órgano de control constitucional estima que la autoridad que emitió el acto reclamado no transgredió derecho subjetivo alguno en perjuicio del quejoso, al haber estimado correcto el que se hubiese establecido un hecho que la ley señala como delito de robo calificado, previsto en el artículo 220 del Código Penal para esta ciudad, en relación con el diverso 225, fracción I, de dicho ordenamiento sustantivo, y estimar probable que el quejoso intervino en su comisión. Preceptos que a la letra dicen: "ARTÍCULO 220. Al que con ánimo de dominio y sin consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo, se apodere de una cosa mueble ajena, se le impondrán: .". "ARTÍCULO 225. Las penas previstas en los artículos anteriores, se incrementarán con prisión de dos a seis años, cuando el robo se cometa: I. Con violencia física o moral, o cuando se ejerza violencia para darse a la fuga o defender lo robado; o .". Al resolver el medio de impugnación interpuesto contra el auto de vinculación a proceso dictado contra el quejoso, se constató que se hubiese dictado bajo la ponderación del valor de la razonabilidad de las manifestaciones expuestas por la representación social, así como de la contra-argumentación o refutación de la defensa del imputado, estableciéndose como adecuado que la hipótesis del hecho relativo se hiciera consistir en: Al que con ánimo de dominio y sin consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo, se apodere de una cosa mueble ajena, en específico, dos bebidas y mil trescientos pesos. En el entendido de que al haberse empleado violencia moral, se actualizó la agravante prevista en el diverso numeral 125, fracción I, que se transcribió. Y si bien es cierto, como lo argumentó el quejoso, al momento de su detención no se le encontró el numerario mencionado, también lo es que como expuso la responsable, el hecho delictivo de robo materia de la investigación, es de aquellos que se agota desde el momento en que tuvo en su poder la cosa robada, aun cuando la hubiese abandonado; situación esta última de la que dio referencia Ricardo Guzmán Hernández (taxista), de acuerdo con la información proporcionada por la agente del Ministerio Público. Para continuar con el análisis del acto reclamado, y establecer las razones que restan por las que se estima justificado, es indispensable precisar que el texto constitucional del segundo párrafo del artículo 19, contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, es decir, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por la representación social, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues en esa etapa es en la que el juez decide si el delito quedó o no acreditado. Por tanto, para dictar un auto de vinculación a proceso, como el que confirmó la responsable, y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase complementaria, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley. Argumentos anteriores que fueron retomados de la jurisprudencia emitida por la Primera Sala del Máximo Tribunal de Justicia del país, visible en la página 360 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 45, agosto de 2017, Tomo I, que en su rubro dice "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL)". De igual forma es importante señalar que el principio de contradicción, que rige el proceso penal, tiene por objeto garantizar que las partes procesales tengan igualdad de oportunidades ante el juez, acorde con la etapa procesal en que se desarrollen, para presentar y argumentar sus casos en los que se sustente la imputación o la defensa, apoyados en los datos que consideren pertinentes y conducentes, lo cual permite al juzgador imponerse directamente de los puntos de vista opuestos, tan es así que derivado de que no coincidía la defensa con el Ministerio Público, respecto del contenido de las videograbaciones recabadas, se ordenó su reproducción e incorporación ante el juez de control. Argumento que se obtuvo de la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 292 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Libro VI, marzo de 2012, Tomo 1, que en su rubro señala "SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL. SE SUSTENTA EN EL PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN". Consecuentemente, a efecto de constatar si se respetó el principio de contradicción señalado, es menester señalar que los datos de prueba a partir de los cuales se sustentó la solicitud de vinculación a proceso contra el quejoso, derivan de las entrevistas realizadas a Obeth Samuel Martínez Arredondo y Abril Osiris Camacho Ramírez (empleados de la moral ofendida), Ricardo Guzmán Hernández (taxista), Edgar Amador Pérez Canales (monitorista, como dato de prueba recabado para incorporar a la carpeta las videograbaciones remitidas por la Secretaría de Seguridad Pública de esta ciudad), Oscar García Espíndola y José Alberto Ortiz Martínez (elementos remitentes), así el informe homologado suscrito por estos últimos. Con base en lo anterior, la responsable expuso las razones, que se aprecian en el acto reclamado y son congruentes con el auto impugnado, a través de las cuales señaló que existen datos suficientes para establecer que se cometió el hecho que la ley señala como delito de robo calificado, acorde con las circunstancias de tiempo, lugar y modo de ejecución relatadas por los referidos entrevistados y constatadas en las videograbaciones descritas; asimismo, afirmó que probablemente el imputado intervino en tal hecho en calidad de autor, de conformidad con el artículo 22, fracción I, del Código Penal para esta ciudad, en los siguientes términos: ".el imputado se apoderó de cierto numerario y bebidas, propiedad de la empresa Seven Eleven, sin derecho ni el conocimiento de quien podía otorgarlo con arreglo a la ley, ya que no hizo el pago correspondiente, y se apropió de tales objetos y numerario conduciéndose como si fuera el dueño de éstos, y para tal efecto amenazó a los empleados de la tienda inhibiendo así su resistencia, enseguida salió de la tienda y abordó un taxi, hasta el momento en que fue detenido, encontrando en el vehículo las bebidas mencionadas. . .de acuerdo con los antecedentes de la investigación y el hecho imputado por el ministerio público 'de forma amenazante (el indiciado) se les acerca y coloca su mano derecha en la parte posterior de su cuerpo, como en la espalda, como simulando como si trajera algún objeto o algún arma, debido a ello OBETH SAMUEL se hace hacia atrás y es así como el hoy imputado abrió la gaveta y comienza a tomar los cilindros en donde guardan el dinero que se va a ingresar a la caja fuerte, tomando uno de ellos en donde se encontraban los billetes y otro en donde se encontraban monedas, siendo la cantidad de $1,300.00 (mil trescientos pesos 00/100 moneda nacional), debido a que el hoy imputado se encontraba agresivo y les gritaba de manera amenazante, el testigo OBETH jala a su compañera ABRIL OSIRIS para resguardarse en el área de la tienda, en el área del almacén (.) es así como el hoy imputado toma del mostrador la bebida de marca Core Hidratación de 591 mililitros, así como una lata de Monster de bebida energizante, y sale de la tienda' se desprende que consta descripción de un hecho cometido con violencia moral, al puntualizar que el imputado se apoderó de los objetos simulando tener un objeto u arma y adoptando una actitud amenazante, sucesos no comprobados hasta el momento, pero instaurados por la representación social con base en los datos de prueba recabados, de tal forma que ha quedado establecida la circunstancia modificativa de VIOLENCIA MORAL, por lo que el ROBO a estudio se tendrá como CALIFICADO" (sic). Con base en esta precisión del evento fue que la responsable confirmó el auto de vinculación a proceso recurrido por el quejoso. Conclusión que este órgano de control constitucional considera justificada, porque como acertadamente se ponderó, los datos de prueba que legalmente fueron valorados de manera libre y lógica, acorde con el artículo 259 del Código Nacional de Procedimientos Penales, son eficaces y suficientes hasta la etapa procedimental que se analiza para demostrar el hecho ilícito, así como la probabilidad de que el justiciable intervino en su comisión, pues revelan que con ánimo de dominio y sin consentimiento de quien legalmente podía otorgarlo, se apoderó de mil trescientos pesos y dos bebidas que no le pertenecían, mediante el empleo de la violencia moral; de ahí que el motivo de disenso formulado en sentido contrario a lo expuesto, sea infundado. Circunstancia que con acierto advirtió la responsable a partir de los datos prueba que fueron proporcionados por el agente del Ministerio Público, entre cuya información destaca lo expuesto por los referidos entrevistados, en específico, de los empleados de la tienda, quienes relataron las circunstancias de ejecución del delito que se atribuye al justiciable, además de lo expuesto por los elementos remitentes, en cuanto a la detención del mismo en las circunstancias anotadas. Por tanto infundado el concepto de violación formulado en el sentido de que no existe en la carpeta prueba alguna que corrobore el dato de prueba obtenido de la específica entrevista rendida por Obed Samuel Martínez Arredondo. En principio, porque en la fase inicial de la cual deriva el acto reclamado, debe evitarse la formalización de los medios de prueba para no "contaminar" o anticipar juicio sobre el delito y su autor, pero además, porque como lo señaló la responsable, no existe dato de prueba distinto que pudiera corroborar las manifestaciones del justiciable, en el sentido de que hubiese pagado las bebidas. En el entendido de que prueba, es todo conocimiento cierto o probable sobre un hecho, que ingresando al proceso como medio de prueba en una audiencia y desahogada bajo los principios de inmediación y contradicción, sirve al Tribunal de enjuiciamiento como elemento de juicio para llegar a una conclusión cierta sobre los hechos materia de la acusación, y dato de prueba, es la referencia al contenido de un determinado medio de convicción aún no desahogado ante el órgano jurisdiccional, que se advierta idóneo y pertinente para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado; lo cual así fue ponderado por la responsable, para establecer que los datos de prueba referidos permitieron considerar que se lesionó el bien jurídico tutelado por la norma, en razón de que con pleno conocimiento del hecho descrito por la ley, probablemente el quejoso se apoderó de las cosas descritas que no eran de su propiedad. De igual forma, fue legal que la responsable ponderara el contenido de las videograbaciones para establecer, con base en las máximas de la experiencia, en principio, que el taxista estuvo en condiciones de apreciar el evento desde el lugar en que se encontraba estacionado, y que derivado de la actitud asumida por una persona que pretendía ingresar al local, se podía inferir que algo malo pasaba; de ahí que si esa apreciación surgió con base en los conocimientos ordinarios del quehacer cotidiano en las actividades genéricas del ser humano, para motivar esos aspectos del auto recurrido, sea acertado que se hubiesen compartido por la responsable al confirmar el auto recurrido; decisión que también fue emitida en contestación a los agravios expuestos, y motiva se reitere lo infundado del concepto de violación relacionado. Además, es importante destacar, como se dijo, que el artículo 19 constitucional establece la probabilidad de que el indiciado cometió o participó en la comisión del hecho delictivo, lo que implica que los datos recabados hasta la referida etapa procedimental sólo deben reunir el estándar probatorio necesario para satisfacer tal extremo, pues no debe perderse de vista que la vinculación a proceso, como la que fue confirmada por la responsable, tiene como principal objetivo que el Ministerio Público esté en posibilidad de realizar una investigación complementaria del hecho delictivo, en la que pueda recabar datos y medios probatorios, a través de los cuales, eventualmente, pueda proceder acorde con el artículo 324 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto es, solicitar el sobreseimiento (parcial o total), suspensión del proceso o formular acusación. Momento en que como se estableció en la audiencia respectiva, y se confirmó al resolver el medio de impugnación interpuesto, correspondía a las partes realizar los actos de investigación correspondientes para recabar las videograbaciones de las cámaras ubicadas al interior del establecimiento en que se dijo aconteció el evento delictivo que se imputó al quejoso, pues en el caso existió imposibilidad para allegarlas al expediente y tomarlas en consideración en la etapa inicial, lo cual evidentemente no fue atribuible a la representación social, como lo alega el promovente del juicio. Finalmente, fue correcta la apreciación de la responsable, al concluir que en el caso no se actualiza en favor del peticionario de amparo alguna causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito, en tanto que no se hizo referencia a algún elemento objetivo perceptible y verificable, que demostrara alguno de esos extremos. Con base en lo expuesto, en comunión con lo concluido por la responsable, este órgano de control constitucional estima que se encuentran satisfechos los requisitos de forma y fondo que exigen los artículos 16 y 19 constitucionales, así como los diversos 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para el dictado de un auto de vinculación a proceso, ya que de los datos de prueba mencionados se advierte que son suficientes hasta este momento, para establecer que se ha cometido un hecho configurativo del delito de robo calificado, y existe probabilidad de que el quejoso intervino en su comisión; máxime que no es requisito indispensable en dicha resolución tener pruebas plenas o contundentes para acreditar la probable responsabilidad penal del peticionario del amparo, sino sólo datos que hagan probable su intervención o participación. Análisis de los datos de prueba aportados que no implican vulneración al principio de exacta aplicación de la ley penal, como lo refiere el promovente del juicio. Las razones, porque la transgresión al tercer párrafo del artículo 14 constitucional, en que se contiene dicha garantía, sólo podría verificarse mediante el dictado de una sentencia condenatoria, en vinculación con la exacta aplicación de la sanción expresamente establecida en la ley en el caso particular, no así en un caso como este, en que se reclama la resolución que confirmó un auto de vinculación a proceso, y mucho menos en relación con la apreciación de las pruebas en que se sustenta este último pronunciamiento, en tanto que la exacta aplicación de la ley en materia penal se traduce en la prohibición de imponer penas por analogía y aun por mayoría de razón. Sustento de lo anterior es la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 2118 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro III, diciembre de 2011, Tomo 3, que en su rubro dice "PRUEBA PRESUNCIONAL. EL ARTÍCULO 261 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL DISTRITO FEDERAL, QUE PREVÉ SU APRECIACIÓN, NO VIOLA LA GARANTÍA DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL". Y es que como se dijo, un análisis como el cuestionado sólo se encuentra sujeto al principio de legalidad contenido en el primer párrafo del artículo 16 constitucional, respecto del cual ya se ha realizado el estudio correspondiente, y se ha llegado a la conclusión de que satisface las exigencias que el mismo precepto impone. En las relatadas condiciones, al resultar infundados los conceptos de violación, sin que se advierta materia para suplirlos en su deficiencia, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal que solicitó el quejoso. Por lo expuesto y con apoyo en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Por las razones expuestas en la tercera consideración de este fallo, se sobresee en el juicio de amparo promovido por Sergio Noel Gutiérrez Barajas, contra la ejecución de la resolución en que se confirmó el auto de vinculación a proceso dictado en su contra, que se reclamó del director del Reclusorio Preventivo Varonil Norte de esta ciudad. SEGUNDO. Por los motivos expuestos en la última consideración de este fallo, la Justicia de la Unión no ampara ni protege a Sergio Noel Gutiérrez Barajas, contra la resolución de veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete emitida en el proceso oral 36/2017, en que la Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, confirmó la vinculación a proceso dictada en su contra, por haberse acreditado un hecho que la ley señala como delito de robo calificado, y estimar probable que intervino en su comisión.

  4. Principal

    Ciudad de México, a veintitrés de octubre de dos mil diecisiete. Agréguese en autos el oficio de cuenta proveniente del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey, mediante el cual, devuelve diligenciado el exhorto 144/2017 de este órgano de control constitucional; en consecuencia, dese de baja en el libro de gobierno respectivo, y acúsese recibo vía fax. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 30 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, marzo de 2007, del rubro siguiente: "CONSTANCIAS ENVIADAS POR FAX ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. SI ESTÁ CERTIFICADA LA HORA Y FECHA DE SU RECEPCIÓN, ASÍ COMO EL ÓRGANO QUE LAS REMITE POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL JUDICIAL QUE LAS RECIBE, TIENEN PLENO VALOR PROBATORIO". En consecuencia, téngase por emplazada a juicio a la parte tercera interesada.

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